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Unión bancaria y unión de los mercados de capitales – ya es hora de avanzar

Discurso de apertura de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en la Conferencia Anual Conjunta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo sobre la Integración Financiera Europea

Evolución reciente y sector bancario de la zona del euro

En los últimos meses, las quiebras bancarias en Estados Unidos y Suiza han afectado a los mercados financieros de todo el mundo. Esta «prueba de resistencia de la vida real» ha proporcionado información y lecciones valiosas para el sector bancario de la zona del euro y para nuestro marco regulatorio y de supervisión.

El sector bancario europeo ha demostrado ser resistente. Y el marco regulatorio y de supervisión mejorado establecido después de la gran crisis financiera ha demostrado su valía. Pero todavía está incompleto: el acuerdo de Basilea III aún debe transponerse a la regulación bancaria de la UE de manera completa y oportuna. No podemos ser complacientes.

Durante las recientes quiebras bancarias, los depósitos se retiraron mucho más rápido que durante la gran crisis financiera. Silicon Valley Bank perdió más de USD 40 mil millones, casi el 30% de sus depósitos, en un solo día. La extraordinaria velocidad de los retiros de depósitos fue impulsada por el uso generalizado de la banca en línea y la rápida difusión de noticias a través de las redes sociales y se vio agravada por la base de clientes altamente concentrada. En este mundo digital cada vez más rápido, los bancos, supervisores, bancos centrales y legisladores deben revisar las herramientas para salvaguardar las condiciones de liquidez y la estabilidad financiera.

La turbulencia observada en los mercados financieros esta primavera es un recordatorio oportuno de los beneficios de una regulación y supervisión sólidas. Si bien las normas reguladoras adecuadas son la primera línea de defensa contra las quiebras bancarias, deben estar respaldadas por una segunda línea de defensa en forma de supervisión constante, potente y ágil.

Supervisión armonizada y eficaz y un marco de resolución reforzado

La Supervisión Bancaria del BCE ha desarrollado y promovido con éxito prácticas de supervisión armonizadas. Comenzó a monitorear de cerca los riesgos relacionados con el aumento de las tasas de interés cuando surgieron los primeros signos de presiones inflacionarias, mucho antes de las quiebras bancarias en los Estados Unidos. La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo confirmó recientemente que el BCE se ha establecido como una autoridad supervisora eficaz y madura, y el BCE ya ha comenzado a aplicar sus recomendaciones.

La UE ha realizado progresos considerables en la gestión de crisis mediante el establecimiento de un marco sólido para tratar con los bancos con dificultades financieras. Si bien no son una respuesta directa a la reciente agitación, acogemos con gran satisfacción los cambios propuestos por la Comisión Europea en el marco de gestión de crisis y garantía de depósitos. En particular, apoyamos la ampliación del ámbito de aplicación del marco de resolución para garantizar que la quiebra de los bancos pequeños y medianos pueda abordarse de una manera más eficaz y armonizada. Al mismo tiempo, garantizar una financiación adecuada de la resolución es fundamental para que la resolución sea viable para los bancos más pequeños. Esto incluye el uso de sistemas de garantía de depósitos para ayudar a desbloquear el acceso al Fondo Único de Resolución e introducir una preferencia de depositante de un solo nivel. Las propuestas forman un paquete coherente que debe preservarse en su totalidad. Pedimos a los colegisladores que lo adopten rápidamente, preferiblemente durante el ciclo institucional actual.

Los acontecimientos de esta primavera han demostrado la necesidad de marcos de gestión de crisis eficaces y ágiles para los bancos de todos los tamaños. Para completar el conjunto de herramientas de gestión de crisis para los grandes bancos de la UE, también tenemos que avanzar en otros ámbitos, como la liquidez en la resolución y un mecanismo de protección para el Fondo Único de Resolución.

El tercer pilar faltante de la unión bancaria

La gran brecha en nuestro marco institucional sigue siendo el tercer pilar que falta: el sistema europeo de garantía de depósitos. Mientras la garantía de depósitos se mantenga a nivel nacional, el nexo entre la deuda soberana y la banca seguirá siendo una fuente de fragmentación en la unión bancaria, ya que el nivel de confianza en la seguridad de los depósitos bancarios puede diferir de un Estado miembro a otro. En una crisis, corremos el riesgo de salidas de depósitos hacia otros Estados miembros y entidades no bancarias, exacerbando así las tensiones sistémicas de liquidez. Una unión bancaria incompleta es una vulnerabilidad clave para el sector bancario de la UE y obstaculiza el progreso hacia una mayor integración del sistema financiero.

Además, a medida que las empresas amplían sus fuentes de financiación y se diversifican para alejarse de los préstamos bancarios, es necesario centrarse más en la financiación a través de títulos de deuda negociables e instrumentos de capital. Esto se encuentra en el corazón del proyecto de unión de los mercados de capitales (UMC).

Implicaciones para la unión de los mercados de capitales

Completar la CMU es esencial por tres razones.

En primer lugar, la UMC refuerza la resiliencia de la economía de la zona del euro a través del reparto privado del riesgo.

Los mercados de capitales profundos e integrados ofrecen oportunidades para compartir eficazmente los riesgos. Esto es esencial para financiar la economía real y limitar las fluctuaciones de la actividad económica. Sin embargo, un análisis reciente del BCE muestra que, si bien la integración de los mercados de capitales de la zona del euro ha mejorado en los últimos 20 años, sigue siendo bastante modesta.

También debemos considerar los desafíos que plantea el cambio climático en los próximos años. Aumentar el potencial de riesgo compartido de los mercados de capitales contribuirá a seguir mejorando la capacidad del sistema financiero de la UE para sostener los flujos de inversión durante las perturbaciones relacionadas con el clima. Esto reforzará la resiliencia general de la UE frente a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos, que suelen afectar asimétricamente a las regiones.

En segundo lugar, un mayor desarrollo de los mercados de capitales de la UE impulsa la innovación, apoya el crecimiento a largo plazo y permite la financiación continua de la transición ecológica.

Esto es de suma importancia a medida que la UE navega por el rápido cambio tecnológico y se enfrenta a un entorno geopolítico cada vez más desafiante. El sector público no puede asumir por sí solo toda la inversión necesaria para las transiciones ecológica y digital. Los mercados de capitales tienen un papel clave que desempeñar en la asignación de la inversión privada necesaria y en la complementación de la financiación proporcionada por los bancos.

La financiación de capital, especialmente el capital de riesgo y de crecimiento, desempeña un papel central en la financiación de empresas innovadoras. Dado el mayor apetito de riesgo de los inversores de capital, puede ser necesaria una mayor proporción de financiación de capital para impulsar la innovación verde. La investigación del BCE sugiere que la huella de carbono de una economía se reduce más rápido cuando una mayor proporción de su financiación proviene de capital en lugar de financiación de deuda.

La UE sigue estando a la zaga de sus homólogos mundiales en lo que respecta al desarrollo de los mercados de capital riesgo. Aunque ha crecido en los últimos años, el capital riesgo de la UE en relación con el PIB sigue siendo sólo una quinta parte del de los Estados Unidos. La inversión pública a nivel europeo puede desempeñar un papel importante en la atracción de la inversión privada, mientras que la inversión público-privada coordinada puede desempeñar un papel crucial en el impulso de la innovación. Además, la UE y sus Estados miembros deben reforzar su apoyo a las iniciativas destinadas a proporcionar financiación a las pequeñas y medianas empresas o a financiar empresas emergentes y en expansión con sede en la UE.

En el lado positivo, ya estamos viendo un crecimiento sustancial en las finanzas sostenibles. Aunque los productos de financiación sostenible siguen representando solo una pequeña parte de los mercados de capitales de la zona del euro, los activos gestionados por fondos medioambientales, sociales y de gobernanza se han triplicado desde 2015, mientras que el volumen de bonos verdes en circulación se ha multiplicado por diez. De manera prometedora, los bonos verdes tienen aproximadamente el doble de probabilidades que otros bonos europeos de mantenerse transfronterizos, y las inversiones en fondos ambientales, sociales y de gobernanza parecen ser más estables que las de los fondos convencionales. Esta evidencia incipiente sugiere que, con el marco regulatorio adecuado, la ampliación de la financiación verde será beneficiosa para apoyar tanto la transición hipo carbónica como la integración financiera en la zona del euro.

En tercer lugar, la unión de los mercados de capitales y la unión bancaria están intrínsecamente vinculadas. Unos mercados de capitales más integrados respaldan las actividades bancarias transfronterizas, mientras que una mayor participación transfronteriza permitiría a los bancos diversificarse, haciéndolos más resistentes. Desde la emisión hasta la suscripción, los bancos proporcionan servicios esenciales para los mercados de capitales. Por lo tanto, un sistema bancario más resiliente e integrado también respalda el buen funcionamiento y una mayor integración de los mercados de capitales.

Iniciativas legislativas clave para avanzar en la integración de los mercados de capitales

Para avanzar en el frente legislativo, tenemos que finalizar la aplicación del plan de acción de la Comisión para la unión de los mercados de capitales, sin comprometer su ambición. Esto incluye la aplicación de propuestas como el sistema de información consolidada, la armonización específica de las normas de insolvencia y la próxima iniciativa sobre el marco de retención en origen.

Acogemos con satisfacción la reciente declaración realizada por los colegisladores en abril, en la que se comprometieron a finalizar las iniciativas legislativas de la UMC durante el actual ciclo institucional, y el reciente acuerdo sobre el Punto de Acceso Único Europeo. El PAAS ayudará a movilizar y asignar capital facilitando a los inversores la identificación de empresas y proyectos adecuados para invertir. Del mismo modo, la armonización específica propuesta de los regímenes de insolvencia debe facilitar la reasignación de recursos de las empresas en quiebra y proporcionar más transparencia a los inversores transfronterizos. Por último, un marco de retención a cuenta más eficiente y armonizado reducirá la carga y los costes para los inversores y facilitará la inversión transfronteriza.

Más allá del ciclo institucional actual y del plan de acción para la UMC, los legisladores de la UE también deben considerar cuestiones estructurales, como la mejora de la arquitectura actual para permitir una supervisión más coherente y armonizada de los mercados.

Conclusión

El sistema financiero de la zona del euro superó recientemente una prueba de resistencia en la vida real. Al mismo tiempo, los acontecimientos de esta primavera subrayaron la importancia de avanzar decisivamente en los proyectos de la unión bancaria europea y de la unión de los mercados de capitales. La turbulencia y el contagio de los mercados financieros de los Estados Unidos y Suiza habrían sido mucho más silenciosos si hubiéramos estado más cerca de nuestros objetivos. La finalización de los proyectos de unión bancaria y de los mercados de capitales aumentará los préstamos bancarios transfronterizos y mejorará el dinamismo de los mercados de capital público y privado. Ambos son fundamentales para mejorar la integración y la estabilidad en el sistema financiero de la zona del euro, y también garantizarán que la financiación para las transiciones ecológica y digital esté disponible para hacer frente a los retos futuros.

Crypto, tokens y DeFi – Navegando por el panorama regulatorio

Crypto, tokens y DeFi: navegando por el panorama regulatorio

Abordar los riesgos planteados por los criptoactivos se ha convertido en un tema apremiante para los responsables políticos. Los mercados de criptoactivos han experimentado ciclos de crecimiento y colapso, lo que a menudo resulta en grandes pérdidas para los inversores. Estos mercados plantean riesgos que, si no se abordan adecuadamente, podrían socavar la protección del consumidor, la estabilidad financiera y la integridad del mercado. Si bien la agitación experimentada en estos mercados a fines de 2022 hasta ahora no ha llevado a un contagio más amplio, el resultado podría haber sido peor si los mercados de criptoactivos y el sistema financiero tradicional hubieran estado más interconectados.

Los responsables políticos están considerando su respuesta a los riesgos relacionados con la criptografía. Las posibles líneas de acción, que no son mutuamente excluyentes, incluyen prohibir actividades específicas, aislar los mercados de criptoactivos del sistema financiero tradicional, regular las actividades de criptoactivos de una manera similar a las finanzas tradicionales y desarrollar alternativas que mejoren la eficiencia del sector financiero tradicional. Estas líneas de acción dependerán de los riesgos que suponen para la prestación de servicios financieros las diversas actividades que involucran criptoactivos y su tecnología subyacente, referidas en este documento bajo el término general de tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Para las líneas de acción que consideran la regulación de las actividades de criptoactivos, la pregunta depende de la evaluación de los responsables políticos de qué riesgos planteados por los criptoactivos y las actividades relacionadas deben ser capturados por la regulación y si esos riesgos son capturados por la regulación existente o si hay brechas que deben abordarse.

Este documento proporciona una visión general de las medidas de política adoptadas en 19 jurisdicciones para abordar los riesgos asociados con las actividades que incorporan criptoactivos y capacidades de programación DLT en los servicios financieros. En este documento, las actividades de criptoactivos se clasifican en tres categorías basadas en la taxonomía propuesta por el FSB: (a) emisión; b) explotación de una infraestructura de TRD; y (c) prestación de servicios (por ejemplo, billetera, custodia, pago, intercambio, préstamo). Para la visión general de las medidas políticas, las iniciativas se clasifican en tres categorías dependiendo de si abordan los riesgos asociados con (i) actividades de criptoactivos gestionadas centralmente; (ii) actividades de criptoactivos gestionadas por la comunidad; o (iii) exposiciones directas de los usuarios a criptoactivos y actividades relacionadas.

Los diferentes tipos de medidas políticas en todas las jurisdicciones incluyen prohibiciones, restricciones, aclaraciones, requisitos a medida e iniciativas para facilitar la innovación. Dado que estas medidas tienden a reflejar la evolución de la evolución del mercado, la mayoría de las iniciativas actuales se dirigen a las actividades de criptoactivos gestionadas centralmente, con un enfoque particular en la prestación de servicios.

Para las actividades de emisión gestionadas centralmente, las iniciativas regulatorias actuales se centran principalmente en los emisores de tokens de seguridad y monedas estables. Todas las jurisdicciones que cubrimos aquí requieren que los emisores de tokens de seguridad cumplan con la regulación de valores. Algunos están desarrollando marcos para los emisores de monedas estables utilizadas para el pago. Las iniciativas propuestas introducen requisitos de licencia, capital y reservas, pero difieren entre países en términos de terminología, tipo de licencia, derechos de reembolso y estándares para las prácticas de gobernanza y gestión de riesgos. Solo un pequeño número ha adoptado un marco regulador para los emisores de monedas estables utilizadas para otros fines. Además, solo unos pocos han aclarado si las leyes de valores se aplican a los emisores de tokens de utilidad.

Las iniciativas relacionadas con las actividades de infraestructura gestionadas centralmente exploran principalmente los beneficios y riesgos del uso de DLT por parte de los intermediarios financieros tradicionales y sus capacidades de programabilidad. Algunas jurisdicciones están colaborando en casos de uso de pruebas piloto de infraestructuras basadas en DLT para la compensación y liquidación de pagos y valores. Otros están facilitando la innovación en un entorno controlado a través de regímenes de licencias y sandboxes a medida. Solo una jurisdicción ha emitido una guía específica para DLT.

Las iniciativas relacionadas con las actividades de prestación de servicios gestionados centralmente a menudo amplían el perímetro regulatorio a nuevos intermediarios centralizados no bancarios. La mayoría de las jurisdicciones han introducido requisitos de autorización, prudencia, lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD / CFT) y protección del consumidor. Los enfoques regulatorios incluyen el establecimiento de marcos a medida, la introducción de excepciones específicas a la legislación aplicable, la emisión de aclaraciones sobre cómo se aplican los pagos existentes o la regulación de valores, y la restricción o prohibición de ciertas actividades.

En relación con las actividades gestionadas por la comunidad, las medidas políticas tienen como objetivo abordar los riesgos planteados por los tokens nativos y los protocolos DeFi. Para las actividades en las que se trata de tokens nativos, algunas autoridades se basan en una interpretación amplia de los «derechos» vinculados a un token nativo para definir si se trata de un valor y, por lo tanto, aclarar la aplicación de la regulación de valores. Otros utilizan ejemplos concretos para obtener orientación adicional. Para los protocolos DeFi, la mayoría de las iniciativas fueron en forma de documentos analíticos. En la actualidad, solo una autoridad en las jurisdicciones cubiertas ha emitido una guía sobre la adopción de contratos inteligentes. Otro ha aclarado los requisitos aplicables relacionados con los intercambios descentralizados y las actividades de participación. Algunas autoridades han tomado medidas de cumplimiento que abordan los riesgos ALD / CFT y de protección de los inversores planteados por ciertos protocolos. Un pequeño número ha introducido iniciativas para facilitar la adopción de protocolos con ciertas características por parte de los intermediarios financieros tradicionales en un entorno de confianza.

Para los riesgos asociados con la exposición directa de los usuarios a criptoactivos y actividades relacionadas, las iniciativas tienden a reflejar la evolución de los mercados de criptoactivos. Todas las jurisdicciones cubiertas han emitido advertencias a los inversores minoristas sobre los riesgos que plantean los criptoactivos, y algunas de estas advertencias se dirigen a tipos específicos de criptoactivos (por ejemplo, tokens nativos, tokens de seguridad y tokens no fungibles). Algunas jurisdicciones han prohibido la distribución de ciertos criptoactivos a inversores minoristas y otras han impuesto restricciones a las actividades promocionales. Para los inversores mayoristas, ninguna jurisdicción ha introducido hasta ahora reglas para mitigar los riesgos derivados de las instituciones financieras tradicionales que invierten en criptoactivos.

Los responsables políticos pueden enfrentar más desafíos a medida que evolucionan los mercados de criptoactivos y las capacidades de programación DLT se aplican a nuevos casos de uso. Será necesario realizar esfuerzos continuos para comprender los nuevos modelos de negocio y sus riesgos subyacentes, crear o mantener las aptitudes y la capacidad necesarias para evaluar adecuadamente las posibles repercusiones en los mercados financieros y ajustar rápidamente las respuestas de política. Solo con recursos suficientes y acceso a información oportuna y confiable las autoridades podrán evaluar los riesgos futuros para el sistema financiero.

La naturaleza global de los criptoactivos plantea desafíos significativos que requieren una cooperación y coordinación efectivas entre los reguladores nacionales e internacionales. Las jurisdicciones no pueden mitigar por completo los riesgos asociados con los criptoactivos si las medidas políticas son susceptibles a lagunas e inconsistencias a través de las fronteras. Una respuesta coordinada es esencial. En este contexto, las normas internacionales que promueven un marco regulatorio coherente desempeñarán un papel clave en la prevención del arbitraje regulatorio y un entorno regulatorio fragmentado que podría socavar la estabilidad financiera.

Introducción

1. Los avances en criptografía, ciencia informática y potencia informática han transformado los libros de contabilidad digitales. Estos desarrollos han permitido la creación de tecnologías, a las que se hace referencia en este documento bajo el término general de tecnología de contabilidad distribuida (DLT), que permiten a una red de participantes establecer un registro compartido e inmutable de propiedad, un libro mayor con funcionalidades que van mucho más allá de las de los libros de contabilidad tradicionales. Las DLT permiten a los participantes compartir una base de datos de registros electrónicos y crear consenso para la validez de las transacciones a través de algoritmos criptográficos sin una entidad coordinadora central. Las transacciones pueden ser registradas por uno, algunos o todos los participantes, independientemente de su fiabilidad, de acuerdo con las reglas acordadas por la red, y cualquier cambio se replica en todas las copias en minutos o incluso segundos. Algunas DLT también permiten la programación o automatización de transacciones dentro del libro mayor.

2. Las DLT han permitido la creación de criptoactivos y finanzas descentralizadas (DeFi). Aunque el concepto de DLT existía antes de Bitcoin y blockchain, no fue hasta la publicación del whitepaper de Satoshi Nakamoto en 2008 que esta tecnología comenzó a llamar la atención. Los criptoactivos surgieron cuando los desarrolladores de Bitcoin combinaron varios componentes tecnológicos para crear una nueva forma de representar y transferir valor entre múltiples partes sin la necesidad de confiar entre sí. La cadena de bloques de Bitcoin proporcionó un marco básico que sirvió como base para diferentes tipos de DLT y aplicaciones basadas en DLT. A medida que la tecnología evolucionó, algunas DLT incorporaron nuevas funcionalidades como los llamados contratos inteligentes. Basándose en criptoactivos y DLT públicas sin permiso que admiten contratos inteligentes, DeFi surgió como una forma alternativa de ofrecer servicios financieros como préstamos, préstamos o inversiones sin depender de un intermediario financiero centralizado tradicional.

3. Las DLT también se pueden utilizar para representar y transferir diferentes tipos de activos del mundo real. Con el objetivo de reducir costos, aumentar la eficiencia y ofrecer nuevos servicios, algunos intermediarios tradicionales están aprovechando el uso de capacidades de programabilidad de DLT para la representación y transferencia de activos tradicionales.7 Del mismo modo, varios intercambios y operadores del mercado también están explorando el uso de DLT como un nuevo tipo de infraestructura del mercado financiero que puede permitir la liquidación en tiempo real y la automatización de los procesos relacionados con los pagos transfronterizos y la compensación de valores.  Procesos de liquidación y negociación.

