Artículos

Fortalecimiento de la capacidad del Estado para una gobernanza eficaz

Puntos clave

• La mala gobernanza siempre se asocia con la corrupción, mientras que la buena gobernanza es algo más que la ausencia de corrupción. La buena gobernanza es tener una capacidad estatal adecuada para permitir y apoyar las actividades gubernamentales y proporcionar bienes públicos. La capacidad del Estado es principalmente la capacidad humana. Informe de políticas

• Las agencias públicas no son tan efectivas como las organizaciones del sector privado debido a la inmunidad a la bancarrota y la falta de incentivos para tener un mejor desempeño. Por lo tanto, es crucial alinear los incentivos de los agentes/burócratas públicos para mejorar la eficiencia.

• El enfoque del economista aboga por la alineación de los incentivos, haciendo hincapié en la gestión del desempeño, la privatización, la nueva gestión pública, la competencia y las opciones de salida. Mientras tanto, los psicólogos sociales subrayan el poder de las normas, las motivaciones internas y el orgullo por impulsar el rendimiento.

• La corrupción es un obstáculo importante para la calidad de la gobernanza. Si bien la descentralización y la transparencia desempeñan un papel fundamental, por sí solas no son suficientes. La fórmula de Klitgaard demuestra que la reducción del monopolio y la discrecionalidad, y la mejora de la rendición de cuentas pueden combatir eficazmente la corrupción.

• No existe un enfoque único para la autonomía burocrática. El nivel de discrecionalidad necesario depende de factores como la capacidad estatal, la capacitación y el profesionalismo. Las agencias de alta capacidad pueden requerir más autonomía, mientras que las de menor capacidad pueden necesitar reglas más claras.

¿Qué es la gobernanza?

El término «gobernanza» a menudo carece de una definición coherente, existiendo en dos formas principales: definiciones de procedimiento y definiciones basadas en resultados. Las definiciones de procedimiento se refieren a las instituciones que establecen reglas para los comportamientos colectivos, mientras que las definiciones de resultados se centran en la capacidad de proporcionar bienes públicos, incluida la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura y la aplicación de la ley. En particular, estas funciones de gobernanza pueden ser ejecutadas por una variedad de entidades, que abarcan gobiernos, organizaciones internacionales, ONG, empresas privadas e incluso organizaciones ilícitas.

Sin embargo, el término «gobernanza» se centra principalmente en la eficacia de las medidas adoptadas por los órganos de gobierno, en particular los poderes ejecutivos, que tienen una mayor responsabilidad en la prestación de servicios públicos, seguridad, infraestructura, vivienda y bienes públicos fundamentales que otros poderes del gobierno.

Si bien la mala gobernanza se asocia con frecuencia con la corrupción, sus implicaciones van mucho más allá de esta malversación. Los efectos adversos de la corrupción se reflejan a través de la deslegitimación del gobierno, el obstáculo de la eficacia de las actividades oficiales y la asignación indebida de recursos a beneficiarios que no lo merecen, por lo general, desde los empobrecidos hasta los ricos y la élite, al tiempo que distorsiona los objetivos generales de la gobernanza. En concreto, la corrupción adopta diversas formas, como la apropiación de recursos públicos para beneficio privado, así como el clientelismo, que implica proporcionar recursos públicos a particulares a cambio de apoyo político. La mala gobernanza también puede ser el resultado de la falta de capacidad básica del Estado, como la falta de escuelas o de aplicación de políticas en las zonas rurales, la falta de tecnócratas capacitados en los ministerios y la insuficiencia de recursos para prestar servicios.

La buena gobernanza va más allá de la mera ausencia de corrupción, pivotando hacia los cimientos de la capacidad del Estado. La capacidad del Estado abarca no sólo los recursos físicos y técnicos sino, quizás lo más importante, la capacidad humana, es decir, la presencia de personas capaces y de recursos esenciales para el funcionamiento eficiente y el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales. En resumen, la capacidad del Estado es la capacidad humana.

Diferencia entre el sector público y el privado

El sector público difiere del sector privado en varios aspectos. La diferencia más significativa es que las agencias públicas no pueden ir a la quiebra y existir independientemente de su desempeño, operando esencialmente como monopolios. Por el contrario, si una empresa privada experimenta un fracaso financiero, está destinada a la quiebra y puede dejar de existir, lo que sirve como un poderoso incentivo para que los empleados ejerzan un mayor esfuerzo e impulsen la rentabilidad, una dinámica ausente en el sector público.

Además, las agencias públicas con frecuencia tienen la tarea de ejecutar políticas o regulaciones dictadas por autoridades superiores, como el gobierno o la legislatura, a menudo sin control directo sobre estos mandatos. Esto conduce a una situación en la que diferentes directivas pueden emanar de varios superiores, creando un panorama multifacético de mandatos dentro del gobierno. En el sector privado, el titular del mandato suele poseer una fuente única e inequívoca de autoridad, lo que le confiere una mayor autonomía sobre las operaciones.

Además, a diferencia de las empresas privadas, los organismos públicos no pueden retener los beneficios o excedentes generados por sus operaciones. Por el contrario, las empresas privadas tienen la libertad de retener las ganancias para una variedad de propósitos, incluida la reinversión en el negocio, el desembolso de dividendos a los accionistas, la reserva de fondos para gastos futuros o incluso el desembolso de bonificaciones a los empleados. En el sector público, los fondos excedentes suelen remitirse al gobierno o asignarse para apoyar otros programas públicos.

Teoría Principio-Agente: Sistemas Presidenciales versus Sistemas Parlamentarios

Intrínsecos a su naturaleza, los funcionarios públicos y los burócratas a menudo se han asociado con percepciones de menor intensidad de trabajo, caracterizados por etiquetas como «perezosos», «desmotivados» y han mostrado una inclinación hacia el exceso de papeleo y burocracia. Esto nos lleva a la pregunta crítica: ¿Cómo podemos inculcar una mayor motivación y rendimiento en el sector público?

En términos generales, hay dos escuelas de pensamiento con respecto a las estrategias para mejorar la calidad del gobierno y motivar a los funcionarios. La primera proviene de los economistas, que sostienen que los individuos son inteligentes, egoístas, racionales e impulsados por la búsqueda de la utilidad, buscando maximizar sus ganancias. Si bien pueden participar en actividades de cooperación, están motivados fundamentalmente por los beneficios potenciales que se derivan de dicha colaboración.

Por el contrario, los sociólogos y los psicólogos sociales abordan el comportamiento humano desde un punto de vista diferente. Ponen énfasis en las normas sociales, viendo a los humanos como criaturas inherentemente sociales inclinadas a observar y conformarse a las acciones de sus compañeros. De acuerdo con esta perspectiva, los individuos están naturalmente inclinados a adherirse a las normas establecidas dentro de su entorno social. Los psicólogos sociales postulan que la mejor manera de lograr la manipulación del comportamiento no es alterando los incentivos individuales, sino cambiando las normas sociales.

Por otra parte, el paradigma económico dominante para comprender la agencia gubernamental se conoce como el modelo principal-agente. Este marco incorpora una jerarquía de autoridad o autoridad delegada dentro de las organizaciones jerárquicas. En los sistemas presidenciales, el pueblo es el principal teórico. Participan en el proceso democrático votando por legisladores o por un presidente, quienes posteriormente nombran a los miembros de la burocracia. Esta burocracia, a su vez, designa a las organizaciones ejecutoras. En cada nivel de la estructura, se establece un sistema de rendición de cuentas, asegurando que cada nivel responda al que está por encima de él. En una democracia, los principios últimos son las personas que, a través de sus votos, seleccionan a sus líderes. En un sistema parlamentario, el mismo sistema de autoridad delegada y la misma estructura de autoridad existen entre los principales que son el pueblo y el nivel inferior de autoridad.

Dentro del modelo principal-agente, la corrupción se interpreta como un desajuste de incentivos, en el que los funcionarios del gobierno priorizan su propio interés sobre el cumplimiento de los mandatos del principal. Para combatir la corrupción desde la perspectiva del economista, es primordial alinear los incentivos. Esto implica asegurarse de que los motivos de los agentes armonicen con los mandatos establecidos por el mandante.

Se pueden encontrar ejemplos pertinentes en las empresas de Silicon Valley, que emplean métodos comunes para alinear los intereses de los agentes con los de los directores. En las empresas privadas, los accionistas o propietarios son los principales, mientras que los empleados actúan como agentes. Otorgar opciones sobre acciones a los empleados alinea su propio interés con el bienestar colectivo de la empresa, fomentando una perspectiva a largo plazo. Esta práctica armoniza eficazmente los intereses individuales con los objetivos generales de la empresa, ejemplificando un esfuerzo por sincronizar las motivaciones de los agentes con los objetivos principales.

En resumen, el empleo de incentivos positivos para un trabajo encomiable y la aplicación de castigos por mal desempeño representan herramientas cruciales para mejorar la calidad del gobierno y la eficacia de los funcionarios públicos desde la perspectiva del economista.

¿Cómo se alinean los incentivos del agente con los principios del modelo principal-agente? Esta pregunta constituye la base de un conjunto completo de recomendaciones derivadas de los economistas que emplean este modelo. Estas recomendaciones están diseñadas para mejorar la conducta y el desempeño de las personas involucradas.

Recomendaciones de política para mejorar la calidad del gobierno

Enfoque de los economistas: hacer que el sector público se parezca más al sector privado

Mejorar el desempeño del sector público

El primer enfoque, basado en la economía, que se centra en motivar a los empleados del sector público de la misma manera que se motiva a las personas del sector privado, incluye cinco estrategias; la gestión del desempeño, la privatización y la subcontratación, la nueva gestión pública, la adición de competencia y una opción de salida, y el acortamiento de la ruta de la rendición de cuentas.

La primera estrategia es la «gestión del desempeño», una herramienta diseñada para acercar el sector público a las prácticas del sector privado. En esencia, la gestión del desempeño en la administración pública implica una aplicación sencilla

de incentivos: se evalúa el desempeño de los individuos y se administran las recompensas o consecuencias en consecuencia. Un elemento crucial en este proceso es el establecimiento de una matriz clara y transparente para evaluar el desempeño. Sin embargo, esto plantea la cuestión crítica de si un sistema de este tipo puede aplicarse eficazmente en los organismos públicos, dada su naturaleza distinta en relación con las empresas privadas.

La matriz de gestión del desempeño sirve para simplificar la evaluación del potencial de los organismos gubernamentales para medir eficazmente el desempeño. Depende de dos factores principales:

Volumen de transacciones (eje X): Esta métrica indica la frecuencia de las decisiones y transacciones realizadas por una agencia en particular en sus operaciones diarias. Por ejemplo, un sistema escolar con miles de profesores y estudiantes que participan en una multitud de actividades posee un alto volumen de transacciones. Por el contrario, un banco central puede tener un número significativamente menor de transacciones, y las decisiones importantes se producen a intervalos más prolongados, a menudo cada trimestre.

Especificidad (eje Y): Esta métrica refleja lo sencillo que es medir el desempeño de funciones públicas específicas dentro de una agencia. Cuanto mayor sea la especificidad, más sencilla será la evaluación; Por el contrario, la especificidad limitada implica un proceso de evaluación más desafiante.

Esta matriz clasifica a las agencias en cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales ofrece una visión distinta de su potencial de reforma:

• Cuadrante I: Este cuadrante representa a las agencias con bajo volumen de transacciones y alta especificidad. Estos organismos, como los bancos centrales, proporcionan un entorno propicio para supervisar y hacer cumplir el desempeño y la disciplina. Son fáciles de reformar, y a menudo se benefician de sus características inherentes.

• Cuadrantes II y III: Las agencias ubicadas en estos cuadrantes, como el mantenimiento de carreteras y la educación universitaria, exhiben una combinación de volumen de transacciones y especificidad. Presentan desafíos y oportunidades únicos para la reforma, lo que requiere enfoques matizados para abordar su dinámica específica.

• Cuadrante IV: Este cuadrante engloba a las agencias caracterizadas por un alto volumen de transacciones y una baja especificidad. Las instituciones que entran en esta categoría, al igual que ciertos aspectos del sistema judicial o de la educación primaria, se enfrentan a dificultades particulares durante la reforma. Si bien es un desafío, es esencial reconocer que la reforma no es insuperable; más bien, requiere estrategias adaptadas y esfuerzos sostenidos.

Al emplear este modelo, los responsables de la formulación de políticas obtienen información valiosa sobre dónde es probable que las reformas sean más efectivas y dónde pueden enfrentar mayores obstáculos. Sirve como una herramienta valiosa para evaluar los avances en el desempeño público y destacar las áreas en las que los esfuerzos de reforma han sido menos efectivos.

Privatización y subcontratación

Hoy en día, una gran cantidad de servicios esenciales están siendo prestados por entidades ajenas al gobierno. Existe una perspectiva que afirma que las agencias públicas no siempre son los proveedores óptimos de tipos específicos de servicios. Las organizaciones del sector privado o sin fines de lucro, impulsadas por diferentes incentivos, pueden demostrar una mayor eficiencia en la prestación de servicios.

Determinar el alcance exacto del sector público es un desafío debido a la intrincada red de contratistas y subcontratistas involucrados. Las entidades que operan fuera de la esfera gubernamental a menudo navegan por prioridades contradictorias. Cuando se produce la subcontratación, la empresa supervisora se enfrenta a una doble lealtad: servir tanto a sus propietarios como a la agencia que encarga sus servicios. Lograr un equilibrio entre la eficiencia en la reducción de costos, como desea el propietario de la empresa, y el mantenimiento de un alto nivel de servicio público, como espera el gobierno, puede plantear un desafío formidable. Garantizar la rendición de cuentas en las funciones subcontratadas a menudo resulta ser una tarea compleja.

En escenarios caracterizados por monopolios naturales, las entidades privadas no necesariamente pueden demostrar una eficiencia superior en la prestación de servicios. Es una creencia generalizada que ciertas funciones son inherentemente más adecuadas para la administración pública.

Nueva Gestión Pública (NPM)

La Nueva Gestión Pública (NPM, por sus siglas en inglés) es un enfoque de la administración pública destinado a mejorar la eficiencia y eficacia del gobierno mediante la incorporación de técnicas de gestión del sector privado. La idea básica detrás de NPM es tratar a las agencias gubernamentales más como organizaciones del sector privado, con un enfoque en los resultados, el desempeño y la satisfacción del cliente.

En el marco del MNP, los funcionarios del gobierno son tratados como gerentes del sector privado y son contratados en virtud de contratos que establecen metas y medidas de desempeño explícitas. Se les da más autonomía, supeditada al cumplimiento de estos objetivos. Los altos ejecutivos son compensados de manera más parecida a sus contrapartes del sector privado, lo que puede ayudar a atraer y retener a personas talentosas. Un ejemplo es el caso del gobernador del banco central de Nueva Zelanda, cuyo contrato estipulaba que la tasa de inflación no debía superar el 8%. El incumplimiento de este criterio daría lugar a la rescisión del contrato, lo que facultaría a los funcionarios para ejercer su discreción en la alineación de las acciones con los objetivos establecidos.

Sin embargo, este enfoque basado en el mercado solo funciona en ciertos contextos. Si bien tuvo éxito en entornos como el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, es posible que no produzca resultados comparables en muchos países en desarrollo.

Si bien la MNP ha demostrado eficacia en casos específicos, no está exenta de desafíos. Es posible que el MNP no aproveche plenamente la motivación intrínseca que a menudo se encuentra en el servicio público, y la implementación de grandes diferencias salariales puede enfrentar resistencia dentro de algunas estructuras gubernamentales. Algunos críticos también argumentan que el MNP puede conducir a un enfoque limitado en los resultados a corto plazo y puede socavar el espíritu del servicio público que es esencial para una gobernanza eficaz.

El NPM fomenta el uso de la competencia y una opción de salida para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, si un organismo gubernamental no está cumpliendo sus objetivos de desempeño, puede estar sujeto a la competencia de otros proveedores o puede estar sujeto a cierre o privatización.

Agregar competencia y una opción de salida

El concepto de añadir competencia y una opción de salida implica introducir la competencia en la prestación de servicios públicos y dar a los ciudadanos la opción de «salir» de los servicios de bajo rendimiento. La idea es que la competencia puede ayudar a reducir los costos y mejorar la calidad, mientras que la opción de salida brinda a los ciudadanos la capacidad de responsabilizar a los proveedores de servicios eligiendo llevar su negocio a otra parte si no están satisfechos con el servicio que están recibiendo.

Este concepto se ha aplicado en diversos contextos, como la educación pública, donde los vales y las escuelas chárter se han utilizado para introducir la competencia y dar a los padres más opciones en la educación de sus hijos. Sin embargo, también existe la preocupación de que solo los padres más educados e informados puedan aprovechar la opción de salida, mientras que las familias monoparentales y las que se enfrentan a problemas de drogas y sustancias pueden no tener la misma capacidad para ejercer esta opción. En tales casos, la opción de salida podría conducir a una disminución de la calidad de la educación en las escuelas restantes.

Este fenómeno tiene implicaciones sociales más amplias. Como ejemplo práctico, la segregación racial persistió hasta la década de 1960 en los Estados Unidos. Incluso después del movimiento por los derechos civiles, muchas ciudades mantuvieron escuelas y vecindarios segregados. El surgimiento del movimiento por los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960 desmanteló la segregación formal, dando a los afroamericanos la oportunidad de moverse libremente. Sin embargo, en la década siguiente, las áreas donde los afroamericanos eligieron quedarse fueron testigos de una disminución en la calidad de vida en general. Esto ejemplifica cómo la presencia de una opción de salida puede tener un impacto significativo en las comunidades.

Acortar el camino de la rendición de cuentas

Dentro de las estructuras jerárquicas de autoridad, la rendición de cuentas fluye de los burócratas de abajo a los que están por encima de ellos, llegando finalmente a los niveles más altos, a la gente. En las instituciones democráticas tradicionales, los agentes suelen estar demasiado lejos de las personas a las que sirven, y las señales de rendición de cuentas pueden perderse o ser inespecíficas. Existe una preocupación con respecto a cómo los ciudadanos pueden comunicar de manera efectiva sus expectativas y responsabilizar a los agentes locales cuando existe una larga raíz de rendición de cuentas.

Si bien las elecciones en las democracias modernas sirven como un mecanismo de rendición de cuentas para los políticos, ocurren a intervalos fijos (generalmente cada 4 a 5 años) y es posible que no aborden de manera efectiva la rendición de cuentas de los agentes locales no electos.

Acortar el camino de la rendición de cuentas implica acercar la rendición de cuentas a la población mediante el establecimiento de mecanismos locales para responsabilizar a los agentes. Este objetivo puede lograrse a través de la descentralización y el federalismo, refiriéndose a la transferencia de poder y autoridad del gobierno central a los gobiernos locales o regionales. Los gobiernos locales suelen estar mejor posicionados para abordar las necesidades y preferencias locales en comparación con una autoridad centralizada. Por lo tanto, la idea detrás de la descentralización es aprovechar el conocimiento local.

Si bien la descentralización es una herramienta poderosa, es posible que no sea universalmente aplicable a todas las funciones, en particular a las de naturaleza de seguridad nacional, como la defensa. Sin embargo, para funciones como la recolección de basura, el saneamiento, las escuelas y la policía local, resulta ser una estrategia viable. Un camino más corto de rendición de cuentas empodera a los ciudadanos para influir directamente y disciplinar a los responsables de estas funciones públicas, fomentando así un mejor desempeño.

Sin embargo, la descentralización no está exenta de desafíos, ni resuelve necesariamente el problema de la corrupción. El caso de la descentralización en la Indonesia posterior a Suharto ilustra que, si bien puede acercar la gobernanza a la población, no necesariamente erradica la corrupción y, en algunos casos, puede conducir a su proliferación en varios niveles de funciones gubernamentales.

El enfoque del psicólogo social: normas y mecanismos internos basados en valores

Este enfoque se basa en la idea de que los seres humanos son criaturas inherentemente sociales que están impulsadas por la necesidad de ajustarse a las normas sociales y trabajar juntos en grupos basados en valores y expectativas compartidos. El enfoque del psicólogo social enfatiza la importancia de inculcar normas a través de la educación y la capacitación, y el papel del liderazgo en el establecimiento de metas, expectativas y normas.

A diferencia de los sistemas externos de rendición de cuentas que implican la observación y el monitoreo constantes del desempeño individual, este enfoque se apoya en mecanismos internos en los que los individuos son impulsados por su sentido de respeto por sí mismos, orgullo profesional, presión de grupo y adhesión a los estándares profesionales. Cultivar un profundo sentido de obligación profesional y respeto por uno mismo depende de la capacidad de uno para ejecutar sus responsabilidades con capacidad. Este enfoque sugiere que las normas pueden ser más eficaces que los incentivos para motivar a los funcionarios a desempeñarse mejor.

Desafíos clave

Corrupción

La corrupción, un indicador fundamental de la calidad del gobierno, sigue siendo un problema acuciante en muchos países en desarrollo. Se han empleado varios enfoques para combatir la corrupción, entre ellos la descentralización; Sin embargo, se ha comprobado que delegar poder no resuelve el problema de la corrupción.

La transparencia y la rendición de cuentas han sido temas centrales durante las últimas décadas en las discusiones relacionadas con la corrupción. La transparencia garantiza que las acciones y decisiones gubernamentales estén abiertas al escrutinio del público, los medios de comunicación y las instituciones de supervisión. Este escrutinio crea un sistema de rendición de cuentas en el que los funcionarios son responsables de sus acciones.

Sin embargo, para que la transparencia sea eficaz, debe estar perfectamente vinculada a mecanismos tangibles de rendición de cuentas. Deben establecerse mecanismos concretos a través del poder judicial, la presión pública o los sistemas electorales. Por ejemplo, en Rusia y Ucrania, las leyes exigen que todos los burócratas públicos revelen sus activos. Si bien algunos funcionarios revelaron que sus tenencias superaban sus salarios públicos, no se produjeron consecuencias sustanciales. Esto pone de relieve la necesidad crítica de contar con mecanismos reales de rendición de cuentas. En muchos países, la transparencia por sí sola no ha tenido el impacto deseado, como se ha demostrado en diversos contextos africanos.

Klitgaard proporcionó una fórmula para la corrupción: corrupción = monopolio + discrecionalidad – responsabilidad. Esto significa que es más probable que ocurra corrupción cuando los funcionarios tienen el monopolio del poder, un alto grado de discrecionalidad y bajos niveles de rendición de cuentas.

Administración y discreción

El tema central de toda teoría organizacional es la «discreción delegada», que se refiere a la delegación de autoridad de los funcionarios de nivel superior a los de nivel inferior. Esto es necesario en todas las organizaciones, incluidas las agencias gubernamentales, porque permite el uso eficiente del conocimiento local y la capacidad de responder rápidamente a las circunstancias cambiantes. Además, ningún conjunto de reglas puede anticipar todos los escenarios, y la experiencia a menudo reside en agentes de bajo nivel que están más cerca de la dinámica local. Esto significa que la delegación es necesaria para garantizar una gobernanza eficaz y eficiente.

Sin embargo, la delegación también significa una pérdida de control para los funcionarios de alto nivel, lo que puede ser problemático en el sector público. Esto se debe a que los funcionarios públicos son responsables ante el público, y cualquier error o falla puede tener graves consecuencias para los ciudadanos. Por lo tanto, existe una tensión entre la necesidad de delegación y la necesidad de control, y esta tensión lleva a preguntarse cuánto delegar.

Exploramos dos escenarios. En el escenario 1, el principal político expresa voluntad democrática y actúa por el bien público, pero los agentes son corruptos, incompetentes o egoístas. En este caso, la autonomía burocrática debe ser recortada, reduciendo la cantidad de delegación. Esto se debe a que no se puede confiar en que los agentes actúen en el interés público y, por lo tanto, deben ser monitoreados y controlados de cerca.

En el escenario 2, el director político es corrupto, incompetente o manifiestamente no actúa en el interés público, pero los agentes son profesionales, no partidistas y conocedores. En este caso, se debe aumentar la autonomía burocrática, aumentando la cantidad de delegación. Esto se debe a que se puede confiar en que los agentes actúen en el interés público, incluso si el principal político no puede.

¿Cuál es la cantidad óptima de autonomía?

No existe un grado óptimo de autonomía burocrática que se aplique a todos los países y organismos. En cambio, el nivel adecuado de autonomía dependerá de una variedad de factores, entre agencias y países.

Si la autonomía burocrática es demasiado restringida, con una sobreabundancia de reglas, los individuos se ven privados de la capacidad de ejercer su propio juicio. Este es un escenario indeseable. Por el contrario, ningún país desea una situación en la que los burócratas operen sin rendir cuentas, ya que ambos extremos conducen a una gobernanza ineficaz. El enfoque óptimo radica en encontrar un término medio, lograr un equilibrio que permita un nivel adecuado de autonomía. Esto permite a las personas aplicar sus conocimientos locales y adaptarse a las circunstancias, pero dentro de límites razonables.

La curva representa varios puntos óptimos determinados por los diferentes niveles de capacidad de estado. Las agencias o ministerios con altos niveles de capacidad pueden permitirse delegar más autoridad en comparación con aquellos con burócratas menos calificados y menos educados. Por ejemplo, las agencias de aduanas tienden a tener personal menos calificado, mientras que los bancos centrales tienen personal altamente capacitado. En consecuencia, las agencias que cuentan con profesionales altamente capacitados pueden manejar un mayor nivel de discreción, mientras que aquellas con empleados menos calificados requieren más reglas y discreción limitada.

Cada gobierno debe encontrar su equilibrio único de autoridad discrecional, supeditado a la competencia y profesionalismo de su fuerza laboral. Los países también varían en sus niveles medios de formación y capacidad. Por lo tanto, se puede argumentar que las naciones con menor capacidad tienden a restringir la discrecionalidad entre los agentes, mientras que los países de alta capacidad como Singapur y Dinamarca tienen la capacidad de otorgar una autoridad sustancial.

Conclusión

Mejorar la capacidad del Estado es sinónimo de desarrollar la capacidad humana, un catalizador directo para mejorar la calidad del gobierno. Un desempeño elevado dentro del gobierno se traduce directamente en una gobernanza más efectiva. El enfoque del economista aboga por incentivar el desempeño a través de vías como la gestión del desempeño, la privatización, la Nueva Gestión Pública, la competencia y las opciones de salida, así como acortar la ruta de la rendición de cuentas. Por otro lado, los psicólogos sociales destacan el poder de las normas, las motivaciones internas y el orgullo profesional en el desempeño de la conducción.

El discurso sobre la capacidad estatal y la autonomía burocrática subraya la necesidad de un enfoque personalizado. No existe una solución única para todos. Las agencias con mayor capacidad pueden beneficiarse de una mayor discrecionalidad, mientras que las que tienen menor capacidad pueden requerir normas más estructuradas. La optimización de la calidad de la gobernanza requiere una estrategia multifacética. Es vital lograr el equilibrio adecuado entre la autonomía y la rendición de cuentas, alinear los incentivos y fomentar una cultura de responsabilidad. Un enfoque matizado y específico para cada contexto es imperativo para una gobernanza eficaz y una mejor prestación de servicios públicos.

El impacto financiero de las controversias sobre el greenwashing

La transición a una economía baja en carbono requiere confianza en el compromiso y la capacidad de las empresas para adaptar sus operaciones comerciales para ayudar a cumplir los objetivos relacionados con el clima. Sin embargo, el blanqueo verde corre el riesgo de socavar esta confianza al minar la confianza de los consumidores y los inversores, lo que subraya la importancia de supervisar y abordar el problema. Este artículo explora el papel que pueden desempeñar las controversias ESG en el apoyo a estos esfuerzos. Si bien las controversias relacionadas con el greenwashing no proporcionan información precisa sobre la escala o la frecuencia de los casos de greenwashing, son importantes desde el punto de vista de la protección de los inversores, ya que reflejan la percepción pública del greenwashing, lo que puede dar lugar a problemas de reputación para las empresas implicadas. Documentamos que el número de controversias de greenwashing que involucran a grandes empresas europeas aumentó entre 2020 y 2021 y tendió a concentrarse en unas pocas empresas pertenecientes a tres sectores principales, incluido el sector financiero. También investigamos el impacto de las controversias de greenwashing en los rendimientos y la valoración de las acciones de las empresas y no encontramos evidencia sistemática de una relación entre ambos. Los resultados sugieren que las acusaciones de blanqueo ecológico no tuvieron un impacto financiero claro en las empresas y ponen de relieve la ausencia de un mecanismo eficaz basado en el mercado para ayudar a prevenir posibles comportamientos de blanqueo ecológico. Esto subraya la importancia de una orientación política clara por parte de los reguladores y de los esfuerzos de los supervisores para garantizar la credibilidad de las declaraciones relacionadas con la sostenibilidad.

Controversias ESG y greenwashing

El sector empresarial tiene un papel clave que desempeñar en el apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono, en particular adaptando sus actividades de tal manera que sean compatibles con los objetivos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial en este siglo muy por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales. Al mismo tiempo, los inversores están cada vez más preocupados por el cambio climático y los problemas sociales, como los crecientes niveles de desigualdad, lo que aumenta la presión sobre las empresas para que rindan cuentas de su impacto en el medio ambiente y la sociedad.

En consecuencia, las empresas se comprometen cada vez más a mejorar su desempeño ambiental y social, por ejemplo, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o a implementar salvaguardas sociales a lo largo de sus cadenas de suministro. La comunicación corporativa relacionada con la sostenibilidad puede adoptar diversas formas, incluida la publicación de estados no financieros, o en el sector financiero la inclusión de términos relacionados con ESG en los nombres de los productos financieros. Mientras tanto, la preocupación pública por el hecho de que las empresas se involucren en la divulgación selectiva mientras posiblemente pasan por alto su verdadero desempeño ESG. Esto está llevando a los consumidores, inversores y reguladores/supervisores a tener un interés creciente en comprender si los compromisos, objetivos y declaraciones de sostenibilidad de las empresas se reflejan en sus acciones.

