Para los inversores institucionales, la rápida innovación de productos y los cambios regulatorios en la última década han proporcionado una gama cada vez más rica de índices, metodologías y otras herramientas para proteger las carteras pasivas contra los riesgos climáticos y otros riesgos ambientales. Los propietarios de activos pueden elegir entre múltiples soluciones de inversión pasiva que descartan o se inclinan hacia los emisores en función de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) pasadas y actuales o de la credibilidad de sus planes de transición a cero emisiones netas.
Pero, ¿son estas ofertas suficientes para limitar la exposición a los riesgos físicos cada vez más evidentes del cambio climático a los que se enfrentan las empresas, las carteras y los beneficiarios finales? Y si no es así, ¿qué nuevas herramientas, incluidas las fuentes de datos, se requieren? Además, ¿cómo deben considerarse los riesgos físicos junto con otros criterios y prioridades de los inversores?
El tema se está volviendo más urgente. El cambio climático se citó como un factor importante que contribuyó a 120.000 millones de dólares en pérdidas cubiertas por seguros por desastres naturales en 2022, que incluyen el huracán Ian en Estados Unidos, además de graves inundaciones en Australia y Asia, especialmente en Pakistán.
Y aunque la COP27 colocó firmemente la adaptación climática en la agenda política, nuestra comprensión de los riesgos para las empresas y los activos individuales, y sus planes para abordarlos, es limitada. Una encuesta realizada a 500 empresas en 33 países, para un informe reciente sobre las respuestas de las empresas a los riesgos climáticos, encontró que solo el 14% tenía un plan de adaptación y resiliencia climática. «Se necesitan esfuerzos más concentrados para la planificación e implementación de la adaptación climática», concluyó el informe.