4. Las actividades que incorporan criptoactivos y capacidades de programabilidad DLT prometen abrir oportunidades para la prestación de servicios financieros, pero conllevan riesgos y desafíos. Por ejemplo, la tenencia de criptoactivos puede plantear una serie de riesgos para los inversores, incluidos el riesgo de liquidez, el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo operativo (incluidos el fraude y los riesgos cibernéticos), el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y los riesgos legales y de reputación. Además, pueden surgir desafíos económicos, legales y técnicos en relación con la transferencia de activos de los libros mayores tradicionales a representaciones en libros contables programables DLT.

5. Los criptoactivos y los ecosistemas DeFi muestran fallas estructurales y plantean riesgos que, si no se abordan, podrían socavar la protección del consumidor, la estabilidad financiera y la integridad del mercado. La agitación enfrentada en 2022 (también conocida como el «criptoinvierno») reveló que los ecosistemas de criptoactivos y DeFi exhiben muchas de las vulnerabilidades familiares del sistema financiero tradicional, como fragilidades operativas, desajustes de liquidez y vencimiento, apalancamiento e interconexión. Hasta ahora, estas vulnerabilidades no han afectado al sistema financiero tradicional debido al tamaño relativamente pequeño de los mercados de criptoactivos y su limitada interconexión con los mercados tradicionales. Sin embargo, si el interés de los inversores no disminuye después del «criptoinvierno» y considerando que se espera que la interconexión y la concentración del mercado en el ecosistema de criptoactivos se intensifiquen, un escenario futuro de agitación en un mercado de criptoactivos más grande podría tener implicaciones para la estabilidad financiera. Además, los criptoactivos también pueden representar una amenaza para la soberanía monetaria de los estados que son menos estables macroeconómicamente y pueden crear problemas de criptoización (es decir, la sustitución de monedas locales por monedas basadas en criptoactivos).

6. En este contexto, se han intensificado los debates entre los responsables de la formulación de políticas sobre cómo debería ser un marco reglamentario adecuado. Para los nuevos modelos de negocio que aún no están capturados por los marcos regulatorios existentes, la pregunta general es si deben estar dentro o fuera del perímetro regulatorio.8 Si están dentro, la pregunta es cómo deben aplicarse los requisitos regulatorios. Para las actividades o entidades que ya están sujetas a las regulaciones existentes, la pregunta es si los ajustes pueden fomentar la innovación que podría beneficiar a la sociedad sin comprometer otros objetivos políticos; o si se requieren requisitos más estrictos.

7. La regulación de los criptoactivos y las actividades relacionadas plantean a los responsables políticos una serie de desafíos. En primer lugar, los criptoactivos y las actividades relacionadas están dentro del ámbito de muchas autoridades financieras y no financieras, cada una con su propio mandato y objetivos políticos, lo que requiere una mayor cooperación. En segundo lugar, la naturaleza seudónima y sin fronteras de las aplicaciones basadas en DLT implementadas en redes públicas sin permiso dificulta que las autoridades identifiquen la jurisdicción legal aplicable y las entidades o individuos responsables de cumplir con las obligaciones reglamentarias. En tercer lugar, la falta de transparencia, coherencia y la falta de fiabilidad de los datos dificultan que las autoridades supervisen y evalúen los riesgos derivados de estas actividades y sus posibles efectos de contagio en el sistema financiero. En cuarto lugar, la velocidad de la innovación dificulta que los reguladores respondan rápidamente a la evolución del mercado.

8. Los criptoactivos también han estado a la vanguardia de la agenda regulatoria a nivel internacional. Los organismos internacionales de normalización (SSB) han emprendido una serie de iniciativas para captar riesgos que antes no estaban cubiertos en sus marcos, aclarar la aplicación de los principios existentes y promover el desarrollo de marcos reglamentarios eficaces y coherentes a nivel internacional. El CSBB ha publicado normas prudenciales para las actividades y exposiciones de los bancos relacionadas con los criptoactivos. El GAFI ha modificado el alcance de sus normas y recomendaciones para que se apliquen a las actividades financieras que involucran criptoactivos y proveedores de servicios de criptoactivos. La CPMI-OICV ha aclarado la aplicación de los principios existentes de las infraestructuras del mercado financiero a los acuerdos de monedas estables utilizados principalmente para pagos que se consideran infraestructuras de mercados financieros de importancia sistémica. El FSB ha publicado recomendaciones de alto nivel para la regulación, supervisión y supervisión de los acuerdos globales de monedas estables y una propuesta para el marco para la regulación y supervisión internacional de las actividades de criptoactivos y sus mercados.

9. Este documento ofrece una visión general de las medidas de política adoptadas por las autoridades financieras en 19 jurisdicciones y las SSB mundiales. Las medidas de política se refieren a iniciativas que tienen como objetivo abordar los riesgos asociados con las diferentes actividades que incorporan criptoactivos y funcionalidades de contratos inteligentes en la prestación de servicios financieros (denominadas en este documento «actividades de criptoactivos»). El documento se basa en una extensa revisión de la información disponible públicamente sobre las medidas de política adoptadas por las autoridades en las 19 jurisdicciones cubiertas a finales de marzo de 2023, así como en el análisis realizado por los autores.

10. El resto del presente está estructurado. Criterios utilizados para clasificar las medidas de política abarcadas en el documento. Definiciones y criterios para clasificar las medidas de política cubiertas en este documento

11. En la actualidad, no existe una definición universal de «criptoactivo». Las autoridades cubiertas en este documento utilizan diferentes términos, definiciones y taxonomías, que generalmente dependen de la perspectiva en la que se analizan estos activos (por ejemplo, técnico, funcional, legal). Por ejemplo, términos como activos digitales, criptoactivos, activos virtuales o tokens criptográficos a menudo se usan indistintamente. Además, se utilizan diferentes términos para referirse a las representaciones de activos del mundo real en un DLT y la clasificación de estos activos no es uniforme.

12. Del mismo modo, hasta la fecha no existe una clasificación universalmente aceptada de las actividades que incorporan criptoactivos y funcionalidades de contratos inteligentes en la prestación de servicios financieros. Al igual que en el caso de la terminología de criptoactivos, cualquier análisis de las medidas de política en este ámbito se complica por las inconsistencias entre jurisdicciones con respecto a la clasificación de las actividades consideradas para definir si un actor es un proveedor de servicios a efectos regulatorios.

13. Cualquier comparación entre países de las respuestas políticas y regulatorias a los criptoactivos y actividades relacionadas es difícil debido a la falta de una terminología y taxonomía universalmente aceptadas. Este documento utiliza las definiciones propuestas por las SSB cuando es posible y clasifica las medidas de política en tres dimensiones que pueden abarcar la variedad de iniciativas emitidas por las jurisdicciones cubiertas. La primera dimensión se refiere a la actividad de criptoactivos. La segunda dimensión se refiere a cómo se gestionan las actividades. Y el tercero se refiere al tipo de criptoactivo involucrado en esas actividades. Lo que sigue es la descripción de los términos y categorizaciones utilizados para clasificar las medidas de política cubiertas en este documento.

Primera dimensión: actividades de criptoactivos

14. Varias actividades incorporan criptoactivos y funcionalidades de contratos inteligentes en la prestación de servicios financieros. Sobre la base de la taxonomía propuesta por el FSB de las actividades de criptoactivos, este documento agrupa las actividades de criptoactivos en tres categorías: (i) aquellas relacionadas con la emisión de criptoactivos (por ejemplo, creación, emisión, distribución y reembolso); (ii) aquellos relacionados con la operación de una infraestructura DLT (por ejemplo, validación y liquidación de transacciones con criptoactivos); y (iii) aquellos relacionados con la prestación de servicios relacionados con criptoactivos (por ejemplo, billetera, custodia, pago, intercambio, comercio, préstamos, préstamos o servicios de gestión de riesgos). Hay actividades adicionales, denominadas «otros servicios de apoyo», que apoyan las tres categorías anteriores de actividades. Estos incluyen servicios como el desarrollo de código, el suministro de datos externos a la red (por ejemplo, oráculos), la prestación de servicios API y en la nube, la prestación de servicios de asesoramiento de riesgos o la realización de auditorías.

Segunda dimensión: gestión de las actividades de criptoactivos

15. Las actividades de criptoactivos pueden ser administradas (es decir, operadas y gobernadas) de varias maneras. Para este documento, distinguimos entre las medidas políticas que abordan los riesgos asociados con las actividades gestionadas por actores organizados bajo acuerdos operativos y de gobernanza centralizados («actividades gestionadas centralmente») frente a aquellas gestionadas por una comunidad de participantes en redes públicas de DLT organizadas bajo acuerdos operativos y de gobernanza descentralizados («actividades gestionadas por la comunidad»).

Tercera dimensión: tipos de criptoactivos

16. Los criptoactivos abarcan todos los activos digitales emitidos por el sector privado que dependen principalmente de la criptografía y el libro mayor distribuido o tecnología similar. Aunque las autoridades utilizan diferentes términos y definiciones para referirse a los criptoactivos, tienen elementos comunes con la definición del FSB en el sentido de que se refieren a representaciones digitales criptográficamente seguras de valor o derechos contractuales que pueden transferirse, almacenarse o comercializarse electrónicamente y que utilizan un libro mayor distribuido o tecnología similar para registrar o almacenar datos.

17. El diseño y la emisión de criptoactivos dependen del propósito previsto al que deben servir, con una amplia gama de objetivos que guían su creación.19 Por ejemplo, algunos se crean para un uso específico dentro de una red en particular, como proporcionar acceso a un servicio (por ejemplo, FIL otorga a los titulares acceso a una red de almacenamiento de datos). Estos criptoactivos suelen estar limitados en su funcionalidad y no están diseñados para ser utilizados para otra cosa que no sea su uso previsto. Otros criptoactivos están diseñados para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones en un DLT particular (por ejemplo, ETH sirve para construir aplicaciones en la plataforma Ethereum). Estos criptoactivos están diseñados como un componente técnico esencial de la plataforma DLT y sirven como un incentivo económico para pagar las tarifas de transacción y otros servicios dentro de la plataforma. Otros criptoactivos se emiten para representar derechos de propiedad de activos del mundo real (por ejemplo, PAXG sirve como una representación digital de los derechos de propiedad del oro físico). Estos criptoactivos generalmente se diseñan de acuerdo con acuerdos que establecen los términos y condiciones que rigen la propiedad y transferencia del activo subyacente, incluido el almacenamiento y la custodia, los procedimientos de transferencia y los mecanismos de reembolso.

18. Dado que los criptoactivos tienen una amplia gama de usos previstos, las autoridades se basan en diferentes criterios para clasificarlos. Muchas autoridades clasifican los criptoactivos según su función económica en lugar del uso previsto del creador. Sobre la base de este criterio, las autoridades clasifican los criptoactivos según si realizan una función de pago o inversión según lo definido por su marco regulatorio o si proporcionan otra función (por ejemplo, acceso a un bien o servicio digital dentro de una red). Otro criterio es su diseño técnico. Con base en este criterio, las autoridades clasifican los criptoactivos según si fueron creados como parte integral de la operación de una plataforma DLT o no. Para los criptoactivos que están diseñados para mantener un valor estable haciendo referencia a uno o más activos, muchas autoridades los clasifican aún más de acuerdo con (i) el tipo de activo al que hacen referencia (por ejemplo, monedas fiduciarias, materias primas u otros criptoactivos); ii) el tipo de acuerdo mediante el cual se gestionan (por ejemplo, centralizado o descentralizado); o (iii) su potencial para llegar a ser sistémicamente importantes en y a través de una o varias jurisdicciones.

19. Aunque no existe una terminología uniforme, muchas autoridades se refieren a los criptoactivos como «tokens» a efectos de clasificación. Muchas autoridades clasifican los criptoactivos con vistas a la función económica realizada por un token, utilizando términos como «token de pago», «token de seguridad» o «token de utilidad». Otras autoridades utilizan el término «activo tokenizado» para referirse a los criptoactivos que son representaciones digitales de activos en una DLT. En este sentido, las autoridades pueden usar diferentes términos para referirse a un criptoactivo con las mismas características. Por ejemplo, un criptoactivo que proporciona derechos y obligaciones similares a los instrumentos financieros tradicionales, como acciones, instrumentos de deuda o participaciones en un esquema de inversión colectiva, puede denominarse «token de inversión» o «token de seguridad» o «valor tokenizado».

20. Para garantizar que este documento cubra todos los tipos de criptoactivos discutidos en los documentos de política, es importante utilizar definiciones que sean suficientemente amplias e inclusivas. Siempre que sea posible, utilizamos las definiciones propuestas por los SSB. Si una definición de SSB no está disponible, utilizamos una definición general que incluye la mayoría de las características de los criptoactivos cubiertos en este documento. Si se necesita una definición más específica, se hace referencia a ella en la sección correspondiente del documento. Usamos el término «token» indistintamente con «cripto activo». En este contexto, las definiciones de los principales tipos de criptoactivos cubiertos en este documento son las siguientes:

• Stablecoin: criptoactivo que tiene como objetivo mantener un valor estable en relación con un activo específico, o un conjunto o canasta de activos.

• Moneda estable global: moneda estable con un alcance y uso potencial en múltiples jurisdicciones y que podría llegar a ser sistémicamente importante en y a través de una o varias jurisdicciones, incluso como medio de pago y / o depósito de valor.

• Token de seguridad: token que proporciona derechos y obligaciones similares a los instrumentos financieros tradicionales, como acciones, instrumentos de deuda o participaciones en un esquema de inversión colectiva según se define en la regulación de valores.

• Token de utilidad: token que proporciona a los usuarios acceso a un bien, servicio o aplicación específicos cuando canjean el token.

• Token de gobernanza: token emitido como incentivo, que permite al usuario la supuesta oportunidad de convertirse en propietario parcial y tomador de decisiones en un protocolo DeFi.

• Token nativo: el token base de una cadena de bloques que desempeña una parte integral del funcionamiento del protocolo en el que se emite y que se crea en su génesis. Por lo general, se utiliza para pagar tarifas de transacción.

Clasificación de las medidas de política

21. Sobre la base de las clasificaciones y definiciones anteriores, este documento clasifica las medidas de política en tres grupos. Estos se refieren a medidas de política que abordan los riesgos planteados por: (i) actividades de criptoactivos administradas centralmente; (ii) actividades de criptoactivos gestionadas por la comunidad; y (iii) las exposiciones directas de los usuarios a criptoactivos y actividades relacionadas con criptoactivos.

Medidas políticas sobre las actividades de criptoactivos gestionadas centralmente

22. Esta sección proporciona una visión general de las respuestas políticas y regulatorias que tienen como objetivo abordar los riesgos planteados por las actividades de criptoactivos administradas centralmente. Abarca las respuestas políticas y reglamentarias dirigidas a entidades y actores involucrados en (i) actividades de emisión, estructurando estas respuestas en torno a la emisión de monedas estables, tokens de seguridad y tokens de utilidad; ii) actividades de infraestructura; y iii) actividades de prestación de servicios.

23. En general, para las actividades de criptoactivos gestionadas centralmente, el enfoque de las autoridades tenía por objeto prohibir, aislar y/o regular dichas actividades. Las autoridades de algunas jurisdicciones, por ejemplo, China, han introducido prohibiciones integrales de todas las actividades con criptoactivos, incluidas las actividades de infraestructura y las actividades de prestación de servicios. Otros han introducido prohibiciones sobre ciertas actividades, como la emisión de nuevas monedas estables (por ejemplo, UAE-DFSA). Para las actividades de prestación de servicios, las autoridades de muchas jurisdicciones han modificado los regímenes existentes o han introducido regulaciones a medida para limitar el posible arbitraje regulatorio y abordar una amplia gama de riesgos relacionados.

24. Existe una actividad activa de política y regulación para abordar los riesgos asociados con las actividades de emisión, infraestructura y prestación de servicios gestionadas centralmente. Para las actividades de emisión, la mayoría de las jurisdicciones cubiertas en este documento han aclarado cómo se aplican los requisitos existentes a los tokens de seguridad. Varias autoridades han anunciado su interés en establecer un marco regulatorio para los emisores de monedas estables utilizadas con fines de pago y liquidación. En el caso de las actividades de infraestructura, el enfoque de las autoridades tenía por objeto regular y/o facilitar la experimentación de infraestructuras basadas en la TRD para mejorar los procesos de negociación y liquidación. Para las actividades de prestación de servicios, la gran mayoría de las jurisdicciones han adoptado iniciativas de política para abordar los riesgos asociados con estas actividades mediante la introducción de requisitos reglamentarios para sus proveedores.

Actividades de emisión gestionadas centralmente

25. A nivel conceptual, las actividades de emisión y reembolso en las actividades de criptoactivos gestionadas centralmente son similares a las del sistema financiero tradicional. Al emitir un criptoactivo, una entidad generalmente proporciona ciertos derechos, como la propiedad del activo o el derecho a recibir un flujo de pagos. Por ejemplo, los emisores de monedas estables prometen una cierta suma (vinculada al valor de un activo, como una moneda fiduciaria o una canasta de activos); los emisores de un token de seguridad prometen un flujo de pagos de intereses; Los emisores de tokens de utilidad se comprometen a proporcionar ciertos productos, servicios o funciones. Los emisores influyen en el valor de los tokens a través de la creación de otros nuevos y la destrucción de los que están en circulación.

26. En general, las respuestas regulatorias para los emisores de criptoactivos se centran principalmente en la prevención de actividades ilícitas, la protección del consumidor y los requisitos prudenciales. Los principales riesgos asociados con la emisión y el reembolso de tokens están relacionados con ALD / CFT, la información deficiente sobre los derechos de los titulares de tokens y la (in)capacidad de los emisores para cumplir con sus obligaciones percibidas o legalmente exigibles.

27. Los principales objetivos de las autoridades en este ámbito han sido triples. En primer lugar, su objetivo es evitar que los emisores cometan delitos financieros y desvíen recursos de usos social y económicamente productivos. En segundo lugar, garantizar que los titulares de tokens tengan información completa, clara y de fácil acceso sobre los derechos y riesgos asociados con sus tokens. En tercer lugar, garantizar que el emisor pueda cumplir sus promesas, incluso en condiciones de tensión.

28. Las salvaguardias de protección del consumidor son comunes en las jurisdicciones donde los emisores de monedas estables y fichas de seguridad se encuentran dentro del perímetro reglamentario. Para proteger a los consumidores, las autoridades suelen determinar si ciertos activos son adecuados solo para inversores cualificados, debido a sus complejas características o beneficios, o también para los consumidores minoristas. Además, las intervenciones regulatorias a menudo exigen requisitos de divulgación específicos para los emisores para permitir a los usuarios comprender con precisión los riesgos asociados con la propiedad del token.

29. En cambio, los requisitos prudenciales de los emisores varían considerablemente. Como se explica en las siguientes subsecciones, las iniciativas en esta área se han centrado hasta ahora principalmente en los emisores de monedas estables que pueden utilizarse para servicios de pago y liquidación y, en particular, en garantizar que una entidad que cree o destruya este tipo de criptoactivos siempre pueda canjearlos a su valor prometido. Los emisores de otros tipos de tokens generalmente no están sujetos a requisitos prudenciales.

Emisores de stablecoins

30. Las respuestas políticas y reglamentarias a las monedas estables pueden clasificarse en función de su función económica. Este tipo de token se puede utilizar como medio de pago o como instrumento de inversión dependiendo de una serie de características, como los activos a los que está vinculada una moneda estable (es decir, activos a los que el valor de mercado de una moneda estable está diseñado para vincularse); si los usuarios tienen un derecho a la par o al valor de mercado; y la parte que asume los riesgos asociados con las fluctuaciones en el valor de los activos de reserva. Si el emisor asume los riesgos, la stablecoin es más parecida a un medio de pago. Sin embargo, si son soportados por el titular, es más probable que la moneda estable se considere un instrumento de inversión.

a) Monedas estables utilizadas para el pago y la liquidación

Nivel jurisdiccional

31. Varias autoridades han expresado públicamente su interés en desarrollar un marco regulador para los emisores de monedas estables utilizadas para el pago y la liquidación. Por ejemplo, el Consejo Australiano de Reguladores Financieros (CFR) está desarrollando opciones para regular los acuerdos de monedas estables relacionadas con los pagos. Una opción que se está considerando es incorporar acuerdos de monedas estables en el marco regulatorio propuesto para las instalaciones de valor almacenado, que se está implementando como parte de las reformas del gobierno al marco de licencias de pagos.