En respuesta al apetito por la información relacionada con la sostenibilidad de fuentes independientes, los proveedores de datos ESG recopilan información sobre una variedad de controversias ambientales y sociales, como la esclavitud moderna, la contaminación y los derrames de petróleo, y la venden a los inversores para respaldar sus decisiones de inversión, incluso a través de calificaciones y puntuaciones ESG. Las controversias ESG son alegaciones presentadas por las partes interesadas y compartidas a través de los medios de comunicación locales o internacionales, que señalan a empresas individuales o sectores enteros con respecto a su posible impacto negativo en los factores ambientales y sociales. Esto incluye las controversias sobre el lavado verde, que pueden definirse en términos generales como las acusaciones presentadas por las partes interesadas sobre la percepción de una falta de alineación entre las comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad y las acciones corporativas.

Por ahora, las pruebas concretas sobre el impacto financiero del greenwashing siguen siendo limitadas. Se analiza el impacto de los incidentes de lavado verde en los rendimientos anormales acumulados de las empresas en China entre 2011 y 2012 y encuentra pruebas sólidas de una relación negativa en torno al momento de la exposición al incidente. Confirman la existencia de una relación negativa entre varias medidas de potencial greenwashing, y el valor de la empresa, medido mediante el cociente Q de Tobin.

Un obstáculo para el estudio del greenwashing es la ausencia de una definición universalmente aceptada en cuanto a alcance, intencionalidad o grado de falsedad. A la luz de la petición de la Comisión Europea de proporcionar asesoramiento sobre los riesgos y la supervisión del blanqueo ecológico5, las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) han establecido un entendimiento común de alto nivel del blanqueo ecológico: «una práctica en la que las declaraciones, acciones, acciones o comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad no reflejan de forma clara y justa el perfil de sostenibilidad subyacente de una entidad, un producto financiero,  o servicios financieros. Esta práctica puede inducir a error a los consumidores, inversores u otros participantes en el mercado».

En este contexto, y en línea con la petición de la Comisión Europea de hacer un seguimiento de los posibles   riesgos relacionados con el greenwashing, este artículo profundiza en el papel que pueden desempeñar las controversias ESG para detectar el posible greenwashing. Las controversias pueden ser útiles para monitorear los riesgos reputacionales derivados de las acusaciones de lavado verde. Sin embargo, proporcionan información sobre las percepciones de greenwashing, que no es lo mismo que los casos de greenwashing, lo que refleja el hecho de que el greenwashing es principalmente «un fenómeno en el ojo del espectador», e introduce una dimensión subjetiva. Dado que las percepciones pueden, hasta cierto punto, impulsar las decisiones de inversión, también exploramos la relación entre las controversias sobre el lavado verde y las métricas financieras clave, como la rentabilidad de las acciones y la valoración de las empresas, y no encontramos pruebas claras de un efecto. Nuestros hallazgos ponen de relieve la ausencia de un mecanismo eficaz basado en el mercado para ayudar a prevenir el comportamiento de lavado verde. Esto subraya la importancia de una orientación política clara por parte de los reguladores y de los esfuerzos de los supervisores para garantizar la credibilidad de las declaraciones relacionadas con la sostenibilidad.

Identificación y seguimiento

Aunque solo constituyen una posible fuente de información, los recursos abiertos al público en general, como los informes, las plataformas de redes (sociales) y las investigaciones públicas, pueden proporcionar una indicación de la prevalencia de las preocupaciones sobre el lavado verde. De hecho, la información compartida por los medios de comunicación puede desempeñar un papel decisivo en la reducción de la asimetría informativa y en la creación de nueva información disponible para una amplia audiencia. Por lo tanto, las controversias derivadas de la atención de los medios de comunicación pueden servir como una señal útil de una atención pública más amplia. Como reflejo de la influencia potencial que las controversias pueden ejercer en las asignaciones de los inversores, algunos organismos del sector han pedido recientemente que los datos sobre controversias se incorporen al ámbito de aplicación de la normativa de la UE para aumentar la transparencia.

Aprovechamos los datos de RepRisk, que analizan diariamente una amplia gama de fuentes de noticias en 23 idiomas en busca de incidentes o controversias relacionados con ESG que puedan tener un impacto negativo en la reputación o en las finanzas de una empresa. Estos incidentes se asignan a 28 cuestiones ESG, incluidos los «incidentes de comunicación engañosa» que reflejan de cerca las definiciones existentes de greenwashing.  Como primer paso, recopilamos datos granulares sobre 933 incidentes de comunicación engañosa entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 en los que participaron empresas europeas del índice STOXX Europe 600 (a julio de 2022). RepRisk proporciona detalles adicionales sobre el sector en el que opera la empresa, la gravedad del incidente y el alcance del medio, junto con una descripción detallada del incidente y un enlace a la fuente original.

Pruebas recientes muestran que el número de incidentes de comunicación engañosa ha aumentado en la UE desde 2012 en todos los sectores. Sin embargo, la comunicación engañosa no es sinónimo de greenwashing. Por lo tanto, como segundo paso, nuestro objetivo es identificar qué incidentes de comunicación engañosa se relacionan específicamente con posibles prácticas corporativas de lavado verde.

Para ello, nos basamos en dos métodos: en primer lugar, identificamos mediante búsqueda basada en texto todas las incidencias que contienen la palabra ‘greenwashing’ en su título o descripción. Sin embargo, este enfoque se basa en la definición de lavado verde de RepRisk, que se limita a incidentes relacionados con cuestiones ambientales. También introduce una dependencia del estilo de redacción de los medios de comunicación específicos, lo que lleva a una variabilidad en la identificación de incidentes relacionados con el greenwashing que no podemos controlar.

En un segundo enfoque, etiquetamos manualmente los incidentes que están alineados con el entendimiento común de alto nivel de la ESA sobre el lavado verde. Esta definición no se limita específicamente a las cuestiones medioambientales, sino que también abarca las declaraciones sociales y más amplias relacionadas con la sostenibilidad y el impacto. También prevé un ámbito de aplicación más amplio, incluida la ausencia de intencionalidad y la posibilidad de que se produzcan incidentes en diferentes fases del ciclo de vida del producto o servicio (por ejemplo, fabricación, entrega, etc.). Si bien este método de identificación también implica un cierto grado de subjetividad, nos permite evaluar la escala de las posibles percepciones de lavado verde en línea con el entendimiento común de la ESA.

Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, 191 empresas (es decir, el 32 % de los componentes del STOXX Europe 600) estuvieron implicadas en un total de 933 incidentes de comunicación engañosa. Encontramos que el 70% de estos incidentes están relacionados con el lavado verde, pero la proporción de incidentes identificados como controversias de lavado verde varía mucho según el método de identificación. Mientras que la palabra «greenwashing» aparece en 257 incidentes de comunicación engañosa (28%), el enfoque manual conduce a la identificación de 630 controversias relacionadas con el greenwashing. Esta diferencia se deriva principalmente del hecho de que el enfoque manual recoge todas las declaraciones engañosas de sostenibilidad (es decir, no solo las medioambientales, sino también las sociales o de impacto engañosas) y pone de relieve la importancia de la convergencia en las definiciones y el alcance del blanqueo ecológico a efectos de supervisión y seguimiento. Sin embargo, también subraya la necesidad de una evaluación cuidadosa de los datos y la importancia de adoptar métodos de evaluación fiables cuando se utilizan informes de controversias ESG.

Además, observamos una tendencia creciente en la frecuencia de las controversias sobre el greenwashing, independientemente del método de identificación. Sin embargo, en consonancia con la ABE, no está claro si esto refleja la creciente atención pública a las cuestiones de sostenibilidad, en un esfuerzo por mejorar la transparencia para los consumidores y las autoridades públicas y hacer que las empresas rindan cuentas de sus actividades, o un aumento del número de casos reales de lavado verde. Sin embargo, el creciente flujo de noticias relacionadas con el greenwashing confirma la relevancia del tema desde la perspectiva del riesgo.

Confiar en el entendimiento común más amplio de las AES nos permite además clasificar las controversias sobre el lavado verde como ambientales, sociales o ambas. Observamos que solo la mitad de las controversias sobre el greenwashing se relacionan con cuestiones puramente medioambientales. Uno de los casos más típicos se refiere a las empresas que afirman actuar como responsables con el medio ambiente mientras aumentan sus emisiones de gases de efecto invernadero o se involucran en actividades altamente contaminantes. Por el contrario, solo el 18% de las controversias sobre el greenwashing se refieren a cuestiones puramente sociales, por ejemplo, abusos de los derechos humanos. Esta diferencia puede reflejar un creciente enfoque en las cuestiones relacionadas con el clima tras el Acuerdo de París en 2015 y los efectos cada vez más tangibles del cambio climático. También puede estar impulsada por la comprensión comparativamente más desarrollada de los aspectos medioambientales en la inversión ESG, que respalda la capacidad de las partes interesadas para evaluar y verificar las declaraciones medioambientales de las empresas. Sin embargo, los incidentes no siempre son claros y a menudo contienen un componente ambiental y social (32%), por ejemplo, cuando una empresa elimina desechos químicos en el medio ambiente que posteriormente causan problemas de salud en la comunidad local.

Al categorizar las controversias sobre el lavado verde en función del sector principal en el que operan las empresas, se observa una agrupación significativa dentro del sector del petróleo y el gas, seguido del sector financiero y el sector de alimentos y bebidas. En conjunto, estos tres sectores representan más de la mitad de todas las controversias sobre el lavado verde. Además, más de una cuarta parte (28%) de todos los incidentes de riesgo de lavado verde se relacionan con solo cinco empresas de nuestra muestra (cuatro de estas cinco empresas del sector del petróleo y el gas), lo que implica que las mismas empresas tienden a ser objeto de múltiples acusaciones de lavado verde. La correlación parcial que observamos entre el tamaño de la empresa y el número de controversias sobre el lavado verde refuerza la opinión de que el escrutinio público –que presumiblemente es mayor para las empresas más grandes– es un factor importante detrás de la aparición de controversias.

Nuestros hallazgos destacan algunos de los desafíos involucrados en el uso de datos de controversias ESG con fines de monitoreo de lavado verde. No obstante, hay dos conclusiones importantes para los supervisores financieros: la frecuencia de las controversias sobre el blanqueo verde ha aumentado en los últimos años, y las controversias se concentran significativamente en tres sectores, incluido el sector financiero. Un creciente flujo de noticias relacionadas con el lavado verde que involucra a empresas del sector financiero justifica un seguimiento para garantizar que se mantenga la confianza pública en la capacidad y la voluntad del sector financiero para financiar la transición hacia una economía baja en carbono.

Impacto financiero

Una cuestión de especial interés para los supervisores financieros es si existe algún impacto financiero de las controversias sobre el blanqueo verde. Los riesgos financieros relacionados con el greenwashing pueden derivarse de la materialización de un riesgo reputacional o legal. Los problemas de reputación derivados de las acusaciones de lavado verde pueden dañar la credibilidad de una empresa y desencadenar más riesgos para su situación financiera. Los riesgos reputacionales y de litigio pueden existir por sí solos, pero también reforzarse mutuamente.

Como se ha comentado anteriormente, las controversias sobre el greenwashing no son sinónimo de ocurrencias de greenwashing. La ausencia de una definición universal introduce un grado adicional de subjetividad. Esto es importante cuando se trata de la percepción pública del comportamiento de lavado verde y puede diluir el impacto financiero de las controversias sobre el lavado verde.

Para explorar estas cuestiones, llevamos a cabo un estudio de eventos para evaluar si los rendimientos observados de las acciones de las empresas involucradas en controversias de lavado verde se desvían de los rendimientos esperados. También complementamos esto con un análisis multivariante de series temporales para investigar si las controversias sobre el greenwashing ayudan a explicar la rentabilidad de las acciones. Por último, realizamos una regresión transversal para probar la relación entre las controversias sobre el greenwashing y la valoración de las empresas.

Impacto en la rentabilidad de las acciones

Si bien los precios de las acciones aumentaron en general durante el período de la muestra, cayeron bruscamente en torno a las turbulencias del mercado inducidas por la COVID-19 a principios de 2020 antes de volverse positivos en todos los sectores. La división sectorial pone de relieve aún más las divergencias en el momento y el alcance de esta recuperación, ya que, por ejemplo, las empresas que operan en el sector del petróleo y el gas registraron un descenso inicial más pronunciado que sus homólogas de otros sectores.

Comenzamos evaluando si los rendimientos de las acciones se desvían de su valor esperado en torno a las controversias de lavado verde comparando los rendimientos reales de una empresa con sus rendimientos esperados. Los rendimientos anormales acumulados (CAR) resultantes nos permiten aislar el impacto de un evento más allá de lo que puede explicarse por los movimientos generales del mercado.

Se presentan los CAR resultantes en un número seleccionado de ventanas de eventos, junto con los resultados de una prueba t de una muestra en la que se evalúa si los rendimientos anormales se desvían significativamente de cero. Los CAR son, en promedio, positivos durante los primeros 10 días después de una controversia de lavado verde antes de volverse negativos durante ventanas de eventos más largas. Sin embargo, la prueba t muestra que todos los resultados no son estadísticamente significativos, lo que pone de manifiesto la ausencia de pruebas concluyentes que respalden la idea de que las controversias sobre el greenwashing tienen un impacto en la rentabilidad de las acciones. Estos resultados son robustos a diversas comprobaciones basadas en la gravedad de las controversias y el alcance del medio (es decir, centrándose en el medio de comunicación más leído). Esto sugiere que las controversias sobre el greenwashing solo tienen un impacto muy limitado en la reputación general de las empresas implicadas.

Una pregunta relevante es si los rendimientos de las acciones reaccionan de manera diferente a las características específicas del evento. Observamos CAR positivos y estadísticamente significativos durante los 10 días que siguen a las controversias sobre el blanqueo ecológico del medio ambiente, antes de pasar a ser negativos y no significativos más allá de los períodos de 10 días. Estos resultados parecen estar impulsados principalmente por las grandes CAR positivas de unas pocas empresas que operan en el sector del petróleo y el gas. Por el contrario, las controversias sobre el greenwashing con una dimensión social presentan CAR negativas, pero estadísticamente no significativas.

Además, comprobamos si las controversias sobre el greenwashing tienen un impacto diferente cuando se originan en organizaciones no gubernamentales (ONG). Las ONG son muy activas en el ámbito de la inversión sostenible (el 50% de las controversias de greenwashing en nuestra muestra se originan en ellas) y son percibidas como una fuente de información creíble debido a su independencia política y económica. Sin embargo, las RCA que siguen las controversias originadas por las ONG siguen siendo no significativamente diferentes de cero, posiblemente porque algunos informes de las ONG se centran en controversias indirectas (por ejemplo, las relacionadas con la cadena de suministro de una empresa) o se refieren solo a una parte pequeña o remota de las operaciones más amplias de un grupo, con un impacto limitado en la situación financiera del grupo. Por último, identificamos las controversias de greenwashing en las que el informe de controversias incluye al menos una palabra clave legal (26% de nuestra muestra). Los CAR que siguen las controversias de greenwashing con un riesgo legal potencial siguen siendo estadísticamente diferentes de cero, lo que confirma la ausencia de un impacto claro de las acusaciones de greenwashing en los rendimientos de las acciones, incluso en presencia de un riesgo legal potencial.

Para complementar el estudio de eventos, realizamos una regresión de panel multivariante que examina la relación entre las controversias de greenwashing y los rendimientos diarios de las acciones. De acuerdo con el estudio de eventos, realizamos regresiones separadas en las que la variable greenwashing captura controversias con una dimensión ambiental solamente, con una dimensión social solamente, y con una dimensión ambiental y social. Más allá del signo y la significación estadística de la variable greenwashing, el valor de la R cuadrado es de particular interés para entender si las controversias sobre greenwashing ayudan a explicar los rendimientos de las acciones.

Ninguno de los resultados es estadísticamente significativo, lo que confirma los hallazgos del estudio de eventos, y el R cuadrado no cambia en las diversas submuestras, lo que confirma que las controversias sobre el lavado verde no ayudan a explicar los rendimientos diarios de las acciones.

Impacto en la valoración de las empresas

A continuación, evaluamos la relevancia en el valor de las controversias sobre el greenwashing mediante el empleo de un análisis de regresión transversal, utilizando como variable dependiente las ratios precio-beneficio (PER) promediadas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Manteniendo todo lo demás igual, si las controversias sobre el greenwashing se valoraran como un factor de riesgo potencial, una empresa muy involucrada en las controversias sobre el greenwashing debería mostrar una ratio de PER más bajo en relación con otras empresas con características similares.

No existe una correlación clara entre el número de controversias y las relaciones de PER. El objetivo es confirmarlo formalmente mediante el análisis estadístico.

Un inconveniente de las ratios de PER es su carácter rezagado, ya que los beneficios empresariales se basan en el ejercicio contable anterior, mientras que los precios de las acciones integran toda la información disponible hasta la fecha. Por lo tanto, como paso adicional, ejecutamos una regresión similar utilizando relaciones de PE hacia adelante. La hipótesis que se pone a prueba aquí es que las controversias sobre el lavado verde reducen los beneficios futuros si los inversores penalizan a las empresas implicadas en dichas controversias. En igualdad de condiciones, esto debería conducir a una mayor ratio de PER a futuro en relación con otras empresas con características similares.

En el Modelo 1 y en el Modelo 2 (ratios PE), los coeficientes de las variables greenwashing son negativos (como se esperaba), sin embargo, siguen siendo estadísticamente no significativos. En los modelos (ratios de PER a futuro), mientras que el coeficiente para el recuento logarítmico de las controversias de greenwashing es positivo, como se esperaba, el coeficiente de la variable ficticia de greenwashing es negativo. También en este caso, ambos resultados no son estadísticamente significativos, lo que confirma que las controversias sobre el greenwashing no parecen ser relevantes para el valor de las empresas durante el período analizado.

En general, nuestros resultados sugieren que los inversores y los mercados no prestaron mucha atención a las controversias relacionadas con el greenwashing en 2020 y 2021. Si bien hay evidencia anecdótica de que, en casos específicos, los mercados reaccionaron al flujo de noticias financieras relacionadas con el lavado verde, este no parece haber sido el caso en la mayoría de los casos. Sin embargo, la dimensión subjetiva de las controversias ESG y una comprensión divergente de lo que representa el greenwashing implican que estos hallazgos deben interpretarse con cautela.

Conclusión

En este artículo, exploramos el papel que pueden desempeñar las controversias ESG en el apoyo a los esfuerzos para abordar el posible lavado verde. Este análisis contribuye al mandato de la AEVM de garantizar la estabilidad de los mercados financieros y la protección de los inversores en respuesta a la solicitud de la Comisión Europea de información sobre los riesgos de blanqueo ecológico.

En primer lugar, analizamos el posible uso de controversias sobre el lavado verde con fines de monitoreo. La identificación de las controversias relacionadas con el greenwashing no es sencilla, ya que el greenwashing tiende a significar cosas diferentes para las diferentes partes interesadas. Además, las controversias ESG proporcionan información sobre las percepciones de greenwashing, que no son lo mismo que las ocurrencias de greenwashing, lo que aumenta la subjetividad. Esto significa que las controversias ESG no proporcionan necesariamente información fiable sobre la magnitud del greenwashing que se está produciendo. Al mismo tiempo, las controversias relacionadas con el greenwashing son importantes desde el punto de vista de la protección de los inversores, ya que reflejan la percepción pública del greenwashing, lo que puede dar lugar a problemas de reputación para las empresas implicadas e influir en la asignación de carteras de los inversores.

Documentamos que la frecuencia de las controversias de greenwashing que involucran a empresas europeas aumentó entre 2020 y 2021. Las acusaciones tienden a concentrarse en unas pocas empresas pertenecientes a tres sectores principales, incluido el sector financiero. Un creciente flujo de noticias relacionadas con el blanqueo ecológico pone de relieve la creciente relevancia del tema, que justifica un seguimiento futuro, en particular en el sector financiero, para garantizar que se mantenga la confianza pública en la capacidad y la voluntad del sector financiero para financiar la transición hacia una economía hipocarbónica.

La creciente cobertura del greenwashing en los medios de comunicación plantea más preguntas sobre el posible impacto financiero en las empresas. Esto es importante desde el punto de vista de la protección de los inversores y está en consonancia con la prioridad estratégica de la AEVM de abordar los riesgos potenciales para los mercados y los inversores derivados del blanqueo ecológico. Para explorar esto, nos fijamos específicamente en los rendimientos de las acciones y las métricas de valoración. En general, los resultados del análisis muestran que las controversias sobre el lavado verde no tuvieron un impacto financiero negativo claro y sistemático en las empresas en 2020 y 2021, lo que sugiere que los inversores y los mercados no prestaron mucha atención a las controversias relacionadas con el lavado verde. Sin embargo, la dimensión subjetiva de las controversias ESG y la ausencia de una definición común de greenwashing implican que estos hallazgos deben interpretarse con cautela. Los crecientes niveles de escrutinio público sobre las declaraciones relacionadas con la sostenibilidad también ponen de manifiesto que las reacciones de los inversores y del mercado a las controversias sobre el lavado verde pueden cambiar en el futuro. En general, nuestros hallazgos ponen de manifiesto la ausencia de un mecanismo eficaz basado en el mercado para ayudar a prevenir posibles comportamientos de lavado verde. Esto subraya la importancia de una orientación política clara por parte de los reguladores y de los esfuerzos de los supervisores para garantizar la credibilidad de las declaraciones relacionadas con la sostenibilidad.

El coste de no emitir un euro digital

Discurso del Sr. Fabio Panetta, Gobernador del Banco de Italia, en la Conferencia del Centro de Investigación de Política Económica (CEPR) – Banco Central Europeo (BCE)

Las implicaciones macroeconómicas de las monedas digitales de los bancos centrales

Fráncfort del Meno, 23 de noviembre de 2023

Es un placer estar hoy con ustedes para discutir las implicaciones de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) desde una perspectiva macroeconómica y política.

Estoy seguro de que habrá mucho debate en la conferencia sobre lo que podemos esperar si se emiten CBDC. Así que permítanme centrarme en el contra fáctico -las consecuencias de no emitir CBDC- utilizando el euro digital como caso de estudio. Por lo tanto, hoy destacaré los costes de no emitir un euro digital.

A lo largo de la historia, las transformaciones monetarias han sido el resultado de una interacción dinámica entre el progreso tecnológico, los cambios en las preferencias humanas y la evolución institucional.

A principios del Renacimiento, el comercio y la innovación financiera florecieron en las ciudades-estado italianas. La introducción de las cartas de cambio y la corresponsalía bancaria liberó a los comerciantes de los peligros de transportar engorrosas monedas de oro y plata y promovió métodos de pago seguros que, a su vez, facilitaron el comercio internacional. La riqueza sustancial de las ciudades-estado italianas podría utilizarse como base para el esplendor del Renacimiento italiano.

Hoy en día, nos encontramos de nuevo en un punto crucial en la evolución del dinero. El panorama económico está cambiando de una manera sin precedentes. La innovación digital ha marcado el comienzo de una nueva era con el potencial de desbloquear enormes oportunidades. Estos cambios afectan inevitablemente a los pagos y al dinero, que se están volviendo tan digitales como nuestras economías.

Los bancos centrales de todo el mundo se están preparando para esta nueva era digital, reconociendo tanto las oportunidades como los desafíos que conlleva. Están explorando activamente el potencial de emitir un instrumento de pago digital junto con el efectivo como el siguiente paso lógico en la evolución del dinero del banco central. Según una encuesta del BPI3, en 2022, de un grupo de 86 bancos centrales encuestados, 80 (o el 93%) participaron en algún tipo de trabajo con CBDC, que va desde la investigación y la prueba de concepto hasta los proyectos piloto y también las CBDC en vivo. El Banco Central Europeo es uno de ellos, ya que el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido recientemente iniciar la fase de preparación del proyecto del euro digital.

Los bancos centrales han proporcionado durante mucho tiempo medios de pago fiables como un bien público y un ancla de estabilidad para el sistema financiero y monetario. ¿Por qué no deberían hacer lo mismo en la era digital y ser los únicos en no ofrecer una versión digital de su producto?

Pero hoy en día hay escépticos que afirman que emitir CBDC sería infructuoso. Algunos creen que un euro digital puede no ser lo suficientemente exitoso; Muchos se preguntan qué beneficios específicos podría ofrecer que los métodos de pago existentes aún no proporcionan. Al mismo tiempo, otros temen que un euro digital pueda tener demasiado éxito y crear inestabilidad al desafiar potencialmente los depósitos bancarios tradicionales.

Estas preocupaciones opuestas merecen una atención especial y respuestas claras.

Un euro digital sería una forma digital de efectivo que podría utilizarse para todos los pagos digitales en toda la zona del euro, de forma gratuita, tanto en línea como fuera de línea. Ofrecería el más alto nivel de privacidad por defecto y permitiría a los usuarios liquidar pagos al instante en dinero del banco central. Podría utilizarse para pagos de persona a persona (P2P), puntos de venta, comercio electrónico y gubernamentales. Ningún instrumento de pago digital existente ofrece todas estas características.

El euro digital llenaría este vacío. Y sus características de diseño evitarían que su introducción desencadenara tensiones financieras y proporcionarían incentivos adecuados para todas las partes involucradas. Contribuiría a la inclusión financiera, al tiempo que fomentaría la integración, la innovación y la resiliencia en el mercado europeo de pagos.

Pero, sobre todo, las preocupaciones que a veces se expresan también tienden a pasar por alto una consideración crucial.

Evaluar las posibles ventajas y desventajas de las CBDC asumiendo que el panorama de los pagos no cambiará en el futuro puede ser engañoso. Hacerlo sería ignorar el hecho de que nuestras economías del siglo XXI se encuentran en un estado de cambio, como lo demuestran los múltiples choques tecnológicos que afectan a muchos sectores de la economía: piense en el auge de la inteligencia artificial generativa, por poner un ejemplo reciente. Y el sector de los servicios financieros no está exento del avance inexorable de la revolución digital. Se espera que el uso de efectivo continúe disminuyendo, mientras que las grandes empresas de tecnología ya han comenzado a expandirse en el mercado de pagos y están poniendo cada vez más sus ojos en otros servicios financieros, gracias a su gran base de clientes y operaciones globales. Es en este contexto en el que debemos evaluar los méritos de un euro digital.

Hoy examinaré en primer lugar las deficiencias actuales más importantes del mercado europeo de pagos digitales y el riesgo de que estas deficiencias se vean exacerbadas por la búsqueda del dominio de las plataformas tecnológicas en un escenario contra fáctico en el que no se emita un euro digital. A continuación, argumentaré que el euro digital ofrecería claras ventajas a la hora de garantizar un sistema de pago digital competitivo, innovador, abierto y seguro, manteniendo al mismo tiempo los más altos niveles de protección de la privacidad. También analizaré cómo se pueden mitigar eficazmente los riesgos potenciales para el sector financiero mediante el diseño cuidadoso de salvaguardias.

El contra fáctico: la búsqueda de dominio de las empresas tecnológicas

La rápida digitalización de los pagos es una tendencia predominante que se vio acelerada por la pandemia de Covid-19. La proporción de pagos realizados a través de aplicaciones móviles y la proporción de pagos en línea de los consumidores se triplicaron en la zona del euro entre 2019 y 2022.

Los consumidores están adoptando claramente la eficiencia y la comodidad de los pagos digitales. Sin embargo, esta transformación está asociada a una serie de retos para el mercado europeo de pagos.

Si bien las transferencias paneuropeas y los adeudos domiciliados funcionan gracias a los sistemas e infraestructuras de pago europeos, no ocurre lo mismo con las tarjetas y determinados tipos de pagos en línea, cuyo uso está creciendo de forma desproporcionada. Esto significa que, a medida que avanza la digitalización, los pagos paneuropeos están en manos de actores internacionales, lo que aumenta nuestra dependencia de los carriles de pago que proporcionan.

Un puñado de empresas internacionales dominan los pagos nacionales y transfronterizos con tarjeta y en línea. Los sistemas internacionales de tarjetas operan redes de pago que son exclusivamente compatibles con sus terminales de punto de venta. Esta situación plantea barreras de entrada y expansión y desalienta a los competidores potenciales a establecer nuevas redes de pago.

La situación se mantiene prácticamente sin cambios a pesar de la iniciativa reguladora y la aplicación de la legislación en materia de competencia. La decisión de los bancos europeos de abandonar sus planes de un sistema de tarjetas en todo el continente es un claro ejemplo de la posición dominante que ocupan estas empresas.8 También es sorprendente que se haya informado de que el coste medio de los pagos con tarjeta en la UE es más alto ahora que en 2015.  cuando entró en vigor el Reglamento sobre las tasas de intercambio.9 Y las tasas aplicadas por los sistemas internacionales de tarjetas casi se duplicaron entre 2016 y 2021 en la UE.

Como resultado, y dada la dificultad de utilizar el efectivo en el comercio electrónico, los consumidores se enfrentan a soluciones de pago predominantes que funcionan bien, pero que pueden no estar suficientemente adaptadas a sus necesidades y preferencias en términos de, por ejemplo, privacidad y alcance paneuropeo. Esta situación conduce a una complejidad y costos innecesarios, ya que los consumidores se ven obligados a depender de una variedad de métodos de pago según la transacción específica y la contraparte involucrada. Las encuestas muestran que los consumidores valoran la posibilidad de beneficiarse de un método de pago universalmente aceptado en las tiendas físicas y en línea en Europa.

En esencia, el estado actual de los mercados de pagos digitales ya justifica la introducción de una solución de pago verdaderamente pública y de libre acceso para salvaguardar la competencia, satisfacer mejor las necesidades de los usuarios y preservar la autonomía europea. Es probable que esto se vuelva aún más crítico en el futuro, ya que una mayor expansión de las grandes empresas de tecnología hacia los pagos haría que las preocupaciones que he esbozado fueran aún más fuertes y apremiantes.

Hay tres desafíos que merecen una cuidadosa consideración.

