Los países de todo el mundo enfrentan una ardua batalla para ayudar a los ciudadanos a protegerse de los shocks económicos causados por el cambio climático, las fracturas geopolíticas globales y las pandemias, y al mismo tiempo apoyar un crecimiento inclusivo y resiliente al clima. Para los gobiernos de las economías en desarrollo, estas batallas son más difíciles y las opciones son menores.
El FMI estima que los países en desarrollo de bajos ingresos necesitan 3 billones de dólares anuales hasta 2030 para financiar sus objetivos de desarrollo y la transición climática. Y como se prevé que la deuda mundial alcance el 100% del PIB antes de fines de esta década, endeudarse para financiar estas inversiones tal vez no sea la opción más acertada. Dado que estos países tienen un potencial impositivo sin explotar de entre el 8% y el 9% del PIB, recaudar más ingresos a través de los impuestos es una mejor solución.
Sin embargo, aumentar los ingresos fiscales es un gran desafío en los países más pobres. Una gran parte de la población trabaja en actividades difíciles de gravar, como la agricultura en pequeña escala y como proveedores de servicios informales, como los vendedores ambulantes. Al gobierno le resulta difícil hacer un seguimiento de estos ingresos porque en su mayoría se basan en efectivo. Estos trabajadores a menudo creen que ingresar al sector formal solo les traerá una mayor responsabilidad fiscal y beneficios limitados. Prefieren mantener negocios pequeños e informales.
Para hacer crecer sus industrias, los gobiernos suelen recurrir a la concesión de exenciones fiscales a las grandes empresas, lo que erosiona la base impositiva corporativa y fortalece los intereses creados. En consecuencia, esos países dependen principalmente de los impuestos sobre bienes y servicios, que imponen una carga más pesada a los pobres. Además, la recaudación de ingresos se caracteriza con demasiada frecuencia por una aplicación débil para los ricos y punitiva para la clase trabajadora y los pobres.