32. Los reguladores de la UE, la RAE de Hong Kong, el Japón, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos (ADGM FSRA y DFSA), el Reino Unido y los Estados Unidos están aplicando reglamentos sobre monedas estables. Si bien estas jurisdicciones han proporcionado indicaciones claras sobre su enfoque regulatorio de las monedas estables, sus iniciativas se encuentran en diferentes etapas del proceso regulatorio. Los legisladores de la UE y Japón han acordado una nueva legislación que se espera que se publique en 2023 (por ejemplo, Japón) o entre en vigor a partir de 2023 (por ejemplo, la UE). El Reino Unido está acordando una nueva legislación. En los Estados Unidos, las autoridades han proporcionado documentos oficiales que describen en detalle los elementos clave de sus próximos marcos. En enero de 2023, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) emitió un documento de conclusión a su documento de debate anterior sobre la regulación de las monedas estables, confirmando su plan para regular ciertas actividades relacionadas con las monedas estables bajo un enfoque basado en el riesgo e indicando el alcance regulatorio esperado y los requisitos regulatorios clave. Se ha consultado el marco regulatorio de stablecoin propuesto por Singapur y actualmente se está revisando, teniendo en cuenta los comentarios de la consulta, para su finalización. En los Emiratos Árabes Unidos, la ADGM FSRA aclaró la regulación aplicable a los emisores de monedas estables en septiembre de 2022, mientras que el régimen de tokens criptográficos emitido por la DFSA entró en vigor en noviembre de 2022.

33. Los marcos reglamentarios suelen adoptar términos diferentes para los tokens de pago. Japón y el Reino Unido están adoptando terminologías basadas en la palabra «stablecoin». Específicamente, el gobierno del Reino Unido ha decidido adoptar formalmente la terminología «stablecoins» para identificar los tokens utilizados para los pagos. El marco japonés se basará en «monedas estables de tipo dinero digital». Por otro lado, la UE, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos han optado por utilizar el término «tokens» pero con diferentes especificaciones. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses se refieren a «tokens de dólar», los colegisladores de la UE han introducido el concepto de «tokens de dinero electrónico» y los Emiratos Árabes Unidos se centran en «tokens criptográficos fiduciarios».

34. Las propuestas actuales para regular a los emisores de monedas estables utilizadas para pagos introducen regímenes de licencias. En todas las jurisdicciones cubiertas, las autoridades requieren que los emisores sean instituciones reguladas. Sin embargo, el tipo de licencia puede diferir de un país a otro. Los bancos y las instituciones de dinero electrónico generalmente pueden emitir tokens de pago. En los Estados Unidos, sin embargo, solo las instituciones de depósito aseguradas pueden emitir monedas estables, lo que excluye efectivamente a la mayoría de las entidades no bancarias a las que se les permite emitir dinero electrónico. En Japón, las compañías fiduciarias también pueden emitir tokens de pago.

35. Los requisitos mínimos de capital para los emisores de monedas estables suelen estar determinados por el tipo de licencia que poseen. Ninguna autoridad en las jurisdicciones revisadas para este documento ha propuesto colchones de capital que excedan los ya establecidos para las entidades reguladas.

36. Las autoridades suelen imponer requisitos sobre la liquidez, denominación y custodia de los activos de reserva que respaldan el valor de las fichas de pago. Por lo general, se requiere que los activos de reserva se inviertan en activos de alta liquidez que pueden depender del tipo de licencia de los emisores. Por ejemplo, en Japón, las compañías fiduciarias deben mantener depósitos bancarios, mientras que los proveedores de servicios de transferencia de fondos también pueden mantener otros activos seguros, como bonos del gobierno. Algunas jurisdicciones también requieren que los activos de reserva estén denominados en la misma moneda a la que hacen referencia los tokens de pago.

37. Las autoridades están adoptando actualmente diversos enfoques para la regulación de las fichas referenciadas a una cesta de monedas. Si bien los tokens que tienen como objetivo mantener un valor estable en relación con una sola moneda fiduciaria generalmente se clasifican como tokens de pago, las iniciativas relacionadas con las monedas estables multidivisa varían. En Singapur, estos tokens están excluidos del conjunto de tokens que se pueden usar para pagos. En la UE, el uso de monedas estables multidivisa como medio de intercambio es limitado. En la RAE de Hong Kong, Japón y el Reino Unido, las autoridades están tratando de abordar los riesgos asociados con el uso de este tipo de stablecoin en los pagos.

38. Por lo general, se exige a los emisores de monedas estables que proporcionen derechos mínimos de reembolso. Estos pueden variar dependiendo de dos características clave: si los tokens se pueden canjear a valor nominal o a un valor diferente, y si los titulares tienen un derecho directamente sobre el emisor, los activos de reserva o un tercero. Las propuestas existentes entre las jurisdicciones cubiertas difieren significativamente. En la UE, Japón y el Reino Unido, los titulares tienen derecho a una reclamación a la par. Sin embargo, en los Estados Unidos la redención puede ser cercana, pero no necesariamente igual, al valor nominal de los tokens. Además, en los Estados Unidos, el reclamo debe ser sobre el emisor, mientras que, en el Reino Unido, la obligación legal es con el emisor, pero los clientes podrían presentar un reclamo contra una entidad orientada al consumidor cuando corresponda. En Japón, el tipo de crédito difiere en función de la licencia del emisor, ya se trate de un banco, de un proveedor de servicios de transferencia de fondos o de una sociedad fiduciaria.

39. Todas las jurisdicciones cubiertas han introducido restricciones sobre los tipos de mecanismos de estabilización permitidos para las monedas estables. Los emisores deben mantener una cartera de activos que respalden el valor de sus tokens. Estos activos pueden respaldar directamente el valor del token, en los casos en que el reclamo está en los activos de reserva, o indirectamente, en los casos en que el reclamo está en el emisor. Si bien los tokens que dependen exclusivamente de algoritmos para estabilizar su valor generalmente no están prohibidos (excepto en los EAU-DFSA), generalmente se considera que no cumplen con los requisitos reglamentarios establecidos por los regímenes de monedas estables relevantes.

40. En algunas jurisdicciones, los emisores de monedas estables también están sujetos a requisitos específicos de protección de los consumidores. Las autoridades suelen establecer un conjunto mínimo de información que debe divulgarse a los consumidores. Por ejemplo, en virtud del reglamento MICA de la UE y el marco propuesto por Singapur, 32 emisores deben publicar un libro blanco que contenga información sobre, entre otras cosas, una descripción de los derechos de reembolso de los usuarios y cómo pueden ejercerse dichos derechos.

41. Los emisores de monedas estables a menudo están sujetos a una serie de requisitos para mejorar sus prácticas de gestión de riesgos. Las autoridades de las jurisdicciones cubiertas en esta sección suelen exigir la presencia de una persona claramente identificable para ser responsable ante los titulares de las fichas de pago, lo que podría excluir las estructuras de gobernanza puramente descentralizadas. Bajo el régimen propuesto en Hong Kong, los emisores de monedas estables no pueden realizar actividades que se desvíen de su(s) negocio(s) principal(es) según lo permitido por sus licencias relevantes, o participar en cualquier otra actividad que pueda plantear riesgos para el emisor, incluidas las actividades relacionadas con otros criptoactivos (por ejemplo, comercio, préstamos, apuestas).

42. Algunas autoridades han introducido requisitos para abordar los riesgos sistémicos asociados con las monedas estables utilizadas para pagos. En la UE, los legisladores han introducido varios mitigantes del riesgo, como requisitos de capital adicionales, diversificación de los custodios de activos de reserva, requisitos adicionales de riesgo de liquidez y planes específicos para una liquidación ordenada. En los Estados Unidos, las autoridades están considerando reglas para preservar la competencia y evitar un poder de mercado excesivo. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra puede considerar exigir una reclamación legal directa al emisor de tokens de pago sistémicos.

Nivel internacional

43. Las monedas estables que pueden utilizarse para pagos son objeto de un intenso trabajo por parte de los organismos de seguridad ambiental para promover una reglamentación coherente y eficaz a nivel internacional. Las SSB han puesto en marcha una serie de iniciativas en este ámbito. El GAFI ha publicado un informe sobre las llamadas monedas estables; CPMI y IOSCO han publicado una guía sobre la aplicación de los Principios para las Infraestructuras del Mercado Financiero (PFMI) a los acuerdos de monedas estables; y el FSB ha consultado sobre la revisión de sus recomendaciones de alto nivel sobre la regulación, supervisión y supervisión de los acuerdos de «monedas estables globales» (GSC-HLR) que se publicaron por primera vez en 2020.

44. En general, los organismos de seguridad social establecen normas de alto nivel para la regulación de los acuerdos de monedas estables. Estos incluyen no solo a los emisores, sino también una serie de actividades relacionadas con las monedas estables.

• En la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales,37 el GAFI proporciona orientación sobre cómo se aplican los estándares del GAFI a las monedas estables y aclara que una serie de entidades involucradas en acuerdos de monedas estables podrían calificar como proveedores de servicios de criptoactivos (denominados proveedores de servicios de activos virtuales o VASP) bajo los Estándares del GAFI. Además, el informe del GAFI al G20 sobre las llamadas monedas estables destaca que, entre otras cosas, los órganos de gobierno (que en muchos casos coinciden sustancialmente con el emisor) tienen obligaciones ALD / CFT cuando llevan a cabo actividades de una institución financiera o un proveedor de servicios de activos virtuales.

• El CPMI y la OICV aclararon la aplicación de los principios existentes de las infraestructuras del mercado financiero a los acuerdos de monedas estables que se consideran infraestructuras del mercado financiero de importancia sistémica.

45. La labor de las SSB aborda varias esferas de reglamentación, incluida la estructura de gobernanza y la concesión de licencias. En general, el trabajo de las SSB es de alto nivel, de modo que las normas y recomendaciones pueden incorporarse a la amplia variedad de marcos regulatorios en todo el mundo. Además, se aplican a todas las monedas estables globales, independientemente de los activos a los que estén vinculadas o de sus funciones económicas. En relación con la autorización y la concesión de licencias, el CEF destaca que las autoridades deben exigir que los acuerdos de la SGC cumplan todos los requisitos reglamentarios, de supervisión y de supervisión aplicables de una jurisdicción concreta antes de iniciar cualquier operación. También deben tener los poderes para prohibir efectivamente las actividades de stablecoin si es necesario y apropiado.

46. Un ámbito de interés clave de la labor de los organismos de seguridad en el sector de la seguridad es el funcionamiento y la fiabilidad del mecanismo de estabilización. La guía de implementación de la recomendación 9 del FSB limita efectivamente las monedas estables puramente algorítmicas. Además, la recomendación subraya que los acuerdos de la SGC deben estar sujetos a requisitos prudenciales adecuados y a requisitos sólidos para la composición de los activos de reserva.

Las consideraciones clave relacionadas con el Principio 9 del PFMI destacan que una moneda estable utilizada por un acuerdo sistémicamente importante debe tener poco o ningún riesgo de crédito o liquidez. Al evaluar el riesgo que presenta la moneda estable, el acuerdo debe considerar, entre otras cosas: i) la naturaleza y suficiencia de los activos de reserva de la SA y el grado en que los activos de reserva de la SA podrían liquidarse a los precios de mercado vigentes o cerca de ellos; y ii) la solvencia, la capitalización, el acceso a la liquidez y la fiabilidad operativa del emisor de la moneda estable.

47. El trabajo a nivel internacional se ha centrado en los riesgos relacionados con los derechos de reembolso deficientes. El FSB subraya que las SGC referenciadas a una moneda fiduciaria única deben tener derechos de reembolso que permitan a los titulares canjear a la par en fiat. Del mismo modo, CPMI-IOSCO destaca que, al evaluar los riesgos de crédito y liquidez de los acuerdos de stablecoin, las autoridades deben considerar si la stablecoin proporciona a sus titulares un derecho legal directo sobre el emisor.

b) Monedas estables utilizadas para la inversión

Nivel jurisdiccional

48. La mayoría de las autoridades no han adoptado iniciativas para las monedas estables utilizadas como inversiones. Debido a su estabilidad percibida, las monedas estables pueden crear la percepción o expectativa entre los usuarios de que pueden ser utilizadas como vehículos de inversión. Sin embargo, los riesgos específicos que crean y el enfoque regulatorio apropiado siguen siendo inciertos debido al número limitado de ejemplos del mundo real. Algunas autoridades han adoptado un enfoque preventivo, prohibiendo la emisión de monedas estables utilizadas como inversiones.

49. Solo unas pocas autoridades han adoptado iniciativas reglamentarias específicas para las monedas estables que se utilizan como inversiones. Por ejemplo, FINMA ha aclarado el tratamiento regulatorio de diferentes categorías de monedas estables, que depende de los activos subyacentes y el tipo de reclamación. Específicamente, los criptoactivos vinculados a un metal precioso con un reclamo contractual caerían bajo la ley bancaria. Por el contrario, una moneda estable vinculada a un solo producto o valor con un reclamo contractual estaría sujeta a la regulación de valores. Por último, una moneda estable vinculada a una cesta de materias primas o valores con un derecho de reembolso se trataría como un plan de inversión colectiva.

50. La UE ha introducido un régimen a medida que incluye una regulación para los emisores de monedas estables que pueden utilizarse principalmente como inversiones. El nuevo marco regulatorio, que etiqueta dichos tokens como Tokens Referenciados a Activos (ART), introduce varios requisitos para los emisores, incluidos los asociados con licencias, capital, activos de reserva, gestión de riesgos y disposiciones para una liquidación ordenada. En particular, los emisores de ART deben estar establecidos en la UE, mantener fondos propios cuyo valor debe ser al menos el 2% de la reserva de activos que respaldan el valor del ART y mantener la reserva separada de los propios activos del emisor e invertida solo en instrumentos financieros de alta liquidez con un riesgo mínimo de mercado y de crédito. Además, los emisores deben mantener mecanismos de control interno y procedimientos eficaces para la evaluación y gestión del riesgo, incluidos mecanismos eficaces de control y salvaguardia para la gestión de los sistemas de TIC. El reglamento también introduce reglas sobre el contenido y la forma del libro blanco, que debe proporcionar un amplio conjunto de información al público sobre el token, e introduce requisitos adicionales para tokens significativos (incluidos requisitos de capital adicionales y requisitos de gestión de riesgos).

Nivel internacional

51. En 2020, IOSCO publicó un informe sobre el uso potencial de las monedas estables como inversiones. El informe analiza este tipo de criptoactivos desde la perspectiva de los reguladores de valores y destaca que las iniciativas globales de stablecoin pueden, dependiendo de su estructura, tener características típicas de los valores regulados u otros instrumentos financieros regulados. Los miembros de la OICV también han llegado a la conclusión de que las Recomendaciones de política para los fondos del mercado monetario y los Principios para la regulación de los fondos cotizados en bolsa, entre otras normas, podrían aplicarse a las monedas estables mundiales si se clasificaran como valores u otros instrumentos financieros.

Emisores de tokens de seguridad

Nivel jurisdiccional

52. Los emisores de fichas de valores están sujetos a la misma regulación que los emisores de valores tradicionales en todas las jurisdicciones cubiertas. Los reguladores de valores han aclarado la aplicabilidad de la regulación de valores a los tokens de seguridad (también conocidos como valores tokenizados) centrándose en las características de los activos en lugar de en la tecnología utilizada para intercambiarlos. En particular, los emisores de tokens de valores están sujetos a la regulación ALD / CFT, requisitos de transparencia (prospecto de inversión o memorando de oferta, estados financieros auditados) y regulación de protección al consumidor.

53. Algunas autoridades han eximido a los emisores de fichas de valores de la plena aplicación de la regulación de valores. Tales exenciones están en línea con las exenciones que existen en la regulación típica de valores para emisiones a pequeña escala. Las exenciones suelen estar relacionadas con el contenido del folleto de inversión o del memorándum de oferta, lo que permite a los emisores cierta flexibilidad en la información facilitada o una exención de la obligación de presentar dicha documentación. Otras exenciones, que generalmente se consideran en las iniciativas de sandbox, incluyen limitaciones en la cantidad de capital recaudado a través de ofertas de tokens, el tipo de inversor potencial (generalmente solo entidades calificadas), restricciones o prohibiciones de listar y comercializar tokens en intercambios y limitaciones de tiempo (generalmente uno o dos años). Sin embargo, las autoridades generalmente no proporcionan exenciones de la regulación ALD / CFT, lo que sugiere que las autoridades creen que los tokens de inversión pueden plantear riesgos considerables ALD / CFT.

54. Un ámbito clave es la regulación de las fichas de seguridad emitidas por las instituciones financieras. En general, nuestra revisión de las regulaciones a nivel mundial no ha identificado iniciativas regulatorias específicas para tokens de seguridad emitidos por instituciones financieras, como bonos bancarios tokenizados o acciones tokenizadas de fondos de inversión.

Nivel internacional

55. El CSBB ha aclarado algunos aspectos del tratamiento prudencial de los pasivos tokenizados de los bancos. Las normas del CSBB, que se centran principalmente en las exposiciones de los bancos, aclaran el tratamiento del capital y la liquidez de los «activos tradicionales tokenizados» emitidos por los bancos. Estas normas son un paso importante hacia el desarrollo de un marco regulador para las actividades de financiación de los bancos utilizando TRD. Sin embargo, quedan cuestiones prácticas clave que deben abordarse, incluida la aplicación de los sistemas de garantía de depósitos a los depósitos tokenizados.

Emisores de tokens de utilidad

Nivel jurisdiccional

56. Por lo general, los emisores de fichas de utilidad no están sujetos a una regulación específica. Por ejemplo, UAE-ADGM FSRA y DFSA han dejado estos tokens fuera del alcance de su regulación para criptoactivos.

57. Algunas autoridades han aclarado la aplicabilidad de las leyes sobre valores a los emisores de fichas de utilidad. Los tokens de utilidad generalmente no se tratan como valores si su único propósito es conferir derechos de acceso digital a una aplicación o servicio y si el token de utilidad solo se puede usar de esta manera en el punto de emisión. En estos casos, la función subyacente es otorgar los derechos de acceso, sin tener ninguna conexión con los mercados de capitales, que es una característica típica de los valores. Sin embargo, en algunos casos, los tokens de utilidad pueden tener las características de los activos de inversión. Por ejemplo, algunas autoridades han aclarado que las ofertas de tokens de utilidad que implican un contrato de inversión deben tratarse como ofertas de valores.

Actividades de infraestructura gestionadas centralmente

58. A nivel conceptual, las capacidades de programabilidad de las DLT podrían mejorar las actividades de infraestructura en el sector financiero tradicional. Los sistemas de compensación y liquidación de los intermediarios financieros tradicionales podrían beneficiarse de las eficiencias logradas mediante las capacidades de programabilidad en términos de velocidad de ejecución y costos de transacción. La tokenización de activos del mundo real y la automatización de transacciones pueden aportar una serie de beneficios al sector financiero tradicional, como el comercio y la liquidación atómicos/instantáneos, la propiedad fraccionada, la reducción de las conciliaciones al final del día, el ahorro de costos y el procesamiento acelerado.

59. La adopción de la TRD por los intermediarios financieros tradicionales podría plantear una serie de riesgos y desafíos. Al igual que con cualquier nueva tecnología, DLT aumenta el potencial de riesgos operativos, incluida la estabilidad de la red, la exposición al riesgo cibernético, el riesgo de piratería y los ataques del 51%. Podrían surgir riesgos e implicaciones adicionales dependiendo del caso de uso y las características de la red DLT (por ejemplo, los riesgos relacionados con ALD / CFT son particularmente altos en los mercados tokenizados que se basan en redes públicas sin permiso).51 Además, el sector financiero tradicional enfrentaría una serie de desafíos con la migración a un entorno habilitado para DLT a gran escala. Estos desafíos incluirían la escalabilidad o interoperabilidad de las redes, la firmeza de la liquidación y la aplicabilidad legal de los contratos inteligentes, o los riesgos para la estabilidad financiera debido a los crecientes vínculos entre los mercados de criptoactivos / DeFi, TradFi y la economía real si crece la tokenización de los activos del mundo real.

Nivel jurisdiccional

60. Las respuestas reglamentarias para las actividades de infraestructura se centran principalmente en apoyar la innovación que podría beneficiar a la sociedad, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. Estas respuestas pueden clasificarse ampliamente en tres categorías principales: investigación, experimentación e iniciativas que faciliten la adopción segura de FMI basadas en DLT.

61. Las iniciativas de investigación han analizado los posibles beneficios y riesgos asociados con la adopción de la TRD por parte de intermediarios, infraestructuras de los mercados financieros o el sector público. Estos incluyen documentos de trabajo e informes de SSB, organizaciones internacionales y autoridades en algunas jurisdicciones como la UE, los Países Bajos y el Reino Unido.

58. A nivel conceptual, las capacidades de programabilidad de las DLT podrían mejorar las actividades de infraestructura en el sector financiero tradicional. Los sistemas de compensación y liquidación de los intermediarios financieros tradicionales podrían beneficiarse de las eficiencias logradas mediante las capacidades de programabilidad en términos de velocidad de ejecución y costos de transacción. La tokenización de activos del mundo real y la automatización de transacciones pueden aportar una serie de beneficios al sector financiero tradicional, como el comercio y la liquidación atómicos/instantáneos, la propiedad fraccionada, la reducción de las conciliaciones al final del día, el ahorro de costos y el procesamiento acelerado.