El primero es el impulso por el dominio de las plataformas tecnológicas. Estas empresas están entrando cada vez más en el sector financiero y remodelando los mercados financieros. La lógica de las plataformas gira en torno a la agrupación de diversas actividades, incluidas las financieras, con el objetivo de ampliar su base de clientes y mejorar los efectos de red. Al crear ecosistemas cerrados, o «jardines amurallados», reducen la competencia.

Esto no es una ficción descabellada. La preocupación por que las plataformas favorezcan sus propios productos ya ha estado a la vanguardia de los casos antimonopolio. Ya en 2010, el histórico caso antimonopolio europeo conocido como la «guerra de los navegadores» expuso la capacidad de las empresas para restringir la competencia. Más recientemente, la Comisión Europea se mostró en desacuerdo con la decisión de Apple de impedir que los desarrolladores de aplicaciones de billeteras de pago móvil rivales accedan al hardware y software necesarios en sus dispositivos. Esto se hizo para favorecer su propia solución, Apple Pay.

Es inevitable que las plataformas tecnológicas, armadas con su gran base de clientes y sus capacidades de procesamiento de big data, amplíen su alcance a los servicios financieros para atraer a nuevos clientes, a riesgo de reducir la competencia. En China, las grandes empresas tecnológicas como AntFinancial y Tencent han superado a los sectores de los pagos digitales y el comercio electrónico, y se están expandiendo hacia la intermediación financiera. Como resultado, entre 2020 y 2021, el crédito a las grandes empresas tecnológicas en China creció a una tasa media anual del 37%, superando la tasa de crecimiento del crédito bancario en más de 20 puntos porcentuales.

Las empresas tecnológicas occidentales también están desafiando cada vez más a las instituciones financieras, tratando de competir con los bancos tradicionales como proveedores de servicios financieros. En los Estados Unidos, la nueva cuenta de ahorros de Apple, vinculada a sus soluciones de pago, ofrece intereses a más de 10 veces la tasa promedio nacional, y ha atraído más de 10 mil millones de dólares en depósitos de usuarios desde su lanzamiento en abril. Y X (anteriormente Twitter) planea ofrecer una gama completa de pagos y servicios financieros. Amazon ofrece servicios de compra ahora y paga después a sus clientes en todo el mundo.

Esto nos lleva a la segunda preocupación sobre el predominio de las plataformas tecnológicas, la de la privacidad. A través de su participación en los pagos, las grandes empresas de tecnología tienen acceso a una amplia información de los clientes, incluidos los ingresos, las preferencias y los patrones de demanda. Esta información es clave para su modelo de negocio, ya sea que se base en ingresos publicitarios, ventas de productos y servicios intensivos en tecnología o comercio electrónico. Su búsqueda de datos no hará más que aumentar con el desarrollo de la inteligencia artificial y las técnicas de big data.

Las fuerzas del mercado por sí solas no satisfarán la demanda de dinero digital con niveles de privacidad socialmente deseables. Como he mencionado anteriormente, el uso extensivo de los datos de pago permite a las grandes empresas tecnológicas discriminar los precios entre los clientes, realizar ventas cruzadas de productos y aumentar los márgenes de sus servicios publicitarios y comerciales.

Aunque la mayoría de los consumidores no perciben estos costes indirectos, muchos se han vuelto muy sensibles al uso de sus datos personales derivados de los pagos digitales, como demuestran los resultados de la consulta pública del Eurosistema sobre un euro digital. También son conscientes de que, en ausencia de una forma digital de efectivo, no disponen de una alternativa atractiva y cómoda que satisfaga el nivel de privacidad deseado.

La tercera preocupación sobre el auge de las plataformas tecnológicas es que puedan comenzar a emitir sus propios instrumentos de pago digitales, lo que plantea riesgos para el funcionamiento del sistema de pagos, la soberanía monetaria y la estabilidad financiera.

Esta es una posibilidad real, como lo ilustra la decisión de PayPal, una gran empresa de tecnología con una base de usuarios de 450 millones, de lanzar su propia stablecoin denominada en dólares. La emisión de sus propias monedas por parte de las grandes tecnológicas se centrará en maximizar los beneficios en lugar de asumir la responsabilidad de la estabilidad monetaria y financiera. Dependiendo de la escala de adopción, las stablecoins pueden conducir a la fragmentación del sistema de pago, ya que están estructuradas como «soluciones de circuito cerrado» que restringen los pagos a los usuarios que adoptan una herramienta de pago en particular. Y, como he subrayado en el pasado, las grandes tecnológicas no se preocuparían por evitar las disrupciones en la intermediación financiera, evitar las salidas excesivas de depósitos bancarios y garantizar un modelo de compensación equilibrado, como sí lo haría un banco central. Por el contrario, buscarían deliberadamente cambiar la estructura del mercado en su beneficio.

En otras palabras, sin intervención política, el creciente papel de las plataformas tecnológicas en los pagos y los servicios financieros podría tener un fuerte impacto negativo en el sector financiero, perturbando el proceso de intermediación financiera imperante.

Euro Digital: Forjar un futuro digital sostenible

Las medidas regulatorias pueden contribuir en gran medida a contrarrestar los efectos negativos y preservar la integridad del sistema de pagos digitales, aunque abordar las prácticas anticompetitivas en el panorama de los pagos es una tarea muy compleja. Requiere una nueva mirada al conjunto de herramientas existentes y una mayor cooperación internacional, dada la naturaleza mundial del fenómeno.

Pero es importante reconocer que la regulación por sí sola no puede reemplazar el papel esencial del dinero público y la confianza que inspira.

Pensemos, por ejemplo, en la introducción de los billetes en euros en 2002, cuando la gente empezó a contar, pagar, contratar y fijar los precios en euros. Sin la introducción de los billetes de papel, el euro podría haber sido percibido como una mera vinculación de las monedas anteriores a una unidad de cuenta sintética, en lugar de como una moneda de pleno derecho, respaldada por una fuerte confianza, que es la base de la Unión Económica y Monetaria.

Del mismo modo, si el Banco Central Europeo no emitiera dinero digital, lo que proporcionaría una unidad de cuenta común y un ancla de convertibilidad que sustentaría las diversas formas de dinero digital privado, los consumidores podrían perder de vista un símbolo visible que vincule el dinero con el Estado. Esto podría socavar la confianza en el dinero y, en última instancia, la soberanía monetaria.

Además, no me queda claro por qué los bancos centrales, encargados de cumplir sus mandatos, deberían quedarse de brazos cruzados ante la digitalización. Los cambios que afectan al dinero y a los pagos están en el centro de las responsabilidades de los bancos centrales. En el panorama tecnológico actual, los bancos centrales no pueden limitarse a proporcionar papel moneda. Tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades de las personas, que favorecen cada vez más los pagos digitales frente al efectivo físico.

La emisión de un euro digital como forma de efectivo digital garantizaría que el dinero público siga siendo una opción disponible para todos, proporcionando un instrumento de pago conveniente con un alcance paneuropeo. Y proporcionaría una red de pago alternativa a las operadas por los proveedores dominantes de tarjetas y soluciones de pago en línea, lo que facilitaría y abarataría a los intermediarios supervisados la oferta de nuevos servicios paneuropeos.

Los beneficios de un euro digital se amplificarían en el contexto de la posible disrupción causada por un puñado de grandes empresas tecnológicas que buscan dominar el mercado de pagos. Desempeñaría un papel clave en el fomento de la competencia, la protección de la privacidad y la mejora de la estabilidad.

Permítanme comenzar con la competencia. Un euro digital estaría impulsado por el interés público, promoviendo estándares abiertos para crear una red que beneficie a todos, en lugar de servir a intereses privados mediante la creación de «jardines amurallados». Un euro digital evitaría la creación de circuitos cerrados y, en su lugar, ofrecería a todos los proveedores de servicios de pago (PSP) una plataforma abierta para la innovación, inmediatamente escalable a escala europea. Hoy en día, las soluciones de pago novedosas y avanzadas disponibles en muchos países europeos se enfrentan a retos para lograr una dimensión paneuropea, con costes directos para los ciudadanos europeos que no pueden aprovechar plenamente sus beneficios.

A diferencia de las plataformas digitales y las soluciones de pago electrónico como PayPal, un euro digital permitiría a los bancos mantener sus relaciones con los clientes, estimulando así la innovación dentro de los bancos.

Por último, la reducción del poder de mercado conduciría en última instancia a tarifas más bajas para los comerciantes y los consumidores. Un euro digital garantizaría que, a medida que disminuya el uso de efectivo y las empresas privadas que ofrecen opciones de pago digitales ganen una mayor cuota de mercado, los beneficios no recaigan exclusivamente en estas empresas privadas, sino también en los consumidores y los comerciantes. Además, salvaguarda el papel del dinero del banco central, preservando el señoreaje -el beneficio obtenido por el Estado como emisor de la moneda- en beneficio de los contribuyentes.

La segunda ventaja de un euro digital es su capacidad para preservar la privacidad en los pagos digitales. En este sentido, tiene una ventaja notable debido a la ausencia de incentivos para maximizar los beneficios por parte de su emisor, el BCE.

Además, un marco jurídico específico establecería estrictos requisitos de privacidad: por ejemplo, el marco legislativo propuesto por la Comisión Europea garantizaría que el BCE no tenga acceso a los datos personales de los usuarios. Además, los pagos fuera de línea también ofrecerían una mayor privacidad, ya que no requerirían ninguna validación por parte de terceros, sino que se basarían únicamente en la transferencia directa del pagador al beneficiario.

La tercera ventaja de un euro digital es su potencial para contribuir a la estabilidad a largo plazo. A diferencia de los cambios potencialmente disruptivos que se esperan de las grandes empresas tecnológicas que compiten por el dominio de los pagos digitales (y, potencialmente y de manera más general, de los servicios financieros, en una fase posterior), la emisión de un euro digital no causará inestabilidad en el sistema financiero. Por el contrario, mantendría una competencia sana en los pagos digitales, promoviendo así la resiliencia general del sector financiero.

Fundamentalmente, sus características de diseño permitirían al BCE mantener un equilibrio entre el dinero privado, como los depósitos de los bancos comerciales, y el dinero del banco central. Características como los límites de tenencia pueden calibrarse para evitar consecuencias indeseables para la política monetaria, la estabilidad financiera y la asignación de crédito a la economía real.

Con toda probabilidad, el proceso de adopción del euro digital se desarrollaría gradualmente, como suele ocurrir con los nuevos métodos de pago, reduciendo los riesgos de que los depósitos bancarios se vean al borde del precipicio. Sin embargo, para gestionar bien la transición y mitigar el riesgo de tensiones en el camino, el límite de mantenimiento podría fijarse inicialmente por debajo del nivel de estado estacionario previsto y aumentarse gradualmente hacia él. En última instancia, el límite no debe ser tan restrictivo como para obstaculizar la conveniencia del euro digital como medio de pago, ni tan laxo como para ignorar el riesgo de salidas excesivas de depósitos.

El límite de tenencia se elegirá sobre la base de un análisis empírico exhaustivo, utilizando modelos para simular sus efectos y estrategias de transición alternativas. También será necesario realizar una calibración adecuada para garantizar la solidez de las diferencias entre los mercados bancarios y los intermediarios supervisados.

Y cuando se trata del impacto de un euro digital en los riesgos de ejecución, es importante recordar que los depositantes no necesitan dinero digital del banco central para huir de un banco. Ya pueden hacerlo retirando efectivo o digitalmente, moviendo los depósitos a una cuenta mantenida con otro intermediario. De hecho, las CBDC podrían incluso ayudar a mitigar los riesgos de ejecución. Un euro digital podría proporcionar información en tiempo real sobre las salidas de depósitos bancarios, lo que permitiría una respuesta más rápida a las corridas incipientes, lo que, a su vez, ayudaría a estabilizar las expectativas al aumentar la confianza de los depositantes.

Conclusiones

Sé que los aspectos que he planteado son difíciles de modelar, pero también estoy convencido de que son cruciales y deben tenerse en cuenta a la hora de analizar los efectos de una CBDC sobre el bienestar, el crecimiento económico y los riesgos.

Los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad, tanto monetaria como financiera, y, por lo tanto, tienden naturalmente a ser prudentes.

Pero la prudencia no debe significar inacción. El coste de no emitir un euro digital podría ser significativo.

Las monedas digitales de los bancos centrales aportarían considerables beneficios a los pagos digitales. A medida que las grandes empresas tecnológicas se expandan aún más hacia las finanzas digitales, la disponibilidad de dinero digital del banco central, junto con una regulación eficaz, sería necesaria para garantizar la competencia, la privacidad y el buen funcionamiento de los pagos y el proceso de intermediación financiera.

Como responsables de la política monetaria con visión de futuro, los bancos centrales del Eurosistema se están preparando, incluso mediante la posible emisión de un euro digital, para hacer frente a los riesgos que la revolución digital plantea para la estabilidad monetaria y financiera. Llevar a cabo esta compleja fase de transición en beneficio del bienestar de todos es el objetivo final.

Continúan los preparativos globales para la CSRD de la UE

En los últimos años se ha producido un cambio de paradigma en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), con varios nuevos marcos de presentación de informes fundamentales. La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) es quizás la nueva regulación más apremiante en este espacio, y requiere atención inmediata por parte de las corporaciones globales.

Recientemente, se publicó un documento útil diseñado para guiar a las empresas de otras partes del mundo a través de los preparativos para el impacto que la regulación podría tener más allá de la UE.

El CSRD, publicado en diciembre de 2022, establece amplios requisitos de presentación de informes de sostenibilidad con impacto mundial. La adopción simultánea de los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESRS) por parte de la Comisión Europea en julio de 2023 amplifica el alcance de la directiva y garantiza que los informes serán digitales.

La directiva incluye entidades no pertenecientes a la UE en circunstancias específicas, como empresas con valores cotizados en mercados regulados de la UE, «grandes» empresas no cotizadas de la UE y empresas de la UE no cotizadas que forman parte de un «gran grupo».

La fecha de entrada en vigor y los requisitos de presentación de informes varían, pero el inicio de las obligaciones, que para algunos comenzarán ya en el año fiscal 2024, es inminente. Las empresas que no están preparadas para las implicaciones de largo alcance del CSRD corren el riesgo de enfrentarse a desafíos de cumplimiento.

A medida que las empresas comienzan a prepararse, el panorama aún presenta incertidumbres, incluida la posibilidad de equivalencia con otros marcos de sostenibilidad como el ISSB para reducir la carga.

Más allá del cumplimiento, el CSRD también ofrece una oportunidad para que las empresas comuniquen de manera proactiva sus narrativas de sostenibilidad a los inversores. Se insta a las empresas a emprender los primeros preparativos para sentar las bases de una implementación fluida y exitosa.

Impacto mundial de CSRD, ¿estás listo?

La transformación de los informes ESG se aceleró en 2022 con la publicación de importantes propuestas en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.), así como a nivel mundial por parte del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB). Aunque todas ellas tienen el potencial de afectar a las empresas multinacionales, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE requiere quizás la atención más inmediata. Incluso mientras las empresas esperan a que se finalice la propuesta de la SEC y para ver si las jurisdicciones en las que operan adoptarán las Normas de Divulgación de Sostenibilidad IFRS® finales, en diciembre de 2022 se publicó la directiva de información final que establece los requisitos de información de sostenibilidad que se espera que afecten a las empresas de todo el mundo. En julio de 2023, la Comisión Europea (CE) adoptó las normas de información independientes del sector relacionadas, las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS).

El alcance de las empresas directamente afectadas por los nuevos requisitos es amplio, incluidas las empresas con sede en EE. UU. y otros países fuera de la UE. Sin embargo, determinar si el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la gestión de la información y la comunicación abarca a una empresa o a una o varias filiales es algo complejo y merece una atención prioritaria por parte de las empresas que operan en la UE. E incluso una vez que se completa la determinación del alcance, los estándares requeridos y la fecha de vigencia difieren según las circunstancias particulares. Lo que está claro, sin embargo, es que la presentación de informes comenzará ya en el año fiscal 2024 para algunas empresas, y los requisitos de presentación de informes son amplios.

Las empresas que no aprecien el impacto de los nuevos requisitos se verán obligadas a cumplirlos. Además, aunque esto puede parecer «sólo» un ejercicio de cumplimiento también es una oportunidad para que las empresas con visión de futuro compartan sus historias de sostenibilidad con los inversores y otras partes interesadas.

Pasado, presente y futuro de los informes de sostenibilidad de la UE

La CSRD fue impulsada, en parte, por el Pacto Verde Europeo, un paquete de iniciativas políticas de la Comisión Europea (CE) de diciembre de 2019 diseñado para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y proteger el hábitat natural de Europa. La CSRD va mucho más allá de la actual Directiva de Información No Financiera (NFRD) de la UE, que ha impuesto requisitos a determinadas empresas para que divulguen algunos impactos ambientales y sociales desde 2017. Por diseño, el CSRD tiene la intención de impulsar cambios en el comportamiento de la empresa y equiparar los informes de sostenibilidad con los informes financieros a lo largo del tiempo, exigiendo divulgaciones exhaustivas sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza. La CSRD entró en vigor el 5 de enero de 2023, y los Estados miembros de la UE tienen hasta principios de julio de 2024 (18 meses a partir de la fecha de entrada en vigor) para incorporar sus disposiciones a la legislación nacional. La Directiva establece la base de referencia, por lo que los Estados miembros pueden añadir 1 disposiciones durante este período, pero no pueden eliminar ninguno de los requisitos de la CSRD. Sin embargo, la CSRD permite a los Estados miembros de la UE realizar varias elecciones durante el proceso de transposición (por ejemplo, requisitos lingüísticos para la presentación de informes, ampliación de los proveedores de verificación más allá del auditor legal).

La CSRD exigirá divulgaciones exhaustivas y detalladas que abarquen todo el espectro de temas de sostenibilidad (por ejemplo, el cambio climático, la biodiversidad y los ecosistemas, las condiciones de trabajo, los derechos humanos y la ética empresarial). Estos requisitos de información se detallan en las SIR, que fueron redactadas inicialmente por el Grupo Consultivo Europeo de Información Financiera (EFRAG), que históricamente ha asesorado a la Comisión Europea en la aprobación de las Normas de Contabilidad NIIF

En noviembre de 2022, el EFRAG presentó el primer conjunto de proyectos de normas a la Comisión Europea para su revisión. Tras un amplio proceso de consulta y un período adicional de comentarios públicos sobre los proyectos de normas revisados que publicó el 9 de junio de 2023, la Comisión Europea adoptó las normas definitivas el 31 de julio de 2023. El 21 de octubre de 2023 finalizó un período de control de dos meses y 2 por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea y el 22 de diciembre de 2023 se convirtió en ley cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En las siguientes páginas se resumen los requisitos clave de la CSRD que se aplican a las empresas con sede fuera de la UE y se responden a las preguntas que se plantean a medida que las empresas evalúan el alcance, el calendario y los requisitos de presentación de informes de la CSRD.

Alcance y calendario

Las disposiciones sobre el ámbito de aplicación de la CSRD son amplias y están destinadas a aplicarse a muchas empresas que operan en la UE, estimadas en casi 50.000 en total. Además, incluso 4 empresas sin obligaciones de información directa en virtud de la CSRD pueden recibir información de clientes, proveedores, inversores o prestamistas debido a los requisitos para que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación divulguen información sobre su cadena de valor, o porque son filiales de empresas de la UE con obligaciones de información.

Requisitos de alcance

Una empresa tendrá que considerar la aplicabilidad en múltiples niveles dentro de su organización para asegurarse de que se identifiquen todas las obligaciones de información. Las sanciones por incumplimiento serán determinadas por cada Estado miembro de la UE y podrán incluir multas. El análisis de la estructura de su entidad jurídica en función de cada uno de los criterios para la presentación de informes puede ayudar a una empresa de fuera de la UE a identificar todas las entidades dentro de la organización que estarían obligadas a informar, así como el momento de la primera presentación de informes:

El análisis para evaluar si una empresa está dentro del alcance de la CSRD (y el nivel en el que se le exigiría informar) puede ser complejo y debe considerar los aportes del asesor legal de una empresa. Esta complejidad puede verse agravada por las diferencias, si las hubiera, que surjan como resultado de los cambios introducidos cuando los Estados miembros de la UE transponen la Directiva sobre la Directiva sobre la Prevención de Enfermedades Convencionales a la legislación nacional. Sin embargo, a continuación, se destacan las consideraciones generales sobre el alcance.

Todas las empresas con valores cotizados en un mercado regulado por la UE

La presentación de informes será obligatoria para las entidades con valores de deuda o renta variable que coticen en un mercado regulado por la UE, independientemente de si se trata de una entidad de la UE o de una entidad de fuera de la UE (denominados en términos generales «emisores»). Una distinción fundamental para determinar si una empresa está comprendida en el ámbito de aplicación de este requisito es si sus valores cotizan en un mercado «regulado por la UE», ya que ciertas bolsas de valores de la UE, como la Bolsa de Fráncfort y Euronext Dublin, incluyen segmentos regulados y autorregulados por la UE. Solo las empresas que cotizan en mercados regulados por la UE entran en el ámbito de aplicación de este requisito.

Esto significa que las entidades que actualmente están sujetas a NFRD están dentro del ámbito de aplicación. La Directiva sobre divulgación de información no financiera se aplica a las entidades de interés público, que suelen ser grandes entidades de la UE que cotizan en bolsa, bancos y compañías de seguros con más de 500 empleados. Las entidades de interés público pueden incluir otros tipos de entidades designadas por el Estado miembro de la UE gobernante como entidades de interés público (como aquellas que tienen una relevancia pública significativa debido a la naturaleza de su negocio, su tamaño o el número de empleados).

Requisitos de presentación de la CSRD

La CSRD exige que los informes de sostenibilidad se incluyan en una sección específica del informe de gestión que se presenta en función de los requisitos del regulador pertinente y/o del Estado miembro de la UE. El informe de gestión debe presentarse junto con los estados financieros.

La filial o emisor de la UE que tiene la obligación de informar sería la entidad obligada a publicar el informe en un formato digital con la información de presentación de informes de sostenibilidad etiquetada en función de una taxonomía digital que se desarrollará. También existen requisitos específicos de información para una filial de la UE sujeta a la CSRD que aplique una de las exenciones de información (consulte la página 5 para obtener más información).

Si una empresa de fuera de la UE presenta información a nivel consolidado global, ¿está obligada a incluir la información de la CSRD como parte de un informe de gestión equivalente?

Aunque las entidades de la UE están obligadas a incluir la información sobre el SESA en su informe de gestión, la CSRD permite a las empresas de fuera de la UE proporcionar la información requerida como parte de su «informe consolidado de sostenibilidad». Creemos que esta exención se aplica tanto a los informes requeridos para la entidad consolidada (es decir, a partir del año fiscal 2028, que informan en 2029), como a cualquier informe consolidado voluntario utilizado para satisfacer los requisitos de informes de las subsidiarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no está claro si una empresa de fuera de la UE que cotiza en un mercado regulado por la UE podría satisfacer sus requisitos a través de un informe de sostenibilidad. Estas empresas deben realizar un análisis adicional junto con su asesor legal.

Puede surgir otra pregunta en cuanto a si cualquier informe a los efectos de la CSRD debe incluirse en otras presentaciones reglamentarias (por ejemplo, los formularios 10-K, 8-K o 6-K de la SEC o informes similares en otras jurisdicciones). No creemos necesariamente que se requiera la inclusión en las presentaciones ante la SEC, sobre la base de la revisión de los requisitos de presentación del Formulario 8-K y el Formulario 6-K, así como los requisitos para las pruebas documentales. Sin embargo, las empresas también deben considerar la Regla 12b-20 de la Regulación S-K, que requiere la divulgación de cualquier información necesaria para que las divulgaciones requeridas no induzcan a error. Recomendamos que las empresas analicen los requisitos reglamentarios aplicables en consulta con un asesor legal.

Presentación de informes en el marco de la CSRD

Además de la complejidad de la preparación para la adopción, la razón por la que una empresa está incluida en el ámbito de aplicación de la CSRD influirá en cuál de los tres tipos de normas de información debería aplicarse:

● Normas Europeas de Presentación de Información sobre Sostenibilidad (ESRS): Como se detalla a continuación, la CE adoptó 12 normas independientes del sector en julio de 2023 y son definitivas tras la finalización de un período de examen de dos meses por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

● Normas específicas de fuera de la UE: Se trata de normas específicas que se aplican a nivel consolidado mundial como parte de la información adicional para las empresas con sede fuera de la UE.

● Normas simplificadas: Están destinadas a determinadas pequeñas y medianas empresas (pymes), entidades pequeñas y no complejas y empresas de seguros cautivas, tal como se definen en la normativa de la UE. Drafts of the simplified standards (for both listed SMEs and voluntary reporting by other SMEs) were discussed in September and October 2023 EFRAG Sustainability Reporting Board meetings. We expect these to be issued for public consultation in 17 early 2024. Sector standards are also in development, and we expect there to be around 40 sector-specific standards.

Dicho esto, a raíz de una solicitud de la Comisión Europea en marzo de 2023, el EFRAG cambió su enfoque para poner en marcha una «función de apoyo a la implementación del ESRS», dando prioridad a la orientación de implementación para los estándares independientes del sector. En las reuniones celebradas en el segundo semestre de 2023, el EFRAG debatió: (1) su proyecto de directrices de aplicación relacionadas con la evaluación de la cadena de valor y la materialidad, (2) un proceso centralizado para abordar las cuestiones de aplicación a partir de octubre de 2023, y (3) una lista completa de los requisitos de los puntos de datos. El 22 de diciembre de 2023 se publicaron los borradores de las orientaciones de aplicación y la lista 18 de requisitos de puntos de datos.

También en octubre de 2023, la Comisión Europea publicó una propuesta para retrasar las normas sectoriales y las normas específicas de fuera de la UE de la fecha prevista de adopción de 2024 a 2026. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea deberán aprobar la propuesta mediante el procedimiento legislativo ordinario. Aunque las normas específicas de fuera de la UE pueden retrasarse, no se propone ningún cambio en las fechas de presentación de informes requeridas; En 2029 se seguirá exigiendo la presentación de informes consolidados globales iniciales para una empresa matriz de fuera de la UE sobre la información de 2028.

Detalles de las Normas Europeas de Presentación de Informes de Sostenibilidad

Los 12 estándares abarcan todos los aspectos de los informes de sostenibilidad, abordando temas ambientales, sociales y de gobernanza, y están destinados a proporcionar información sobre los riesgos y oportunidades de sostenibilidad de una empresa, incluida su estrategia de sostenibilidad, objetivos y progreso, productos y servicios, relaciones comerciales, programas de incentivos y cadena de valor.

Las divulgaciones están interrelacionadas con la discusión de la compañía sobre su modelo de negocio y estrategia para ayudar a las partes interesadas a evaluar cómo la compañía encaja y contribuye a la sociedad en general. Aunque es posible que las empresas aún estén evaluando el impacto de la CSRD y determinando el alcance de los informes requeridos, ahora también es el momento de profundizar en el ESRS, por ejemplo, comprender su estructura, analizar los detalles y considerar las posibles brechas entre los requisitos y los informes voluntarios actuales, como un paso crítico en el desarrollo de un plan de implementación.

Divulgación de la taxonomía de la UE

Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la CSRD también estarán incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 8 del Reglamento sobre la taxonomía de la UE. El Reglamento de Taxonomía de la UE es un componente del «Plan de Acción: Financiación del Crecimiento Sostenible» de la Comisión Europea de marzo de 2018, destinado a dirigir el capital hacia actividades sostenibles. A pesar del uso del término 45 «taxonomía», esta taxonomía difiere de las taxonomías digitales utilizadas en la información financiera, como iXBRL. La taxonomía de la UE proporciona un sistema de clasificación para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Un subconjunto de las actividades de una empresa calificará como «elegible». Y entre ellas, las actividades que cumplan con los criterios especificados se considerarán alineadas con la taxonomía de la UE. Las empresas están obligadas a informar de los indicadores clave de rendimiento (KPI) que representan el porcentaje de sus actividades que están alineadas con la taxonomía. En el caso de las empresas no financieras, estos KPI se refieren a los ingresos, los gastos de capital y los gastos operativos. Los KPI requeridos por las empresas financieras variarán según el tipo de empresa, pero generalmente tienen como objetivo proporcionar información sobre la medida en que los ingresos o activos surgen de actividades sostenibles.

Las empresas que informen en virtud de la CSRD deberán facilitar la información sobre la taxonomía de la UE y los indicadores clave de rendimiento junto con la información sobre la ESRS. Esto es, en parte, para permitir que los participantes en los mercados financieros, como los gestores de inversiones, divulguen información sobre la sostenibilidad de sus productos de inversión, incluso si están alineados con la taxonomía de la UE. Los requisitos técnicos subyacentes a la taxonomía de la UE son complejos de evaluar y pueden verse agravados por las dificultades para obtener los datos financieros necesarios para la presentación de información, especialmente si la información financiera consolidada no suele estar preparada para la entidad declarante.

¿Qué sigue?

Aunque las disposiciones específicas de la CSRD aún pueden cambiar, como resultado de la transposición en curso de la CSRD a la legislación nacional, las empresas deben comenzar a prepararse para sus obligaciones de información ahora. La evaluación del alcance, las fechas de entrada en vigor aplicables, las alternativas para la presentación de informes a diferentes niveles dentro de la organización (si las hubiera) y el cumplimiento de los requisitos de divulgación (incluidos los asuntos de sostenibilidad que son importantes y la consideración de la taxonomía de la UE) sentarán las bases para una implementación exitosa. Estas determinaciones pueden ser espinosas y una empresa debe evaluar la necesidad de una participación temprana de su equipo legal. Mantenerse cerca de las decisiones tomadas por los Estados miembros de la UE durante el período de transposición de un mes también será fundamental a medida que se tomen decisiones y evolucionen los requisitos.

