El Parlamento Europeo celebrará su votación sobre la propuesta de «detener el reloj» el 1 de abril.
Se trata de la ley que, según se prevé, retrasará dos años la entrada en vigor de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) y un año la de la Directiva sobre la Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa (CS3D, por sus siglas en inglés), mientras los legisladores negocian cambios sustanciales en ambas.
La votación será sobre si debe tramitarse con carácter prioritario.
Tras el debate inaugural los eurodiputados estarán divididos sobre cuál debería ser la postura negociadora del Parlamento respecto a la propuesta de «detener el reloj».
Se prevé que el Consejo Europeo vote aproximadamente al mismo tiempo, lo que podría significar una decisión final antes de las vacaciones de verano.
Se entiende que existe más consenso entre los Estados miembros que entre los eurodiputados, y es probable que el plan de la Comisión sea aprobado; aunque, al parecer, los Países Bajos también quieren que las empresas que presenten informes en la primera oleada de la Directiva CSRD se vean afectadas por los retrasos.
En una reunión a puerta cerrada del Consejo celebrada el martes, también se debatieron los cambios sustanciales propuestos para CSRD y CS3D.
Según Responsible Investor, Francia quiere que el umbral para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la CS3D se eleve de 1.000 a 5.000 empleados, para que esté en consonancia con su propia ley de diligencia debida.
La autoridad francesa de normas contables, la ANC, publicó esta semana su postura oficial sobre el informe ómnibus, que incluía varias advertencias.
En primer lugar, según el comunicado, excluir al 80% de las empresas del ámbito de aplicación de la Directiva CSRD socava el objetivo de la UE de proporcionar información corporativa armonizada en todo el bloque y puede llevar a las instituciones financieras y a los proveedores de datos a solicitar información más específica.
La ANC señaló que los Estados miembros que no cumplieron con el plazo de 2024 para transponer la CSRD podrían verse tentados a esperar hasta que se actualice y, mientras tanto, volver a la Directiva sobre información no financiera.
Las empresas de los países que respetaron los plazos de la Comisión y que ya han incorporado la Directiva a su legislación nacional (incluida Francia) tendrán que aplicar la Directiva CSRD en su forma actual hasta que se tome una decisión.
Esto es injusto para las empresas, sugirió el ANC.
También hizo un llamamiento a los legisladores de la UE para que mantuvieran cierto compromiso con el establecimiento de normas específicas para cada sector.
La Plataforma de Finanzas Sostenibles (PSF), órgano asesor de la Comisión Europea, se reunió esta semana en Bruselas para presentar una investigación sobre los flujos de capital hacia la transición ecológica.
Los miembros de la Plataforma también están analizando minuciosamente los «cientos» de respuestas presentadas a la reciente consulta sobre los cambios en el Reglamento de Taxonomía.
En un acto celebrado el jueves, la presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), Petra Hielkema, acogió con satisfacción la propuesta general, afirmando que las reducciones propuestas «contribuirán realmente a liberar recursos para trabajar en la productividad y la competitividad».
Sin embargo, señaló que los reguladores y las empresas se encuentran actualmente en un estado de «incertidumbre» mientras esperan los cambios finales a la CSRD.
Mientras tanto, los políticos estadounidenses han continuado su campaña contra la CS3D. Esta semana, REP informó sobre una propuesta de un alto cargo republicano para proteger a las empresas estadounidenses de cualquier normativa de diligencia debida en el extranjero.
El proyecto de ley incluso otorgaría a las empresas la capacidad de emprender acciones legales contra las jurisdicciones que intentaran hacer cumplir sus leyes.