59. La adopción de la TRD por los intermediarios financieros tradicionales podría plantear una serie de riesgos y desafíos. Al igual que con cualquier nueva tecnología, DLT aumenta el potencial de riesgos operativos, incluida la estabilidad de la red, la exposición al riesgo cibernético, el riesgo de piratería y los ataques del 51%. Podrían surgir riesgos e implicaciones adicionales dependiendo del caso de uso y las características de la red DLT (por ejemplo, los riesgos relacionados con ALD / CFT son particularmente altos en los mercados tokenizados que se basan en redes públicas sin permiso).51 Además, el sector financiero tradicional enfrentaría una serie de desafíos con la migración a un entorno habilitado para DLT a gran escala. Estos desafíos incluirían la escalabilidad o interoperabilidad de las redes, la firmeza de la liquidación y la aplicabilidad legal de los contratos inteligentes, o los riesgos para la estabilidad financiera debido a los crecientes vínculos entre los mercados de criptoactivos / DeFi, TradFi y la economía real si crece la tokenización de los activos del mundo real.

Nivel jurisdiccional

60. Las respuestas reglamentarias para las actividades de infraestructura se centran principalmente en apoyar la innovación que podría beneficiar a la sociedad, protegiendo al mismo tiempo a los consumidores, la integridad del mercado y la estabilidad financiera. Estas respuestas pueden clasificarse ampliamente en tres categorías principales: investigación, experimentación e iniciativas que faciliten la adopción segura de FMI basadas en DLT.

61. Las iniciativas de investigación han analizado los posibles beneficios y riesgos asociados con la adopción de la TRD por parte de intermediarios, infraestructuras de los mercados financieros o el sector público. Estos incluyen documentos de trabajo e informes de SSB, organizaciones internacionales y autoridades en algunas jurisdicciones como la UE, los Países Bajos y el Reino Unido.

62. En las iniciativas de experimentación, las autoridades participan en planes piloto de casos de uso. El objetivo es obtener conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de las aplicaciones basadas en DLT y probar la eficacia de las soluciones potenciales para los riesgos potenciales. Algunas jurisdicciones que han adoptado este enfoque son Canadá, Singapur y Sudáfrica. El Canadá ha llevado a cabo una iniciativa («Proyecto Jasper») con el objetivo de analizar las consecuencias del uso de DLT en el sistema de pagos. Sudáfrica también ha experimentado el uso de DLT con la industria. Recientemente, la Autoridad Monetaria de Singapur anunció el inicio del Proyecto Guardian. Esta es una iniciativa de colaboración con la industria financiera para probar la viabilidad de las aplicaciones en tokenización de activos y protocolos DeFi.

63. La tercera categoría incluye iniciativas reguladoras que facilitan la adopción segura de infraestructuras de mercados financieros basadas en DLT. En la actualidad, hay pocas iniciativas regulatorias concretas para facilitar la innovación en las FMI. En términos generales, estas iniciativas tienen como objetivo apoyar el uso de DLT en la compensación y liquidación de pagos y valores en una red de participantes de confianza. Las iniciativas se han implementado a través de regímenes de licencias a medida (por ejemplo, CH, UE), iniciativas de facilitación de la innovación (por ejemplo, Reino Unido) y orientación regulatoria específica de DLT (por ejemplo, UA, EAU):

un. Suiza ha adoptado legislación destinada a regular las condiciones de los intermediarios que utilizan DLT. Esto se hace mediante la introducción de garantías reales registradas en una cadena de bloques, aumentando la seguridad jurídica en caso de quiebra (segregación de criptoactivos), creando una nueva categoría de licencia para los sistemas de negociación basados en DLT/cadena de bloques en el marco de la supervisión del mercado financiero y proporcionando una respuesta proporcionada a los riesgos identificados en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

b. En la UE, el Reglamento sobre un régimen piloto para las infraestructuras de mercado basadas en la TRD tiene por objeto apoyar la innovación eliminando los posibles obstáculos a la aplicación de nuevas tecnologías y proporcionando un marco regulador específico. El presente Reglamento pretende establecer un marco adaptado a la TRD, encontrando un equilibrio entre las exenciones a la normativa tradicional que las infraestructuras de mercado de TRD pueden solicitar en condiciones específicas y los requisitos adicionales aplicables a las infraestructuras de mercado de TRD para hacer frente a los nuevos riesgos relacionados con esta tecnología facilitadora concreta.

c. El Reino Unido ha anunciado su intención de establecer un «entorno de pruebas para la infraestructura del mercado financiero». Esta iniciativa incluye medidas reglamentarias en el ámbito de las actividades basadas en la tecnología extrajudicial y la tecnología extravagante. En particular, el Sandbox, que será gestionado por el Banco de Inglaterra y la FCA y estará operativo en 2023, está diseñado para permitir a las empresas experimentar e innovar en la prestación de los servicios de infraestructura que sustentan los mercados, en particular permitiendo que se pruebe DLT. El gobierno también confirmó que iniciará un programa de investigación para explorar la viabilidad y los beneficios potenciales del uso de DLT para instrumentos de deuda soberana.

d. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones estableció una guía para los jugadores (licenciatarios nuevos o ya existentes) que desean operar una infraestructura de mercado o proporcionar servicios financieros o de crédito al consumo a través de DLT. La guía se centra principalmente en la importancia de contar con arreglos adecuados y recursos suficientes (tecnológicos y de recursos humanos) para comprender la tecnología. También busca garantizar que se identifiquen y mitiguen los riesgos, y requiere que las empresas tengan y mantengan la competencia para operar adecuadamente su infraestructura o para proporcionar el servicio financiero cubierto por la licencia.

e. Los Emiratos Árabes Unidos proporcionaron directrices para las instituciones que utilizan o tienen la intención de utilizar tecnologías facilitadoras, con especial referencia a la DLT. En este sentido, los principios clave abarcan la gobernanza de la aplicación y su diseño, gestión y supervisión, el anonimato/seudónimo de los usuarios, y cuestiones como la estandarización de datos, la interoperabilidad y la continuidad del negocio.

Actividades de prestación de servicios gestionados centralmente

64. La prestación de servicios de criptoactivos incluye una amplia gama de actividades. Estos están relacionados principalmente con la custodia y la administración de tokens en nombre de los usuarios (es decir, proveedores de billeteras), el intercambio de tokens por monedas fiduciarias u otros tokens, y la recepción, transmisión o ejecución de órdenes. Las entidades centralizadas no bancarias, como el intercambio de criptoactivos y las plataformas de negociación que proporcionan actividades de criptoactivos integradas verticalmente (por ejemplo, emisión, intercambio, comercio, pagos, préstamos, préstamos), generalmente denominadas «cripto-conglomerados», han surgido como actores clave en los mercados de criptoactivos.

Servicios prestados por bancos Nivel jurisdiccional

65. Las actividades de prestación de servicios por parte de las entidades reguladas son, por lo general, comprendidas en el ámbito de aplicación de la normativa vigente. En relación con las exposiciones indirectas de los bancos a criptoactivos, la mayoría de las iniciativas regulatorias implican la publicación de directrices y aclaraciones relacionadas con sus prácticas de gestión de riesgos. Si bien estas iniciativas no introducen nuevas normas, llaman la atención de los bancos sobre los riesgos específicos asociados con las exposiciones indirectas a criptoactivos y destacan aspectos del marco regulatorio existente que deben considerar al medir y mitigar los riesgos resultantes de las actividades relacionadas con los criptoactivos. Estas directrices cubren una serie de servicios, incluidos los servicios bancarios tradicionales, como los servicios de crédito, asesoramiento, custodia y pago, y los servicios no tradicionales, como billeteras digitales, ejecución de órdenes, colocación y recepción y transmisión de órdenes en nombre de terceros de criptoactivos.

66. En algunas jurisdicciones, los supervisores solicitan análisis de riesgo detallados antes de autorizar a los bancos a realizar actividades relacionadas con los mercados de criptoactivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un banco puede participar en ciertas actividades relacionadas con criptoactivos, como los servicios de custodia de criptoactivos para los usuarios y los servicios de custodia para las reservas de monedas estables, siempre que pueda demostrar, a satisfacción del supervisor, que tiene controles establecidos para llevar a cabo la actividad de manera segura y sólida. Para obtener la no objeción supervisora, el banco debe demostrar que ha establecido un proceso adecuado de gestión y medición de riesgos para las actividades propuestas, incluido el establecimiento de sistemas adecuados para identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos de sus actividades.

67. Las autoridades han destacado la necesidad de aclarar qué actividades de criptoactivos pueden ofrecer los bancos. Por ejemplo, las agencias federales de los Estados Unidos están en el proceso de aclarar qué actividades relacionadas con los criptoactivos realizadas por las organizaciones bancarias son legalmente permisibles y establecerán expectativas de seguridad y solidez, protección del consumidor y cumplimiento de las leyes y regulaciones existentes.

Servicios prestados por otras entidades

Nivel jurisdiccional

68. Existen similitudes significativas entre las actividades de prestación de servicios de criptoactivos y las del sistema financiero tradicional. Como destaca el FSB, 74 servicios de intercambio en los mercados de criptoactivos generan riesgos similares a los de los servicios de negociación e inversión proporcionados por los intercambios tradicionales, los corredores de bolsa y las empresas de gestión de activos. Esto sugiere que las mismas normas y políticas que se aplican a los intermediarios financieros tradicionales también deben aplicarse a los proveedores de servicios de criptoactivos, teniendo en cuenta cualquier aspecto novedoso de estos activos. Por ejemplo, algunas actividades relacionadas con el mecanismo de validación (por ejemplo, el replanteo) y los servicios de custodia (por ejemplo, billeteras sin custodio) no tienen un corolario directo en las finanzas tradicionales.

69. La regulación de los proveedores de servicios de criptoactivos está generalmente determinada por el tipo de actividad realizada y la clasificación regulatoria del criptoactivo subyacente dentro del marco legal de una jurisdicción. En los últimos años, varias autoridades han aclarado que la regulación de valores existente se aplica a las entidades que hacen negocios con criptoactivos que califican como valores u otros instrumentos financieros tradicionales. Por lo tanto, los proveedores de servicios pueden no estar sujetos a la regulación de valores existente si tratan solo con criptoactivos que no califican como valores u otros activos regulados. Para abordar esta posible brecha regulatoria, algunas autoridades han introducido marcos a medida para criptoactivos que no califican como valores u otros activos regulados y otros introducirán nuevos marcos de licencias que capturan tanto criptoactivos calificados como no valores.

70. En los últimos años, la gran mayoría de las jurisdicciones examinadas para este documento han adoptado iniciativas de política para abordar los riesgos asociados con las actividades de prestación de servicios de criptoactivos. El importante número de respuestas políticas en este ámbito pone de relieve la importancia de los riesgos asociados a la interacción directa de los proveedores de servicios con los consumidores minoristas. Por ejemplo, algunas jurisdicciones han introducido marcos a medida para los proveedores de servicios de criptoactivos (por ejemplo, Francia y Filipinas), mientras que otras han emitido aclaraciones sobre cómo los requisitos de las leyes de valores pueden adaptarse a las plataformas de negociación de criptoactivos (por ejemplo, los Administradores de Valores Canadienses (CSA) y la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá). Dado el gran número de iniciativas en esta área, el resto de esta subsección se centra en las jurisdicciones cubiertas en la subsección 3.1.

71. En general, las medidas de política para los proveedores de servicios se dividen en cuatro categorías principales: licencias, prescripciones prudenciales, prescripciones en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y protección del consumidor. Las disposiciones suelen incluirse en los reglamentos relacionados con los servicios de pago o los servicios financieros. Por ejemplo, Japón y Singapur regulan las actividades de criptoactivos en sus respectivas legislaciones de servicios de pago. Las iniciativas regulatorias en la UE (es decir, el Reglamento MICA de la UE) y el Reino Unido (es decir, la consulta del Tesoro del Reino Unido sobre el futuro régimen regulatorio de servicios financieros para criptoactivos) están dirigidas a los servicios financieros en general.

72. En varias jurisdicciones se han establecido regímenes de concesión de licencias o de registro para los proveedores de servicios de criptoactivos. Los principales requisitos de autorización son similares a los de los proveedores de servicios tradicionales. En la UE, Japón, Filipinas y Singapur, 81 solicitantes se enfrentan a requisitos sobre el lugar de constitución y la forma jurídica, la sostenibilidad del plan de negocios, el capital desembolsado mínimo, la idoneidad y la propiedad de la gestión, los marcos de gobernanza de riesgos y la documentación de la estrategia de salida.

73. Los proveedores de servicios de criptoactivos, cuando realizan una actividad regulada, generalmente enfrentan los mismos requisitos prudenciales continuos que las instituciones financieras tradicionales. Estos requisitos se pueden agrupar en cinco categorías principales:

• Solvencia y liquidez: los proveedores de servicios en la UE, Filipinas y el Reino Unido82 están sujetos (o estarán sujetos a) requisitos de capital y liquidez, por ejemplo, en forma de una póliza de seguro o un mecanismo de seguridad equivalente (por ejemplo, depósito en efectivo, garantía bancaria).

• Gestión de riesgos: la UE, Japón, Filipinas, Singapur, el Reino Unido y los Estados Unidos exigen a los proveedores que gestionen adecuadamente las exposiciones al riesgo (por ejemplo, riesgos ALD / CFT) o que las sometan a requisitos a medida sobre algunos riesgos específicos (por ejemplo, externalización).

• Gobernanza: la mayoría de las jurisdicciones requieren que la alta dirección cumpla con los requisitos de idoneidad profesional y experiencia para desempeñar sus funciones.

• Resiliencia operativa: la mayoría de las jurisdicciones tienen requisitos para garantizar la continuidad del negocio y los requisitos de resiliencia operativa, incluso en términos de riesgos relacionados con la tecnología y gestión de dependencias de terceros. Por ejemplo, la DORA (Ley de Resiliencia Operativa Digital) de la UE establece requisitos uniformes intersectoriales para abordar la resiliencia operativa de una amplia gama de entidades, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos.

• Reporting: estos requisitos incluyen informar el número de titulares de criptoactivos, el volumen de transacciones, reportar transacciones sospechosas o de cualquier incidente técnico u operativo que pueda comprometer la continuidad de los servicios.

74. Algunas jurisdicciones cubren todo el conjunto de requisitos prudenciales, mientras que otras se centran en aspectos específicos. Por ejemplo, la UE y la consulta en el Reino Unido incluyen todos los requisitos prudenciales. El Japón no abarca explícitamente las prescripciones en materia de capital y liquidez y Singapur se centra principalmente en las prescripciones en materia de gestión de riesgos, como se muestra en el cuadro 5.

75. Muchas jurisdicciones tienen requisitos específicos sobre ALA/CFT y protección del consumidor. Los primeros incluyen principalmente obligaciones de diligencia debida con respecto al cliente, supervisión de transacciones e informes de transacciones sospechosas (por ejemplo, Europa, Japón, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos). Estos últimos requisitos se refieren generalmente a la prevención del abuso de mercado, la necesidad de actuar de manera justa y profesional y en el mejor interés del cliente.

76. Algunas jurisdicciones han prohibido ciertas actividades de prestación de servicios de criptoactivos. El tipo de prohibición varía ampliamente entre jurisdicciones. Se implementan enfoques parciales en Bélgica, donde está prohibida la promoción de ciertos productos relacionados con la criptografía a inversores minoristas (por ejemplo, derivados basados en criptoactivos no respaldados). En los EAU, la DFSA prohíbe cualquier actividad financiera llevada a cabo con «tokens prohibidos» (por ejemplo, tokens de privacidad o tokens algorítmicos) o tokens que no sean reconocidos por la autoridad. En el caso de China, cualquier actividad de criptoactivos se considera ilegal.

Nivel internacional

77. Las SSB han trabajado en la elaboración y aplicación de directrices para promover una reglamentación coherente y eficaz de las actividades de prestación de servicios. En 2019, el GAFI modificó sus estándares (Recomendación 15) para aplicar obligaciones ALD / CFT a los criptoactivos (denominados activos virtuales) y sus proveedores de servicios y revisa regularmente la implementación de estos estándares. El CSBB estableció expectativas prudenciales relacionadas con la prestación de servicios relacionados con criptoactivos por parte de los bancos. La OICV publicó sus consideraciones clave para regular las plataformas de negociación de criptoactivos y aclaró que sus estándares, incluidos los Objetivos y Principios para la Regulación de Valores, se aplican a todas las actividades cuando los criptoactivos se consideran valores regulados o instrumentos derivados. La orientación sobre la aplicación del PFMI a los acuerdos de monedas estables por parte de la CPMI-OICV confirma nuevamente que se espera que los proveedores de servicios que participan en el funcionamiento de los acuerdos de monedas estables de importancia sistémica observen todos los principios pertinentes del PFMI.

78. En 2022, el FSB propuso un nuevo marco para todas las actividades de criptoactivos para promover un enfoque regulatorio coherente a nivel internacional. Las recomendaciones del CEF, que se desarrollaron en estrecha cooperación con organizaciones internacionales (BIS, FMI, BM) y SSE (CPMI, IOSCO, GAFI) buscan promover la coherencia y la exhaustividad de los enfoques regulatorios, de supervisión y supervisión de las actividades de criptoactivos que pueden plantear riesgos para la estabilidad financiera, incluidas las actividades iniciales, y fortalecer la cooperación internacional, la coordinación y el intercambio de información.

Medidas políticas sobre actividades de criptoactivos gestionadas por la comunidad

79. Esta sección proporciona una visión general de las respuestas políticas y reglamentarias que tienen como objetivo abordar los riesgos planteados por las actividades de criptoactivos gestionadas por la comunidad. Estas iniciativas tienen como objetivo abordar los riesgos asociados con dos modelos de negocio. El primero se refiere a tokens nativos creados por una comunidad de participantes en un DLT público. La generación de estos tokens está gobernada por participantes que afirman estar organizados a través de acuerdos descentralizados. El segundo modelo de negocio se refiere a las aplicaciones DLT que permiten funciones financieras como el intercambio o los préstamos a través de la implementación de un conjunto de contratos inteligentes que se ejecutan en DLT públicas. Estas aplicaciones se conocen comúnmente como protocolos DeFi y están gobernadas por una comunidad de participantes que afirman estar organizados a través de acuerdos descentralizados.

80. Las iniciativas relacionadas con las actividades de criptoactivos gestionadas por la comunidad se realizaron principalmente en forma de documentos analíticos. Para las actividades en las que se trata de tokens nativos, algunas autoridades se basan en una interpretación amplia de los «derechos» para definir si un token nativo es un valor y para aclarar la aplicación de la regulación de valores. Otros usan ejemplos concretos como orientación adicional para aclarar si estos tokens están sujetos a regulación. Para los protocolos DeFi, un par de autoridades han emitido aclaraciones sobre la regulación aplicable para los intercambios descentralizados y las actividades de participación y orientación sobre la adopción de contratos inteligentes. Algunas autoridades han tomado medidas de cumplimiento que abordan los riesgos ALD / CFT y de protección de los inversores planteados por ciertos protocolos. Un pequeño número ha introducido iniciativas para facilitar la adopción de protocolos con ciertas características por parte de los intermediarios financieros tradicionales en un entorno de confianza.

Tokens nativos

81. Los tokens nativos son componentes técnicos esenciales de las DLT públicas (es decir, las cadenas de bloques sin permiso). Estos tokens se crean como parte del mecanismo de consenso de una red DLT pública determinada y sirven para recompensar a participantes específicos que contribuyen a garantizar que todos los participantes estén de acuerdo con las transacciones registradas en el libro mayor. Los tokens nativos se utilizan para transferir valor entre los participantes de una red DLT pública sin un intermediario de confianza. Al igual que con cualquier criptoactivo, estos tokens están diseñados para diferentes propósitos. Por ejemplo, algunos están diseñados para operar como una infraestructura de pago peer-to-peer independientemente de un banco central o gobierno que utiliza criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Estos a menudo se denominan tokens de «criptomoneda» (por ejemplo, BTC). Otros están diseñados para crear aplicaciones en una plataforma DLT pública particular. Estos criptoactivos sirven como un incentivo económico para pagar las tarifas de transacción y otros servicios dentro de la plataforma (por ejemplo, ETH) y algunas autoridades se refieren a ellos como tokens de «intercambio».

82. Los titulares de fichas nativas pueden utilizarlas con fines económicos. Si un token nativo tiene un precio de mercado secundario, la función de transferibilidad podría usarse para intercambiarlo por algo de valor. Muchos consumidores compran estos tokens con la expectativa de que su precio de mercado secundario se aprecie (es decir, como una inversión especulativa). También son utilizados por algunos tenedores para almacenar riqueza (es decir, como una reserva de valor) o para realizar pagos (es decir, como medio de intercambio).

Nivel jurisdiccional

83. En el caso de los tokens nativos, las iniciativas en algunas jurisdicciones se centran en actividades que involucran tokens nativos en lugar del token en sí. Estas autoridades han proporcionado directrices o aclaraciones sobre las condiciones en las que los marcos regulatorios existentes se aplican a las actividades que involucran tokens nativos. Por ejemplo, la FSRA ADGM clasifica los tokens nativos como «activos virtuales» y ha emitido una guía que describe el tratamiento regulatorio que rige las actividades de servicios financieros relacionadas con estos activos.

84. Hay dos cuestiones principales que las autoridades consideran al evaluar el tratamiento reglamentario de las actividades que involucran tokens nativos. Las primeras son las características relevantes que definen si un criptoactivo califica como un valor. Estas características dependen del marco jurídico nacional y varían de un país a otro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la prueba de Howey es la herramienta clave para determinar si un token es un valor. El segundo problema está relacionado con las reglas aplicables a los tokens que no califican como un valor, pero que pueden ser utilizados como vehículos de inversión por el público.