El ESRS establece una amplia gama de requisitos y no debe subestimarse en términos de su complejidad. Aunque las normas finales de presentación de informes incluyen una serie de medidas transitorias para aliviar la carga de presentación de informes para las empresas, el nivel de esfuerzo requerido sigue siendo elevado. Comprender la amplia gama de requisitos de divulgación, así como el esfuerzo previsto para obtener información y desarrollar e implementar sistemas de presentación de informes, es un primer paso importante en la creación de un plan de implementación. Además, esta comprensión puede proporcionar información que respalde las decisiones sobre el nivel en el que se deben preparar estos informes cuando se ven afectadas varias entidades dentro de la organización.

Si bien esto podría verse como un ejercicio de cumplimiento, la CSRD es algo más que la obligatoriedad de la divulgación de información sobre sostenibilidad; Su objetivo es impulsar el cambio de comportamiento. Las empresas tienen la oportunidad de replantear la narrativa de su propósito y modelo de negocio en el contexto de la sostenibilidad y buscar oportunidades para la creación de valor. Será un viaje, pero las empresas pueden posicionarse para el éxito a través de la participación activa.

Taxonomías de códigos de país y moneda confirmadas como recomendaciones propuestas

El Consejo de Estándares Internacionales (XSB) de XBRL ha elevado las nuevas taxonomías de Código de País y Código de Moneda al estado de Recomendación Propuesta. Estas taxonomías proporcionan listas de códigos ISO para países y monedas, simplificando la incorporación de códigos estándar en informes XBRL, según lo dispuesto en varias presentaciones regulatorias.

Al utilizar las taxonomías Moneda y País, los implementadores pueden beneficiarse de las actualizaciones automáticas de los cambios del código ISO, lo que reduce el riesgo de utilizar información obsoleta y minimiza los costos de mantenimiento. Esto agiliza el proceso regulatorio, aliviando a los reguladores de la carga de definir y administrar estas listas en sus taxonomías, al tiempo que mejora la coherencia y comparabilidad de los informes XBRL.

En el futuro, las taxonomías de códigos de país y moneda se actualizarán de acuerdo con las actualizaciones de la lista de códigos de país o moneda ISO subyacente. Para adaptarse rápidamente a tales cambios, hay dos versiones de las taxonomías disponibles. Las versiones «actuales» facilitan actualizaciones automáticas sin necesidad de cambios de versión por parte del usuario, mientras que las versiones «anticuadas» requieren actualizaciones manuales, ofreciendo control total del proceso.

Esta última iteración ya ha salido a la luz, con el borrador de taxonomía del EFRAG publicado recientemente que incorpora la versión de recomendación propuesta de la taxonomía de código de país, lo que subraya su relevancia y aplicabilidad.

1. Introducción

Las taxonomías de moneda y país de XBRL International representan códigos de moneda y país ISO a los que los implementadores pueden hacer referencia en sus taxonomías.

Los códigos de moneda y país ISO se utilizan comúnmente en los informes XBRL en todo el mundo. Estos códigos se utilizan en informes por diversos motivos, entre ellos:

  • especificar la moneda de medición para los valores monetarios;
  • calificar los desgloses de la exposición en categorías de monedas o países; y
  • identificar el país de las contrapartes y partes relacionadas

Esta guía de taxonomía analiza los siguientes aspectos de las taxonomías de moneda y país, que incluyen:

  • La arquitectura de las taxonomías.
  • Plan de desarrollo y mantenimiento.
  • Mapeo de archivos ISO XML de origen a artefactos de taxonomía

2. Códigos ISO de moneda y país

La Organización Internacional de Normalización (ISO) mantiene el estándar para las representaciones de moneda y países. ISO, a su vez, designa una Autoridad de Mantenimiento (MA) para mantener las listas de códigos resultantes. Estas listas de códigos están disponibles gratuitamente en formato digital y son un conjunto importante de listas que se utilizan para evitar confusiones al hacer referencia a monedas o países. Las listas de códigos ISO se centran particularmente en los mensajes ISO2022 y usos transaccionales similares de los códigos. La MA los actualiza rápidamente.

2.1 Código de moneda ISO

ISO 4217 especifica la estructura de un código alfabético de tres letras y un código numérico equivalente de tres dígitos para representar monedas. SIX Financial Information AG es la agencia oficial de mantenimiento de códigos de moneda según ISO 4217. SIX mantiene las listas de códigos de moneda, las actualiza y las pone a disposición en línea.

2.2 Código de país ISO

ISO 3166 proporciona representaciones codificadas de aplicación universal de nombres de países (actuales y no actuales), dependencias y otras áreas de interés geopolítico y sus subdivisiones. La propia secretaría central de ISO es la Agencia de Mantenimiento (ISO 3166/MA) para esta norma y actualiza, mantiene y publica los cambios a los códigos de país.

3. Contenido de taxonomía

Las taxonomías definen los códigos ISO de moneda y país como miembros del dominio. Los miembros del dominio están asociados con etiquetas y referencias.

Las taxonomías que importan las taxonomías de moneda y país pueden usar los códigos de moneda y país como miembros de dominio en un desglose dimensional o como valores de enumeración.

4. Estructura de taxonomía

4.1 Estructura de la taxonomía monetaria

La taxonomía de divisas contiene los dos puntos de entrada siguientes:

  • entrada: punto de entrada para acceder a códigos de moneda como miembros de dominio para autores de taxonomía que desean usar solo la lista de monedas dimensionalmente o como valores de enumeración en sus propios conceptos (es decir, listas desplegables). Este punto de entrada no contiene etiquetas para nombres de monedas y brinda flexibilidad para proporcionar nombres de monedas específicos en cualquier idioma.
  • Entry-en: este punto de entrada incluye todos los componentes de taxonomía del punto de entrada de ‘entrada’ y proporciona etiquetas en inglés para los nombres de las monedas.

La Figura establece la estructura lógica de la taxonomía monetaria.

  • entrada: el punto de entrada incluye los siguientes componentes.
    • elts: definición de esquema para códigos de moneda como miembros de dominio
    • definición: define la jerarquía de miembros de dominio para códigos de moneda
    • código de etiqueta: especifica códigos alfabéticos y numéricos para monedas. Las etiquetas utilizan funciones de etiquetas personalizadas definidas en la taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO.
    • referencia: especifica referencias para códigos de moneda. Las referencias de propiedad con piezas personalizadas definidas en la taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO se utilizan para códigos obsoletos.
  • entrada-en: el punto de entrada importa ‘entrada’ e incluye las etiquetas en inglés para los códigos de moneda.
    • label-en: especifica el nombre de la moneda en inglés según lo dispuesto por ISO. La etiqueta de documentación especifica las entidades geográficas asociadas para la moneda según lo define ISO.
    • Se pueden aportar etiquetas de idioma adicionales como una extensión modular de la taxonomía, como se muestra en el ejemplo de etiqueta de moneda.

4.2 Estructura de la taxonomía del país

La taxonomía del país contiene los dos puntos de entrada siguientes:

  • entrada: punto de entrada para acceder a códigos de países como miembros de dominio para autores de taxonomía que deseen utilizar solo la lista de países dimensionalmente o como valores de enumeración en sus propios conceptos (es decir, listas desplegables). Este punto de entrada no contiene etiquetas para nombres de países y brinda flexibilidad para nombres de países específicos en cualquier idioma.
  • Entry-en: este punto de entrada incluye todos los componentes de taxonomía del punto de entrada de ‘entrada’ y proporciona etiquetas en inglés para los nombres de países.

La Figura 2 establece la estructura lógica de la taxonomía del país.

  • entrada: el punto de entrada incluye los siguientes componentes:
    • elts: definición de esquema para códigos de país como miembros de dominio
    • definición: define la jerarquía de miembros de dominio para códigos de país
    • código de etiqueta: especifica códigos alfabéticos y numéricos para países. Las etiquetas utilizan funciones de etiquetas personalizadas definidas en la taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO.
    • referencia: especifica referencias para códigos de países. Las referencias de propiedad con piezas personalizadas definidas en la taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO se utilizan para códigos obsoletos.
  • entrada-en: el punto de entrada importa ‘entrada’ e incluye las etiquetas en inglés para los códigos de país.
    • label-en: especifica las etiquetas de los países (nombre corto + nombre completo) en inglés según lo dispuesto por ISO. 1
    • Se pueden agregar etiquetas de idioma adicionales como una extensión modular a la taxonomía, como se muestra en el ejemplo de etiqueta de país-fr.

4.3 Lista de códigos ISO definiciones comunes taxonomía

La taxonomía define funciones de etiquetas personalizadas y partes de propiedades utilizadas por taxonomías de listas de códigos ISO de países y monedas.

La Figura 3 establece la estructura lógica de la taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO.

  • común: punto de entrada para acceder a roles de etiqueta y partes de propiedad. El punto de entrada incluye los siguientes componentes:
    • parte de propiedad: definición de esquema para partes de referencia de propiedades personalizadas utilizadas en códigos obsoletos
    • código de etiqueta de rol: definición de esquema para roles de etiquetas personalizados para especificar códigos alfabéticos y numéricos para elementos

5. Desaprobación

5.1 Obsolescencia de códigos de moneda

Las monedas históricas están disponibles en la lista tres del estándar ISO 4217. La taxonomía de divisas también incluirá códigos históricos para facilitar la presentación de informes utilizando códigos históricos (si es necesario). Para dichos códigos de moneda históricos:

  • La etiqueta estándar tiene una fecha entre paréntesis para indicar la fecha de retiro del código ISO. Por ejemplo, la etiqueta estándar para ‘AFA’ es ‘Afgano (antes de 2003-01)’ 2 .
  • Los siguientes metadatos adicionales se adjuntan mediante «referencias de propiedad»:
    • Elemento obsoleto: establecido entrue
    • Fecha obsoleta YM: especifica la fecha de retiro del elemento en formato año-mes
    • Descripción de fecha obsoleta: especifica la descripción del período de retiro donde la fecha de retiro no está en AAAA-MM

5.2 Desuso de códigos de país

Los códigos de país que ya no están en uso activo entran en una fase de «reserva transitoria» de 50 años, antes de pasar a ser «utilizados anteriormente» y elegibles para reasignación. Estos códigos reservados transitoriamente se incluirán en la taxonomía del país para facilitar la presentación de informes históricos.

Para dichos códigos de país reservados transitoriamente:

  • La etiqueta estándar tiene una fecha entre paréntesis para indicar que el código era válido antes de la fecha especificada. Por ejemplo, la etiqueta estándar para ‘AN’ es ‘Antillas Holandesas (antes del 15 de diciembre de 2010)’.
  • Los siguientes metadatos adicionales se adjuntan mediante «referencias de propiedad»:
    • Elemento en desuso: establecido entrue
    • Fecha obsoleta: especifica la fecha de finalización de validez del elemento en formato aaaa-mm-dd
    • Observación de estado: descripción textual del período de reserva

6. Versiones

Las taxonomías de moneda y país se publican en dos formatos diferentes: “con fecha” y “actual”. Estas dos taxonomías tienen diferentes enfoques de control de versiones.

6.1 Versión fechada

6.1.1 Versión con fecha de taxonomía de divisas

La taxonomía de moneda se versionará según la fecha de emisión ISO de la actualización de moneda. Por ejemplo, la taxonomía que refleja los cambios del código de moneda actualizado por ISO el ‘2023-01-01’ y se versionará como ‘2023-01-01’.

El código de moneda ISO se publica en dos listas: lista uno y lista tres. La ‘Lista uno’ tiene códigos de moneda válidos y la ‘Lista tres’ tiene códigos históricos. Las dos listas se combinan en una única lista en la taxonomía de divisas. Es posible que estas listas puedan actualizarse de forma independiente. En este caso, la fecha de versión de la taxonomía de divisas reflejará la última fecha de actualización de cualquiera de las listas.

La información de versiones se reflejará en la URL de los archivos de taxonomía y los metadatos del paquete de taxonomía. Ejemplos de URL para la taxonomía de moneda basada en la fecha de actualización de moneda ISO ‘2023-01-01

6.1.2 Versión fechada de la taxonomía del país

La taxonomía del país se versionará según la fecha de emisión ISO de la actualización del país. Por ejemplo, la taxonomía que refleja los cambios del código de país actualizado por ISO el ‘2023-04-04’ y se versionará como ‘2023-04-04’.

La información de versiones se refleja en la URL de los archivos de taxonomía y los metadatos del paquete de taxonomía. Ejemplos de URL para la taxonomía del país según la fecha de actualización del país ISO ‘2023-04-04’

6.1.3 Versión de lanzamiento de consulta pública

Las publicaciones de taxonomía que contienen cambios estructurales para revisión pública se identifican por su estado (PWD/CR/PR) y fecha de publicación. Por ejemplo, la URL del archivo de taxonomía del país publicado el 31 de marzo de 2023 como borrador de trabajo público (PWD) basado en la fecha de emisión ISO ‘2022-11-29’

6.2 Versión ‘actual’

Las taxonomías de país y moneda también se proporcionarán como versiones actuales que reflejen los códigos ISO en cualquier momento. Los códigos históricos están obsoletos, pero nunca se eliminan y siempre estarán disponibles para generar informes; por lo tanto, las actualizaciones de la lista de códigos no deberían invalidar los informes preparados con versiones anteriores de la taxonomía. ISO puede reasignar códigos después de 50 años de reserva transitoria. Los usuarios de la taxonomía «actual» deben tener en cuenta que los códigos pueden reasignarse a diferentes países en futuras actualizaciones de la taxonomía, siguiendo el proceso ISO.

Las URL de los archivos de taxonomía actualizados

6.3 Lista de códigos ISO definiciones comunes taxonomía

La taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO se publicará como un paquete de taxonomía separado y se versionará independientemente de la moneda y la taxonomía del país. El control de versiones se basará en la fecha de actualización de la taxonomía. La información de versiones se refleja en la URL de los archivos de taxonomía y los metadatos del paquete de taxonomía.

La URL de la taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO reflejará el año en que se finalizó

Los borradores públicos de la taxonomía incluirán el estado y la fecha completa de publicación, por ejemplo:

7. Componentes de la taxonomía

7.1 Funciones de etiquetas personalizadas

Las taxonomías de moneda y país utilizan las siguientes funciones de etiquetas personalizadas definidas en role-label-code.xsdla taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO:

  • alpha3CodeLabel: roles de etiqueta utilizados para especificar un ‘código alfabético de 3 caracteres’ para el código de moneda/país.
  • alpha2CodeLabel: funciones de etiqueta utilizadas para especificar un ‘código alfabético de 2 caracteres’ para el código de país.
  • numericCodeLabel: roles de etiqueta utilizados para especificar el ‘código numérico’ para el código de moneda/país.

7.2 Piezas de referencia personalizadas

Las taxonomías de moneda y país utilizan las siguientes partes de referencia personalizadas definidas en property-part.xsdla taxonomía 3 de definiciones comunes de la lista de códigos ISO :

  • ElementDeprecated: parte de referencia con un valor booleano para indicar si el código se retira del uso (códigos de moneda) o su validez ha finalizado (códigos de país).
  • DeprecatedDateYM: parte de referencia para indicar la fecha de retiro del elemento en formato año-mes. Esto se utiliza en la taxonomía monetaria.
  • DeprecatedDate: parte de referencia para indicar la fecha de finalización de validez del elemento en formato aaaa-mm-dd. Esto se utiliza en la taxonomía del país.
  • DeprecatedDateDescription: parte de referencia para proporcionar una descripción textual del período de retiro cuando la fecha de retiro no está en AAAA-MM. Esto se utiliza en la taxonomía de divisas.
  • StatusRemark: parte de referencia para proporcionar información textual adicional sobre el período de reserva para los códigos. Esto se utiliza en la taxonomía de países.

7.3 Espacios de nombres

La taxonomía de moneda utiliza los siguientes espacios de nombres, donde AAAA-MM-DD son la fecha de actualización ISO en la que se basa la taxonomía:

Variante fechada: taxonomía de divisas

  • elts.xsd-http://www.xbrl.org/2003/iso4217/YYYY-MM-DD
  • entry.xsd-http://www.xbrl.org/2003/iso4217/YYYY-MM-DD/Entry
  • entry-en.xsd-http://www.xbrl.org/2003/iso4217/YYYY-MM-DD/entry-en

Variante actual: taxonomía de divisas

  • elts.xsd-http://www.xbrl.org/2003/iso4217
  • entry.xsd-http://www.xbrl.org/2003/iso4217/entry
  • entry-en.xsd-http://www.xbrl.org/2003/iso4217/entry-en

La taxonomía del país utiliza los siguientes espacios de nombres, donde AAAA-MM-DD son la fecha de actualización ISO en la que se basa la taxonomía:

Variante fechada: taxonomía del país

  • elts.xsd-https://xbrl.org/2023/iso3166/YYYY-MM-DD
  • entry.xsd-https://xbrl.org/2023/iso3166/YYYY-MM-DD/entry
  • entry-en.xsd-https://xbrl.org/2023/iso3166/YYYY-MM-DD/entry-en

Variante actual – Taxonomía del país

  • elts.xsd-https://xbrl.org/2023/iso3166
  • entry.xsd-https://xbrl.org/2023/iso3166/entry
  • entry-en.xsd-https://xbrl.org/2023/iso3166/entry-en

La taxonomía de definiciones comunes de la lista de códigos ISO utiliza los siguientes espacios de nombres, donde AAAA es el año en el que se finalizó la taxonomía:

  • property-part.xsd-https://xbrl.org/taxonomy/int/codelist-common/YYYY/property-part
  • role-label-code.xsd-https://xbrl.org/taxonomy/int/codelist-common/YYYY/role-label-code

7.4 URL absolutas del punto de entrada de la taxonomía

La siguiente tabla muestra las URL absolutas para los puntos de entrada de la taxonomía, donde YYYY-MM-DD está la fecha de actualización ISO en la que se basa la taxonomía:

7.5 Registro de tipos de datos

La versión ‘fechada’ y ‘actual’ de la taxonomía utiliza el tipo de datos “domainItemType” del Registro de tipos de datos (DTR) de 2022 para el dominio y los miembros del dominio. Ambas variantes de la taxonomía seguirán utilizando la versión DTR 2022 en futuras actualizaciones.

8. Plan de Mantenimiento de Taxonomía

XBRL International se suscribe a las notificaciones sobre actualizaciones de la ISO, Autoridad de Mantenimiento (MA) y ha implementado un mecanismo para implementar automáticamente estos cambios, junto con metadatos de soporte relevantes en una Taxonomía XBRL. En estos enlaces se puede ver un ejemplo de notificación de actualización del código ISO: código de moneda y código de país.

La notificación de actualización de moneda ISO y código de país iniciará el proceso de actualización de taxonomías de moneda o país. La actualización de las taxonomías será realizada por personal de XBRL International. Se espera que la taxonomía actualizada se publique dentro de los 30 días posteriores a la notificación de actualización ISO.

La taxonomía inicial y las actualizaciones que proponen cambios estructurales seguirán el ciclo de gobernanza y madurez según corresponda para el desarrollo de especificaciones técnicas o (posteriormente) la gobernanza específica de la taxonomía según lo defina periódicamente el Consejo de Estándares XBRL. La actualización no estructural de la taxonomía será revisada y aprobada por la Junta de Estándares XBRL.

Los cambios estructurales incluyen cambios en el modelado físico y lógico de la taxonomía o actualizaciones de especificaciones técnicas. Ejemplos de cambios no estructurales incluyen actualizaciones de código según cambios de código ISO o actualizaciones de etiquetas.

9. Etiquetas de idiomas adicionales

Si bien las taxonomías predeterminadas de moneda y país incluyen etiquetas en inglés, las jurisdicciones o reguladores XBRL pueden aportar etiquetas de idioma adicionales. Las etiquetas de idioma adicionales estarán disponibles como un archivo de taxonomía modular y un paquete de taxonomía al que se hará referencia en la taxonomía que desee utilizarlas.

El archivo de etiqueta francés (country-label-fr.xml) para la taxonomía del país 2022-11-29 estaría disponible en la ubicación oficial http://www.xbrl.org/taxonomy/int/country/2022-11-29/fr/country-label-fr.xmly como un paquete de taxonomía separado.

De forma predeterminada, se utilizarán códigos de idioma de dos letras para identificar etiquetas de idioma adicionales, pero se considerará agregar subcódigos si se solicita. Los códigos regionales se reflejarán en la URL del archivo de taxonomía y en el nombre del archivo de taxonomía como se ve en el ejemplo anterior.

10. Códigos de mapeo a la taxonomía

ISO publica códigos de moneda y país en formatos XML, que se utilizan para generar taxonomía. El mapeo entre el XML ISO de origen y los artefactos de taxonomía se proporciona en la sección

Esta sección describe la asignación de XML de código de país y moneda ISO a artefactos de taxonomía XBRL. El elemento XML indica el elemento en el archivo XML de código ISO.

10.1 Código de moneda: asignación

Se puede acceder al código de moneda ISO XML desde los siguientes enlaces:

  • Códigos de moneda válidos
  • Códigos de moneda retirados

Los códigos de fondos no están incluidos (donde <CcyNm IsFund=»true»>se omite el código). Los metales preciosos y otros códigos no monetarios que comienzan con «ZZ**_» también están excluidos de la taxonomía de monedas.

Enumere uno de los códigos de moneda, incluye la siguiente moneda especial que está excluida de la taxonomía de monedas.

  • DEG (Derecho Especial de Giro) – FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
  • Unidad de Cuenta del BAD – PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO DEL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

La asignación de campos XML de código ISO a artefactos de taxonomía para cada miembro del dominio de moneda es la siguiente:

  • Nombre del elemento -<Ccy>
  • Etiqueta estándar para monedas de la lista uno:<CcyNm>
  • Etiqueta estándar para la lista de tres monedas – (antes )
    • La fecha anterior en la etiqueta estándar sirve para distinguir la moneda de retiro. Esto resulta útil cuando las monedas históricas y válidas tienen el mismo nombre. Por ejemplo, ‘MXP’ y ‘MXN’ tienen ambos <CcyNm>como ‘peso mexicano’. ‘MXP’ fue retirado en 1993; su nombre estándar sería ‘Peso mexicano (antes de 1993-01)’.
  • Etiqueta de documentación: la(s) entidad(es) geográfica(s) asociada <Ccy>(s) a la moneda es <CtryNm>(n)
  • alpha3CodeLabel (rol de etiqueta personalizada): <Ccy> (repitiendo la moneda de 3 letras como una etiqueta adicional además de capturarla en el nombre del elemento, lo que puede resultar útil en algunos casos)
  • numericCodeLabel (rol de etiqueta personalizada) – <CcyNbr> (códigos numéricos)

10.1.1 Información de referencia

Para todos los códigos:

  • Editorial: Organización Internacional de Normalización
  • Nombre: ISO
  • Número: 4217
  • Párrafo: Lista
  • Subpárrafo: Listar uno O Listar tres (Códigos retirados)

Detalles de códigos retirados en referencia de propiedad (piezas personalizadas):

  • Fecha obsoleta:<WthdrwlDt>
  • Elemento en desuso: verdadero

Cuando <WthdrwlDt>no está en YYYY-MMformato, se supone que el mes es diciembre del período final. Por ejemplo, ‘ARY’ se retiró durante el período ‘1989 a 1990’; en este caso, la fecha en desuso se especifica en la taxonomía como 1990-12. En tales casos, el período de retiro se captura como una parte de referencia adicional en ‘Descripción de fecha obsoleta’.

10.2 Código de país – Mapeo

Se puede acceder a una muestra de código de país ISO XML desde este enlace: Ejemplo de código de país XML. La taxonomía de países incluye códigos de países que tienen <status>= ‘asignado oficialmente’ o ‘reservado de forma transitoria’.

La asignación de campos XML de código ISO a artefactos de taxonomía para cada miembro del dominio de país es la siguiente:

  • Nombre del elemento -<alpha-2-code>
  • Etiqueta estándar – <short-name lang3code=»eng» xml:lang=»en»>o <short-name-upper-case lang3code=»eng» xml:lang=»en»>cuando la primera no esté disponible 4 . (ISO también proporciona nombres de países en francés; el plan inicial es incluir sólo etiquetas en inglés en la taxonomía).
  • Etiqueta estándar para códigos de países reservados transitoriamente – (antes )
    • La fecha anterior a la etiqueta estándar distingue el código de país reservado de los códigos actuales.
  • Etiqueta detallada -<full-name lang3code=»eng» xml:lang=»en»>
  • alpha2CodeLabel (función de etiqueta personalizada): <alpha-2-code>(repetir el país de 2 letras como una etiqueta adicional además de capturarlo en el nombre del elemento puede ser útil en algunos casos)
  • alpha2CodeLabel (rol de etiqueta personalizada): <alpha-3-code> (código alfabético de 3 caracteres (alfa-3)
  • numericCodeLabel (rol de etiqueta personalizada) – <numeric-code> (código numérico)

10.2.1 Información de referencia

Para todos los códigos:

  • Editorial: Organización Internacional de Normalización
  • Nombre: ISO
  • Número: 3166-1
  • Párrafo: Lista

Detalles del código reservado transitoriamente en la referencia de propiedad (partes personalizadas). Esto será solo para códigos con <status>= ‘reservado transitoriamente’.

  • Fecha obsoleta:<validity-end-date>
  • Elemento en desuso:true
  • Observación de estado:<status-remark>

Revelando el próximo capítulo de las finanzas municipales

MANUAL DE JUGADAS DE LA FDTA

Ser dueño de su futuro fiscal

Cómo los gobiernos locales pueden prepararse para la Ley de Transparencia de Datos Financieros

El FDTA: primer año

En el año transcurrido desde la aprobación de la ley, las organizaciones gubernamentales y otras partes interesadas han formado grupos de trabajo para asesorar a la SEC mientras la comisión trabaja con el Departamento del Tesoro para redactar normas. Las organizaciones que antes eran de oposición, como la GFOA, han pasado rápidamente a desempeñar un papel consultivo y ahora son una voz activa en el proceso de elaboración de normas en nombre de los gobiernos locales. Pero tenemos que ser conscientes de ese precipicio y no podemos perder emisores en el camino ni arriesgar la estabilidad del mercado.

Una mirada de otras partes interesadas, desde la Federación Nacional de Analistas Municipales hasta la Asociación Nacional de Contralores, Auditores y Tesoreros Estatales, e incluso individuos, también han intervenido durante la fase de divulgación de la SEC en la elaboración de normas. Además de las preocupaciones sobre la capacidad de los emisores más pequeños, los participantes se han referido a las ventajas de ciertas tecnologías: el proceso mediante el cual debería implementarse la implementación y los datos financieros específicos que deberían exigirse para cumplir con la nueva ley. El Consejo de Normas de Contabilidad Gubernamental incluso ha comenzado a trabajar en la identificación de este conjunto de datos, también conocido como taxonomía.

Recomendaciones: Preparación para la implementación

Si bien no hay escasez de opiniones, o posibilidades, la mayoría de los detalles aún se desconocen, y esta falta de información concreta ha llevado a muchos funcionarios de finanzas del gobierno local a adoptar un enfoque de esperar y ver la ley. Esto es comprensible, pero los responsables políticos y los líderes se harán un flaco favor a sí mismos y a los contribuyentes si esperan hasta que se decidan las reglas para comenzar a prepararse para la FDTA. Estos son algunos de los pasos que deben seguir:

Infórmate. El período de notificación y comentarios sobre las reglas está a punto de comenzar. Los líderes de los gobiernos locales deben prestar mucha atención a las opciones que se están discutiendo y proporcionar comentarios, ya sea directamente o a través de su auditor estatal.

Con la proximidad de la guía de la SEC, los gobiernos locales también deben evaluar los sistemas que emplean actualmente para cumplir con los requisitos de divulgación financiera y su capacidad para adaptar sus sistemas de TI actuales a la FDTA, así como estimar el tiempo disponible del personal para ayudar con el cumplimiento de la FDTA.

Piensa en cómo aprovechar la tecnología. Incluso antes de que se decidan los estándares de datos y la tecnología, los funcionarios de finanzas municipales deben considerar opciones para su propio camino hacia la adopción. A medida que lo hacen, deben buscar oportunidades para acelerar los plazos existentes para la adopción de nuevas tecnologías o sistemas de gestión financiera que, en última instancia, podrían facilitar significativamente el cumplimiento de la nueva ley. Específicamente, los funcionarios de finanzas deben pensar más allá del mero cumplimiento y determinar sus objetivos más amplios para la gestión fiscal y la presentación de informes.

Columbus, Ohio, actualizó recientemente su tecnología de creación de informes financieros. Al hacerlo, los funcionarios de finanzas de la ciudad vieron la oportunidad de experimentar con la creación de estados de cuenta legibles por máquina.

El software elegido por la ciudad incluía eXtensible Business Reporting Language (XBRL), el lenguaje informático utilizado por el sector corporativo para etiquetar datos financieros. Su oficina actualmente está probando el etiquetado de una multitud de datos para su Informe Financiero Integral Anual (ACFR, por sus siglas en inglés) y otras divulgaciones fiscales para tener una idea de qué esperar en los próximos años y planificar en consecuencia. Nuestra idea era buscar empresas que no solo pudieran ayudarnos con nuestra larga lista de objetivos que teníamos para la producción del ACFR, sino también empresas que pudieran ayudarnos a crecer. Este tipo de visión de futuro capta las oportunidades que presenta la FDTA.

Conéctese con socios a nivel estatal. Para los gobiernos locales más pequeños, los estados y las universidades, pueden desempeñar un papel fundamental en el apoyo a la transición a la FDTA. Dieciocho estados tienen requisitos de presentación de informes de datos financieros de los gobiernos locales, lo que los coloca en una buena posición para brindar apoyo técnico o actuar en nombre de los gobiernos locales para ayudarlos a cumplir con los nuevos requisitos. En muchos casos, los estados proporcionan una plantilla a los gobiernos locales para que envíen datos al estado que se pueden ajustar para cumplir con los requisitos de la FDTA. Florida, por ejemplo, ofrece a los gobiernos locales la opción de ingresar los datos en línea, cargar un archivo de Excel o cargar un archivo en formato de lenguaje extensible de informes comerciales (iXBRL) en línea. Escuelas como la Universidad de Denver y la Universidad de Michigan están explorando modelos para que los gobiernos locales de todos los tamaños cumplan con la nueva ley a bajo costo o sin costo alguno.