85. Algunas autoridades han introducido requisitos reglamentarios que rigen a las entidades que prestan servicios de colocación (por ejemplo, actividades de comercialización) para criptoactivos, incluidos los tokens nativos (comúnmente denominados criptomonedas) que no se consideran valores. Estas iniciativas, como se analiza en la sección 5, se centran principalmente en cuestiones de protección de los consumidores e imponen restricciones o requisitos de divulgación a las entidades que participan en la oferta de este tipo de tokens.

Protocolos DeFi

86. DeFi es un nuevo paradigma financiero que aprovecha la TRD para ofrecer servicios como préstamos, inversiones o intercambio de criptoactivos sin depender de un intermediario centralizado tradicional. Consiste en protocolos que implementan funcionalidades financieras como un conjunto de contratos inteligentes que se ejecutan en una red pública de computadoras para administrar automáticamente las transacciones financieras. El ecosistema subyacente es competitivo ya que los nuevos intermediarios (por ejemplo, mineros o validadores) compiten para procesar y liquidar transacciones.

87. Varios agentes desempeñan un papel en el desarrollo de protocolos DeFi y en la habilitación de su funcionamiento. Estos incluyen creadores y desarrolladores (el «grupo de desarrollo de protocolos»), inversores (incluidos inversores institucionales tradicionales, fondos de cobertura y fondos de capital de riesgo que proporcionan capital para financiar el desarrollo y despliegue del protocolo o usuarios minoristas que invierten en tokens de «pseudo capital»), proveedores de otros servicios (incluidos oráculos, puentes, API, servicios en la nube) y redes de mineros y validadores en las cadenas de bloques subyacentes donde se implementan los contratos inteligentes y Las transacciones se liquidan.

88. Una vez que se pone en marcha un protocolo DeFi, las actividades en curso suelen estar regidas por una comunidad de participantes que afirman estar organizados a través de acuerdos descentralizados. Los participantes generalmente se organizan a través de nuevos tipos de estructuras mediadas por la tecnología. Estas estructuras suelen ser acuerdos o asociaciones no incorporadas, sin una constitución formal o registro o una entidad legal separada, que hacen uso de criptoactivos y contratos inteligentes para el proceso de toma de decisiones con respecto a la gobernanza, dirección y operación de un protocolo DeFi (por ejemplo, el uso de tokens de gobernanza como facilitadores de la toma de decisiones de la comunidad). Aunque algunas de estas estructuras afirman estar descentralizadas (por ejemplo, las DAO), en la actualidad no existe un criterio uniforme de los elementos que se considerarían para clasificar una estructura o un protocolo como descentralizado. En el estado actual de desarrollo, la gobernanza de la mayoría de los protocolos DeFi conserva un nivel de centralización en una o más áreas, como la propiedad concentrada y el poder de voto. En muchos casos, los protocolos DeFi están sujetos a fuentes de datos centralizadas (por ejemplo, oráculos) y pueden ser moldeados o influenciados por personas con «claves de administración» o una asignación de tokens de gobierno altamente concentrada.

89. El carácter no fiable de las DLT públicas en las que se despliegan los actuales protocolos DeFi plantea una serie de riesgos para sus usuarios y para el sistema financiero. Las funcionalidades financieras (como el intercambio o préstamo de criptoactivos) implementadas por los protocolos DeFi pueden ser más vulnerables al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos de uso ilícito. El acceso a estas funcionalidades solo requiere una conexión a una billetera, y algunas billeteras no requieren medidas preventivas ALD / CFT para su apertura. Como tal, los usuarios pueden permanecer completamente anónimos o seudónimos sin ningún vínculo con su identidad y sin controles en cuanto a la fuente de los fondos. Aunque las transacciones son rastreables y verificables en la cadena, lo son de forma anónima o seudónima, sin recurrir a la identidad del participante. Además, los actores ilícitos están utilizando tecnologías que mejoran el anonimato (por ejemplo, mezcladores y vasos) para ofuscar los detalles de las transacciones financieras. Existen riesgos significativos para aquellos que realizan transacciones en DeFi de que puedan interactuar con una contraparte sancionada o con criptoactivos obtenidos a través de actividades ilícitas.

90. En su estado actual, el DeFi no dispone de salvaguardias. Carece de protección contra la conducta criminal o el fraude de los inversores y las transacciones erróneas no se pueden deshacer. Además, los usuarios de DeFi están expuestos a riesgos relacionados con la inseguridad jurídica de los derechos derivados de los servicios basados en contratos inteligentes. En la mayoría de las jurisdicciones, los contratos inteligentes no son contratos de derecho civil, y la interpretación de las disposiciones de derecho civil en el contexto DLT de eventos en libros de contabilidad distribuidos aún no se ha definido. Debido a que no existen esquemas de recuperación o mecanismos de resolución de disputas, los inversores corren el riesgo de una pérdida total en caso de incumplimiento. En este contexto, los usuarios de DeFi no tienen ningún recurso en caso de incumplimiento o falla de un protocolo DeFi y con frecuencia es difícil identificar una parte responsable o autoridad central que se encargaría de manejar las preocupaciones de los consumidores.

91. Si bien el ecosistema DeFi está actualmente en gran medida separado del sistema financiero tradicional, el crecimiento del ecosistema podría presentar riesgos para la estabilidad financiera si no hay suficiente regulación y supervisión del mercado. El aumento en el uso de monedas estables como garantía o puente entre DeFi y las finanzas tradicionales es un canal potencial de transmisión de riesgos a los mercados financieros tradicionales. Los efectos indirectos también pueden ser causados por la prociclicidad impulsada por el apalancamiento en los servicios de préstamos DeFi, que pueden surgir de cambios en el valor de las garantías y fluctuaciones en los márgenes asociados. Debido a la naturaleza en gran medida autónoma de DeFi, los episodios de rápido desapalancamiento hasta ahora han tenido poco efecto fuera de los ecosistemas de criptoactivos y DeFi.

92. Las vulnerabilidades para la estabilidad financiera también pueden derivarse de los riesgos de concentración del DeFi. Los riesgos pueden surgir de la concentración de (i) la infraestructura utilizada (por ejemplo, la cadena de bloques Ethereum); (ii) intermediarios críticos (por ejemplo, API de Infura y Alchemy); o (iii) poder de decisión en operaciones clave (por ejemplo, desarrollo de código, validación de transacciones, gobernanza) administradas por un número relativamente limitado de personas o entidades (por ejemplo, desarrolladores de protocolos, propietarios de hardware de minería, propietarios de tokens de gobernanza) cuyas verdaderas identidades pueden ser desconocidas.

93. Los encargados de formular políticas de todo el mundo están adoptando una serie de medidas para abordar los riesgos que plantean las actividades realizadas mediante protocolos DeFi. Esta subsección cubre respuestas en forma de reglamentación, declaraciones públicas, documentos de política y trabajo, medidas de cumplimiento y otras publicaciones de 25 autoridades financieras en 11 jurisdicciones a fines de marzo de 2023.

Nivel de jurisdicción

94. En general, las autoridades han tratado principalmente de comprender mejor la dinámica, los beneficios, los riesgos y los desafíos de estas actividades. La mayoría de las autoridades han publicado informes y documentos de trabajo para obtener una comprensión más profunda de los beneficios potenciales de la funcionalidad subyacente del contrato inteligente y los riesgos únicos que plantean los protocolos DeFi, así como para identificar los desafíos regulatorios y las consideraciones políticas.

95. En la actualidad, sólo se han publicado aclaraciones relacionadas con el DeFi en una jurisdicción cubierta. Como parte de su nueva regulación de tokens criptográficos, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) ha aclarado que las empresas establecidas en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) que participan en el establecimiento y funcionamiento de un intercambio descentralizado deberán tener una licencia de la DFSA. El staking también se permitirá en el DIFC, cuando sea facilitado u organizado por entidades con licencia DFSA, solo cuando dicha actividad se proporcione a clientes no minoristas y el propósito del staking sea que el prestatario participe en el mecanismo de consenso de prueba de participación para un token criptográfico reconocido.

96. Algunas autoridades han adoptado medidas coercitivas para hacer frente a los riesgos específicos que plantea el uso de determinados protocolos DeFi. Tal es el caso de la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos a Tornado Cash que aborda el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos de actividades ilícitas planteados por el uso de este protocolo. Del mismo modo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos emitió una acción de cumplimiento contra bZEROx relacionada con el uso de este protocolo DeFi para ofrecer ilegalmente transacciones de productos básicos en activos digitales.

97. Algunas autoridades están introduciendo iniciativas destinadas a cosechar los beneficios de las funcionalidades de los contratos inteligentes de los protocolos DeFi en el sistema financiero tradicional dentro de un entorno controlado. Tal es el caso de la FCA del Reino Unido, que ha abierto su sandbox regulatorio a las aplicaciones DeFi, y MAS, que está explorando la viabilidad de las aplicaciones en tokenización de activos y DeFi en una red confiable donde las barreras de protección a los riesgos para la estabilidad financiera y la integridad están integradas en el diseño de las aplicaciones.106 Nivel internacional

98. Para abordar los desafíos en el dominio de la política ALD / CFT, en 2021 el GAFI actualizó su guía para un enfoque basado en el riesgo para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El GAFI ha aclarado que las aplicaciones basadas en protocolos DeFi (es decir, aplicaciones DeFi) no son un VASP bajo los estándares del GAFI, ya que no se aplican al software o tecnología subyacente. Sin embargo, los creadores, propietarios y operadores (u otras personas que mantienen el control o la influencia suficiente en los acuerdos DeFi, incluso si esos acuerdos parecen descentralizados) pueden caer bajo la definición del GAFI de un VASP cuando están proporcionando o facilitando activamente servicios VASP. Este es el caso incluso si otras partes desempeñan un papel en el servicio o si partes del proceso están automatizadas.

Medidas de política sobre la exposición directa de los usuarios a criptoactivos y actividades conexas

99. Esta sección ofrece una visión general de las respuestas políticas y reglamentarias destinadas a abordar los riesgos planteados por la exposición directa de los usuarios a los criptoactivos y actividades relacionadas. Los usuarios de criptoactivos se clasifican en dos grupos: inversores minoristas (por ejemplo, hogares y empresas no financieras) e inversores mayoristas (por ejemplo, instituciones financieras, inversores institucionales, gobiernos). Las subsecciones a continuación cubren las respuestas políticas y regulatorias dirigidas a estos inversores.

100. Las medidas de política relativas a las exposiciones directas de los inversores a los criptoactivos y las actividades conexas tienden a reflejar la evolución de los mercados de criptoactivos. La mayoría de las jurisdicciones han tomado medidas para advertir a los inversores minoristas sobre los riesgos potenciales asociados con estos activos. Algunas advertencias son específicas para ciertos tipos de criptoactivos, como tokens nativos, tokens de seguridad y tokens no fungibles. En algunos casos, se ha prohibido la distribución de ciertos criptoactivos a inversores minoristas, y algunas jurisdicciones han impuesto restricciones a las actividades promocionales. Sin embargo, ninguna jurisdicción cubierta en este documento ha introducido hasta ahora nuevas regulaciones destinadas a mitigar los riesgos derivados de las actividades de inversión de las instituciones financieras tradicionales en criptoactivos, específicamente para los inversores mayoristas. No obstante, varias autoridades bancarias han emitido declaraciones alertando a los intermediarios sobre los riesgos potenciales de tales exposiciones y han hecho referencia al trabajo del CSBB en esta área.

Inversores minoristas

Nivel jurisdiccional

101. Las advertencias suelen ser el primer tipo de política y respuesta regulatoria que las autoridades emiten para proteger a los usuarios minoristas de criptoactivos. Estas advertencias tienden a promover la protección del consumidor y la educación financiera. En general, las advertencias se centran en tipos específicos de criptoactivos (por ejemplo, tokens nativos como BTC y ETH), explicando las principales características de estos activos y advirtiendo a los inversores y consumidores sobre los riesgos asociados con ellos. Las respuestas en el dominio de la conducta del mercado también consisten en iniciativas para promover la educación financiera, como preguntas y respuestas, páginas web dedicadas o informes, que explican qué son los criptoactivos y los riesgos asociados. En algunas jurisdicciones, la distribución de ciertos productos a inversores minoristas está prohibida. Este es el caso de Bélgica y el Reino Unido, que impusieron una prohibición a la distribución de algunos derivados basados en criptoactivos.

102. Las respuestas dirigidas a los hogares y las empresas tienden a reflejar la evolución de la evolución del mercado. El mercado de criptoactivos está evolucionando rápidamente y ha dado lugar a una amplia gama de usos de tokens. Comenzó con tokens utilizados con fines de inversión y ofertas iniciales de monedas (ICO), comúnmente conocidos como tokens de capital o seguridad. También incluía tokens utilizados como medio de pago o intercambio, generalmente denominados tokens de pago. Recientemente, las monedas estables han surgido como otra clase de tokens en este mercado. A medida que aumentaba la adopción de criptoactivos en el mercado, las autoridades emitieron nuevas oleadas de advertencias. Estos tomaron la forma de recordatorios y orientación sobre la regulación aplicable. Últimamente, estos recordatorios han dirigido especialmente a las prácticas promocionales. La popularidad de las inversiones en tokens nativos y no nativos, incluidos los tokens fungibles y no fungibles, también llevó a la multiplicación de fraudes y estafas, sobre los cuales las autoridades han intentado advertir a los inversores.

103. Un enfoque emergente es la promoción agresiva de criptoactivos, especialmente a través de las redes sociales. Esto responde a una tendencia creciente de promover tokens al público en general. Los ejemplos incluyen advertencias contra celebridades que promueven criptoactivos o personas influyentes en YouTube o redes sociales.

104. Algunas jurisdicciones han tomado medidas para definir un marco publicitario que regule la promoción de criptoactivos. En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encarga de supervisar las prácticas publicitarias de estos tokens desde 2021 y ha publicado normas en enero de 2022 sobre la publicidad de criptoactivos con fines de inversión. En 2021, los administradores de valores canadienses publicaron una guía sobre actividades de publicidad y marketing para plataformas de negociación de criptoactivos. En el Reino Unido, todas las empresas que comercialicen criptoactivos a los consumidores del Reino Unido, incluidas las empresas con sede en el extranjero, deberán cumplir con el régimen de promociones financieras.

105. Si bien los mercados de criptoactivos alcanzaron un máximo de casi $ 3 billones en noviembre de 2021, el número de esquemas fraudulentos y estafas también ha aumentado exponencialmente. Esto se refleja en el aumento de las advertencias sobre fraudes y estafas por parte de las autoridades financieras durante 2021. En este contexto, algunas jurisdicciones han implementado iniciativas para ayudar a los consumidores a identificar plataformas de negociación fraudulentas. Estas iniciativas a menudo toman la forma de una lista de plataformas de negociación compatibles publicadas en el sitio web de la autoridad financiera. Las autoridades también comunican sobre acciones de cumplimiento y sanciones contra plataformas. Más recientemente, las iniciativas han comenzado a centrarse en los criptoactivos clasificados como stablecoins o como tokens no fungibles.

Inversores mayoristas

Nivel jurisdiccional

106. Las recientes iniciativas políticas destinadas a regular la exposición de los inversores institucionales a los criptoactivos se han centrado principalmente en los bancos y los fondos de inversión. No existen estándares específicos para las aseguradoras y los fondos de pensiones sobre la inversión en los mercados de criptoactivos. Sin embargo, están sujetos a directrices más generales relacionadas con los controles internos, la gestión de riesgos y la valoración de activos y pasivos.

107. Para la exposición directa de los fondos de inversión a los mercados de criptoactivos, las iniciativas de las autoridades se han centrado en los riesgos de protección del consumidor y el cumplimiento de las normas relacionadas con los servicios de custodia. En muchas jurisdicciones, los reguladores de valores han proporcionado orientación sobre la tenencia de criptoactivos por parte de los fondos. Por ejemplo, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong ha publicado una declaración que incluye su marco regulatorio para los administradores de carteras de activos virtuales. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones ha publicado una guía sobre productos negociados en bolsa e inversiones, que describe las buenas prácticas en relación con la custodia, la gestión de riesgos y la divulgación. En Canadá, la CSA y la IIRO han destacado una serie de cuestiones que los fondos que invierten en criptoactivos deben considerar. Estos problemas incluyen la debida diligencia en el intercambio utilizado para comprar o vender tokens y la necesidad de tener estándares adecuados de valoración y calidad para los servicios de custodia. En este último, se aconseja a los fondos que utilicen custodios que tengan experiencia en la tenencia de criptoactivos, incluida la experiencia con el almacenamiento en caliente y en frío, las medidas de seguridad para mantener los criptoactivos protegidos contra el robo y la capacidad de segregar las criptomonedas de otras tenencias según sea necesario.

Nivel internacional

108. El CSBB ha elaborado normas para mitigar los riesgos derivados de las exposiciones directas de los bancos a criptoactivos a nivel internacional. En diciembre de 2022, el CSBB introdujo un conjunto de condiciones de clasificación basadas en el riesgo para los criptoactivos y definió el tratamiento de capital aplicable para cada categoría. La norma prudencial del CSBB debe aplicarse a más tardar el 1 de enero de 2025. La taxonomía se estructura en dos grupos principales. El primer grupo incluye activos tradicionales tokenizados y monedas estables que satisfacen un conjunto de condiciones, mientras que el segundo incluye todos los demás criptoactivos.

Retos futuros y observaciones finales

109. Los criptoactivos y las actividades conexas seguirán requiriendo la atención de las autoridades en varios ámbitos, como las iniciativas destinadas a abordar los riesgos asociados con los criptoactivos más allá de los tokens de seguridad o las monedas estables. La mayoría de las autoridades aún no han adoptado iniciativas regulatorias específicas para los emisores de tokens de utilidad, tokens de gobernanza o tokens no fungibles. En el futuro, las autoridades pueden considerar la introducción de restricciones o requisitos específicos relacionados con el uso de tokens de utilidad como inversiones.

Tales limitaciones podrían, por ejemplo, restringir la capacidad de los emisores para recomprar dichos tokens o prohibir que los intercambios enumeren dichos tokens o proporcionen crédito para comerciar con dichos tokens (es decir, la prohibición del comercio de margen). Las autoridades también pueden considerar imponer restricciones similares a los tokens de gobernanza y cualquier otro token que se cree para realizar una función diferente a las operadas por los activos financieros existentes.

110. Otra área que seguirá requiriendo la atención de las autoridades son las iniciativas para abordar los riesgos relacionados con las prácticas de gestión de riesgos y el posible comportamiento anticompetitivo en las actividades de criptoactivos gestionadas centralmente. Si bien han surgido algunas iniciativas para limitar los riesgos de concentración para los emisores de monedas estables, las autoridades pueden considerar adoptar iniciativas similares para limitar los riesgos asociados con las entidades centralizadas que realizan múltiples funciones. Por ejemplo, algunas plataformas de negociación, además de sus funciones principales como intercambios e intermediarios, también participan en otros servicios como custodia, corretaje o préstamo u otras actividades relacionadas con la emisión y operación de infraestructuras DLT. Al integrar verticalmente múltiples funciones, estas entidades se asemejan a un conglomerado financiero. En estos casos, las autoridades podrán restringir el número y el tipo de actividades gestionadas por un intermediario centralizado; prohibir a los emisores de monedas estables de pago participar en otras actividades de criptoactivos, como el comercio; y establecer directrices de gestión de riesgos para los intermediarios que participan en la emisión o el mantenimiento de monedas estables y la explotación de infraestructuras basadas en DLT. En este sentido, un análisis del modelo de negocio puede ser útil para proporcionar a las autoridades una mejor comprensión de las actividades de criptoactivos de una entidad. Esta evaluación, que podría incluir una evaluación de los procesos de gobernanza y toma de decisiones, podría ayudar a identificar a los actores responsables de todas las actividades de criptoactivos dentro de una entidad.

111. Si las entidades del sector financiero tradicional comienzan a utilizar DLT públicas sin permiso para desarrollar aplicaciones relacionadas con la prestación de servicios financieros, esto podría requerir que las autoridades consideren cómo debería ser la regulación apropiada. Pueden surgir riesgos operativos y tecnológicos significativos a medida que se construyen más casos de uso sobre infraestructuras donde la gobernanza suele estar dispersa y es difícil identificar qué participantes o entidades deben ser responsables.

112. Es posible que los marcos reglamentarios deban tener en cuenta elementos técnicos adicionales que pueden afectar al nivel de riesgo de las aplicaciones creadas en DLT públicas sin permiso. Por ejemplo, dos criptoactivos o actividades pueden tener la misma función económica, pero las diferencias en el entorno informático DLT subyacente en el que se ejecutan pueden dar lugar a diferentes riesgos. Estas diferencias incluyen factores como el tipo de mecanismo de consenso, el código de contrato inteligente subyacente o la fiabilidad de los datos de los oráculos. Es posible que estos riesgos deban reflejarse en los marcos reglamentarios y la adopción de un enfoque tecnológicamente neutro puede no ser apropiada en tales casos.

113. Es posible que las autoridades deban evaluar si es necesario ajustar el perímetro reglamentario para incluir a los nuevos agentes que participan en los servicios prestados a través de los protocolos DeFi. Los riesgos asociados con DeFi son similares a los abordados por las regulaciones financieras existentes. Sin embargo, asumir que las autoridades solo necesitan ajustar el perímetro regulatorio de diferentes actividades financieras para incluir DeFi junto con las finanzas tradicionales sería incorrecto. Por ejemplo, es posible que sea necesario tener en cuenta a los nuevos actores involucrados en los servicios prestados a través de los protocolos DeFi. Además, podría haber un caso para regular a los actores que permiten las funcionalidades financieras implementadas por los protocolos DeFi y tienen control sobre (i) el código que replica esas funciones (por ejemplo, los desarrolladores); (ii) procesos de validación y liquidación de transacciones (por ejemplo, mineros y validadores); (iii) la gobernanza de las aplicaciones (por ejemplo, los titulares de tokens de gobernanza); o (iv) operaciones de contratos inteligentes proporcionando datos clave (por ejemplo, oráculos).

114. Las autoridades también podrían necesitar desarrollar marcos legales para hacer cumplir los acuerdos codificados en contratos inteligentes. En este contexto, es posible que deban determinar la responsabilidad de los participantes involucrados en estructuras mediadas por tecnología que administran servicios utilizando tokens con funciones financieras. Los organismos públicos de algunas jurisdicciones están estudiando actualmente la forma de ajustar la ley para dar cabida a estas nuevas estructuras; y las autoridades financieras podrían considerar la posibilidad de elaborar directrices o recomendaciones para la aplicación de esas leyes en el sector financiero.

115. Del mismo modo, podría ser necesario ajustar la arquitectura de supervisión financiera y los marcos jurídicos. Podría ser necesario definir qué autoridades regularán y supervisarán diversas entidades y actividades involucradas en la oferta de servicios financieros con criptoactivos. En algunas jurisdicciones, múltiples autoridades regulan y supervisan estas entidades y/o actividades, mientras que otras han optado por establecer una autoridad a medida.

116. La experiencia y los recursos adecuados serán fundamentales para abordar los riesgos planteados por los ecosistemas de criptoactivos y DeFi. Estos ecosistemas están en constante evolución a medida que incorporan nuevas características de diseño, tecnologías emergentes y participantes en el mercado. Tal es el caso, por ejemplo, del uso de herramientas generativas de inteligencia artificial para desarrollar código y contratos inteligentes; la entrada de big techs como proveedores de infraestructura DLT; la prestación de servicios de infraestructura e interconectividad por parte de los proveedores de Oracle; o la aparición de nuevos estándares de tokens. Por lo tanto, las autoridades deberán realizar esfuerzos continuos para comprender los nuevos modelos de negocio y sus riesgos subyacentes, así como para desarrollar o mantener las habilidades y la capacidad para evaluar adecuadamente las posibles implicaciones en los mercados financieros y ajustar sus respuestas regulatorias con prontitud. Las autoridades solo podrán responder a los riesgos potenciales para el sistema financiero si cuentan con los recursos adecuados y el acceso a información oportuna y confiable.

117. La cooperación y la coordinación a nivel nacional e internacional siguen siendo esenciales para abordar los riesgos asociados con los criptoactivos y sus mercados. La reciente agitación en los mercados de criptoactivos subraya la necesidad crítica de una implementación rápida y global de los estándares internacionales. La naturaleza inherentemente global de los criptoactivos se presta al arbitraje regulatorio y de supervisión. Las jurisdicciones no pueden mitigar plenamente sus riesgos mientras estén expuestas a debilidades e incoherencias a través de las fronteras. Además de la aplicación coherente de las normas internacionales, un marco armonizado para la regulación de los criptoactivos y los servicios relacionados es clave para abordar los riesgos relacionados.

BCE y EBA trabajan para lograr una información más integrada

La conferencia de Eurofiling volvió a convocarse en la sede del BCE y se anunció que el consejo de gobierno del BCE ha aprobado el siguiente paso del Marco de Información Integrada (IReF). IReF es el esfuerzo estratégico a largo plazo del BCE para unificar la recopilación de datos estadísticos y prudenciales, así como para reevaluar su enfoque sobre la granularidad de ciertos datos. IReF también tiene como objetivo unificar los informes dentro de un modelo de datos consistente. También anunció que el ECB ahora considera que el marco de modelado DPM 2.0 desarrollado por EBA/EIOPA es un «candidato válido» para el modelado IReF, una vez que se hayan desarrollado y acordado mecanismos de gobernanza mejorados.

El BCE es solo uno de los muchos bancos centrales que buscan aprovechar la recopilación de datos más granulares (por lo general, saldos al final del día y ciertos libros contables de transacciones) de los bancos, combinados con una gama de metadatos adjuntos que podrían permitir a los reguladores llevar a cabo sus propios cambios. agregaciones y análisis usando esta información “en bruto”.

Dejó en claro que si bien el uso de datos más granulares para algunas transacciones parece bastante probable, hay una gran cantidad de información que se requerirá de las entidades informantes en una forma similar a la actual, lo que requerirá que se aplique una variedad de criterios contables y de gestión para antes de que pueda ser utilizado significativamente.

También hizo hincapié en el valor que el BCE cree que los bancos declarantes pueden derivar de BIRD, el Diccionario integrado de informes bancarios voluntario y colaborativo, un modelo de datos abiertos que los bancos pueden aprovechar en la implementación de sus propios sistemas internos de gestión de tal manera que Garantizar una estrecha integración con los requisitos de información estadística pertinentes. BIRD sigue siendo un esfuerzo totalmente voluntario. Finalmente, subrayó la importancia de la puntualidad en la presentación de informes e incluso especuló sobre la experimentación con una variedad de enfoques alternativos para la adquisición de datos urgentes durante una crisis.

Dado que el marco DPM 2.0 requerirá el envío de datos al BCE y la EBA como informes con formato xBRL-CSV, ciertamente existe el potencial de que estos proyectos relacionados impulsen una expansión considerable en el uso de XBRL por parte de estas autoridades.

Estandarización de los informes de datos de los bancos

Evaluación complementaria de costo-beneficio

Entre el 5 de mayo de 2023 y el 31 de julio de 2023, el BCE llevará a cabo una evaluación complementaria de costes y beneficios (cCBA) para la implementación de IReF. Como parte de esta nueva evaluación, se invita a la industria bancaria y otras partes interesadas a proporcionar su evaluación de los costos y beneficios de varias propuestas para la presentación de informes bajo IReF.

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y su Comité de Estadísticas (STC) brindan a los responsables políticos y analistas los datos de alta calidad que necesitan. Al mismo tiempo, trabajan constantemente para que su recopilación de datos sea más eficiente y para reducir la carga de informes de los bancos.

Siempre que sea posible, el objetivo es armonizar, estandarizar e integrar los requisitos existentes del SEBC para recopilar información estadística de los bancos en todos los dominios estadísticos y países. Esto ayudará a automatizar el procesamiento de datos y mejorar la calidad de los datos.

Integración de informes estadísticos y prudenciales

El marco más amplio para mejorar y simplificar los requisitos de información es la estrategia de información integrada del SEBC. Esta estrategia se describió en la contribución del SEBC a un estudio de viabilidad de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre un sistema de información integrado, que se publicó en 2021. El objetivo de este proceso es evitar la duplicación, estandarizar conceptos y finalmente reducir la carga de información para los bancos.

Para facilitar el desarrollo de esta estrategia, el BCE participa activamente en un grupo de coordinación informal sobre la integración semántica y sintáctica de la presentación de informes, junto con la EBA, la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea. También ha propuesto el establecimiento de un Comité Conjunto de Información Bancaria (JBRC). El JBRC debe estar compuesto por representantes de las autoridades europeas y nacionales relevantes e involucrar a la industria bancaria de manera permanente. El comité debe asesorar sobre cómo integrar mejor los informes de datos estadísticos, de resolución y prudenciales y dirigir el proceso de intercambio de datos. Las autoridades colaboran activamente para su puesta en marcha a lo largo de 2023.

Marco de Reporte Integrado

El Marco Integrado de Información (IReF) integrará los requisitos estadísticos del Eurosistema para los bancos en un único marco de información estandarizado aplicable en toda la zona del euro. También puede ser adoptado por las autoridades de otros Estados miembros de la UE.

IReF se centra principalmente en los requisitos del BCE en términos de balance bancario y estadísticas de tasas de interés, estadísticas de tenencia de valores y datos crediticios granulares. Los procesos de recopilación y transformación de datos también se estandarizarán en todos los países. Para maximizar los beneficios de la integración, también se tienen en cuenta las obligaciones de información pertinentes de los marcos nacionales de recopilación utilizados por los bancos centrales nacionales. En su etapa inicial, IReF solo cubrirá los marcos estadísticos del BCE que se relacionen directamente con los activos y pasivos del balance de los bancos. No cubrirá, por ejemplo, los requisitos del BCE relacionados con los pagos o las estadísticas del mercado monetario. IReF también está diseñado para garantizar la proporcionalidad al limitar las obligaciones de información para los bancos pequeños.

El BCE anunció la fase de diseño del programa IReF en un comunicado. Se espera que el programa entre en funcionamiento en 2027.

¿Cuáles son las ventajas del Marco de Reporte Integrado?

La integración de los requisitos estadísticos existentes en el IReF ayudará a los bancos con sus informes de datos, estandarizando sus obligaciones de informes, reduciendo redundancias y superposiciones, minimizando la carga de informes y mejorando la calidad de los datos. IReF también ayudará con la automatización del procesamiento de datos mientras minimiza el costo de cualquier cambio adicional en los datos recopilados. El marco será de particular beneficio para los bancos que operan en varios países dado que los requisitos integrados facilitarán la presentación de informes uniformes y estandarizados a través de las fronteras. Los compiladores estadísticos y otros usuarios también se beneficiarán de la integración, ya que mejorará la comparabilidad de los datos entre países, mejorará la calidad de los datos y la recopilación de datos, y reducirá el tiempo de comercialización requerido para el análisis y la formulación de políticas ágiles.

¿Cuál es el estado actual del programa?

En noviembre de 2020, el SEBC inició una evaluación de costo-beneficio, en cooperación con la industria bancaria, para evaluar el impacto de IReF. Todos los países de la zona del euro, además de Suecia, participaron en el ejercicio. La evaluación finalizó en abril de 2021 y confirmó un fuerte apoyo para IReF dentro de la industria bancaria y entre las partes interesadas, con una gran mayoría de bancos que confirmaron que la reducción en los costos de informes superaría la inversión requerida.

En diciembre de 2021, el BCE publicó un informe que resume las consideraciones de alto nivel y algunos aspectos técnicos de alta prioridad, y posteriormente publicó tres informes más detallados en septiembre de 2022 que se centraron en diferentes elementos del programa IReF.

El SEBC, junto con todas las demás partes interesadas, lanzó una evaluación complementaria de costo-beneficio (cCBA) en mayo de 2023 con el objetivo de aclarar temas adicionales relacionados con IReF. Tras analizar los beneficios y costes en función de los comentarios recibidos de las partes interesadas, el Eurosistema redactará un reglamento del BCE sobre el IReF. Este proyecto de reglamento estará sujeto a una consulta pública, actualmente planificada para 2024, antes de que se finalice y adopte. El reglamento reemplazará las disposiciones legales existentes sobre la recopilación de conjuntos de datos dentro de IReF, y los reglamentos del BCE existentes relevantes serán derogados o modificados, según corresponda.

Diccionario de información integrada de los bancos

El Diccionario de informes integrados de los bancos (BIRD) es un esfuerzo cooperativo entre la industria y las autoridades para comprender cómo se puede minimizar la carga de informes y, en paralelo, aumentar la calidad de los datos informados a las autoridades.

El BCE, otras autoridades europeas, la Federación Bancaria Europea, varios bancos centrales nacionales y muchos bancos comerciales están cooperando estrechamente para desarrollar y mantener BIRD. BIRD es un “bien público” y, por lo tanto, está disponible gratuitamente para todas las partes interesadas, como bancos, consultoras y proveedores de software que desarrollan paquetes de aplicaciones para informes financieros. Considerando el carácter voluntario de BIRD, su adopción es gratuita para la industria al igual que el uso de cualquiera de sus componentes.

¿Qué pueden esperar los bancos?

BIRD ofrece una interpretación cooperativa y la transposición de los requisitos normativos de presentación de informes a nivel operativo. También permite una discusión abierta entre todas las partes interesadas sobre cómo se pueden cumplir mejor los requisitos de informes para lograr el principio de «Definir una vez» y cómo derivar varios requisitos de informes de una sola fuente. Con la interpretación cooperativa y la transposición de los requisitos regulatorios de información, BIRD reduce la carga de información de los bancos y mejora la calidad de los datos informados a las autoridades.

¿Cómo se pueden beneficiar mutuamente el Diccionario de Información Integrada de los Bancos y el Marco de Información Integrada?

BIRD está diseñado para ayudar a los bancos a generar resultados de informes estadísticos y de supervisión que estén libres de redundancias y cumplan con los requisitos de informes de los actos legales europeos. Según el enfoque actual, los bancos centrales nacionales recopilan la información estadística pertinente en el marco de sus marcos nacionales de presentación de informes estadísticos, que pueden variar de un país a otro. En consecuencia, se requieren ajustes específicos de cada país para implementar BIRD a nivel nacional. IReF introducirá una capa común para la recopilación de datos estadísticos de los bancos, lo que permitirá que BIRD se aplique de forma coherente en todos los países de la zona del euro. Los agentes informantes podrán entonces comprender y utilizar directamente BIRD para la elaboración de informes estadísticos sin necesidad de realizar ajustes nacionales.

¿Qué es proyecto BIRD?

El Diccionario de informes integrados de los bancos (BIRD) tiene como objetivo aliviar la carga de informes de los bancos, fomentar la cooperación en el campo de los informes regulatorios y mejorar la calidad de los datos informados a las autoridades. Esto se logra mediante el desarrollo colaborativo de un diccionario de datos armonizados y un modelo de datos armonizados que especifica cómo se pueden extraer los datos de los sistemas informáticos internos de los bancos para generar los informes requeridos por las autoridades. El BIRD también proporciona reglas de transformación que se pueden aplicar a los datos extraídos de los sistemas informáticos internos de los bancos para producir los informes regulatorios mencionados anteriormente.

El contenido de BIRD, es decir, la base de datos de BIRD y otra documentación, es un “bien público” y, por lo tanto, está disponible gratuitamente para su descarga.

En las siguientes páginas también se puede encontrar una introducción más detallada a la metodología BIRD, así como una descripción general de las organizaciones miembros de BIRD:

Metodología BIRD

Grupo Directivo y Grupo de Expertos de BIRD

Convocatoria de manifestaciones de interés para contribuir con el BIRD

¿Por qué es útil el BIRD?

Actualmente, cada vez que se introduce un nuevo marco regulatorio estadístico, prudencial o de resolución, o se actualiza uno existente, se espera que los bancos interpreten el marco de manera independiente, extraigan datos de sus sistemas internos y luego transformen los datos para obtener la cifra final requerida por el reglamento El BIRD ofrece un diccionario integrado con una entrada sin redundancia, donde los conceptos se identifican y describen una vez. Esta característica hace que sea menos oneroso para los bancos determinar qué fuente de datos usar y cómo procesarla correctamente.

Las diferencias en la forma en que los bancos interpretan las regulaciones específicas pueden tener un impacto negativo en la calidad de sus datos de salida y dificultar la comparación de los datos de diferentes bancos. También es costoso y lleva mucho tiempo para cada banco estudiar por separado los actos jurídicos nuevos o revisados.

Además, los marcos estadísticos varían de un país a otro y, por lo tanto, actualmente se requerirían importantes ajustes específicos de cada país para implementar el BIRD a nivel nacional. El Marco Integrado de Información (IReF) solucionará esto mediante el establecimiento de una capa común de recopilación de datos estadísticos de los bancos en todos los países de la zona del euro y se desarrollará en estrecha alineación con el BIRD. Los agentes informantes podrán entonces comprender y utilizar directamente el BIRD para la elaboración de informes estadísticos sin necesidad de realizar ajustes nacionales.

¿Cómo pueden los bancos utilizar el BIRD?

El objeto del BIRD es prestar un servicio a los bancos. El BIRD es un “bien público” y, por lo tanto, está disponible gratuitamente para los bancos y todas las partes interesadas, como los proveedores de software que desarrollan paquetes de aplicaciones para informes financieros. La adopción del BIRD por parte de los bancos es completamente voluntaria. Puede ser utilizado para obtener documentación adicional (relacionada con reglamentos y lineamientos) o como un “diccionario activo” para procedimientos desarrollados internamente por los bancos.

El BIRD representa un «enfoque de entrada» ya que no se limita a los requisitos normativos de información (es decir, la salida) y también cubre los datos almacenados en los sistemas informáticos internos de los bancos (es decir, la entrada).

El proceso BIRD ofrece dos componentes de entrada.

  • El modelo de datos lógicos (LDM) es un modelo de datos altamente normalizado. Describe el dominio comercial, es decir, la información (metadatos) y las relaciones lógicas de esos datos que son relevantes para cumplir con los requisitos de presentación de informes. El LDM respalda semánticamente a los otros componentes de BIRD.
  • (Enriquecido) Modelo de datos lógicos (ELDM)
  • La capa de entrada (IL) es un modelo menos normalizado que el LDM. Está diseñado para apoyar la implementación física real del BIRD por parte de los bancos. El IL se deriva directamente del LDM a través de lo que se conoce como un proceso de «ingeniería avanzada».
  • Capa de entrada (enriquecida) (EIL)

En consecuencia, y dependiendo del enfoque interno, los bancos pueden iniciar el proceso BIRD ya sea desde el Modelo Lógico de Datos o desde la Capa de Entrada.

¿Qué no proporciona el BIRD?

El BIRD no es una herramienta de TI, por lo tanto, proporcionar una herramienta de TI está fuera del alcance de la iniciativa. El BIRD no realiza ningún cambio en los sistemas de TI internos de los bancos, y no cubre ni puede cubrir las asignaciones de los datos de los sistemas de TI internos de los bancos al Modelo Lógico de Datos de la Capa de Entrada.

El BIRD no es un acto reglamentario y no introduce nuevos requisitos; Es una interpretación y transposición de los requisitos normativos de información a un nivel más operativo y en un entorno colaborativo. En otras palabras, el BIRD proporciona un ejemplo, basado en las mejores prácticas, de cómo se pueden cumplir los requisitos establecidos en las normas de presentación de informes.

¿Cómo se benefician los bancos del BIRD?

Hay varias ventajas:

  • Entrada sin redundancia. Se pueden producir diferentes informes a partir de una entrada sin redundancia, donde los conceptos se identifican y describen una vez. Esto reduce la carga de información para los bancos, mejora la coherencia y la calidad de sus datos y elimina la necesidad de que gestionen cada recopilación de datos obligatoria por separado.
  • Reglas de transformación. Las reglas de transformación bien definidas brindan una interpretación unívoca de las regulaciones y una mayor claridad, aumentando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
  • Se necesita menos tiempo y esfuerzo para analizar y cumplir con los nuevos requisitos de informes, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costos.
  • Los bancos logran una mejor comprensión de los datos y de cómo se producen. Esto significa que pueden gestionar y utilizar sus datos de forma más eficaz.

¿Qué marcos pretende cubrir el BIRD?

El BIRD puede cubrir cualquier requisito de informes estadísticos, prudenciales y de resolución, incluidos:

  • La capa de recopilación de IReF (requisitos de informes estadísticos):
    • la recopilación del BCE de datos granulares de crédito y riesgo de crédito (AnaCredit).
    • las Estadísticas de Tenencias de Valores (SHS) del BCE.
    • Estadísticas de los elementos del balance de las instituciones financieras monetarias (BSI) del BCE.
    • Estadísticas de tipos de interés de las instituciones financieras monetarias (MIR) del BCE.
    • otra información estadística requerida para la compilación de la balanza de pagos y las cuentas nacionales.
  • Los requisitos adicionales del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el Mecanismo Único de Resolución (MUS).
  • Las normas técnicas de ejecución (ITS) de la EBA, incluidos los informes comunes (COREP) y los informes financieros (FINREP).

El Grupo Directivo de BIRD acuerda qué marcos están cubiertos y en qué orden se incluyen en el BIRD.

Cooperación entre las autoridades y los bancos

El BCE, la Federación Bancaria Europea, los bancos centrales nacionales y varios bancos comerciales participantes trabajan en estrecha colaboración para desarrollar y mantener el BIRD. El proyecto BIRD está dirigido en colaboración por la industria bancaria y las autoridades a través del Grupo Directivo de BIRD. La participación de los bancos comerciales es crucial para garantizar que la documentación del BIRD sea correcta y útil. Desde sus inicios, varias empresas especializadas en campos relevantes para BIRD, por ejemplo, soluciones comerciales y de software para informes bancarios, han estado involucradas en el proyecto BIRD después de haber expresado su interés en contribuir con él de forma voluntaria.