Una vez que se desarrolle la taxonomía, una vez que obtengamos algunos documentos de referencia y tal vez brindemos capacitación gratuita a los gobiernos municipales, no creo que sea tan costoso como se afirma que es.

Aplicación de la Ley de Libre Comercio y Cooperación: estrategias y desafíos

Qué esperar en el proceso de elaboración de normas

El próximo proceso de notificación y comentarios de la SEC proporcionará el primer vistazo a lo perjudicial que podría ser la FDTA para los emisores gubernamentales.

La implementación sin problemas dependerá en gran medida de la tecnología elegida y de cómo aborde tanto la eficiencia como la posible mitigación de costos a los gobiernos locales y otras entidades que proporcionan estados financieros.

Específicamente, la FDTA requiere que, en la medida de lo posible, los estándares de datos para las divulgaciones financieras del gobierno:

  • Renderice los datos totalmente legibles y con capacidad de búsqueda.
  • Use estructuras claras (esquemas) e información adicional (metadatos) que sea legible por máquina. Estas estructuras e información deben seguir un modelo (taxonomía u ontología) que explique exactamente lo que significan los datos.
  • Utilice un modelo de taxonomía que coincida con las reglas establecidas por las regulaciones sobre cómo se recopila la información.
  • No ser propietario o estar disponible bajo una licencia abierta.
  • Incorporar las normas elaboradas y mantenidas por los organismos de normalización de consenso voluntario.
  • Utilizar, ser coherente e implementar los principios de contabilidad y presentación de informes aplicables.

En su carta de octubre de 2023 a la SEC, la Federación Nacional de Analistas Municipales recomienda que los datos financieros sean accesibles/utilizables a escala y en formato de archivo, incluidos los formatos de lenguaje informático como XBRL, CSV o JSON, que mejor admitan la amplia variedad de datos financieros municipales.

El Instituto Cato señala que iXBRL puede eliminar la necesidad de que los emisores presenten dos veces (tanto en formato PDF tradicional como en un documento legible por máquina) porque el formato admite la legibilidad humana y automática. Un archivo iXBRL tiene el aspecto de una página web y puede incluir imágenes y formato de texto avanzado como cualquier documento HTML. «Debido a que los puntos de datos clave dentro de la página HTML están etiquetados con XBRL, la agencia estatal puede extraerlos fácilmente para proporcionar informes y supervisión estandarizados», escribió recientemente el analista senior de políticas de Cato, Marc Joffe. «Lo ideal sería que los organismos federales y estatales acordaran una única taxonomía de información XBRL que satisficiera las necesidades tanto de los inversores en bonos municipales como de los supervisores estatales, lo que permitiría a todas las entidades de un estado determinado cumplir con todos sus requisitos de presentación financiera mediante la producción de un único documento de instancia XBRL en línea».

Sea cual sea el idioma (o idiomas) que se elija, es importante que sea aceptado y apoyado en el panorama tecnológico. La compatibilidad con los sistemas existentes y la interoperabilidad con varias bases de datos es crucial para integrar sin problemas los requisitos de la FDTA en la infraestructura financiera pública actual.

Un aspecto positivo, es que la información financiera dentro de los sistemas de planificación de recursos empresariales del gobierno ya es legible por máquina; solo al armar los estados financieros los datos se convierten al formato PDF.

El próximo borrador de las normas también revelará el alcance de la FDTA, es decir, cuántos puntos de datos básicos tendrán que estandarizarse y qué tipos de divulgaciones financieras estarán sujetas a los requisitos. La esperanza de la Federación Nacional de Analistas Municipales es que la taxonomía recopilada «abarque todas las partidas de los estados financieros para analizar un emisor municipal» utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados. La asociación recomienda que toda la información previamente reportada y publicada a través de PDF se proporcione en el nuevo formato legible por máquina que describe la FDTA.

Sin embargo, se requiere que la SEC se asegure de que los gobiernos asuman el menor impacto posible en los costos, y un alcance retrospectivo puede resultar prohibitivo en cuanto a costos. Además, los emisores publican más información en el sitio web de Acceso Electrónico al Mercado Municipal (EMMA, por sus siglas en inglés) más allá de sus ACFR, y los emisores más pequeños, como las escuelas chárteres, tienen que publicar un conjunto más diverso de información, como presupuestos y certificados de cumplimiento trimestrales, con mayor frecuencia. El alcance de los requisitos finales de la FDTA determinará qué flujos de trabajo están implicados y cuántas herramientas podrían necesitar los emisores para cumplir plenamente.

El papel de la IA

La inteligencia artificial puede ayudar en el web scraping mediante el uso de comandos codificados para extraer datos e información de sitios web y otras fuentes, organizando la información según sea necesario. Es probable que la IA pueda extraer información demográfica y otros datos no financieros de divulgaciones voluntarias u obligatorias que serían deseables para los inversores, los profesionales de las finanzas y otras partes interesadas. Empresas como Microsoft ya utilizan la IA para extraer tablas, estructuras y texto avanzados de los documentos, y la plataforma Coin de JPMorgan Chase puede analizar documentos legales, ahorrando tiempo y dinero.

Con ese fin, GFOA, a través de un programa piloto con la Universidad de Rutgers, está explorando cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para que los gobiernos cumplan con la FDTA. El proyecto piloto, lanzado el año pasado, alimenta los datos de los gobiernos de 10 condados dentro de un estado en un modelo de aprendizaje más grande impulsado por la IA. El objetivo es extraer datos cualitativos y cuantitativos de forma precisa y eficiente, así como integrar datos financieros y no financieros.

Los desafíos particulares de los datos financieros municipales

Hay un puñado de desafíos en la estandarización de los datos financieros del gobierno que el proceso de elaboración de normas tendrá que abordar. En su carta a la SEC, la Federación Nacional de Analistas Municipales expresó su preocupación por la forma en que se establecerán los controles siguiendo los estándares de datos estructurados. La NFMA también pidió la pronta divulgación de estas normas para evitar retrasos en el intercambio de información crediticia y financiera. Además, a la NFMA le preocupa la posibilidad de que la clasificación de datos de los gobiernos (taxonomías) en una plataforma universal de FDTA pueda carecer de información crucial para las partes interesadas, como las agencias de calificación y los inversores privados, que realizan análisis crediticios y financieros.

Además, los datos codificados deben distinguir las diferencias entre los emisores municipales y las «personas obligadas» en el caso de la deuda patrocinada por emisores municipales. La FDTA requiere que los estándares conjuntos «incluyan identificadores comunes para las recopilaciones de información reportada a las agencias cubiertas… que incluirá un identificador común de entidad jurídica no patentada.».

Los identificadores de personas jurídicas, o IPJ, son códigos alfanuméricos únicos de 20 caracteres que identifican a las personas jurídicas que realizan transacciones financieras. (El sistema del IPJ se introdujo después de la crisis financiera de 2008 para mejorar la transparencia en los mercados financieros y reducir el riesgo sistémico). La NFMA recomienda que se utilicen IPJ para la categorización e identificación de los límites legales del reembolso de la deuda para el emisor municipal correspondiente. Dadas las diferencias de los emisores en el pago de la deuda, en las que algunos gobiernos se comprometen a una financiación de «plena fe y crédito», mientras que otras entidades solo tienen una obligación moral o nula de reembolsar las deudas, la NFMA señala que esta metodología de IPJ recomendada debe ser capaz de distinguir entre estos deudores.

Dado que las entidades gubernamentales tienen una variedad de estructuras y variaciones de fondos que abarcan específicamente entidades como fondos empresariales de propósito especial, distritos escolares y autoridades aeroportuarias, la claridad de la SEC es valiosa en el proceso de presentación de informes simplificados a los emisores. Además, estas entidades publican información a EMMA más allá de la ACFR, y los emisores más pequeños, como las escuelas chárter, pueden compartir datos más individualizados para su tipo de entidad con mayor frecuencia, lo que requiere orientación de la SEC sobre qué flujos de trabajo están implicados en esta integración de datos financieros y cuál es la mejor manera de proceder para el cumplimiento del emisor.

Kinney Poynter, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales, nos dijo que entre sus principales preocupaciones se encuentran la carga de costos impuesta a los gobiernos más pequeños que emiten deuda poco frecuente y cuánto potencial hay para la asistencia financiera a nivel estatal hacia el gobierno local en busca del cumplimiento de la FDTA.

Otra preocupación es que algunas entidades gubernamentales pueden no presentar sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en general. Un alcance de la información completamente definido y los requisitos finales conciliados antes de la plena implementación de la FDTA en 2027 determinarán qué normas y datos se verán afectados y cómo pueden responder los emisores para seguir cumpliendo plenamente.

Con respecto a la asociación GFOA-Rutgers, Girard Miller, columnista de finanzas de Governing y ex miembro de GASB, expresó sus preocupaciones durante una entrevista con nosotros con respecto a quién poseería o controlaría los datos una vez que se carguen en un sistema de aprendizaje de inteligencia artificial. Aunque se mostró escéptico sobre el aspecto de la IA, Miller consideró que los conjuntos de datos específicos de los emisores son valiosos para los inversores y las organizaciones de propósito público centradas en mejorar la calidad de la gestión financiera y los resultados de las partes interesadas.

Las consecuencias no deseadas también son una preocupación entre los reguladores y los inversores del mercado municipal. En un discurso en la Cumbre de Datos RegTech 2023 de la Data Foundation, la comisionada de la SEC, Hester Peirce, expuso su preocupación de que un despliegue «fallido» de la FDTA pudiera disminuir la divulgación de datos financieros por parte de los emisores que publican voluntariamente sus datos a cadencias regulares. Peirce apuntó hacia una posible reducción de las presentaciones voluntarias, la evitación de costos en la presentación de datos municipales estructurados y una posible «salida» de los mercados de valores si los costos son lo suficientemente altos. En línea con los comentarios de Peirce, la NFMA recomienda que los estándares de datos antes mencionados aborden las divulgaciones requeridas y voluntarias a la MSRB y la SEC.

En ese contexto, Megan Kilgore, de Columbus, nos recuerda que la FDTA no es una solución general para obtener datos financieros gubernamentales más oportunos. La ley se aplica a los estados financieros publicados, pero no tiene relación con el tiempo que se tarda en crear, redactar y auditar esos estados antes de que se presenten. De hecho, hay muchos a quienes les preocupa que la FDTA pueda ralentizar aún más el proceso de presentación. «Como mínimo, no va a cambiar los desafíos existentes que enfrentan los gobiernos con la puntualidad de los informes financieros», dijo Kilgore. «Ese tipo de distinción es muy, muy importante y creo que eso es lo que se ha perdido en esta conversación. Hasta el momento en que los gobiernos no cumplan realmente con la obligación de hacer sus estados financieros en 120 días, el acceso universal a los datos oportunos no va a ocurrir».

Los beneficios a largo plazo de democratizar los datos financieros

Las responsabilidades de los gobiernos locales se han expandido a lo largo de las décadas, incluso cuando sus derechos y control sobre sus finanzas se han visto cada vez más limitados por los mandatos del gobierno estatal y los referendos de los contribuyentes. Los gobiernos locales de hoy en día son más que simples proveedores de servicios. A través de las escuelas públicas, el transporte público, los parques, los departamentos de salud y las fuerzas del orden, tienen la tarea de proporcionar una base para la salud, la seguridad y la prosperidad de sus electores.

Si bien la FDTA se ocupa únicamente de los estados financieros, tiene el potencial de ayudar a los gobiernos a avanzar en algunos de los problemas más espinosos de la actualidad.

Muchas localidades, incluso aquellas que parecen estar prosperando, tienen un déficit estructural debido a los costos heredados del sistema de jubilación, el retraso en el mantenimiento de la infraestructura o la inversión diferida. Si no se controlan, estos costos heredados pueden lastrar los presupuestos futuros y limitar la capacidad de proporcionar los servicios necesarios. Más recientemente, la polarización extrema en la política nacional desafortunadamente se ha filtrado en la relación entre los funcionarios locales y los residentes. Esto ha erosionado la confianza y, en algunos casos, ha dificultado que los servidores públicos hagan su trabajo de manera efectiva. A esa tensión se suma el hecho de que muchos departamentos del gobierno local no cuentan con suficiente personal, lo que lleva a tiempos de respuesta más lentos y retrasos en todo, desde el procesamiento de solicitudes de asistencia pública hasta informes financieros tardíos.

Cuando los fondos públicos se administran bien y con rendición de cuentas, los responsables de la formulación de políticas tienen mejores opciones. Los líderes locales que ven los nuevos requisitos de presentación de informes como una forma de probar nuevas ideas o acelerar los objetivos a largo plazo para la transparencia y la gestión financiera no solo es probable que vean un camino más fácil hacia el cumplimiento de la FDTA, sino que también se están dando la oportunidad de tomar decisiones más informadas sobre cómo gastar el dinero de los contribuyentes y, en última instancia, mejorar las relaciones con los electores.

Balance fiscal y gestión del desempeño

Una buena gestión financiera conduce a resultados más efectivos para la comunidad

«En última instancia, este proyecto trata de mejorar la calidad de vida de la comunidad porque a medida que la información fiscal local esté más disponible, un mayor número de partes interesadas tendrá ojos en los datos y podrá actuar sobre problemas potenciales mucho antes de que se conviertan en crisis».

Tom Ivacko, director ejecutivo de CLOSEUP, en la presentación del proyecto XBRL

Los grandes costos heredados que pesan sobre los gobiernos, a saber, las pensiones y la infraestructura, son en parte el resultado de fallas en los informes financieros del gobierno. No fue hasta que se introdujeron nuevas normas de contabilidad gubernamental que exigen que los estados financieros de todo el gobierno incluyan la depreciación de los activos y, más recientemente, los costos de jubilación no financiados, que estas cargas a largo plazo comenzaron a recibir la atención que merecían por parte de los responsables de la formulación de políticas.

La FDTA puede tener el mismo efecto transformador en los informes financieros del gobierno porque hará que los datos de esos informes sean más accesibles, viables y comparables a los de otros lugares.

Cualquiera que haya trabajado con datos financieros del gobierno sabe que la mayor parte del compromiso de tiempo es simplemente el proceso de recopilar la información deseada de los archivos PDF. Pero el verdadero trabajo, el valor para los contribuyentes y los legisladores, está en analizar esos datos. Cuando se tarda demasiado en comprender y contextualizar los datos financieros, los líderes gubernamentales pierden formas de tomar decisiones que ayuden a producir resultados positivos. Dicho de otra manera: si no puedes medirlo, no puedes manejarlo.

Con datos financieros estructurados o «etiquetados», el análisis puede comenzar casi de inmediato. Esto tiene especial importancia para la medición del rendimiento. Si bien muchos jefes de agencias pueden realizar un seguimiento de sus gastos en tiempo real en comparación con los resultados deseados, las conclusiones de ese análisis no suelen enmarcarse en el contexto general del gasto público. Pero un director de finanzas que trabaja con datos etiquetados puede profundizar rápidamente en datos de gasto específicos, determinar cómo encajan dentro del panorama más amplio del balance general de todo el gobierno y, lo que es más importante, compararlos con otros municipios. «Veo que esto me permite obtener datos rápidamente y tener más herramientas para la evaluación comparativa para mostrarle al alcalde o al ejecutivo del condado cuáles son nuestras tendencias y dificultades financieras», dijo Robert Widigan, subdirector financiero del condado de Wayne, Michigan, quien anteriormente se desempeñó como director financiero de la ciudad de Flint.

Si una ciudad presupuesta más para la capacitación de la policía para mejorar los resultados de seguridad pública, no es un gran impulso en estos días determinar si realmente se gastó más dinero y cómo se compara con lo que se presupuestaba. Es mucho más importante determinar cuestiones como cómo ese gasto afectó el presupuesto general de seguridad pública y el presupuesto del fondo general, y cómo podría compararse con otras localidades vecinas o ciudades de tamaño similar en todo el país. Las jurisdicciones grandes pueden tener los recursos para hacerlo y los investigadores académicos pueden tener el tiempo, pero las ciudades más pequeñas generalmente no tienen ninguno de los dos.

Desde las grandes ciudades o ciudades medianas hasta las pequeñas aldeas y municipios, todos quieren saber que cuando se encuentran en tiempos presupuestarios difíciles, están utilizando sus fondos de manera efectiva y eficiente», dijo Barnet Sherman, socio gerente senior de Tenbar Group. «Quieren saber que sus programas están proporcionando los servicios que su comunidad necesita de la mejor manera.

La transparencia reduce los costos y promueve la confianza

Los emisores saben intuitivamente que la transparencia financiera fomenta las relaciones. Es por eso que muchos de ellos desarrollaron sitios web para inversores en los años posteriores a la Gran Recesión y el colapso del mercado de seguros de bonos. Permitir a los inversores potenciales un mayor acceso les da más seguridad en lo que están comprando, y un precio más bajo para el emisor.

A lo largo de los años, múltiples estudios sobre las transacciones del mercado de bonos municipales han indicado que los estados y las localidades están pagando potencialmente miles de millones de dólares cada año en tarifas, costos de transacción y gastos por intereses innecesarios debido a la falta de transparencia y liquidez en el mercado de bonos municipales. Un estudio realizado en 2018 encontró que los costos para los emisores aumentaron cuando los periódicos locales cerraron porque ya no existía una fuente de información crítica y un organismo de control.

Debido a la naturaleza lenta de la recopilación de datos financieros del gobierno y a la opacidad del mercado municipal en su conjunto, el acceso a análisis de datos sofisticados tiene un precio elevado.

Estas barreras han permitido que soluciones complejas que son costosas de licenciar y difíciles de aprender actúen como una barrera formidable para comprender y trabajar con datos públicos. Cuando se implemente en su totalidad, la FDTA reducirá significativamente esta barrera de entrada y aumentará la transparencia al democratizar el acceso a la información financiera del gobierno.

Esto tiene ventajas obvias para los inversores e investigadores, pero también es un beneficio para los auditores estatales responsables de hacer un seguimiento de la salud fiscal de las localidades. Estados como Florida, California, Nueva York, Ohio y Pensilvania tienen sistemas de monitoreo de dificultades fiscales o asumen un papel activo en la compilación de los datos en los informes financieros anuales de las localidades. «Hay muchas ventajas para los estados al tener esta información en formato electrónico, especialmente cuando el auditor estatal tiene que monitorear el estrés fiscal», señala Kinney Poynter, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Auditores, Controladores y Tesoreros Estatales. «La idea es la comparabilidad y la facilidad de análisis, para detectar problemas antes de que se vuelvan enormes».

Una mayor transparencia envía el mensaje a los electores de que los gobiernos no tienen nada que ocultar

Generar confianza a través de la transparencia ya es una herramienta muy utilizada en las herramientas de muchos funcionarios financieros. Eso queda claro en la multitud de sitios web, tableros y chequeras de datos abiertos que los estados y localidades han lanzado durante la última década en respuesta a la creciente demanda de acceso a datos gubernamentales en tiempo real. En este sentido, la FDTA es un paso más en lo que ha sido una tendencia de décadas.

De cara al futuro, se ve un mundo en el que los electores tengan acceso a servicios más sofisticados. Imagínese dentro de cinco o seis años cuando los ingenieros, los arquitectos paisajistas, las empresas de reciclaje de aguas residuales y las empresas de tecnología tengan acceso a estos datos y puedan construir mejores productos como resultado de ese conocimiento.

La FDTA podría aliviar la carga de trabajo de los funcionarios públicos

Los titulares sobre la «Gran Renuncia» pueden haber disminuido, pero los gobiernos locales continúan luchando con la escasez de personal. Si bien la contratación ha repuntado, también lo han hecho las renuncias y las jubilaciones, y esto ha ralentizado drásticamente la recuperación del empleo en el sector público. De hecho, más de la mitad de los gobiernos estatales y locales esperan que su mayor ola de jubilaciones ocurra en los próximos dos años, según la encuesta de fuerza laboral más reciente realizada por el Instituto de Investigación de Mission Square.

La pérdida de conocimiento institucional ha golpeado especialmente a los departamentos financieros. Un estudio de 2021 realizado por la Asociación Nacional de Tesoreros Estatales encontró que el 60% de los trabajadores de finanzas públicas tienen más de 45 años, mientras que menos del 20% son menores de 35 años. La fuga de cerebros de los departamentos de finanzas se produce en el peor momento posible, ya que la financiación de subvenciones federales ha creado aún más obligaciones de información financiera que nunca. La avalancha de demanda y la disminución de la oferta han comenzado a pasar factura, ya que un número cada vez mayor de gobiernos locales se están retrasando en la publicación de sus ACFR. Combinado con el hecho muy práctico de que los responsables de la formulación de políticas necesitan datos financieros auditados para tomar decisiones de gasto informadas, este retraso en la presentación de informes financieros amenaza con traducirse en más costos para los gobiernos.

Recuperación del empleo en el gobierno local frente a la recuperación total del empleo en la fuerza laboral

El empleo de los gobiernos locales tardó más del doble de tiempo en recuperarse de la pandemia en comparación con el sector privado.

Las estadísticas actuales de empleo de la Reserva Federal de St. Louis

No es de extrañar que la mayoría de los funcionarios de finanzas de los gobiernos locales con los que hablamos hayan visto con recelo la FDTA como un requisito federal más que se les impone. Pocos han tenido tiempo de investigar sus implicaciones, y mucho menos de comenzar a elaborar estrategias para su enfoque.

Habrá que acostumbrarse, pero cumplir con la FDTA en los próximos años puede desempeñar un papel importante en la reducción de la carga de trabajo del personal del departamento de finanzas. Los funcionarios de finanzas que utilizan el cambio requerido a informes legibles por máquina como una oportunidad para reevaluar o modernizar sus sistemas de gestión financiera podrían, en última instancia, ahorrar tiempo al personal y proteger la precisión de los datos mediante la automatización de ciertos procesos.

Más allá de aliviar la carga del personal actual, la FDTA tiene importantes implicaciones para la contratación de la próxima generación de funcionarios de finanzas públicas. Los graduados de las escuelas de políticas públicas de hoy crecieron en un mundo donde la tecnología y la recopilación de datos están integradas en la vida diaria, desde aplicaciones que rastrean los ciclos de sueño hasta el comercio de moneda digital. Las encuestas han demostrado que los trabajadores de la generación del milenio y la generación Z están muy motivados por el trabajo con propósito. Aquellos que eligen el sector público a menudo están impulsados por la creencia en la misión de una agencia o la oportunidad de convertirse en parte de algo más grande que ellos mismos. Pero trabajar en el gobierno hoy en día puede significar lidiar con tecnología obsoleta, burocracia y recursos limitados y, en última instancia, puede alejar a los trabajadores que de otro modo estarían motivados.

La modernización de la forma en que accedemos a los datos financieros del gobierno contrarresta estos estereotipos y lleva este aspecto de la información gubernamental a los estándares esperados por las generaciones más jóvenes. Como lo ve Christine Kuglin, de la Universidad de Denver, tener datos más comprensibles y viables abre el mundo de las finanzas gubernamentales y el servicio público a esta generación más conocedora de la tecnología.

En el salón de clases, estoy frente a una generación de personas que se convertirán en nuestros futuros contribuyentes, contadores, ciudadanos, tomadores de decisiones. Tenemos que asegurarnos de que la información que presentamos esté modernizada y sea de fácil acceso, fácil de comparar, y que haga que se interesen en sus gobiernos estatales y locales. Es fundamental.

Conclusión

La FDTA es el mayor cambio en la información financiera del gobierno en una generación. Pero los gobiernos han pasado por transiciones igualmente difíciles y han salido mejor parados. Hace más de dos décadas, la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental implementó una regla que requería que los gobiernos mostraran el costo de sus activos de infraestructura que se depreciaban, y hubo decenas de detractores. De hecho, el director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de Finanzas Gubernamentales en ese momento sostuvo que los requisitos no proporcionan información de ningún valor práctico a los gobiernos, los ciudadanos o los inversores.

En cambio, el requisito reveló lo poco que los gobiernos habían estado invirtiendo en el mantenimiento de su infraestructura y ayudó a estimular una conversación nacional sobre nuestro déficit de infraestructura. Todavía tenemos un gran déficit de infraestructura. Sin embargo, para los contribuyentes y los funcionarios de los gobiernos locales, obtener más claridad y uniformidad en torno a esos datos financieros ayudó a crear consenso en torno a la necesidad de inversión.

La FDTA tiene este mismo potencial, pero los líderes locales y los funcionarios de finanzas no deben sentarse y esperar a que otros determinen su destino. Pueden seguir el ejemplo de algunos de sus homólogos en este libro de jugadas y ponerse en contacto con sus auditores estatales, considerar cómo sus procesos y sistemas actuales pueden (o no) adaptarse a los nuevos requisitos de presentación de informes y, lo que es más importante, pueden hacer que se escuchen sus voces a nivel federal.

Los problemas de la transición de China

Mientras lucha por dejar su hábito del carbón, el país avanza en los requisitos de transición y presentación de informes para mantenerse al día con los compromisos climáticos.

Ciertamente, la realidad no coincidió con la retórica sobre la acción climática el año pasado. Una gran cantidad de grandes petroleras retrocedieron en sus compromisos climáticos, las instituciones financieras clave comenzaron a abandonar los consorcios de acción climática y las principales economías como EE. UU. y el Reino Unido comenzaron a retroceder en sus promesas de cero emisiones netas.

China, la segunda economía más grande del mundo, no fue menos mediocre en sus promesas de abordar la crisis climática.

La generación de energía a partir del carbón en China aumentó un 12% de 2020 a 2023, lo que representa el 44% del crecimiento total de la generación de energía, según una investigación reciente del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA). Se estima que en 2023 se aprobaron 114 gigavatios (GW) de capacidad para proyectos de energía de carbón en China, con 70 GW aún en construcción.

Como resultado del aumento del uso y la inversión en carbón, China podría incumplir varios objetivos climáticos que ha establecido para 2025 a menos que se tomen medidas drásticas pronto, advirtió el CREA.

En 2021, el país se comprometió a limitar estrictamente el crecimiento del consumo de carbón y la nueva generación de energía a carbón. También estableció objetivos para aumentar la proporción de fuentes de energía de combustibles no fósiles al 20% y obtener más del 50% de este aumento en el uso de energía de fuentes renovables. Sin embargo, estos objetivos están ahora muy lejos de la marcha.

Como tal, China se enfrenta a un difícil acto de equilibrio: Está liderando el mundo, no solo Asia, en tecnología de energía limpia, al menos duplicando la capacidad de producción de energía solar, eólica, vehículos eléctricos y baterías cada dos años. Pero al igual que la mayoría de los otros mercados, China también está preocupada por la seguridad energética, especialmente porque experimentó cierres tempranos de centrales eléctricas de carbón en las provincias del norte que llevaron a escuelas y hogares a congelarse, y muertes, hace unos años.

Como resultado, el país ha seguido invirtiendo significativamente en energía de carbón, que sigue siendo un tema polémico.

El aumento de la inversión de China en carbón no significa necesariamente un aumento en el consumo de carbón para la generación de energía, ya que esta capacidad energética a menudo se usa como respaldo para la energía renovable.

Movimientos de regulación verde

En declaraciones públicas, China ha mantenido una retórica positiva sobre la acción climática. El 19 de febrero, el presidente Xi Jinping reiteró el compromiso del país con una transformación verde durante una reunión del gobierno central.

El gobierno también ha anunciado esfuerzos coordinados para reducir las emisiones de carbono, controlar la contaminación, ampliar las iniciativas ecológicas y promover el crecimiento. Como parte de estos esfuerzos, China también ha agudizado su enfoque en la regulación ecológica y ESG. En 2023, el Comité de Normas de Bonos Verdes de China emitió una serie de directrices, mientras que la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA, por sus siglas en inglés) ha propuesto formar gradualmente acuerdos de política financiera que se alineen con los objetivos climáticos e incorporen la financiación de transición. También han entrado en vigor políticas importantes, como el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de China y la Taxonomía Común China-UE-Mitigación del Cambio Climático.

Pero uno de los movimientos regulatorios más significativos se anunció el 8 de febrero, cuando la Bolsa de Valores de Shanghái, la Bolsa de Valores de Shenzhen y la Bolsa de Valores de Beijing publicaron juntas pautas de informes de sostenibilidad, actualmente sujetas a consulta pública.

Si se implementan, las nuevas normas incluirían a más de 400 empresas en el ámbito de aplicación, exigiéndoles que divulguen su gobernanza y estrategia ESG en una serie de campos, como el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la economía circular.

Las normas también exigirían la presentación de informes de alcance 3 sobre las emisiones y el impacto de una empresa en el medio ambiente y la sociedad, lo que se conoce comúnmente como «doble materialidad». La doble información relativa ya es un requisito en virtud de la Directiva de Presentación de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE, que la diferencia de las normas de divulgación establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB).

En 2022, la Comisión Reguladora de Valores de China indicó que el país adoptaría las normas de divulgación recomendadas por el ISSB, que tiene una oficina en Pekín. Si bien la consulta realizada por las tres bolsas de valores no hizo referencia explícita a la ISSB u otras normas de sostenibilidad, también mencionó que las empresas deberían utilizar normas internacionales, nacionales, industriales o locales reconocidas en sus divulgaciones.

La incorporación de las normas ISSB en el marco nacional de China proporcionaría una línea de base de información comparable que será increíblemente útil para los inversores. En una presentación a las bolsas de valores de China, AIGCC también expresó recientemente su apoyo a la doble materialidad y a la divulgación de indicadores cuantitativos, en particular.

China no ha sido líder en la adopción de estándares internacionales en el pasado. La transparencia también ha sido un problema, por lo que esta propuesta sería un paso muy positivo si se finaliza.