Hitos del proyecto

Esta sección describe la historia del proyecto BIRD, comenzando con los últimos desarrollos.

En la primera mitad de 2021, el Grupo Directivo de BIRD (BIRD SG) revisó el alcance y los objetivos de BIRD. El enfoque de esta revisión fue dar forma al BIRD para que sea un producto beneficioso y viable para la industria bancaria y las autoridades. El SG de BIRD decidió incluir un conjunto más amplio de componentes de BIRD (modelo de datos lógicos y modelo de datos lógicos enriquecidos, capa de entrada y capa de entrada enriquecida, capa de salida de referencia y capa de salida sin referencia) y describir las reglas de transformación en un lenguaje que admita mejor los expertos en negocios. Si se ponen a disposición recursos adicionales, el nuevo proceso BIRD se puede ampliar para incluir complementos, como reglas de validación y reglas de transformación técnica.

Consulte la página Metodología BIRD para obtener una explicación más detallada de los componentes y complementos actuales de BIRD.

Además, el SG de BIRD señaló que la industria bancaria apoya firmemente la alineación de los modelos de datos entre BIRD e IReF. El análisis del IReF y su inclusión en el BIRD será una de las prioridades futuras del proyecto, junto con las actualizaciones de COREP y FINREP (EBA ITS).

2020

En 2020, el flujo de trabajo sobre modelado de datos (WS DM) y el flujo de trabajo sobre pruebas (WS T) dedicaron un trabajo considerable a revisar y mejorar el proceso y la documentación de BIRD. El WS DM completó la investigación de la capa de entrada y propuso introducir un modelo de datos lógicos que sustente las capas BIRD, por ejemplo, para garantizar la coherencia y la integridad. Mientras tanto, el WST realizó actividades de prueba basadas en casos de prueba y datos de prueba en las reglas de transformación BIRD, escritas utilizando el Lenguaje de Validación y Transformación (VTL). Con base en los comentarios del Grupo de expertos de BIRD y los resultados de las actividades de ambos flujos de trabajo, el SG de BIRD inició una discusión sobre las lecciones aprendidas y las posibles mejoras; las conclusiones prepararon el terreno para la revisión del alcance y los objetivos del BIRD en 2021 (como se detalla anteriormente).

2019

En 2019, el contenido de BIRD se amplió para incorporar más requisitos de supervisión, entre otros, riesgo de crédito COREP, préstamos improductivos FINREP y gravamen de activos. Mientras estas actividades estaban en curso, el contenido de BIRD creció a un ritmo rápido, lo que condujo a opciones de modelado no homogéneas para las capas de BIRD. Se creó un grupo dedicado, el Flujo de trabajo sobre modelado de datos (WS DM), y se le asignó la tarea de revisar y armonizar el enfoque de modelado y definir los principios de diseño de mejores prácticas. En 2019, el proyecto BIRD también recibió el apoyo del Work Stream on Testing (WS T), que comenzó a probar las capacidades de las reglas de transformación de BIRD por medio de prototipos y casos de prueba desarrollados por empresas externas voluntarias, por ejemplo, proveedores de software y empresas de consultoría.

2013-2018

En junio de 2018, tras el éxito del piloto BIRD, los ITS de la Autoridad Bancaria Europea con respecto a FINREP también se incorporaron al BIRD junto con mejoras metodológicas.

En abril de 2017, el proyecto piloto BIRD concluyó con éxito con la publicación de documentación completa y detallada que describe cómo se pueden cumplir los requisitos para los bancos, con respecto a las Regulaciones del BCE sobre AnaCredit y SHS, utilizando datos de los sistemas internos de los bancos.

A finales de 2015, el Comité de Estadísticas del Sistema Europeo de Bancos Centrales (STC) decidió lanzar un piloto BIRD para dos tipos de estadísticas que se habían sugerido como resultado del taller del BCE con la industria bancaria (ver más abajo), es decir, AnaCredit y SHS. Este piloto involucró a varios bancos centrales nacionales voluntarios junto con bancos contactados por cada BCN participante.

En 2015 tuvo lugar un taller del BCE con la industria bancaria. La conclusión fue que la mejor manera de lanzar el BIRD sería implementar primero los nuevos requisitos relacionados con la recopilación de datos granulares de crédito y riesgo de crédito (AnaCredit), tal como se define en el Reglamento (UE) 2016/867, y con las estadísticas sobre tenencias. de valores (SHS), según se define en el Reglamento (UE) n.º 1011/2012.

En 2014, un grupo de trabajo de STC recomendó desarrollar, en estrecha colaboración con la industria bancaria, un modelo europeo de «enfoque de entrada» que proporcionaría un diseño estandarizado de los almacenes de datos internos de los bancos para respaldar el proceso de notificación de datos a las autoridades.

En 2013, la STC comenzó a investigar la posibilidad de promover un enfoque integrado de los datos estadísticos y de supervisión.

El Diccionario Integrado de Información Bancaria (BIRD) es un proyecto de colaboración entre los bancos centrales del Sistema Europeo de Bancos Centrales y los bancos comerciales. El objetivo del diccionario es apoyar a los agentes informantes en la preparación de conjuntos de datos para su transmisión bajo los respectivos marcos de información a los que están sujetos.

El BIRD está disponible solo para fines públicos. No constituye ningún tipo de asesoramiento profesional a los usuarios, ni ninguna interpretación oficial de ningún requisito de información. La información que proporciona no debe entenderse como vinculante, o de otro modo legalmente relevante en relación con el cumplimiento de las obligaciones de información. La BIRD no afecta, modifica ni sustituye las responsabilidades de los sujetos obligados frente a las autoridades a las que proporcionan información estadística. Los agentes informantes siguen siendo plenamente responsables de organizar sus sistemas internos de denuncia y garantizar la exactitud de sus denuncias a las autoridades.

Los patrocinadores del proyecto no serán responsables de ningún vacío, error o inexactitud en el contenido de BIRD, ni de ninguna acción tomada al respecto, incluidas, entre otras, las referencias hechas en los acuerdos contractuales. Expresamente renuncian a todas las garantías, expresas o implícitas, en cuanto a la exactitud de cualquiera de los contenidos proporcionados o en cuanto a la comerciabilidad o idoneidad del contenido proporcionado en el BIRD.

Los patrocinadores del proyecto no respaldan ni se hacen responsables de ninguna reproducción del contenido de BIRD, ni de ninguna otra forma de redistribución.

Licencia

Los usuarios de BIRD podrán hacer libre uso de la información que obtengan directamente del mismo. El contenido original de BIRD no se puede cambiar; sin embargo, el contenido puede ser utilizado para la creación de nuevos productos y el uso comercial de los mismos. Siempre que se reutilice el contenido de BIRD para la creación de un nuevo producto, se debe citar correctamente la fuente “BIRD”. Cuando la información se incorpore en documentos que se venden (independientemente del medio), la persona física o jurídica que vende la información debe informar a los compradores, tanto antes de que paguen cualquier suscripción o tarifa como cada vez que accedan a la información extraída de este sitio web, que la información se puede obtener de forma gratuita a través del sitio web de BIRD.

La SEC propone XBRL para el informe FOCUS

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha propuesto una nueva regla Presentación electrónica de ciertos materiales bajo la Ley de Bolsa de Valores de 1934: Enmiendas al informe FOCUS, que introduciría XBRL para determinados informes.

La nueva regla requeriría la presentación electrónica y datos estructurados basados en XBRL para ciertos formularios, incluidos los presentados por organizaciones autorreguladoras, agentes de bolsa, agentes de swaps basados en valores y los principales participantes de swaps basados en valores. La propuesta también requeriría el retiro de ciertos avisos presentados en relación con una excepción para contar ciertas transacciones comerciales para determinar si una persona es un comerciante de intercambio basado en valores.

El objetivo es aumentar la eficiencia y accesibilidad en la presentación de determinados formularios y, mediante la introducción de datos estructurados, facilitar a los inversores el análisis de la información.

RESUMEN: La Comisión de Bolsa y Valores («Comisión» o «SEC») propone exigir la presentación o presentación electrónica de ciertos formularios y otras presentaciones o presentaciones que deben presentarse o presentarse a la Comisión en virtud de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 («Ley de Bolsa») y las normas y reglamentos de la Ley de Bolsa. La propuesta requeriría la presentación electrónica o la presentación en el sistema electrónico de recopilación, análisis y recuperación de datos («EDGAR») de la Comisión, utilizando datos estructurados cuando corresponda, para ciertos formularios presentados o presentados por organizaciones autorreguladoras («SRO»). La propuesta requeriría que la información actualmente contenida en el Formulario 19b-4 (e) se publique públicamente en el sitio web de la SRO y eliminaría los requisitos de firma manual para las presentaciones de cambios de reglas propuestas por la SRO. La Comisión también propone que una agencia de compensación publique material complementario en su sitio web. Además, la propuesta modificaría las normas de la Ley de Bolsa y la Ley de Valores de 1933 («Ley de Valores») para exigir la presentación o presentación electrónica en EDGAR, utilizando datos estructurados cuando proceda, de ciertos formularios, informes y avisos proporcionados por corredores de bolsa, agentes de intercambio basados en valores y los principales participantes en swaps basados en valores. Las enmiendas propuestas también requerirían el retiro en ciertas circunstancias de los avisos presentados en relación con una excepción a la contabilización de ciertas transacciones para determinar si una persona es un agente de intercambio basado en valores. Por último, la Comisión propone permitir la firma electrónica en determinadas presentaciones de corredores de bolsa, y propone enmiendas relativas al Informe Único Uniforme Combinado Financiero y Operativo («Informe FOCUS») para armonizarlo con otras normas, realizar correcciones técnicas y proporcionar aclaraciones.

FECHAS: Los comentarios deben recibirse a más tardar el 22 de mayo de 2023.

DIRECCIONES: Los comentarios pueden enviarse por cualquiera de los siguientes métodos:

Comentarios del artículo:

• Puede enviar comentarios en papel al secretario, Comisión de Bolsa y Valores, 100 F Street NE, Washington, DC 20549-1090.

Todas las presentaciones deben referirse al Archivo No. S7-08-23. Este número de archivo debe incluirse en la línea de asunto si se utiliza el correo electrónico. Para ayudar a la Comisión a procesar y revisar sus comentarios de manera más eficiente, utilice un solo método. La Comisión publicará todos los comentarios en el sitio web de la Comisión (https://www.sec.gov/rules/proposed.shtml). Los comentarios también están disponibles para su visualización e impresión en el sitio web en la Sala de Referencia Pública de la Comisión, 100 F Street NE, Washington, DC 20549 en días hábiles oficiales entre las 10 a.m. y las 3 p.m. Las condiciones de funcionamiento podrán limitar el acceso a la sala pública de referencia de la Comisión. Todos los comentarios recibidos se publicarán sin cambios. Se advierte a las personas que envían comentarios que no redactamos ni editamos información de identificación personal de los envíos de comentarios. Debe enviar solo la información que desea poner a disposición del público.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON: Para el Formulario 1 – Justin Pica, Director Asistente, y David Remus, Asesor Especial; para el Formulario 1-N: David Dimitrious, Asesor Especial Senior, y Michou Nguyen, Asesor Especial; para el Formulario 15A – Molly Kim, Subdirectora, y David Michehl, Asesor Especial; para el Formulario CA-1 – Matthew Lee, Subdirector, y Claire Noakes, Asesora Especial; para el Formulario 19b-4(e) y la enmienda técnica al Formulario 19b-4 – Cristie March, Asesora Especial Senior, y Edward Cho, Asesor Especial; para la Regla 17a-22 – Matthew Lee, Subdirector, y Susan Petersen, Asesora Especial; para el Formulario X-17A-5 Parte III y presentaciones anuales relacionadas, Formulario X-17A-5 Partes II, IIA y IIC, Formulario 17-H y Formulario X-17A-19 – Raymond A. Lombardo, Subdirector, Rose Wells, Asesora Especial, y Valentina Minak Deng, Asesora Especial; para las notificaciones proporcionadas de conformidad con las Reglas 3a71-3(d)(1)(vi) y 15fi-3(c) de la Ley de Intercambio – Carol McGee, Directora Asociada, y Russell Mancuso, Asesor Especial; y para los informes presentados de conformidad con la Regla 15fk-1(c)(2)(ii)(A), Kelly Shoop, Jefa de Sucursal, y Katherine Lesker, Asesora Especial, División de Comercio y Mercados, al (202) 551-5500, Comisión de Bolsa y Valores, 100 F Street NE, Washington, DC 20549.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: La Comisión propone exigir la presentación electrónica, utilizando datos estructurados cuando proceda, de determinados formularios y otras presentaciones, que actualmente se presentan a la Comisión o se presentan a la Comisión en papel o por correo electrónico o son nuevos requisitos de presentación. La propuesta se divide en cinco partes: (1) formularios que son presentados o presentados por SRO o puestos a disposición electrónicamente por las SRO («Formularios de SRO Cubiertos»); (2) materiales suplementarios («Materiales Suplementarios Cubiertos») que se propone publicar en los sitios web de Internet de las agencias de compensación; (3) formularios y presentaciones relacionadas presentadas o presentadas por corredores de bolsa y operadores de derivados extrabursátiles («operadores de derivados OTC»), así como operadores de swaps basados en valores («SBSD») y los principales participantes en swaps basados en valores («MSBSP») (cada SBSD y cada MSBSP también denominados «Entidad SBS» y denominados conjuntamente «Entidades SBS»); (4) otros avisos, presentaciones e informes consistentes en (a) el Formulario X-17A-19; (b) 17 CFR 240.3a71-3(d)(1)(vi) («Regla 3a71-3(d)(1)(vi)») Avisos; (c) 17 CFR 240.15Fi-3(c) («Regla 15fi-3(c)») Avisos; y (d) 17 CFR 240.15Fk-1(c)(2)(ii)(A) («Regla 15fk1(c)(2)(ii)(A)») Informes de cumplimiento; y (5) enmiendas relacionadas con el Informe FOCUS y los requisitos de firma en las Reglas 17a-5, 17a-12 y 18a-7 de la Ley de Intercambio. La Comisión propone modificaciones o relativas a las siguientes normas:

Al elaborar esta propuesta con respecto a las entidades SBS, la Comisión ha consultado y coordinado con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos («CFTC») y los reguladores prudenciales de conformidad con la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor («Ley Dodd-Frank»).

Introducción

A. Experiencia con asistencia regulatoria específica durante la pandemia de COVID-19

Como parte de su respuesta a la pandemia de COVID-19, la Comisión y su personal proporcionaron asistencia y alivio regulatorio a los participantes en el mercado, según correspondiera, para facilitar el funcionamiento continúo ordenado y justo de los mercados de valores. Como parte de estos esfuerzos, el personal de la División de Comercio y Mercados («División») emitió una declaración en la que establecía que el personal no recomendaría medidas coercitivas si los solicitantes y solicitantes de registro hacían arreglos alternativos. Como se detalla en la declaración, para la entrega, ejecución y certificación notarial de ciertas presentaciones en papel. Más específicamente, el personal declaró que no recomendaría que la Comisión tomara medidas coercitivas con respecto a cualquier incumplimiento del requisito de presentación en formato impreso o el requisito de firma manual de ciertas «presentaciones en papel afectadas» (según se define en la Declaración actualizada del personal),  que incluían, pero no se limitaban a, informes anuales auditados por agentes de bolsa, presentaciones del Formulario 1 para bolsas de valores nacionales y presentaciones del Formulario CA-1 para agencias de compensación.

En general, la presentación electrónica de las presentaciones de papel afectadas ha sido práctica y eficiente. También ha sido la experiencia de la Comisión que la presentación electrónica ha sido recibida positivamente por los diversos solicitantes de registro que la han utilizado. Basándose en parte en estas experiencias positivas con la presentación electrónica durante la pandemia de COVID-19, y como parte de sus esfuerzos para modernizar los métodos mediante los cuales recopila y analiza la información de los solicitantes de registro, la Comisión propone modificar algunas de las reglas y formularios discutidos en este comunicado, como se establece con más detalle a continuación,  exigir que determinadas presentaciones se presenten a la Comisión por vía electrónica utilizando el sistema EDGAR de la Comisión. Como parte del esfuerzo por modernizar sus métodos de recopilación y análisis de información, y como se analiza más detalladamente más adelante, la Comisión propone que varias de las presentaciones presentadas a la Comisión electrónicamente sobre EDGAR utilicen datos estructurados cuando corresponda.

B. Formularios SRO cubiertos

La Comisión propone exigir que los siguientes formularios se presenten electrónicamente en EDGAR:

El marco regulador de la Comisión actualmente requiere que una entidad que desee registrarse como una bolsa de valores nacional (o que solicite una exención de dicho registro basada en un volumen limitado), una asociación nacional de valores, una agencia de compensación (o que solicite una exención de dicho registro) y una bolsa de valores nacional únicamente con el fin de negociar futuros sobre acciones individuales o en índices bursátiles de base estrecha9 («Bolsa de productos de futuros de valores») presente:  en un formato basado en papel, ciertos formularios que son obligatorios por las normas en virtud de la Ley de Bolsa. Las bolsas nacionales de valores registradas, las asociaciones nacionales de valores registradas, las agencias de compensación registradas y las bolsas de productos de futuros de valores registradas (colectivamente, SRO), así como las bolsas exentas y las agencias de compensación exentas (junto con las posibles SRO, «Declarantes»), también deben presentar enmiendas en papel a sus respectivos formularios. La propuesta de la Comisión modernizaría el proceso de presentación de estos diversos formularios exigiendo que los formularios y la información contenidos en ellos se presentaran a la Comisión electrónicamente, eliminando así la carga de preparar y presentar formularios en papel por parte de los solicitantes, y de recibir, actuar y mantener los formularios en papel por parte de la Comisión y su personal.

En particular, según lo requerido por 17 CFR 240.6a-1 («Regla 6a-1»), 17 CFR 240.6a-2 («Regla 6a2») y 17 CFR 240.6a-3 («Regla 6a-3») bajo la Ley de Intercambio, un posible intercambio debe presentar en 17 CFR 249.1 («Formulario 1») una solicitud de registro como bolsa de valores nacional (o para una exención del requisito de registrarse como una bolsa de valores nacional basada en un volumen limitado),  y, una vez registrado, el intercambio debe presentar como una enmienda a su Formulario 1 cierta información de actualización, así como cierto material complementario e informes. Además, según lo requerido por 17 CFR 240.6a-4 («Regla 6a-4») bajo la Ley de Intercambio, un intercambio prospectivo puede registrarse como un Intercambio de Productos de Futuros de Valores presentando 17 CFR 249.10 («Formulario 1-N») («registro de aviso») si cumple con ciertos requisitos previos, y también debe presentar enmiendas a su presentación inicial y ciertos materiales complementarios en el Formulario 1-N. Un solicitante de registro como asociación nacional de valores debe presentar una declaración de registro ante la Comisión en el Formulario X-15AA-1, y cada asociación que solicite el registro o se registre como una asociación nacional de valores debe presentar enmiendas y suplementos a su declaración de registro ante la Comisión en el Formulario X-15AJ-1 y suplementos anuales a su declaración de registro con la Comisión en el Formulario X-15AJ-2. Además, como lo exige la Regla 17ab2-1 («Regla 17ab2-1») bajo la Ley de Intercambio, una posible agencia de compensación debe presentar en el Formulario CA-1 una solicitud de registro como agencia de compensación (o para una exención de dicho registro), y tanto las agencias de compensación registradas como las exentas deben presentar enmiendas a su Formulario CA-1 según sea necesario. En cada una de las situaciones anteriores, estos formularios se presentan a la Comisión en un formato impreso. Como resultado, las SRO prospectivas y existentes, los intercambios exentos y las agencias de compensación exentas deben incurrir en los costos de completar sus respectivos formularios en papel, hacer el número requerido de copias y presentar la versión original y las copias a la Comisión. La Comisión también propone rescindir el siguiente formulario y, en su lugar, exigir que la información actualmente contenida en el formulario se publique en el sitio web de la SRO correspondiente:

Actualmente, 17 CFR 240.19b-4 (e) («Regla 19b-4 (e)») bajo la Ley de Intercambio requiere que una SRO presente a la Comisión informes sobre la cotización y negociación de nuevos productos de valores derivados en el Formulario 19b-4 (e) en un formato basado en papel. Al igual que con los formularios discutidos anteriormente en esta sección, las SRO deben incurrir en los costos de completar el formulario en papel, hacer el número requerido de copias y presentar la versión original y las copias a la Comisión.

C. Materiales suplementarios abarcados

La Regla 17a-22 requiere que una agencia de compensación registrada presente a la Comisión tres copias de cualquier material dentro de los 10 días posteriores a la emisión, o puesta a disposición general, de dichos materiales a sus participantes o a otras entidades con las que tenga una relación significativa.10 Una agencia de compensación registrada para la cual la Comisión no es la agencia reguladora apropiada debe al mismo tiempo presentar una copia de dicho material ante su «agencia reguladora apropiada» («ARA»).