Financiación de la transición

Como parte de sus propuestas, las bolsas de valores de China también han incluido la divulgación de la planificación de la transición bajo los requisitos de informes de sostenibilidad, que, además de la CSRD, también forma parte de los requisitos de información bajo otros regímenes en el Reino Unido y los EE.UU.

Varias regiones, incluidas Shanghái, Huzhou, Chongqing, Hebel y Tianjin, han introducido políticas o estándares de financiación de transición, según la organización fundadora del Foro de Inversión Sostenible de China.

En 2021, el Banco Popular de China (PBoC) declaró que daría prioridad a la financiación de transición, mientras que actualmente se están elaborando normas de financiación de transición para el hierro y el acero, la energía del carbón, los materiales de construcción y la agricultura.

Mientras tanto, la ONG Climate Bonds Initiative (CBI), con sede en el Reino Unido, ha estado presionando a China sobre la financiación de la transición. Wenhong Xie, Jefe del Programa de China en el CBI, dice que si bien el país no fue uno de los primeros en adoptarlo, ahora se está produciendo un cambio.

Ha habido muchas conversaciones y reuniones con el PBoC sobre un estándar o taxonomía para la financiación de la transición, pero con algunas idas y venidas, principalmente porque necesitan coordinarse con otros ministerios. Se les está haciendo un poco difícil alinear su visión.

Relaciones internacionales

Aunque China se está moviendo para alinearse internacionalmente en finanzas verdes y ESG, históricamente, no ha dependido de la inversión extranjera para financiar su desarrollo. Las contribuciones extranjeras representan sólo alrededor del 3% de las inversiones totales de China.

Pero el objetivo del banco central chino sigue siendo atraer financiación privada, nacional y extranjera, para apoyar al país en la financiación de sus objetivos de cero emisiones netas.

Pero en un clima de tensiones internacionales latentes, muchos inversores siguen desconfiando de China, hay un libro que intenta explicar por qué la cooperación financiera entre Occidente y China era vital para resolver los desafíos de sostenibilidad del mundo, aunque aparentemente no hay una manera fácil de lograrlo.

Como la segunda reserva de capital de riqueza más grande del mundo, China debería ser técnicamente un destino de inversión atractivo. Los actores del sector financiero en Occidente siguen tratando de averiguar cómo jugar en China y evaluar elementos como cuánto vale una empresa y si podrán sacar su dinero del país. Para un país con el segundo mayor número de multimillonarios del mundo y un atractivo potencial de crecimiento, hay una carrera para aprovechar eso, a pesar de los desafíos.

China corre el riesgo de incumplir múltiples compromisos climáticos a medida que continúan las aprobaciones de energía de carbón

 Un nuevo estudio de los proyectos de energía de carbón en China muestra que se aprobaron unos 114 gigavatios (GW) de capacidad y que se iniciaron 70 GW de construcción en 2023, acelerando aún más el ritmo frenético de permitir dos nuevas centrales eléctricas de carbón y comenzar la construcción de una nueva planta por semana en 2022.

Como resultado del aumento en el uso del carbón y la inversión en energía de carbón, China corre el riesgo de no cumplir con varios objetivos climáticos que estableció para 2025, a menos que se tomen medidas drásticas pronto. En 2021, el país se comprometió a limitar estrictamente el crecimiento del consumo de carbón; el control estricto de la nueva energía del carbón; reducir la intensidad energética; y la reducción de la intensidad de carbono; También estableció objetivos para aumentar la proporción de fuentes de energía no fósiles al 20%; y obtener más del 50% del aumento en el uso de energía de fuentes renovables. Todos estos objetivos están muy lejos de la senda después de 2023.

Tras la promesa de 2021 de «controlar estrictamente» la nueva energía de carbón, las aprobaciones de nuevas centrales eléctricas de carbón se multiplicaron por 4 en 2022-23, en comparación con el quinquenio anterior de 2016-20. Desde principios de 2022, se estima que se han autorizado 218 GW de nuevas centrales eléctricas de carbón. A finales de 2023 ya se habían iniciado la construcción de 89 GW de esta capacidad, pero aún no se habían iniciado otros 128 GW.

A pesar de la retórica de que la energía del carbón desempeña un papel de «apoyo», la generación de energía a partir del carbón aumentó aproximadamente un 12 % entre 2020 y 2023, lo que representa el 44 % del crecimiento de la generación de energía. La tasa de crecimiento de la generación de energía con carbón se aceleró al 4% anual en 2021-23, desde el 3,5% en 2016-20. El crecimiento del consumo total de carbón, incluidos los usos no relacionados con el sector energético, se multiplicó por 8, pasando del 0,5 % anual en 2016-2020 al 3,8 % anual, a pesar de la promesa de «controlar estrictamente» el crecimiento del consumo de carbón.

Casi la mitad (46%) del crecimiento en el uso de energía provino del carbón y el 70% de los combustibles fósiles, frente a un objetivo de obtener más del 50% del crecimiento de las energías renovables, otro objetivo que está fuera de camino.

La proximidad de la línea límite para alcanzar el pico de emisiones de CO2 «antes de 2030» parece estar llevando a muchos actores a perseguir un rápido crecimiento de las emisiones y una ola de proyectos intensivos en carbono mientras se abre la ventana para el fracaso. El gobierno ha reconocido recientemente el retraso en el progreso de los objetivos y ha pedido un mayor control de dichos proyectos, junto con un despliegue acelerado de energías renovables, para cerrar la brecha.

Las declaraciones de los desarrolladores de energía térmica y los funcionarios del gobierno confirman que el 14º período del plan quinquenal hasta 2025 se considera una «ventana política» para las nuevas centrales eléctricas de carbón, en lugar de un período en el que los nuevos proyectos están estrictamente controlados. Esto está provocando una prisa por obtener permisos para nuevos proyectos.

La noticia positiva es que para cumplir con el objetivo de intensidad de carbono para 2025, las emisiones de CO2 y el consumo de carbón tendrán que caer en términos absolutos de 2023 a 2025. Debido a la drástica aceleración en el despliegue de energías limpias observada en 2023, esta reducción también es alcanzable, y podría poner a China en camino de alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2025, siempre que el crecimiento de la demanda de electricidad vuelva a la tendencia después de un crecimiento excepcionalmente rápido en 2021-23.

El auge de la energía del carbón en China se aceleró en 2023

Los permisos, el inicio de la construcción y la puesta en marcha se aceleraron aún más desde el ritmo frenético alcanzado en 2022. Se permitieron 114 GW, frente a los 104 GW de 2022. La construcción se inició con 70 GW, frente a los 54 GW del año anterior. Se pusieron en marcha 47 GW de capacidad de carbón, frente a los 28 GW de 2022. Con 108 GW, los anuncios de nuevos proyectos disminuyeron ligeramente, pero se mantuvieron en un nivel mucho más alto que cualquier año desde 2015 hasta 2021.

La cantidad de capacidad de energía de carbón permitida en 2022-23, 218 GW, se acerca mucho al récord de 233 GW permitido en 2014-15. Este auge de permisos fue seguido por la suspensión de 3 nuevas aprobaciones y una orden a 15 provincias para retrasar el inicio de la construcción en marzo de 2016, y nuevas medidas para detener o retrasar proyectos ya permitidos y en construcción en 2017.

Además de los inicios de la construcción, que tanto el gobierno chino como el GEM definen como el vertido del primer hormigón, una larga lista de proyectos de energía de carbón celebró «ceremonias de inicio de la construcción» que no implicaron el vertido de hormigón. Es probable que estas ceremonias se lleven a cabo para mostrar que el proyecto está progresando y, posiblemente, para asegurarse contra cualquier revisión retroactiva de los permisos.

(Las categorías no son mutuamente excluyentes: por ejemplo, las plantas que obtuvieron permisos y comenzaron a construirse en 2023H1 se incluyen en ambas categorías).

Entre las provincias chinas, Jiangsu emitió la mayor cantidad de permisos para nuevas centrales eléctricas de carbón en 2023, seguida de Shandong, Shaanxi, Hebei y Hubei. La mayoría de las plantas se pusieron en marcha en Mongolia Interior, Shaanxi, Guangdong y Hubei, y la mayoría de los nuevos proyectos se anunciaron en Mongolia Interior, Shandong, Gansu y Xinjiang.

China está lejos de cumplir con todos sus compromisos climáticos clave para 2025

La promesa de «controlar estrictamente la nueva energía de carbón» está lejos de ser el único compromiso climático que China está luchando por cumplir.

El Compromiso Determinado a Nivel Nacional de China en virtud del Acuerdo de París, actualizado en 2021, se compromete a limitar estrictamente el crecimiento del consumo de carbón, controlar estrictamente la nueva energía de carbón, reducir la intensidad energética y reducir la intensidad de carbono para 2025. Los planes quinquenales del país establecen además objetivos para aumentar la proporción de combustibles no fósiles en la combinación energética al 20% y obtener más del 50% del aumento en el uso de energía de fuentes renovables para 2025. Todos estos objetivos están muy lejos de la senda después de 2023.

Esta es una desviación del historial de China: cuando se trata de compromisos internacionales sobre el clima, se sabe que los chinos adoptan un enfoque de menos promesas y más de entregas. Los asesores del gobierno chino se enorgullecen de decir que China está definitivamente segura de que se pueden alcanzar los objetivos climáticos publicados. Los funcionarios señalan justificadamente el historial del país en el cumplimiento de los compromisos, incluso cuando han requerido medidas duras.

El crecimiento de las emisiones de CO2 de China se aceleró y el crecimiento del PIB se moderó durante y después de los años de cero COVID de 2020 a 2023. Durante este tiempo, el crecimiento económico fue impulsado por los sectores más intensivos en carbono, mientras que los sectores de servicios menos intensivos en energía se tambaleaban. En 2023, las emisiones de CO2 del sector energético aumentaron un 5,2%, según el análisis CREA de los datos oficiales preliminares sobre el consumo de energía.

La pieza central de los compromisos climáticos de China para 2020 y 2025 ha sido la reducción de la intensidad de carbono, o las emisiones de CO2 derivadas del uso de energía por unidad de PIB. Según los informes, la intensidad de carbono del país cayó un 48% entre 2005 y 2020. China se comprometió a una reducción del 18% de 2020 a 2025, y el objetivo del país para 2030 requiere una reducción adicional de al menos el 17% de 2025 a 2030.

Sin embargo, la intensidad de carbono solo ha caído un 5% entre 2020 y 2023, muy por debajo del objetivo del 18% de 2020 a 2025. En 2023, no hubo una mejora en la intensidad de CO2, ya que se registró un crecimiento del PIB del 5,2%, aumentando al mismo ritmo que las emisiones de CO2. La falta de intensidad significa que las emisiones tienen que reducirse en términos absolutos de 2023 a 2025 para que se cumpla el objetivo, a menos que el crecimiento del PIB se acelere a más del 7 % en 2024-25.

La intensidad energética aumentó un 0,5% en 2023, el primer aumento desde al menos 2005. De 2020 a 2023, la intensidad energética solo cayó un 2%. Para cumplir con el objetivo de reducción del 13,5% en la intensidad energética, el consumo de energía tendría que caer incluso bajo una aceleración significativa en el crecimiento del PIB, una combinación inverosímil. Las mejoras en la intensidad energética casi se detuvieron con la pandemia de COVID-19 en 2020, con una mejora de solo el 0,1%. Como resultado, el objetivo de intensidad energética para 2020 también se incumplió en casi 2 puntos porcentuales.

La proporción de energía no fósil solo ha aumentado 1,8 puntos porcentuales de 2020 a 2023, frente a un objetivo de aumento de 4,1 puntos porcentuales para 2025, establecido en el plan quinquenal del país. Esto significa que la tasa de aumento debe duplicarse en los próximos dos años. Si el crecimiento de la demanda de energía continúa a la tasa excepcionalmente alta de 2020 a 2023, la producción de energía no fósil debe crecer a un ritmo del 11,3 % anual, frente al 8,5 % de los últimos tres años para cumplir el objetivo. Por otra parte, la tasa de crecimiento del consumo de energía tiene que ralentizarse hasta su media anterior a la COVID.

Solo el 30% del crecimiento del consumo de energía ha provenido de las energías renovables entre 2020 y 2023, con el objetivo de superar el 50% para 2025. Es muy poco plausible alcanzar este objetivo sin una desaceleración en el crecimiento del consumo de energía, ya que el crecimiento de la producción de energía renovable tendría que acelerarse al 20% anual, desde el 8,9% en los últimos tres años.

A pesar de la promesa de «limitar estrictamente» el crecimiento del consumo de carbón, la tasa de crecimiento se multiplicó por 8, pasando del 0,5% en 2016-20 al 3,8% en 2020-23.

El auge de la energía del carbón conducirá a un exceso de capacidad y complicará la transición energética de China

El consumo de carbón del sector energético de China tiene que caer sustancialmente en los próximos dos años para permitir que el país cumpla sus objetivos climáticos para 2025. A partir de entonces, China se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y a reducir el consumo de carbón en el período 2026-30. En la declaración climática de las tierras soleadas entre Estados Unidos y China, el país también se comprometió a lograr «una reducción significativa de las emisiones absolutas del sector eléctrico después de alcanzar el pico en la década de 2020». Después de 2030, se prevé que las emisiones de CO2 disminuyan de forma ordenada para 2035.

Estos compromisos dejan poco o ningún espacio para que la generación de energía a carbón aumente en cualquier escala de tiempo, y requieren una reducción significativa en los próximos 10 años para encaminarse hacia la neutralidad de carbono.

Al mismo tiempo, China tiene aproximadamente 284 GW permitidos y en construcción, y otros 123 GW en preparación. Las jubilaciones casi se han detenido y no hay ningún plan para 13 hacer frente a este exceso de capacidad mediante la retirada masiva de las plantas más antiguas.

Las trayectorias de neutralidad de carbono generalmente proyectan la generación de energía a carbón por debajo de los 4000 TWh en 2035, frente a los 5200 TWh en 2023. Si se completan las nuevas plantas y los retiros continúan al ritmo actual, la capacidad de energía a carbón de China podría alcanzar los 1400-1500 GW, mientras que la utilización caería del 51% en 2023 a menos del 30% en 2035.

China ha pasado los últimos siete años digiriendo el exceso de capacidad de la ola de permisos de 2015. La generación de energía a partir de carbón siguió creciendo rápidamente durante este período. A medida que la generación de energía a partir del carbón comience a disminuir, lidiar con el exceso de capacidad será mucho más difícil.

¿Qué hay detrás de la campaña por más energía de carbón?

Las declaraciones de los desarrolladores de energía térmica y los funcionarios del gobierno confirman que el 14º período del plan quinquenal hasta 2025 se considera una «ventana política» para las nuevas centrales eléctricas de carbón, en lugar de un período en el que los nuevos proyectos están estrictamente controlados. Esto está provocando una prisa por obtener permisos para nuevos proyectos. El subgerente de China Shenhua destacó que «el 14º quinquenio es un momento oportuno para la construcción de energía térmica, por lo que el gasto de capital de la compañía en los próximos tres años se centra principalmente en esta área». El supervisor de la empresa estatal de la provincia se jacta de que Inner Mongolia Energy Group «ha logrado un buen comienzo» en 2023 y «ha aprovechado la ventana política» para los proyectos de energía de carbón, concentrando esfuerzos y recursos en estas iniciativas. La Oficina de Energía de Zhejiang hizo hincapié en aprovechar la ventana de tiempo para la construcción de energía térmica durante el 14º período de cinco años. Power China ha confirmado oficialmente los rumores del plan de «tres 80 GW», con el objetivo de aprobar y poner en marcha 80 GW anuales de 2022 a 2024, con un total previsto de 200 GW. El vicepresidente de la compañía pidió esfuerzos conjuntos con los funcionarios del gobierno local para «aprovechar la ventana de desarrollo de energía de carbón de 30 80 GW de manera efectiva».

¿Por qué los planificadores chinos están promoviendo la construcción de energía a carbón a pesar del problema obvio del exceso de capacidad en el futuro? El problema fundamental es la gestión rígida y obsoleta de la red. China tiene capacidad más que suficiente para cubrir la demanda de electricidad en todas las circunstancias, pero no se utiliza de manera eficiente, especialmente a través de las fronteras provinciales.

A nivel nacional, la demanda máxima de energía de China fue de 1340 GW en el verano de 2023. El país cuenta con 1390 GW de energía térmica, 420 GW de energía hidroeléctrica y 57 GW de energía nuclear, para un total de 1870 GW de capacidad de generación controlable (despachable). Esto significa que, actualmente, la capacidad despachable supera la carga máxima en un 40%, cuando en una red bien gestionada, alrededor del 15% sería suficiente. Sin embargo, hay preocupaciones recurrentes sobre la escasez de energía6 en el verano, lo que demuestra la incapacidad de hacer un uso eficiente de la capacidad existente.

En cuanto a la capacidad en desarrollo, hay 170 GW de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo en construcción y las adiciones de capacidad de almacenamiento en baterías alcanzaron los 22 GW en 2023, más del doble que el año anterior. Combine esto con los 280 GW de energía de carbón permitidos y en construcción, y la capacidad operativa despachable de China podría alcanzar los 2300 GW en 3-4 años, mientras que la carga máxima superaría los 1600-1700 GW, suponiendo un crecimiento anual del 6%.

Si bien no es realista que un país del tamaño de China funcione como una red nacional, el panorama es similar para la mayoría de las regiones de la red, como se muestra en nuestro análisis anterior. Más del 50% de los 20 proyectos permitidos y el 75% de las centrales eléctricas de carbón puestas en marcha en 2023 se encontraban en regiones que ya tienen un exceso de capacidad en energía de carbón.

Construir y mantener esta vasta capacidad de energía es un gran lastre económico. Frenar la nueva energía de carbón podría reducir los riesgos nacionales de activos varados entre 120.000 y 350.000 millones de yuanes, según un estudio de la universidad Renmin.

«De eso nos ocuparemos más tarde»

Los responsables políticos de China han tratado de reconciliar la construcción de nueva energía de carbón ahora con los objetivos de neutralidad de carbono y de CO2, que requieren una fuerte reducción de la generación de energía a carbón durante la próxima década, mediante la introducción de un nuevo eslogan. Varias provincias, incluidas Guangdong, Shandong y Jiangsu, han aprobado nuevos proyectos de energía de carbón bajo el lema de «construir primero y modificar después». Esta frase sugiere que el riesgo de activos varados se abordará a través de algunas «modificaciones» futuras, en gran medida no especificadas.

Sin embargo, no existe una política que establezca cuáles podrían ser las modificaciones que resolverían esta contradicción, y no hay requisitos técnicos para las centrales eléctricas construidas bajo este lema que difieran de los estándares generales de las centrales eléctricas de carbón en cuanto a flexibilidad, eficiencia térmica u otros parámetros. En general, se cree que las modificaciones comprenden una mejora de la eficiencia térmica y la flexibilidad, pero no la CCUS. Tales reacondicionamientos podrían conducir a una reducción de la eficiencia térmica debido a tasas de operación más bajas y variadas, aumentar los costos operativos en más del 30% y acelerar el envejecimiento de los equipos.

Pequeños pasos adelante para la CCUS

Un posible factor atenuante es que los primeros proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) en las centrales eléctricas de carbón han comenzado a avanzar. El primer proyecto comenzó a operar en la central eléctrica de Taizhou de 2 GW en Jiangsu, y al menos dos más están en construcción. Central eléctrica de Shanwei Haifeng, Guangdong 2,1 GW: 1 Mt, EOR en alta mar. Central eléctrica de Gansu Zhengning 2GW: 1,5 Mt, EOR. Taizhou captura 0,5 millones de toneladas de CO2 al año 26, mientras que Shanwei Haifeng planea capturar 1 millón de toneladas y Gansu Zhengning 1,5 millones de toneladas. Esto es una fracción de las emisiones totales de CO2 de cada planta, aproximadamente entre el 5 y el 20%. Los casos de uso reflejan el hecho de que no existe un incentivo económico significativo para el almacenamiento de carbono en este momento: el proyecto Taizhou vende CO2 a usos industriales, que es un mercado muy limitado. Los otros dos proyectos suministran CO2 para mejorar la recuperación de petróleo, que todavía está ligada a la producción de combustibles fósiles.

En principio, la captura y almacenamiento de carbono podría permitir que las centrales eléctricas de carbón funcionen bajo la trayectoria de emisiones requerida para cumplir el objetivo de neutralidad de carbono, pero los costos son muy altos en comparación con otras fuentes de energía bajas en carbono.

La energía del carbón no ha pasado a desempeñar un papel de «apoyo»

La política oficial sobre la energía del carbón es que la energía limpia debe convertirse en el «pilar» del sistema eléctrico, mientras que el carbón pasa a desempeñar un papel de «apoyo». No deben permitirse nuevas centrales eléctricas de carbón para la generación de energía a granel, sino únicamente para apoyar la estabilidad de la red y la integración de las energías renovables.

Lo que hace que el resurgimiento de la construcción de plantas de carbón sea notable es que va en contra de una promesa política que el presidente Xi Jinping anunció personalmente. Apenas unos meses antes de que comenzara la actual ola de energía, Xi se comprometió a «controlar estrictamente los nuevos proyectos de generación de energía a carbón» en China. Este nuevo objetivo político se dio a conocer en un evento organizado por la Casa Blanca: la Cumbre de Líderes sobre el Clima en abril de 2021, convocada por el presidente Biden.

Después del compromiso de «controlar estrictamente» los nuevos proyectos de energía de carbón, los principales líderes de China enviaron inspectores a la Administración Nacional de Energía (NEA), amonestando a la agencia por no controlar la nueva acumulación de energía de carbón, entre otras cosas. Como respuesta al informe de los inspectores, la NEA introdujo una política que establecía condiciones estrictas para los nuevos proyectos de energía de carbón. No se permitirán nuevas plantas con el propósito de «generación de energía a granel», sino solo para funciones de «apoyo»: apoyar la estabilidad de la red y apoyar la integración de energía renovable variable en la red.

Sin embargo, una evaluación de los proyectos de energía de carbón permitidos en 2022-23 deja en claro que esta política no se está aplicando.

● Las provincias que construyen la mayor parte de la nueva energía de carbón han estado obteniendo la mayor parte de su nueva generación de energía a partir del carbón y no lo están utilizando para «apoyar» una acumulación proporcionalmente grande de energía limpia

● La mayoría de los proyectos se encuentran en provincias que no tienen escasez de capacidad de generación para satisfacer los picos de demanda

● La mayoría de las nuevas ubicaciones de proyectos ya tienen energía de carbón más que suficiente para «respaldar» la capacidad eólica y solar existente y planificada.

Esto demuestra que la retórica de que «la energía del carbón desempeña un papel secundario» carece de fundamento.

Un ejemplo de cómo el «papel de apoyo» de la energía del carbón se utiliza como cortina de humo es la provincia de Anhui. Inicialmente, la provincia aprobó proyectos de energía de carbón «de apoyo» sin especificar lo que se suponía que debían «apoyar», y mucho menos proporcionar una evaluación de por qué se necesitaría esta capacidad adicional. Como una aparente ocurrencia tardía, la provincia emitió recientemente un aviso alentando a los desarrolladores de estos «proyectos de apoyo a la energía de carbón 30» a desarrollar también proyectos eólicos y solares combinados y ofreciendo recompensas por hacerlo. Este enfoque difumina las líneas entre si la nueva energía del carbón está destinada a apoyar la energía renovable o si, por el contrario, son las energías renovables las que proporcionan legitimidad nominal para la construcción de nueva energía de carbón.

Las principales provincias que desarrollan nuevas centrales eléctricas de carbón tienen una combinación energética en la que las fuentes de energía renovables variables (eólica y solar) representan menos del 25% de la combinación de generación, y la energía térmica representa al menos el 75%. A estos niveles, definitivamente no debería ser necesaria energía térmica adicional para permitir la construcción de energía renovable.

Cumplir con los compromisos de 2025 es posible, pero requiere una acción decidida

Es posible que China cumpla con los compromisos que ha asumido para 2025, incluido el «control estricto de la nueva energía de carbón», la reducción de la intensidad de CO2 y la obtención de la mitad del nuevo suministro de energía de fuentes renovables. Sin embargo, a menos de dos años de la celebración de los objetivos, el cumplimiento de los objetivos requiere una acción inmediata y decidida. Las acciones requeridas incluyen:

● Continuar con el despliegue de energía limpia y almacenamiento: esto logrará compromisos sobre la reducción de la neutralidad de carbono, la participación de la energía no fósil, la contribución de las energías renovables al crecimiento del consumo de energía y el control del crecimiento del consumo de carbón.

● Llevar a cabo reformas del mercado eléctrico para reducir la necesidad de «apoyar» la energía del carbón.

● Introducir un mecanismo de mercado de capacidad competitivo que permita a diversos proyectos energéticos (incluidos el carbón, el gas, el almacenamiento y las energías renovables) competir por los pagos por capacidad, posiblemente con una prima para las soluciones con bajas emisiones de carbono. Abandonar los pagos generales a todas las centrales eléctricas de carbón, independientemente de los requisitos de capacidad evaluados objetivamente en la red.

● Hacer cumplir estrictamente la política de permitir solo la energía de carbón «de apoyo» y revisar los permisos que ya se han otorgado.

La SEC publica preguntas frecuentes sobre informes personalizados para accionistas

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha publicado una serie de preguntas frecuentes sobre informes personalizados para accionistas (TSR), que ofrecen información sobre aspectos clave del cumplimiento. Esta última actualización proporciona orientación en anticipación a la próxima fecha límite de cumplimiento el 24 de julio de 2024.

Esta regla, introducida en octubre de 2022, exige que los fondos abiertos preparen informes anuales y semestrales que sean simplificados, concisos, visualmente atractivos y, en particular, etiquetados con Inline XBRL. Dirigida a abordar el desafío de comprender informes extensos para los accionistas, que a menudo superan las 100 páginas, la norma es un esfuerzo encomiable para ayudar a los inversores minoristas a tomar decisiones informadas.

Informes personalizados para accionistas Preguntas frecuentes

El personal de la División de Gestión de Inversiones ha preparado las siguientes respuestas a las preguntas relacionadas con la adopción de enmiendas a las reglas y los formularios en octubre de 2022 para exigir que los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa (en conjunto, “fondos”) transmitan información anual concisa y visualmente atractiva. e informes semestrales a los accionistas (colectivamente, “informes para los accionistas”) según la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 (la “Ley”) y para promover presentaciones transparentes y equilibradas de honorarios y gastos en los anuncios de las sociedades de inversión.

El personal puede actualizar esta información de vez en cuando para incluir respuestas a preguntas adicionales. Estas respuestas representan las opiniones del personal de la División de Gestión de Inversiones. No son reglas, regulaciones o declaraciones de la Comisión, y la Comisión no ha aprobado ni desaprobado estas preguntas frecuentes ni las respuestas a estas preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes, como todas las declaraciones del personal, no tienen fuerza ni efecto legal: no alteran ni modifican la ley aplicable y no crean obligaciones nuevas o adicionales para ninguna persona.

Índice de mercado de valores de base amplia adecuado

Las reglas finales requieren que un fondo muestre su desempeño frente a un “índice apropiado del mercado de valores de base amplia”, que se define como “los mercados de valores o deuda nacionales o internacionales aplicables en general, según corresponda”. Como declaró la Comisión en el comunicado de adopción, la definición de «índice de mercado de valores de base amplia apropiado» está diseñada para garantizar que el índice represente razonablemente el mercado aplicable, para proporcionar a los inversores información sobre cómo se relaciona el rendimiento del fondo con el desempeño del mercado en general.

  1. P. ¿Un índice de renta fija o de acciones que pertenezca a un grupo de países (como Europa o Asia), un grupo de países que excluya a uno o varios países específicos (como Asia que excluya a Japón), o un grupo de mercados con intereses compartidos? ¿Cuáles son las características (como los mercados emergentes o los mercados desarrollados) que califican como un índice de mercado de valores de base amplia adecuado?

R. Como lo indicó la Comisión en el comunicado de adopción, para un fondo que invierte principalmente en valores de renta variable de un país no estadounidense, un índice que represente el mercado de acciones general del país no estadounidense calificaría como un índice de valores de base amplia apropiado. índice de mercado. De acuerdo con esta guía, el personal cree que un índice que pertenece al mercado de renta variable o de renta fija de un grupo de países, un grupo de países que excluye a uno o varios países específicos, o un grupo de países con características compartidas, como los mercados emergentes o mercados desarrollados, podría calificarse como un índice apropiado del mercado de valores de base amplia siempre que el índice represente el mercado internacional de acciones o deuda aplicable en relación con las inversiones del fondo.

  1. P. ¿Puede un fondo que invierte principalmente en valores municipales exentos de impuestos, incluido un fondo que invierte principalmente en valores municipales de un solo estado, utilizar un índice que refleje el mercado nacional de valores municipales como su índice de mercado de valores de base amplia apropiado?

R. Sí. Los valores municipales presentan circunstancias únicas. En el comunicado de adopción, la Comisión proporcionó ejemplos de índices que no calificarían como índices apropiados del mercado de valores de base amplia, incluido el ejemplo de un fondo que invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de atención médica y que presenta su desempeño frente a un punto de referencia que consiste únicamente en servicios de atención médica. empresas (es decir, un subconjunto del mercado de valores estadounidense en general). La Comisión también afirmó que no cree que los índices que incluyen características como “crecimiento”, “valor”, “ESG” o “pequeña o mediana capitalización” representen el mercado en general. En opinión del personal, estos ejemplos se pueden distinguir de un índice que representa el mercado nacional de valores municipales.

En opinión del personal, debido a que los ingresos de los bonos municipales generalmente están libres del impuesto federal sobre la renta (y, en algunos casos, libres del impuesto sobre la renta estatal y local), los bonos municipales exentos de impuestos son distintos de otros tipos de valores de renta fija. Debido a esta distinción, el mercado nacional de valores municipales puede entenderse como un mercado global independiente y no como un subconjunto del mercado de renta fija en sentido más amplio. Por lo tanto, en opinión del personal, un índice que represente el mercado nacional de valores municipales representaría el mercado general de estos valores.

Formulario N-CSR y requisitos de disponibilidad del sitio web

  1. P. Como reconoció la Comisión en el comunicado de adopción, algunos fondos no preparan estados financieros separados (Punto 7(a) del Formulario N-CSR según enmendado) para cada serie de un fideicomiso. En el comunicado de adopción, la Comisión declaró que a un fondo se le permitiría preparar y presentar estados financieros combinados que incluyan múltiples series o carteras en un fideicomiso para satisfacer el Artículo 7 del Formulario N-CSR enmendado, siempre que dicha presentación de estados financieros sea consistente con la Regulación SX. Por lo tanto, las respuestas a elementos individuales del Formulario N-CSR podrían incluir respuestas con respecto a múltiples series o carteras en un fideicomiso.

Además de este método de presentación, podría ser operativamente eficiente para un solo fondo, varias series de un fideicomiso o un fideicomiso completo preparar su presentación del Formulario N-CSR combinando respuestas a múltiples elementos del formulario. ¿Estaría esto permitido y bajo qué circunstancias estaría permitido? Por ejemplo, si un fideicomiso tiene tres series (Fondo A, B o C), el fideicomiso podría, entre otras cosas, preparar la información del Formulario N-CSR de la siguiente manera:

  1. Fondo A (Artículos 7-11); Fondo B (Artículos 7-11); Fondo C (Artículos 7 a 11), todos bajo el Artículo 7.
  2. Tema 7 (Fondo A, B, C); Tema 8 (Fondo A, B, C); Tema 9 (Fondo A, B, C); Tema 10 (Fondo A, B, C); Punto 11 (Fondo A, B, C), ¿todos bajo el Punto 7?

R. Sí.

En el comunicado de adopción, la Comisión no abordó las prácticas de preparación y presentación del Formulario N-CSR que implican combinar respuestas a múltiples elementos del formulario. Sin embargo, la Autorización de Adopción analiza la presentación de la información del Formulario N-CSR en línea para satisfacer los requisitos de la regla 30e-1(b) de la Ley. La versión de adopción establece que los fondos tendrán la opción de satisfacer el requisito de disponibilidad del sitio web para la información que el fondo tendrá que presentar recientemente en el Formulario N-CSR al publicar su informe más reciente del Formulario N-CSR en su totalidad en el sitio web del accionista. informe especifica. De acuerdo con la versión de adopción, la presentación en línea puede agruparse por tipo de materiales (es decir, los diferentes elementos de contenido que deben estar disponibles en línea, como los estados financieros de fondos) y/o por series, siempre que esta información cumpla con ciertos requisitos de presentación. , incluyendo que la información agrupada:

  1. Se presenta en un formato diseñado para comunicar la información de manera efectiva;
  2. Distingue claramente los diferentes tipos de materiales y/o cada serie, según corresponda; y
  3. Proporciona un medio para localizar fácilmente la información relevante, incluyendo, por ejemplo, una tabla de contenidos que incluye hipervínculos a los materiales y series especificados.

Cuando los fondos presentan presentaciones combinadas del Formulario N-CSR que incluyen series múltiples, la autorización de adopción establece que la información contenida en estas presentaciones del Formulario N-CSR también deberá cumplir con estos requisitos de presentación. Por lo tanto, el personal cree que una respuesta combinada a múltiples elementos del Formulario N-CSR (por ejemplo, que cubra los Elementos 7 a 11) generalmente sería apropiada si esta respuesta combinada satisface los tres requisitos para información agrupada en el contexto de las obligaciones de disponibilidad del sitio web.

  1. Q. La Regla 30e-1 de la Ley establece que, para cumplir con sus obligaciones bajo la sección 30(e) de la Ley, un fondo debe hacer que ciertos materiales sean accesibles al público, de forma gratuita, en la dirección del sitio web especificada al comienzo de su accionista. informe. Cuando este requisito se aplica a un emisor de anualidades variables o compañías de seguros de vida variables (colectivamente, “emisor de contratos variables”), ¿Dónde deben estar disponibles los materiales requeridos para los fondos que son opciones de inversión subyacentes al contrato variable (“fondos subyacentes”)? Es decir, ¿deberían aparecer los materiales requeridos del fondo subyacente en el sitio web del emisor del contrato variable o en el sitio web del fondo?

R. En opinión del personal, los materiales podrían aparecer en el sitio web del emisor del contrato variable o en el sitio web del fondo. Ni la regla 30e-1 ni el Formulario N-1A incluyen requisitos expresos respecto de la entidad que debe albergar los materiales requeridos del fondo. El personal reconoce que, como cuestión práctica, si varios emisores de contratos variables (por ejemplo, Emisor A, Emisor B y Emisor C) permiten que el valor del contrato se asigne al mismo fondo subyacente, puede ser más eficiente para los materiales de fondo requeridos. aparecer en el sitio web del fondo subyacente en lugar de en los sitios web de los emisores de contratos variables. Por ejemplo, si los materiales del fondo aparecieran en los sitios web de los Emisores A, B y C, esto efectivamente requeriría que el comienzo del informe para accionistas del fondo subyacente enumerara varios sitios web en lugar de solo enumerar el sitio web del fondo subyacente. Y se necesitarían varios sitios web (los sitios web de los Emisores A, B y C) para alojar materiales para el mismo fondo subyacente.

  1. P. ¿Puede un fondo que está registrado conforme a la Ley, pero que ofrece y vende sus valores sin registro en virtud de la regla 506 de la Regulación D bajo la Ley de Valores de 1933 y/o la sección 4(a)(2) de la Ley de Valores? de 1933, publicar la información del Formulario N-CSR requerida según la regla enmendada 30e-1 sin violar la prohibición de solicitación y publicidad general en la regla 502 (c) de la Regulación D?

R. Sí. El personal no consideraría el cumplimiento del requisito de publicar información del Formulario N-CSR en línea según la regla 30e-1 enmendada como una violación de la regla 502(c) del Reglamento D, siempre que el fondo publique solo la información requerida por la regla y no utiliza su sitio web para ofrecer o vender valores o de una manera que se considere una solicitud o publicidad general para ofertas o ventas de sus valores.

Informes vinculantes para accionistas individuales de múltiples fondos

  1. P. Cuando un inversionista ha invertido en múltiples fondos (o en múltiples clases de acciones de fondos), o un inversionista de contrato variable ha asignado el valor del contrato a múltiples fondos subyacentes, los informes de los accionistas individuales de cada uno de estos fondos (o, según corresponda, (clases de acciones) ¿deben encuadernarse, graparse o coserse para su transmisión al inversor?

R. Sí. Bajo las circunstancias descritas en esta pregunta, en opinión del personal, esta práctica sería consistente con la Instrucción 4 del Ítem 27A(a) del Formulario N-1A, y también sería consistente con la discusión de la Comisión sobre los informes de accionistas de series múltiples en el Adoptando la versión. La Instrucción 4 establece que un fondo debe preparar un informe de accionistas separado para cada serie de un fondo, y si una serie tiene múltiples clases, preparar un informe de accionistas separado para cada clase dentro de la serie.

En opinión del personal, esta práctica no plantea las mismas preocupaciones sobre los informes de accionistas de series múltiples que la Comisión analizó en el comunicado de adopción. Las preocupaciones de la Comisión abordan circunstancias en las que: (1) un informe de accionistas aborda múltiples fondos y/o clases de acciones; y/o (2) un inversionista recibe información sobre múltiples fondos, pero en realidad no está invertido en todos estos fondos. Estas preocupaciones no abordan circunstancias en las que un inversionista realmente invierte (o en el caso de un contrato variable, ha asignado valor del contrato a) múltiples fondos cuyos informes individuales de los accionistas están encuadernados, grapados o unidos.

En general, un fondo debería considerar incluir una tabla de contenido en cualquier informe de accionistas encuadernado, grapado o cosido para facilitar el uso de los inversores.

Informes de accionistas proporcionados electrónicamente

  1. P. Cuando un emisor de contrato variable entrega un informe electrónico anual o semestral para accionistas (colectivamente, “informes para accionistas”) de un fondo que está disponible como una opción de inversión subyacente al contrato variable (un “fondo subyacente”) a un accionista de fondo ¿Quién ha optado por la entrega electrónica de los documentos del fondo, debe el informe del accionista cumplir con los requisitos de hipervínculo según la Instrucción 9 al Ítem 27A(a) del Formulario N-1A? ¿Se cumplirían las obligaciones de un emisor de contrato variable según la regla 30e-2 de la Ley si el informe de accionistas del fondo subyacente que entrega incluye un hipervínculo obsoleto o inexacto?

R. Sí. Las disposiciones relativas a facilitar el acceso, incluidos los hipervínculos, en la Instrucción 9 del Ítem 27A(a) del Formulario N-1A son aplicables a cualquier informe de accionistas que se publique en un sitio web o se proporcione de otro modo electrónicamente. En la medida en que la dirección del sitio web en el hipervínculo se vuelva obsoleta o sea inexacta, la regla 30e-1 de la Ley incluye un puerto seguro que establece que un fondo habrá cumplido con sus obligaciones de transmitir informes a los accionistas incluso si no cumplió con los requisitos de publicación. de la norma por un período temporal. Como se indica en la autorización de adopción, para poder confiar en este puerto seguro, un fondo tendrá que contar con procedimientos razonables para ayudar a garantizar que los materiales requeridos aparezcan en línea de la manera requerida por la regla, y debe tomar medidas inmediatas para corregir incumplimiento de los requisitos de disponibilidad del sitio web de la norma.

  1. P. Si un fondo subyacente ha elegido incluir cualquiera de las herramientas en línea descritas en la Instrucción 8 del Ítem 27A(a) del Formulario N-1A en un informe para accionistas proporcionado electrónicamente, ¿el emisor del contrato variable debe entregar una versión del informe para accionistas que ¿Incluye estas herramientas opcionales en línea?

R. No. Las obligaciones de un emisor de contrato variable según la regla 30e-2 de la Ley no requieren la transmisión de un informe de accionistas que incluya el contenido opcional que el fondo subyacente elige incluir según el Artículo 27A del Formulario N-1A. Las Reglas 30e-2 y 30e-1, en conjunto, requieren la transmisión de informes que contengan la información que debe incluirse en dichos informes mediante el formulario de declaración de registro de la empresa según la Ley.

  1. P. Para los inversores que han elegido recibir sus informes para accionistas a través de entrega electrónica, ¿existen métodos para utilizar medios electrónicos para transmitir el informe para accionistas (además de enviar un correo electrónico que incluya el cuerpo del informe para accionistas completo y personalizado) que sean consistentes con ¿Los requisitos de la Instrucción 4 del Artículo 27A(a) del Formulario N-1A para que un fondo entregue directamente a un inversionista su informe de accionistas específico sobre el fondo y la clase de acciones? Específicamente, ¿podría un fondo enviar un correo electrónico o transmitir electrónicamente una notificación a los inversores que incluya enlaces directos a los informes de accionistas de los fondos y las clases de acciones que posee el inversor? ¿Podría un fondo enviar un correo electrónico, o transmitir electrónicamente de otro modo una notificación a los inversores, que especifique los fondos y las clases de acciones del inversor e incluya un enlace que dirija al inversor a una página de inicio del sitio web que incluya enlaces directos limitados? al informe de accionistas de los fondos y clases de acciones que posee el inversor?

R. Sí, cada uno de los enfoques descritos anteriormente sería coherente con los requisitos de la Instrucción 4 del Ítem 27(a) del Formulario N-1A para que un fondo entregue directamente a un inversionista su informe de accionistas específico sobre el fondo y la clase de acciones.

Fecha de cumplimiento y problemas de XBRL en línea

  1. P. El comunicado de adopción establece que todos los informes de accionistas de los fondos registrados en el Formulario N-1A deben cumplir con las nuevas modificaciones si se transmiten a los accionistas a partir de la fecha de cumplimiento del 24 de julio de 2024. Si el informe de accionistas de un fondo se transmite a accionistas antes de la fecha de cumplimiento, pero el Formulario N-CSR se presenta ante la Comisión después de la fecha de cumplimiento, ¿el Formulario N-CSR tendría que incluir el nuevo informe personalizado para los accionistas en la presentación?

R. No. El punto 1 del Formulario N-CSR requiere que los fondos incluyan una copia del informe anual que se transmitió a los accionistas de conformidad con la regla 30e-1. Por lo tanto, de conformidad con este requisito, los fondos deben incluir el informe que realmente se transmitió a los accionistas, independientemente de si el Formulario N-CSR se presenta antes o después de la fecha de cumplimiento.

  1. P. ¿En qué fecha será necesario etiquetar los informes personalizados para los accionistas utilizando la taxonomía OEF? ¿Se requerirá que cualquier informe personalizado para accionistas que se presente en el formulario N-CSR a partir de la fecha de cumplimiento del 24 de julio de 2024 esté etiquetado utilizando Inline XBRL?

A. El contenido de los informes de los accionistas incluidos en el Formulario N-CSR que se transmiten a los accionistas a partir del 24 de julio de 2024 deben etiquetarse utilizando Inline XBRL.

  1. P. Cuando un emisor presenta un Formulario N-CSR modificado (N-CSR/A), y el Formulario N-CSR presentado originalmente incluía múltiples informes personalizados para los accionistas en respuesta al Punto 1 del formulario, pero el emisor modifica solo uno personalizado informe de accionistas, ¿puede el emisor solo volver a etiquetar y volver a presentar el informe de accionistas personalizado modificado en respuesta al punto 1 del formulario N-CSR/A?

R. En estas circunstancias, sería razonable, en opinión del personal, que la presentación del Formulario N-CSR/A incluya una versión completa del informe de accionistas personalizado modificado, con todos los elementos de ese informe de accionistas (no solo aquellos elementos que han sido modificado) etiquetado en Inline XBRL.

La EBA responde a la dinámica del mercado con requisitos revisados de presentación de informes sobre el riesgo de mercado

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha anunciado modificaciones sustanciales a los requisitos de información sobre el riesgo de mercado, en gran medida en reconocimiento de la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB) de la UE. Las actualizaciones están diseñadas para alinear los estándares de presentación de informes con la dinámica del mercado y los marcos regulatorios en evolución.

Como parte de estas revisiones, la EBA ha perfeccionado la información que debe presentarse sobre los requisitos de fondos propios según enfoques alternativos. En particular, ha introducido un mecanismo integral de presentación de informes para las reclasificaciones de instrumentos entre los libros regulatorios. Estos ajustes estratégicos tienen como objetivo mejorar la transparencia y precisión en la presentación de informes, ofreciendo una visión más granular de las exposiciones al riesgo de mercado.

Las normas técnicas de modificación publicadas por la EBA están diseñadas para complementar la información de alto nivel existente sobre el método estándar alternativo (ASA), que ha estado en vigor desde 2021. Las nuevas normas proporcionan más detalles sobre los instrumentos y posiciones que se incluyen en el ASA. junto con un resumen y un desglose detallado de aquellos cubiertos por el enfoque de modelo interno alternativo (AIMA).

El cronograma para los requisitos de presentación de informes revisados, excluidas las reclasificaciones, está establecido para su implementación a partir del período de presentación de informes que comienza el 31 de marzo de 2025, dando a las instituciones financieras un año para alinear sus prácticas de presentación de informes con los nuevos estándares.

Los participantes del mercado pueden anticipar el modelo de puntos de datos actualizado, las reglas de validación y la taxonomía XBRL, que se publicarán como parte de la versión v3.5 del marco de presentación de informes de la EBA.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado hoy el proyecto final de Normas Técnicas de Regulación (RTS) y el proyecto final de Normas Técnicas de Implementación (ITS) sobre el funcionamiento de los colegios de supervisores en virtud de la Directiva sobre Requisitos de Capital (CRD). Las normas técnicas, adoptadas en 2015, se han actualizado para reflejar los nuevos requisitos establecidos en la CRD V y el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR 2), así como para tener en cuenta la actividad continua de seguimiento de colegios de la EBA y las lecciones aprendidas de la implementación de las normas. Las normas actualizadas tienen como objetivo garantizar un marco común de la UE para los colegios de supervisores y promover una supervisión más eficiente y eficaz de los grupos bancarios transfronterizos.

Las enmiendas clave incluyen:

  • un mayor intercambio de información dentro del colegio, así como con los observadores, en situaciones de negocio en funcionamiento y de emergencia;
  • identificación efectiva de riesgos emergentes en caso de un evento de impacto material adverso en el perfil de riesgo del grupo o sus entidades;
  • uso adecuado de la posibilidad de “encomienda de tareas y delegación de responsabilidades”, cuando facilita la supervisión eficiente y efectiva de los grupos bancarios transfronterizos.

Base jurídica y antecedentes

Estos proyectos finales de normas técnicas se han desarrollado de conformidad con el artículo 51(4)-(5) y el artículo 116(4)-(5) de la Directiva 2013/36/UE, que obliga a la ABE a desarrollar proyectos de RTS que especifiquen las condiciones generales. de funcionamiento de los colegios de supervisores, así como el proyecto de ITS que determinan el funcionamiento operativo de los colegios de supervisores.

En vista de los considerables cambios, las actuales RTS e ITS sobre colegios de supervisores, adoptadas por la Comisión Europea en 2015, serán derogadas tan pronto como se publiquen las nuevas.

Proyectos de normas técnicas de regulación sobre las condiciones generales de funcionamiento de los colegios de supervisores con arreglo al artículo 51, apartado 4, y al artículo 116, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital – DRC V)

y

Proyectos de normas técnicas de ejecución sobre el funcionamiento operativo de los colegios de supervisores con arreglo al artículo 51, apartado 5, y al artículo 116, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital – DRC V)

En enero de 2016, la Comisión Europea publicó el Reglamento Delegado (UE) 2016/98 de la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/99 de la Comisión, de 16 de octubre de 20151, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva sobre los derechos de los consumidores 51, apartado 4, 116, apartado 4, y 51, apartado 5, y 116, apartado 5, respectivamente, y 116, apartado 5, que especifican el funcionamiento de los colegios de supervisores. El Reglamento Delegado de la Comisión específica las condiciones generales para la creación y el funcionamiento de los colegios de supervisores sobre la base de las normas técnicas de regulación elaboradas por la ABE (RTS sobre colegios de supervisores), y el Reglamento de Ejecución establece procedimientos importantes para estructurar y facilitar la interacción y la cooperación entre el supervisor en base consolidada y las autoridades competentes pertinentes sobre la base de las normas técnicas de ejecución presentadas por el EBA (ITS sobre colegios de supervisores).

Desde entonces, el marco jurídico en relación con los bancos y las empresas de inversión se ha desarrollado en la DRC V2 y la RRC 2, así como en la Directiva sobre Mercados Internacionales / Normas Internacionales de Inversión, y estos avances exigen la actualización de la RTS y la STI sobre los colegios de supervisores. A partir de ahora, otras autoridades competentes participarán en los colegios de supervisores, teniendo en cuenta las nuevas competencias directas de supervisión de las sociedades financieras de cartera (mixtas) y las sociedades financieras de cartera (mixtas) matrices de la UE. Debe crearse un colegio de supervisión cuando todas las filiales transfronterizas de una entidad matriz de la UE tengan su sede central en terceros países, a fin de garantizar una cooperación de supervisión eficaz y eficiente para los grupos bancarios transfronterizos con sede en la UE. Los cambios en el marco del pilar 2 de la DRC V, en el contexto de la orientación del pilar 2 y el riesgo de apalancamiento excesivo, también deben reflejarse en el intercambio de información en los colegios de supervisores, así como con el colegio de autoridades de resolución.

Además, la ABE ha recopilado información valiosa sobre el funcionamiento de los colegios, como parte de su actividad de seguimiento en curso de los colegios, incluida la aplicación de las disposiciones de la RTS y los STI sobre los colegios de supervisores por parte de las autoridades competentes, así como en el contexto de la reciente evolución económica causada por la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. También se ha supervisado la intensidad de la cooperación entre los colegios de supervisores y los colegios de autoridades de resolución, así como entre los colegios de supervisores y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El presente Reglamento incorpora los resultados de dicho seguimiento con el fin de mejorar la cooperación y el intercambio de información entre el colegio de supervisores y los demás colegios, en particular entre el supervisor en base consolidada y la autoridad de resolución a nivel de grupo, en su calidad de observador en el colegio de supervisores, incluso en caso de una situación de emergencia o de un acontecimiento que tenga efectos significativos adversos en el perfil de riesgo del grupo o de sus entidades. que estén establecidos en un Estado miembro.

Dada la cantidad de cambios necesarios para actualizar la RTS y la ITS sobre los colegios de supervisores, la ABE propone derogar la actual RTS y la ITS sobre los colegios de supervisores y sustituirla por el presente Reglamento. Desde la publicación de la RTS y los STI sobre colegios de supervisores en 2016, se han creado otros tipos de colegios y, por lo tanto, también se aprovecha la oportunidad para aclarar en el título del documento que el objeto de este Reglamento son los colegios «supervisores». Tanto la RTS como la ITS sobre los colegios de supervisores se incorporan en este único Informe Final.

Pasos siguientes

Los proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución se presentarán a la Comisión para su aprobación, tras lo cual las normas técnicas de regulación y los STI se someterán al control del Parlamento Europeo y del Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. Antecedentes y justificación

La cooperación entre las autoridades, tanto a escala de la UE como mundial, es fundamental para reforzar la supervisión de los grupos transfronterizos durante las situaciones de emergencia y de empresa en funcionamiento a través del marco de los colegios de supervisores. Como se vio durante la crisis financiera mundial de 2007-2009, pero también en el período actual con altos riesgos macroeconómicos y geopolíticos, es crucial que las instituciones que operan en más de un país sean supervisadas de manera efectiva.

Los colegios de supervisores permiten a las autoridades de supervisión cooperar estrechamente, compartir conocimientos y utilizar las capacidades y los recursos de manera más eficaz y eficiente, lo que en última instancia debería conducir a una supervisión profunda del grupo transfronterizo.

Sobre la base de los mandatos establecidos en el artículo 51, apartados 4 y 5, y en el artículo 116, apartados 4 y 5, de la Directiva 2013/36/UE, la ABE elaboró un proyecto de Reglamento sobre los colegios de supervisores que fue adoptado por el Reglamento Delegado (UE) 2016/98 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/99, de 16 de octubre de 2015.

Con estos Reglamentos, la ABE incorpora las modificaciones de la DRC V y el RRC en el funcionamiento de los colegios y canales de supervisión en las lecciones aprendidas de la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2016/98 y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/99, tal como se observa en sus actividades de supervisión continua de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2010/1093.

2.1 Incorporación de las modificaciones de la DRC V y la RRC 2 en el presente Reglamento sobre los colegios de supervisores

Ampliación de la aplicación del marco de los colegios de supervisores:

• mediante la participación de las autoridades de supervisión de las sociedades financieras mixtas de cartera y de las sociedades financieras de cartera que adoptan las decisiones de gestión, operativas o financieras incluidas en el ámbito de aplicación directo de la Directiva sobre los derechos de los consumidores y del RRC para garantizar el cumplimiento de los requisitos en base consolidada (artículo 21 bis de la Directiva sobre los derechos de los consumidores) en los colegios de supervisores;

• mediante la creación de colegios de supervisores para grupos de terceros países con dos o más entidades de la Unión que anteriormente carezcan de una empresa matriz, previo requisito de crear una, o en las circunstancias establecidas en la DRC V, dos sociedades de cartera intermedias en la Unión (artículo 21 ter DRC), y

• mediante la creación de colegios de supervisores en los que todas las filiales transfronterizas de una entidad matriz de la UE, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE tengan su domicilio social en terceros países (artículo 116, apartado 1 bis, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores).

Refuerzo del intercambio de información y de la cooperación con otras autoridades, distintas de las responsables de la supervisión prudencial, utilizando el marco de los colegios, a saber:

• colegios de supervisores y colegios de autoridades de resolución (artículo 4, apartado 8, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores), y

• Colegios de supervisores y colegios de supervisores de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (colegios de LBC/LFT) (artículo 117, apartado 5, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores).

2.2 Incorporación de los resultados del enfoque de seguimiento de la ABE

Mejorar el intercambio de información entre los miembros del colegio de supervisores con el fin de facilitar la identificación de señales de alerta temprana, riesgos potenciales y vulnerabilidades para el grupo y sus entidades, así como para el sistema en el que operan, aclarando los requisitos del intercambio de información e introduciendo un requisito adicional, como el intercambio de información en caso de que se produzca un acontecimiento que tenga efectos significativos adversos en el perfil de riesgo del grupo o de sus que estén establecidas en un Estado miembro y se consideren importantes con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento sobre colegios de supervisores.

Además, con el objetivo de lograr un funcionamiento operativo más eficiente y eficaz de los colegios de supervisores:

• Aclarar el marco de la condición de observador, en particular el tipo de autoridades a las que se debe o puede solicitar que se conviertan en observadores del colegio de supervisores y el proceso que debe seguir el supervisor en base consolidada al enviar solicitudes a las autoridades.

• Mejorar el proceso de determinación de las tareas que requieren la encomienda voluntaria y la posible delegación de responsabilidades en el marco de la preparación del programa de examen de supervisión;

• Aclarar que las reuniones del colegio de supervisores también pueden celebrarse en formato virtual;

• Aclarar cómo se puede dar el consentimiento a un acuerdo por escrito.

2.3 Mejora del intercambio de información en los colegios de supervisores

Otro elemento de este proyecto de Reglamento es la mejora del intercambio de información entre los miembros y observadores del colegio de supervisores, así como con otros tipos de colegios.

Mejora del intercambio de información entre los miembros del colegio

Dado que la decisión conjunta sobre el capital no solo aborda riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo, sino también los riesgos de apalancamiento excesivo de conformidad con el artículo 113 de la Directiva 2013/36/UE, esta información debe intercambiarse en los colegios de supervisores para que las disposiciones del presente Reglamento sobre los colegios de supervisores se ajusten a los requisitos de la DRC V.

La ABE constató, en el contexto de su seguimiento continuo de los colegios y también en el contexto de acontecimientos recientes como la pandemia de COVID-19 o la invasión rusa de Ucrania, que el intercambio de información sobre las señales de alerta temprana, los riesgos potenciales y las vulnerabilidades, incluidas las consecuencias de acontecimientos de efectos significativos adversos en el perfil de riesgo del grupo y sus entidades, se puede mejorar. Así, está previsto que los colegios de supervisores intercambien información en caso de que se produzca un evento de este tipo, con el fin de mejorar su capacidad para reaccionar rápidamente ante el deterioro del perfil de riesgo del grupo o de sus entidades.

Mejora del intercambio de información y la cooperación con los observadores

En consonancia con los cambios introducidos en la DRC V, el presente Reglamento sobre los colegios de supervisores tiene por objeto garantizar una cooperación y un intercambio de información coherentes y reforzados a una escala más amplia con la autoridad de resolución a nivel de grupo, el supervisor principal del colegio de LBC/LFT y las autoridades de supervisión de terceros países en los que estén establecidas entidades o sucursales del grupo que se consideren importantes.  y con el coordinador del conglomerado financiero, si éste es diferente del supervisor en base consolidada responsable de la supervisión sectorial de todo el grupo. El presente Reglamento exige que el supervisor en base consolidada solicite, en particular, a las autoridades mencionadas que se conviertan en observadoras del colegio de supervisores, siempre que todos los miembros del colegio de supervisión acuerden las condiciones de su participación y, en el caso de las autoridades de supervisión de terceros países, previa evaluación de la equivalencia de los requisitos de confidencialidad y secreto profesional aplicables. Este Reglamento también aclara el proceso de identificación de los observadores obligatorios y no obligatorios. A pesar de tener la condición de observador, su participación en una actividad o reunión específica del colegio, o en un punto del orden del día de la reunión, debe depender siempre de los temas a tratar, de su relevancia para cada entidad del grupo y para el desempeño de las tareas de los observadores, así como también de la importancia de una entidad de grupo para el grupo. Por lo tanto, en preparación para una actividad o reunión de la universidad, o un punto del orden del día de una reunión, el supervisor de consolidación debe enviar la invitación a un observador, si considera que el tema que se abordará o discutirá es relevante para el desempeño de la tarea del observador. No obstante, la autoridad de resolución a nivel de grupo siempre debe recibir el orden del día de la reunión del colegio de supervisores a título informativo, incluso si no está invitada a una reunión concreta.

Cooperación con las autoridades de resolución/colegios a través de la autoridad de resolución a nivel de grupo

La Directiva sobre los derechos de los consumidores exige que las autoridades de resolución y las autoridades de supervisión no solo cooperen en relación con la preparación de los planes de resolución, sino también en todos los demás casos en los que se requiera cooperación, tanto en la empresa en funcionamiento como en situaciones de emergencia. A lo que se refiere el presente Reglamento prevé que, cuando los temas debatidos en una reunión se refieran a la planificación de la reestructuración u otro punto que afecte a la resolubilidad de un grupo, se espera que el supervisor en base consolidada invite a la autoridad de resolución a nivel de grupo a esta reunión o punto del orden del día. El supervisor en base consolidada tiene la tarea de canalizar la información debatida en el colegio de supervisores al colegio de autoridades de resolución, a través de la autoridad de resolución a nivel de grupo, sobre aspectos que influyan en la resolubilidad y la planificación de la resolución, en particular la evaluación del plan de reestructuración de grupo y los requisitos tras la decisión conjunta. En caso de que se produzca un acontecimiento que tenga efectos significativos adversos en el perfil de riesgo del grupo o de sus entidades, que estén establecidas en un Estado miembro y sean importantes según lo determinado de conformidad con el presente Reglamento, también se informará a la autoridad de resolución a nivel de grupo de si esta información es pertinente para el desempeño de sus funciones. Por último, está previsto que, en una situación de emergencia, el supervisor en base consolidada al elaborar una respuesta coordinada incluya y tenga en cuenta cualquier aportación facilitada por la autoridad de resolución a nivel de grupo.

Cooperación con los colegios de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través del supervisor principal del colegio de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Con el fin de mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los colegios prudenciales y de LBC/LFT, el supervisor principal del colegio de LBC/LFT solicitará al supervisor en base consolidada que se convierta en observador del colegio de supervisores. Esto permitiría al supervisor principal de LBC/LFT canalizar al colegio de supervisores cualquier problema o riesgo, con posibles implicaciones prudenciales, identificado en el colegio de LBC/LFT. Del mismo modo, cuando el supervisor principal del colegio de LBC/LFT, sobre la base de una invitación del supervisor en base consolidada del colegio prudencial, asista a determinadas sesiones o reuniones del colegio de supervisores, se le informará de los riesgos prudenciales que puedan afectar a los riesgos de LA/FT. Estas ET no tienen por objeto duplicar las tareas del supervisor en base consolidada o del supervisor principal del colegio de LBC/LFT. Por ejemplo, si el supervisor en base consolidada considera que un punto se debatió en detalle en el colegio de LBC/LFT en el que participó, el supervisor principal del colegio de LBC/LFT no podrá ser invitado a la reunión del colegio prudencial. En su lugar, la información recopilada por el supervisor en base consolidada se canalizará al colegio prudencial mediante la evaluación de riesgos del grupo. Del mismo modo, el supervisor principal del colegio de LBC/LFT puede rechazar la invitación enviada por el supervisor en base consolidada para una reunión del colegio organizada en el colegio prudencial, si considera que ya dispone de información suficiente sobre los puntos que deben debatirse.

Colegios de supervisores en los que participan autoridades de supervisión de terceros países

Cuando la DRC V exija la creación de colegios para grupos de terceros países, la autoridad de supervisión del tercer país también recibirá información importante del supervisor en base consolidada sobre la base de una empresa en régimen de funcionamiento, así como en preparación para situaciones de emergencia o en situaciones de emergencia, cuando el supervisor en base consolidada lo considere pertinente para el desempeño de las funciones de la autoridad de supervisión del tercer país. El presente Reglamento también establece el marco para la creación de colegios de supervisores de conformidad con el artículo 116, apartado 1 bis, de la DRC V. En particular, para su establecimiento, el supervisor en base consolidada debe invitar a los supervisores de todas las filiales transfronterizas de una entidad de la Unión, mientras que, a efectos del artículo 116, apartado 1, solo debe invitarse a la filial importante de terceros países. Para su funcionamiento, estos colegios del artículo 116, apartado 1 bis, deben aplicar el artículo 112, apartado 1, el artículo 114, apartado 1, y el artículo 115, apartado 1, de la DRC V, del mismo modo que los colegios establecidos sobre la base del artículo 116, apartado 1, de la DRC. Por el contrario, no están obligados a aplicar ninguna disposición basada en el artículo 113 de la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Por lo tanto, no es necesario establecer disposiciones o procedimientos específicos para el funcionamiento de los colegios establecidos en virtud del artículo 116, apartado 1 bis, de dicha Directiva.

La EBA propone directrices para la gestión de riesgos ESG en el sector bancario

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado un proyecto para comentarios de riesgos sociales y de gobernanza (ESG).

Las directrices describen los requisitos para las instituciones financieras a la hora de identificar, medir, gestionar y monitorear los riesgos ESG, con un enfoque en abordar los riesgos asociados con la transición hacia una economía climáticamente neutra de la UE. El plazo de consulta se extiende hasta el 18 de abril de 2024.

Las directrices establecen principios para desarrollar e implementar planes, en consonancia con la Directiva sobre requisitos de capital (CRD6), para monitorear y abordar los riesgos financieros derivados de factores ESG, particularmente aquellos relacionados con el logro de la neutralidad climática en la UE para 2050.

Se alienta a las instituciones financieras a participar en el proceso de consulta, contribuyendo al desarrollo de directrices sólidas que aborden el panorama cambiante de los riesgos ESG.

Documento de consulta

Proyecto de directrices sobre la gestión de los riesgos ESG

1. Respuesta a esta consulta

La ABE invita a formular comentarios sobre todas las propuestas presentadas en el presente documento y, en particular, sobre las cuestiones específicas resumidas en el punto.

Los comentarios son más útiles si:

▪ responder a la pregunta formulada;

▪ indicar el punto específico al que se refiere un comentario;

▪ contener una justificación clara;

▪ proporcionar pruebas que respalden las opiniones expresadas o los fundamentos propuestos; y

▪ describir las opciones regulatorias alternativas que la ABE debería considerar.

Presentación de respuestas

Para enviar sus comentarios, haga clic en el botón «enviar sus comentarios» en la página de consulta antes del 18 de abril de 2024. Tenga en cuenta que es posible que los comentarios enviados después de esta fecha límite o enviados por otros medios no se procesen.

Publicación de las respuestas

Por favor, indique claramente en el formulario de consulta si desea que sus comentarios sean divulgados o tratados como confidenciales. Es posible que se nos solicite una respuesta confidencial de conformidad con las normas de la ABE sobre el acceso público a los documentos. Es posible que le consultemos si recibimos dicha solicitud. Cualquier decisión que tomemos de no divulgar la respuesta podrá ser revisada por la Sala de Recurso de la ABE y el Defensor del Pueblo Europeo.

Protección de datos

La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de la ABE se basa en el Reglamento (UE) 1725/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018. Puede encontrar más información sobre la protección de datos en la sección Aviso legal del sitio web de la ABE.

2. Resumen ejecutivo

De conformidad con el artículo 87 bis, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE, la ABE tiene el mandato de publicar directrices sobre normas mínimas y metodologías de referencia para la identificación, medición, gestión y seguimiento de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) por parte de las entidades.

Los riesgos ASG, en particular los riesgos medioambientales a través de la transición y los factores de riesgo físicos, plantean retos para la seguridad y la solidez de las entidades y pueden afectar a todas las categorías tradicionales de riesgos financieros a las que están expuestas. Con el fin de garantizar la resiliencia del modelo de negocio y el perfil de riesgo de las entidades a corto, medio y largo plazo, las directrices establecen requisitos para los procesos internos y las disposiciones de gestión de riesgos ASG que las entidades deben tener en vigor.

Las entidades, sobre la base de evaluaciones periódicas y exhaustivas de los riesgos ASG, deben garantizar que son capaces de identificar y medir adecuadamente los riesgos ASG a través de procesos de datos sólidos y una combinación de metodologías, incluidas las basadas en la exposición, en la cartera y en los escenarios.

Las entidades deben integrar los riesgos ASG en su marco habitual de gestión de riesgos, teniendo en cuenta su papel como posibles impulsores de todas las categorías tradicionales de riesgos financieros, incluidos los riesgos de crédito, de mercado, operativos, de reputación, de liquidez, de modelo de negocio y de concentración. Las entidades deben adoptar un enfoque sólido y sólido para gestionar y mitigar los riesgos ASG a corto, medio y largo plazo, incluido un horizonte temporal de al menos 10 años, y deben aplicar una serie de herramientas de gestión de riesgos, incluida la interacción con las contrapartes. Las entidades deben integrar los riesgos ASG en sus procesos habituales, incluido el apetito por el riesgo, los controles internos y el ICAAP. Además, las entidades deben hacer un seguimiento de los riesgos ASG a través de marcos de información interna eficaces y de una serie de métricas e indicadores de riesgos ASG retrospectivos y prospectivos.

Las entidades deben desarrollar planes prudenciales (de transición) basados en la DRC para hacer frente a los riesgos derivados de la transición y el proceso de ajuste hacia los objetivos regulatorios relacionados con los factores ASG de las jurisdicciones en las que operan. A tal fin, las entidades deben evaluar e integrar las consideraciones prospectivas sobre los riesgos ASG en sus estrategias, políticas y procesos de gestión de riesgos a través de una planificación de la transición que tenga en cuenta los horizontes temporales a corto, medio y largo plazo. Si bien los planes de transición son pertinentes en virtud de varios reglamentos de la UE, los planes basados en la Directiva sobre los derechos de los consumidores adoptan una visión basada en el riesgo y contribuyen a la resiliencia general de las entidades frente a los riesgos ASG.

Pasos siguientes

La ABE está celebrando consultas sobre el proyecto de directrices durante un período de tres meses. Los comentarios de la consulta pública se tendrán en cuenta a la hora de finalizar las directrices. Está previsto que las directrices estén finalizadas a finales de 2024 y se apliquen a partir del [por confirmar, en función de la fecha de solicitud de la DRC6].

Antecedentes y justificación

Impacto de los riesgos ESG

1. El cambio climático, la degradación del medio ambiente, las cuestiones sociales y otros factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) plantean retos considerables para la economía. El impacto de los eventos físicos agudos y crónicos, la necesaria transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en el uso de los recursos y sostenible, así como otros desafíos ESG, están causando y seguirán causando profundas transformaciones económicas que afectan al sector financiero.

2. La Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles de la Comisión y el paquete bancario [Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital, DRC) y Reglamento UE/575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital))1 reconocen que el sector financiero tiene un papel importante que desempeñar tanto en términos de apoyo a la transición hacia una economía climáticamente neutra y sostenible, consagrada en el Acuerdo de París,  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Pacto Verde Europeo, y para la gestión de los riesgos financieros que esta transición pueda conllevar y/o derivados de otros factores ESG.

3. Se espera que los riesgos ambientales, incluidos los relacionados con el clima, entre otras cosas, adquieran aún más importancia en el futuro a través de los factores de transición y los factores de riesgo físicos. Esto puede afectar a todas las categorías tradicionales de riesgos financieros a los que están expuestas las entidades. Además, los factores sociales —como los derechos humanos, la salud o las condiciones de trabajo— y los factores de gobernanza —como el liderazgo ejecutivo o el soborno y la corrupción— también pueden influir en los efectos financieros de las contrapartes o los activos invertidos de las entidades y representan fuentes de riesgo financiero que las entidades deben evaluar y gestionar.

4. Para mantener una resiliencia adecuada frente a los efectos negativos de los factores ASG, las entidades establecidas en la UE deben ser capaces de identificar, medir y gestionar sistemáticamente los riesgos ASG. Sin embargo, las especificidades de los riesgos ASG, como su naturaleza prospectiva y sus impactos distintivos en diversos horizontes temporales, así como la falta de experiencia histórica relevante, significan que las comprensiones, las mediciones y las prácticas de gestión pueden diferir significativamente entre las instituciones. Las observaciones de la ABE derivadas del seguimiento de los colegios, así como de la experiencia en materia de supervisión de las autoridades competentes, también muestran que la gestión de los riesgos ASG se encuentra todavía en una fase inicial y es un «trabajo en curso» en la mayoría de las instituciones de la UE. A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años, se han observado varias deficiencias en la inclusión de los riesgos ASG en las estrategias empresariales y los marcos de gestión de riesgos que pueden plantear desafíos para la seguridad y la solidez de las instituciones a medida que la UE avanza hacia una economía más sostenible y los riesgos ASG se justifican o se materializan cada vez más.

Mandato jurídico y objetivo de las presentes directrices

5. Con el fin de prestar mayor atención a los riesgos ASG a los que se enfrentan las entidades en el marco prudencial, se han introducido nuevas disposiciones y se han realizado ajustes en varios artículos de la Directiva sobre los derechos de los consumidores y del RRC. En particular, y para garantizar una comprensión uniforme de los riesgos ASG, en el artículo 4 del RRC se han establecido definiciones de riesgos ASG, riesgo medioambiental, riesgo físico, riesgo de transición, riesgo social y riesgo de gobernanza. Se han modificado los artículos 73 y 74 de la Directiva sobre los derechos de los consumidores para exigir que los horizontes a corto, medio y largo plazo de los riesgos ASG se incluyan en las estrategias y procesos de las entidades de crédito para evaluar las necesidades de capital interno, así como en una adecuada gobernanza interna. En el artículo 76 también se introduce una referencia a las repercusiones actuales y prospectivas de los riesgos ASG y una petición al órgano de dirección para que desarrolle planes concretos para hacer frente a estos riesgos.

6. Además, se ha incluido un nuevo artículo 87 bis en la Directiva sobre los derechos de los consumidores, según el cual:

1. Las autoridades competentes velarán por que, como parte de sus sólidos mecanismos de gobernanza, incluido el marco de gestión de riesgos exigido en el artículo 74, apartado 1, las entidades, dispongan de estrategias, políticas, procesos y sistemas sólidos para la identificación, medición, gestión y seguimiento de los riesgos ASG a corto, medio y largo plazo.

2. Las estrategias, políticas, procesos y sistemas a que se refiere el apartado 1 serán proporcionales a la escala, la naturaleza y la complejidad de los riesgos ASG del modelo de negocio y el alcance de las actividades de la entidad, y tendrán en cuenta un horizonte a corto, medio y largo plazo de al menos 10 años.

3. Las autoridades competentes velarán por que las entidades pongan a prueba su resiliencia frente a los efectos negativos a largo plazo de los factores ASG, tanto en escenarios de referencia como adversos, en un plazo determinado, empezando por los factores relacionados con el clima. Para las pruebas, las autoridades competentes velarán por que las entidades incluyan una serie de escenarios ASG que reflejen los posibles impactos de los cambios medioambientales y sociales y las políticas públicas asociadas en el entorno empresarial a largo plazo. Las autoridades competentes velarán por que, en el caso de las entidades de ensayo, utilicen hipótesis creíbles, basadas en las hipótesis elaboradas por las organizaciones internacionales.

4. Las autoridades competentes evaluarán y supervisarán la evolución de las prácticas de las entidades en relación con su estrategia ASG y su gestión de riesgos, incluidos los planes, los objetivos cuantificables y los procesos para supervisar y abordar los riesgos ASG que surjan a corto, medio y largo plazo, que se elaborarán de conformidad con el artículo 76, apartado 2. Esta evaluación tendrá en cuenta la oferta de productos relacionados con la sostenibilidad de las entidades, sus políticas de financiación de transición, las políticas de originación de préstamos relacionadas y los objetivos y límites relacionados con los factores ASG. Las autoridades competentes evaluarán la solidez de dichos planes como parte del proceso de revisión y evaluación supervisoras.

Cuando proceda, para la evaluación a que se refiere el párrafo primero, las autoridades competentes podrán cooperar con las autoridades u organismos públicos encargados de la supervisión del cambio climático y del medio ambiente.

7. A fin de fomentar prácticas sólidas de gestión de riesgos y garantizar la convergencia en toda la Unión, el artículo 87 bis, apartado 5, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores faculta a la ABE para emitir directrices en las que se especifique:

a) normas mínimas y metodologías de referencia para la identificación, medición, gestión y seguimiento de los riesgos ASG;

b) el contenido de los planes que deban elaborarse de conformidad con el artículo 76, apartado 2, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, que incluirán calendarios específicos y objetivos e hitos cuantificables intermedios, con el fin de supervisar y abordar los riesgos financieros derivados de los factores ASG, incluidos los derivados del proceso de ajuste y las tendencias de transición hacia los Estados miembros pertinentes y los objetivos reguladores de la Unión en relación con los factores ASG,  en particular, el objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119, así como, cuando proceda para las entidades que operan a escala internacional, los objetivos jurídicos y reglamentarios de terceros países;

c) criterios cualitativos y cuantitativos para la evaluación del impacto de los riesgos ASG en el perfil de riesgo y la solvencia de las entidades a corto, medio y largo plazo;

d) los criterios para la fijación de los escenarios a que se refiere el artículo 87 bis, apartado 3, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, incluidos los parámetros e hipótesis que deben utilizarse en cada uno de los escenarios, los riesgos específicos y los horizontes temporales.

8. Las presentes directrices abordan los aspectos incluidos en las letras a, b y c del mandato encomendado a la ABE. La letra d del mandato se abordará mediante una actualización paralela de las directrices de la ABE sobre las pruebas de resistencia de las entidades o la elaboración de cualquier otra directriz pertinente.

9. Las presentes directrices tienen por objeto mejorar la identificación, medición, gestión y seguimiento de los riesgos ASG por parte de las entidades y apoyar su seguridad y solidez a medida que se enfrentan al impacto a corto, medio y largo plazo de los factores ASG. Las directrices contienen requisitos en cuanto a los procesos internos y los mecanismos de gestión de riesgos ASG que las entidades deben tener en vigor, incluidos planes específicos para abordar los riesgos derivados de la transición y el proceso de ajuste a los objetivos legales y reglamentarios pertinentes en materia de sostenibilidad.

10. Las directrices incluyen metodologías mínimas de referencia que deben desarrollar y utilizar las entidades para medir los riesgos ASG. Reconociendo el progreso continuo en la disponibilidad y el desarrollo de datos y metodologías de riesgos ASG, la atención se centra en las principales características de los tipos clave de metodologías, mientras que se deja flexibilidad a las instituciones en cuanto a detalles específicos, también para facilitar el desarrollo de metodologías propias de las instituciones a lo largo del tiempo.

Planes (de transición) basados en la DRC

11. El carácter a largo plazo y la profundidad del proceso de transición hacia una economía climáticamente neutra y sostenible pueden implicar cambios significativos en los modelos de negocio de las entidades y en los tipos y niveles de riesgos a los que se enfrentan. En consecuencia, de conformidad con el artículo 76, apartado 2, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, las entidades establecerán planes específicos para supervisar y abordar los riesgos financieros derivados de la transición y el proceso de ajuste a los objetivos reguladores pertinentes de los Estados miembros y de la Unión en relación con los factores ASG, así como, cuando proceda en el caso de las entidades activas internacionales, los objetivos de terceros países. El artículo 87 bis, apartado 5, párrafo 2, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores también establece que, cuando proceda, las metodologías e hipótesis en las que se basan los objetivos, los compromisos y las decisiones estratégicas divulgados públicamente por las entidades en virtud de la Directiva 2013/34/UE2, u otros marcos pertinentes de divulgación y diligencia debida, serán coherentes con los criterios, metodologías, hipótesis y objetivos utilizados en los planes que se elaboren de conformidad con la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

12. Varias iniciativas legislativas de la UE, como la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad3 y la propuesta de Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas4, también incluyen disposiciones relativas a los planes, comúnmente denominados planes de transición, que deben ser divulgados y/o desarrollados por conjuntos de empresas financieras y no financieras para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transición. Además, la Recomendación de la Comisión Europea (CE), de junio de 2023, sobre la facilitación de la financiación para la transición a una economía sostenible5 incluye recomendaciones no vinculantes a las empresas sobre el uso de planes de transición. Estas directrices se refieren a los planes basados en la DRC y proporcionan un entendimiento común de lo que implica un plan (de transición) basado en el riesgo en el ámbito prudencial, garantizando al mismo tiempo la interoperabilidad con otras iniciativas legislativas y las recomendaciones de la CE en la mayor medida posible.

13. Los planes en el marco de reglamentos no prudenciales, como la Directiva sobre la degradación de los derechos humanos y la Directiva sobre la degradación sostenible de los derechos humanos, se centran en la compatibilidad de los modelos de negocio de las empresas con la trayectoria de 1,5 grados y el objetivo de la UE de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, o en las políticas, los procesos y las actividades de diligencia debida llevados a cabo para detectar y abordar los efectos adversos reales o potenciales de las actividades de las entidades. Por otra parte, los planes de la DRC se centran en los riesgos (prudenciales); Constituyen una nueva herramienta de gestión de riesgos a través de la cual las entidades deben comprender, evaluar y gestionar los riesgos derivados de sus actividades y exposiciones con vistas al proceso de ajuste hacia los objetivos de sostenibilidad regulatoria de las jurisdicciones en las que operan, o a las tendencias más amplias de transición hacia una economía sostenible. En la UE, los objetivos relevantes relacionados con los factores ESG incluyen los objetivos climáticos para 2030 y 2050 incluidos en la Ley Europea del Clima6, es decir, respectivamente, la reducción del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % en comparación con 1990 y la consecución de cero emisiones netas.

14. Las presentes directrices no exigen que los planes basados en la Directiva sobre los derechos de los consumidores establezcan el objetivo de alinearse plenamente con los Estados miembros o los objetivos de sostenibilidad de la Unión, ni con una trayectoria de transición específica. Los planes prudenciales basados en la DRC tienen por objeto garantizar que las entidades evalúen de forma exhaustiva e integren de forma exhaustiva las consideraciones prospectivas sobre los riesgos ASG en sus estrategias, políticas y procesos de gestión de riesgos, en particular adoptando una perspectiva a largo plazo y con vistas a garantizar su solidez y resiliencia frente a los riesgos a los que se enfrentan. Por lo tanto, el objetivo, el enfoque y el contenido de los planes (de transición) basados en la DRC pueden tener algunas especificidades en comparación con los planes de transición no prudenciales. Al mismo tiempo, al incentivar a las entidades para que desarrollen su comprensión de los riesgos (prudenciales) derivados del proceso de transición y su respuesta estratégica a los mismos, la elaboración de planes en el marco de la DRC también puede ayudar a las entidades a abordar otros requisitos, como los requisitos de la Directiva sobre la DDSD y los requisitos de divulgación de información sobre las estrategias empresariales y los planes de transición. Como se reconoce en la Recomendación de la CE sobre la financiación de la transición, una buena planificación de la transición puede ayudar a las empresas a minimizar los riesgos estratégicos y financieros asociados a la transición y aportar claridad a su estrategia empresarial.

15. También es importante tener en cuenta que el objetivo de los planes prudenciales no es obligar a las entidades a abandonar o desinvertir en sectores intensivos en carbono, sino más bien estimular a las entidades para que reflexionen de forma proactiva sobre los cambios tecnológicos, empresariales y de comportamiento impulsados por la transición sostenible, los riesgos y las oportunidades que conllevan, y se preparen o adapten en consecuencia mediante una planificación estructurada de la transición.  entre otras cosas, comprometiéndose con sus clientes y, cuando sea necesario, apoyándolos, sin perjuicio de otras medidas de mitigación coherentes con una gestión sólida de los riesgos.

16. Además, los planes basados en la DRC están estrechamente relacionados con las propuestas políticas incluidas en el informe de la ABE sobre la gestión y supervisión de los riesgos ASG7, en el que se recomendaba a las entidades integrar los riesgos ASG en sus procesos, en particular ampliando el horizonte temporal de la planificación estratégica a al menos 10 años, al menos cualitativamente, y poniendo a prueba su resiliencia frente a diferentes escenarios.

17. En este contexto, los planes (de transición) basados en la Directiva sobre los derechos de los consumidores, o los planes prudenciales (de transición), pueden entenderse como la visión general y la articulación de las acciones estratégicas y los instrumentos de gestión de riesgos desplegados por las entidades, sobre la base de un análisis prospectivo del entorno empresarial, para demostrar cómo una entidad garantiza su solidez y preparación para la transición hacia una economía sostenible y resiliente desde el punto de vista climático y medioambiental. Los planes prudenciales (de transición) tienen por objeto garantizar que las entidades identifiquen, midan, gestionen y supervisen los riesgos ASG, en particular los riesgos medioambientales de transición y físicos, a largo plazo, en particular mediante el establecimiento de objetivos e hitos a intervalos temporales periódicos. Estos planes deben integrarse en la estrategia y la gestión de riesgos de las entidades y abordar los riesgos derivados de los cambios estructurales que puedan producirse en los sectores y las entidades de contrapartida a los que estén expuestas las entidades, de conformidad con las vías de transición y los marcos de adaptación compatibles con los objetivos jurídicos y reglamentarios de los Estados miembros, de la UE y, en su caso, de otras jurisdicciones en las que operen.

18. En las presentes directrices se hace referencia a la planificación de la transición como los procesos internos de gestión estratégica y de riesgos emprendidos por las instituciones para prepararse para la transición hacia una economía más sostenible y aplicar su estrategia relacionada con la transición.

19. Reconociendo la rápida evolución de los planes de transición y la necesidad de preservar la responsabilidad de los órganos de dirección de establecer las estrategias y políticas operativas generales, las presentes directrices se centran en los procesos y principios con una visión general de las principales características y expectativas básicas de los planes prudenciales (de transición) sólidos basados en el riesgo, dejando al mismo tiempo la flexibilidad y la responsabilidad a las entidades en cuanto a detalles específicos y estrategias internas individuales.

Proporcionalidad

20. Las Directrices se han elaborado teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 87 bis, apartado 2, de la Directiva sobre los derechos de los consumidores. Dado que estas directrices abarcan los mecanismos de gobernanza interna y gestión de riesgos de las entidades, incluidos los planes prudenciales (transitorios) basados en la Directiva sobre los derechos de los consumidores, se aplicarán de conformidad con el principio general de proporcionalidad aplicable a los mecanismos internos de gobernanza y gestión de riesgos, tal como se establece en el título I de las directrices de la ABE sobre gobernanza interna8.

21. Las directrices tienen en cuenta que las entidades más pequeñas pueden no ser inmunes a los riesgos ASG, por ejemplo, debido a posibles concentraciones de exposiciones en sectores económicos sensibles a los factores ASG o en zonas geográficas propensas a riesgos físicos. Por lo tanto, todas las entidades deben aplicar enfoques de gestión de riesgos ASG que reflejen la importancia relativa de los riesgos ASG asociados a su modelo de negocio y a su ámbito de actividad.

22. En la sección de estas directrices se establece que las entidades deben basarse en sus evaluaciones de importancia relativa de los riesgos ASG para diseñar y aplicar estrategias, políticas, procesos y sistemas proporcionados. Las presentes directrices también tienen en cuenta que las entidades pequeñas y no complejas (ICIN) pueden aplicar mecanismos menos complejos o sofisticados, por ejemplo, mediante un mayor grado de consideraciones cualitativas y/o estimaciones y sustituciones, así como metodologías menos numerosas y menos granulares, siempre que ello no ponga en peligro su capacidad para gestionar los riesgos ASG de manera suficientemente segura y prudente y en consonancia con su evaluación de la importancia relativa.

23. Debe entenderse que todas las referencias a las instituciones abarcan tanto a las instituciones nacionales de investigación como a otras instituciones, a menos que las directrices introduzcan disposiciones específicas diferenciadas.

Riesgos medioambientales y riesgos ESG

24. Como se refleja en las disposiciones sobre los derechos de los consumidores y en consonancia con el enfoque secuenciado adoptado en el marco de otros productos reguladores de la ABE sobre riesgos ASG, como las normas técnicas de aplicación sobre la divulgación de información del pilar 3, las directrices hacen hincapié en los riesgos medioambientales, al tiempo que contienen algunos requisitos mínimos sobre las categorías restantes de riesgos ASG.

25. Si bien las entidades están más avanzadas en la medición y evaluación de los riesgos relacionados con el clima, es importante que desarrollen progresivamente herramientas y prácticas destinadas a evaluar y gestionar el impacto de un alcance suficientemente amplio de los riesgos ambientales, que vayan más allá de los relacionados con el clima, como los riesgos derivados de la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, así como de otros factores ASG9.

26. Además, debe tenerse en cuenta que las entidades pueden verse afectadas por los riesgos medioambientales y sociales (denominados «importancia relativa financiera») o tener un impacto en ellos (denominada «materialidad medioambiental y social») a través de sus actividades empresariales principales, es decir, sus préstamos a contrapartes y sus inversiones en activos. Por el lado de la materialidad financiera, las actividades económicas y financieras de las contrapartes o los activos invertidos pueden verse afectados negativamente por factores ambientales o sociales, afectando al valor de dichas actividades, lo que podría traducirse en un impacto financiero en la entidad. Desde el punto de vista de la materialidad ambiental y social, las actividades económicas y financieras de las contrapartes o de los activos invertidos pueden tener un impacto negativo en los factores ambientales y sociales, lo que a su vez podría traducirse en un impacto financiero en la entidad. La evaluación y la gestión de los riesgos ambientales y sociales deben tener en cuenta ambas dimensiones en la medida en que afecten a los riesgos financieros a los que están expuestas las entidades.

Articulación con desarrollos internacionales y otros productos de la ABE

27. Las directrices se basan en los requisitos y/o principios vigentes de la UE e internacionales sobre la gestión de los riesgos ASG, como los principios del CSBB para la gestión y supervisión eficaces de los riesgos financieros relacionados con el clima. También tienen en cuenta el análisis realizado y las recomendaciones incluidas en el Informe de la EBA sobre gestión y supervisión de riesgos ESG, las orientaciones publicadas por los supervisores o las redes de bancos centrales como la Red para la Ecologización del Sistema Financiero, así como la experiencia supervisora en relación con las prácticas de las entidades en materia de gestión de riesgos climáticos y medioambientales.

28. Las directrices son coherentes con otras directrices o normas de la ABE relativas a los riesgos ASG, como las directrices de la ABE sobre la originación y el seguimiento de préstamos en relación con la integración de los riesgos ASG en las políticas de riesgo de crédito, las directrices de la ABE sobre gobernanza interna en lo que respecta a la integración de los riesgos ASG en los acuerdos de gobernanza, y las normas técnicas de aplicación de la ABE sobre la divulgación de los riesgos ASG en el Pilar 3 con respecto a los parámetros de los riesgos ASG. Además, sobre la base de la versión actualizada de la DRC, la ABE introducirá y/o reforzará las consideraciones relativas a los riesgos ASG al actualizar sus directrices sobre las pruebas de resistencia de las entidades, las directrices sobre gobernanza interna y las directrices sobre políticas de remuneración. Estas actualizaciones se realizarán de forma que se garantice la coherencia con estas (nuevas) directrices sobre gestión de riesgos ASG, complementándolas en ámbitos específicos como las responsabilidades del órgano de dirección o la integración de los riesgos ESG en los marcos de remuneración de las entidades.

29. Estas directrices forman parte de los mandatos y tareas de la ABE en el ámbito de las finanzas sostenibles y los riesgos ASG, que abarcan los tres pilares del marco de supervisión bancaria, así como otros ámbitos relacionados con las finanzas sostenibles y la evaluación y el seguimiento de los riesgos ASG, tal como se establece en la hoja de ruta de la ABE sobre finanzas sostenibles.