Desde que la Comisión adoptó la Regla 17a-22 en 1980, la tecnología ha evolucionado significativamente e Internet ha desempeñado un papel cada vez más vital en la distribución de información.12 Durante este período, la Comisión ha fomentado la difusión de información electrónicamente a través de Internet y otros sistemas y servicios automatizados.13 En general, la transición de un requisito de presentar papel a un requisito de presentación electrónica puede ayudar a mejorar la eficiencia y la transparencia en la mercados de valores para las agencias de compensación registradas, sus participantes y el público en general. Más recientemente, en virtud de la Declaración actualizada del personal descrita anteriormente,14 los organismos de compensación registrados han establecido arreglos alternativos para satisfacer los requisitos de la Regla 17a-22 que no requieren la presentación de presentaciones en papel.

La Comisión propone ahora enmendar la Regla 17a-22 para eliminar por completo el requisito de presentación en papel y exigir a las agencias de compensación registradas que publiquen cualquier material suplementario en su sitio web en Internet, como se analiza más adelante.15 La Comisión cree que la norma enmendada aumentaría la eficiencia en la distribución de los materiales suplementarios requeridos en virtud de la norma y promovería la transparencia con respecto a su contenido.  ya que estos materiales complementarios están destinados a ponerse a disposición general de los participantes en la agencia de compensación u otras categorías de participantes en el mercado con los que la agencia de compensación tenga una relación significativa. Además, es probable que el costo asociado con la propuesta sea menor que los costos en que actualmente incurren los organismos de compensación que utilizan arreglos alternativos compatibles con la declaración actualizada del personal.

La Comisión cree que ciertos formularios y otras presentaciones que se propone presentar en EDGAR por agentes de bolsa, operadores de derivados OTC, SBSD y MSBSP son apropiados para la presentación electrónica porque muchos de ellos son voluminosos (en número, tamaño o ambos) y algunos de ellos contienen cierta información que debe divulgarse públicamente.16 Conversión electrónica y / o publicación de estas presentaciones por parte del personal de la Comisión,  ponerlos a disposición del público y/o del personal de la Comisión, puede requerir mucha mano de obra y mucho tiempo. La Comisión considera que exigir la presentación de estas presentaciones en el sistema de archivo EDGAR establecido por la Comisión facilitaría una transmisión, análisis, difusión, almacenamiento y recuperación de información más eficientes, y beneficiaría a la Comisión, las entidades solicitantes, los inversores y otros participantes en el mercado.

La Comisión propone utilizar el sistema EDGAR existente para ciertas presentaciones porque el Formulario X-17A-5 Parte III y el Formulario 17-H ya están permitidos para ser presentados en EDGAR y la Comisión cree que algunas de estas presentaciones pueden pasar fácilmente a la presentación electrónica en EDGAR.

La Comisión propone utilizar el sistema EDGAR para los siguientes avisos, informes y presentaciones: (1) avisos realizados de conformidad con la Regla 17a-19 bajo la Ley de Intercambio y en el Formulario X-17A-19 adjunto; (2) notificaciones hechas de conformidad con la Regla 3a71-3(d)(1)(vi) en virtud de la Ley de Intercambio; (3) notificaciones hechas a la Comisión de conformidad con la Regla 15fi-3(c) bajo la Ley de Intercambio; y (4) informes realizados de conformidad con la Regla 15fk-1(c)(2)(ii)(A) en virtud de la Ley de Intercambio. Actualmente, los avisos realizados de conformidad con la Regla 17a-19 bajo la Ley de Intercambio y en el Formulario X-17A-19 adjunto se presentan en papel. Las notificaciones realizadas de conformidad con la Regla 3a71-3(d)(1)(vi) en virtud de la Ley de Cambios se presentan por correo electrónico. Las notificaciones hechas a la Comisión de conformidad con la Regla 15fi-3(c) y los informes requeridos en virtud de la Regla 15fk-1(c)(2)(ii)(A) se envían por correo electrónico o en EDGAR, a elección del solicitante.

F. Requisitos de datos estructurados

La Comisión propone exigir que algunas de las divulgaciones requeridas por las siguientes presentaciones se proporcionen en un lenguaje de datos estructurado y legible por máquina: (1) los formularios SRO cubiertos; 2) la información requerida en virtud de la Regla 19b-4.e); (3) Formulario X-17A-19; (4) los informes anuales (y las presentaciones anuales relacionadas) presentados por los corredores de bolsa (incluidos los operadores de derivados OTC) y las entidades SBS en el Formulario X-17A-5 Parte III; (5) los informes de evaluación de riesgos presentados por ciertos corredores de bolsa en el Formulario 17-H; y (6) los avisos e informes proporcionados a la Comisión por las Entidades SBS bajo las Reglas 15fi-3(c) y 15fk-1(c)(2)(ii)(A), respectivamente (en conjunto, los «Documentos Estructurados Propuestos»).

Específicamente, la Comisión propone exigir que el informe requerido por la Regla 15fk-1 (c) (2) (ii) (A) de la Ley de Intercambio y partes del Formulario 1, el Formulario CA-1, el Formulario 17-H y el Formulario X-17A-5 Parte III y las presentaciones anuales relacionadas se proporcionen en el lenguaje de datos estructurados Inline eXtensible Business Reporting Language («Inline XBRL»). La Comisión también propone exigir que el Formulario X-17A-19, el aviso a la Comisión (y cualquier enmienda a los avisos) requerido por la Regla 15fi-3 (c) de la Ley de Intercambio, y partes del Formulario 1-N, Formulario 15A, Formulario 1, Formulario CA-1, Formulario 17-H y Formulario X-17A-5 Parte III y las presentaciones anuales relacionadas se proporcionen en legible por máquina,  Lenguajes de datos basados en lenguaje de marcado extensible («XML») específicos de esos documentos («XML personalizados»). Como se ha señalado, estos documentos estructurados se archivarían o presentarían en EDGAR.

Además, la Comisión propone exigir a las organizaciones subregionales de servicios públicos de normalización que publiquen electrónicamente la información requerida en virtud de la regla 19b-4, letra e), utilizando un lenguaje de datos personalizado basado en XML (también denominado «esquema») que la Comisión crearía y publicaría en su sitio web para su uso por las organizaciones subregionales. La Comisión también propone exigir a las organizaciones subregionales que publiquen una versión renderizada en formato digital portátil («PDF») del documento XML personalizado utilizando un procesador de PDF que la Comisión también crearía y publicaría en su sitio web para que las organizaciones regionales las utilizaran.

Como se analiza con más detalle a continuación, la Comisión cree que los requisitos de datos estructurados propuestos facilitarían el acceso a las divulgaciones por parte de los usuarios (por ejemplo, inversores, participantes en el mercado, analistas, la Comisión), lo que permitiría una recuperación, agregación y comparación más eficientes entre diferentes solicitantes y períodos de tiempo, en comparación con un requisito de PDF no estructurado, lenguaje de marcado de hipertexto («HTML») o Código Estándar Americano para el Intercambio de Información («ASCII»).

La Comisión propone que algunas divulgaciones se estructuren en XBRL en línea y otras que se estructuren en XML personalizado, porque la Comisión cree que Inline XBRL es adecuado para ciertos tipos de contenido, como estados financieros y discusiones narrativas extendidas, mientras que otros tipos de contenido se pueden capturar fácilmente utilizando lenguajes de datos XML personalizados que producen tamaños de archivo más pequeños que Inline XBRL y, por lo tanto, facilitan un procesamiento de datos más simplificado. Estos lenguajes XML personalizados también permiten a EDGAR generar formularios web rellenables que permiten a las entidades afectadas introducir divulgaciones en los campos de formulario en lugar de codificar sus divulgaciones en XML personalizado, lo que probablemente alivie las cargas de cumplimiento de las entidades afectadas. Finalmente, algunos de los documentos estructurados propuestos, el Formulario X-17A-5 Parte III y el Formulario 17-H, ya están parcialmente sujetos a requisitos de datos estructurados XML personalizados cuando se presentan voluntariamente en EDGAR. Para estos formularios, la Comisión propone exigir los mismos requisitos XML personalizados para minimizar las cargas asociadas a los solicitantes de registro que ya utilizan estas lenguas para estos formularios.

Algunos de los documentos estructurados propuestos también incluyen requisitos para adjuntar copias de documentos existentes, como copias de estatutos, acuerdos escritos, manuales de usuario y solicitudes de listado. La Comisión propone exigir a las entidades afectadas que presenten estas copias de documentos como archivos PDF adjuntos no estructurados a los formularios estructurados de otro modo. La Comisión cree que exigir a las entidades afectadas que estructuren retroactivamente dichos documentos existentes, que se prepararon para fines distintos del cumplimiento de los requisitos de divulgación de la Comisión, podría imponer cargas de cumplimiento a las entidades afectadas que pueden no estar justificadas a la luz de los beneficios informativos proporcionales asociados con tener dichos documentos en forma estructurada.

Del mismo modo, los Formularios 1-N y 15A (distintos de las portadas, es decir, las páginas de ejecución, de esos formularios) no estarían sujetos a requisitos de datos estructurados, dado que el número muy limitado de solicitantes y presentaciones del Formulario 1-N y del Formulario 15A limita el beneficio que se derivaría de la legibilidad mecánica de las divulgaciones contenidas en ellos. Los avisos de excepción de ANE tampoco estarían sujetos a requisitos de datos estructurados, ya que el número muy limitado de puntos de datos en dichos avisos puede disminuir la utilidad de cualquier funcionalidad habilitada por datos estructurados (como la recuperación eficiente de puntos de datos individuales de documentos estructurados).

G. Enmiendas relativas al informe FOCUS y los requisitos de firma en las presentaciones de las Reglas 17a-5, 17a-12 y 18a-7

Por último, la Comisión propone enmiendas relativas al informe FOCUS para armonizarlo con otras normas, introducir cambios técnicos y proporcionar aclaraciones. Además, la Comisión propone permitir las firmas electrónicas en las presentaciones de las Reglas 17a-5, 17a-12 y 18a-7, incluido el Informe FOCUS.

Política monetaria: ¿Cuál es la situación de Oriente Medio y Asia Central?

La respuesta de política monetaria de los países de Oriente Medio y Asia Central (ME&CA) al aumento de la inflación en 2021–22 ha variado ampliamente. La postura actual es apropiadamente restrictiva o neutral para muchos países que utilizan una tasa de política monetaria, pero necesita un mayor ajuste en otros. La respuesta al último shock inflacionario ha sido acorde o, en algunos casos, incluso más contundente que durante episodios inflacionarios anteriores. No obstante, en varios países la aplicación de la política monetaria sigue viéndose socavada por la falta de coordinación con la política fiscal o la dominación fiscal. La transmisión de la política monetaria en los países con regímenes cambiarios flotantes o administrados es más fuerte que en aquellos con paridad, opera principalmente a través del canal de tipo de cambio y el canal de crédito es relativamente débil. Incluso los países que han respondido adecuadamente se beneficiarían del fortalecimiento de los marcos de política monetaria y del fomento del desarrollo financiero. La activación de canales de transmisión adicionales mejoraría la capacidad de los banqueros centrales para combatir la inflación al tiempo que reduciría sus costos económicos. Además, una mayor flexibilidad del tipo de cambio y el uso de políticas macroprudenciales podrían ayudar a fortalecer la eficacia de la política monetaria. En los países donde los bancos de propiedad estatal desempeñan un papel importante en la intermediación financiera, las autoridades también deberían reducir sus actividades cuasi monetarias y cuasi fiscales para mejorar la transmisión.

Introducción

El restablecimiento de la estabilidad de precios sigue siendo un desafío político clave para los países de ME&AC. La inflación aumentó en los últimos dos años, reflejando una combinación de factores de oferta y demanda, incluido un aumento de los precios de los alimentos y las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales (Perspectivas económicas regionales de abril de 2022: Oriente Medio y Asia Central). Es posible que la inflación haya alcanzado su punto máximo en varios países, pero los precios de los alimentos y la energía siguen siendo altos en relación con sus niveles anteriores a la pandemia, la inflación está por encima de la meta en la mayoría de los países que tienen una meta y la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente elevada.

En este capítulo se evalúa lo que los bancos centrales deberían hacer a continuación para restablecer o mantener la estabilidad de precios. Los bancos centrales han respondido al aumento de la inflación con una serie de medidas de política monetaria, incluido el aumento de las tasas de interés de política. El hecho de que este endurecimiento haya sido suficiente para controlar la inflación depende de diversos factores, como la forma en que el aumento de las tasas nominales se ha traducido en aumentos de las tasas reales, el nivel de la tasa de interés natural, los retrasos en la transmisión de la política monetaria y la efectividad de la transmisión monetaria. Además, la idoneidad de la orientación de la política monetaria depende de factores que van más allá de los tipos de interés oficiales (por ejemplo, de las condiciones financieras en general, incluidos los tipos de interés a más largo plazo y las entradas netas de capital). Se utilizan varios métodos estándar para evaluar la orientación de la política monetaria y estimar su impacto en la inflación, la fortaleza de sus principales canales de transmisión y los rezagos con los que opera la política monetaria.

Instrumentos de política monetaria y acciones recientes

Las tasas de interés de política monetaria y los requisitos de reserva son los principales instrumentos de política monetaria en la región. Dos tercios de los bancos centrales de ME&CA utilizan una tasa de política para señalar su orientación de política monetaria, mientras que casi tres cuartas partes de los bancos centrales utilizan los requisitos de reserva sobre los pasivos en moneda nacional como instrumento de política monetaria y un poco más de la mitad los utilizan para los pasivos en moneda extranjera. Sin embargo, los países varían en su combinación y uso de instrumentos. La mayoría de los bancos centrales elevaron las tasas de política monetaria en los últimos dos años, aunque en diversos grados. Si bien la mayoría de los bancos centrales mantuvieron las tasas de reserva obligatoria sin cambios en relación con sus promedios en el primer semestre de 2021, durante 2021–22, siete elevaron las tasas de reserva obligatoria sobre los pasivos en moneda nacional y cuatro sobre los pasivos en moneda extranjera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cambios reflejaron la reversión de las medidas relacionadas con COVID-19.

Además de elevar las tasas de política monetaria y los requisitos de reserva, en los últimos dos años, la mayoría de los bancos centrales de la región han actuado para absorber el exceso de liquidez, incluso emitiendo sus propios valores, vendiendo valores gubernamentales, participando en acuerdos de recompra inversa e interviniendo en los mercados de divisas mediante la venta de divisas. Sin embargo, han hecho un uso limitado de las herramientas macroprudenciales (aproximadamente la mitad de las acciones de los bancos centrales estaban relacionadas con la anulación de las medidas relacionadas con la pandemia). En el frente de las comunicaciones, casi dos tercios de los bancos centrales publican un comunicado después de una decisión de política monetaria, mientras que solo unos pocos proporcionan orientación futura sobre las tasas de interés. La falta de coordinación entre las políticas monetaria y fiscal y el predominio fiscal obstaculizan la efectividad de la política monetaria. Estos están presentes en aproximadamente la mitad de los países de ME&AC, lo que resulta en una combinación de políticas inconsistente que probablemente frustre los esfuerzos de los bancos centrales para controlar la inflación. Además, la incidencia del dominio fiscal ha aumentado en varios países en los últimos dos años, como reflejo de la pandemia, la guerra de Rusia en Ucrania y el financiamiento externo más ajustado.

Evaluación de la orientación de la política monetaria

En esta sección se evalúa si las actuales orientaciones de la política monetaria en materia de recursos extrapresupuestarios y administrativos son restrictivas o laxas en relación con dos puntos de referencia y si las medidas de política monetaria (incluidos los tipos de interés oficiales más elevados) y las condiciones externas se han traducido en condiciones financieras internas más restrictivas. En primer lugar, las estimaciones de las tasas naturales en los países de ME&CA se compararon con la tasa de política actual utilizando dos métodos diferentes. A continuación, se hizo una evaluación de cómo se compara la orientación actual de la política monetaria con la implícita en una regla de política monetaria flexible que puede ajustarse a diferentes marcos monetarios y cambiarios. Finalmente, la sección presenta los resultados de una estimación de un índice de condiciones financieras (FCI) para ME&CA.

¿Cuál es la postura actual de la política monetaria?

Los bancos centrales de toda la región han endurecido la política monetaria utilizando una variedad de instrumentos, el más importante de los cuales es elevar las tasas de interés de política. Pero, ¿son estas tasas por encima o por debajo de los niveles consistentes con el crecimiento económico estable y la inflación, es decir, sus niveles «naturales»? ¿O necesitan aumentar aún más para estabilizar la inflación?

Las tasas naturales son útiles para medir la orientación de la política monetaria, pero sus estimaciones están sujetas a una incertidumbre significativa. La tasa natural se refiere a la tasa de interés que no estimula ni contrae la economía y es consistente con la producción a la inflación potencial y estable. Sin embargo, las tasas naturales son notoriamente difíciles de medir en tiempo real porque no son observables, difieren entre países y están sujetas a volatilidad a corto plazo. Este capítulo define dos medidas diferentes de las tasas naturales: una tasa a corto plazo y una tasa a largo plazo. La tasa a corto plazo —la tasa de política natural— se define como la tasa natural real más las expectativas de inflación a un año de las bases de datos de Perspectivas de la economía mundial; esto indica dónde deberían estar las tasas nominales para estabilizar la inflación en el corto plazo. La tasa a largo plazo —la tasa terminal— se define como la tasa natural real más las expectativas de inflación a cinco años de las bases de datos de Perspectivas de la economía mundial; Esta es una estimación de dónde convergerán eventualmente las tasas nominales cuando la inflación esté en su nivel deseado a largo plazo. Las tasas naturales se estiman utilizando dos métodos: un pequeño modelo semi estructural de economía abierta que estima conjuntamente las tasas naturales, la producción potencial y el tipo de cambio de equilibrio; y una auto regresión vectorial de parámetros variables en el tiempo. Las estimaciones puntuales de las tasas de política natural sugieren que la orientación de la política monetaria era apropiadamente restrictiva o neutral en muchos países a principios de 2023. Sin embargo, la política monetaria sigue siendo laxa (tasa de interés de política monetaria inferior a las tasas de política natural) y puede ser necesario endurecerla aún más para estabilizar la inflación en algunos países. Una vez que se contengan las presiones inflacionarias a corto plazo, las tasas de interés oficiales —actualmente muy por encima de las estimaciones de las tasas terminales— eventualmente convergerán a niveles más bajos.

¿Cómo se compara el reciente endurecimiento de la política monetaria con sus pares y las respuestas anteriores?

El análisis de la sección anterior trató de determinar si las tasas de interés de política actuales están por encima de sus niveles naturales y, por lo tanto, son desinflacionarias. Esta sección se centra en evaluar la reacción de los bancos centrales a las presiones sobre los precios para caracterizar cómo se ha endurecido la política monetaria con respecto a la dinámica de precios coincidente y esperada.

Para ello, la reacción política de los bancos centrales de ME&CA se comparó utilizando una comparación histórica y entre países. Las reglas simples de tasas de interés reactivas se identificaron utilizando dos puntos de referencia diferentes de reacción de la política monetaria: la reacción de política monetaria de los países de ME&CA en las últimas dos décadas, según lo estimado por una regla de política monetaria, y la reacción correspondiente de un subconjunto de bancos centrales de mercados emergentes que participaron en la adopción temprana y relativamente exitosa de regímenes de metas de inflación: el índice de referencia de mercados emergentes y economías en desarrollo (EMED).

El ejercicio muestra residuales positivos de las reglas monetarias desde 2021 para los países con un régimen de metas de inflación y los fijadores convencionales, lo que sugiere que estos países aumentaron las tasas de interés de política monetaria más que cuando enfrentaron shocks anteriores de magnitud comparable. En los países con un marco de política monetaria con metas de inflación (todos en el Cáucaso y Asia Central), el aumento de los tipos de interés oficiales también fue coherente con el índice de referencia EMED. Esto sugiere que su respuesta de política monetaria al reciente aumento de la inflación fue coherente con un firme compromiso de luchar contra las presiones inflacionarias; También refleja mejoras en sus marcos de política monetaria en relación con el pasado. Por el contrario, los países con otros marcos monetarios (Egipto, Túnez) aumentaron los tipos de interés de acuerdo con sus normas históricas y menos que el índice de referencia EMED, lo que sugiere que son menos reactivos a la evolución de la inflación que otros pares, probablemente porque las compensaciones en estos países entre tasas de interés más altas y la sostenibilidad de la deuda son críticas.

¿Cómo han cambiado las condiciones financieras?

En las subsecciones anteriores se documentó que, en los países de ME&AC, la orientación actual de la política monetaria, medida por las tasas de interés de política, es restrictiva o neutral para muchos países, pero laxa para otros, y que el aumento de las tasas de interés de política desde 2021 ha sido aproximadamente consistente con los puntos de referencia nacionales e internacionales. Esta sección complementa el análisis caracterizando la evolución de las condiciones financieras internas en un momento en que los aumentos de las tasas de interés oficiales y otras medidas restrictivas, incluidos los requisitos de reservas, han coincidido con un período de grandes entradas de capital (por ejemplo, países del Cáucaso y Asia central) o de apreciación de los precios de los activos (por ejemplo, países del Consejo de Cooperación del Golfo). Este análisis es importante para determinar en qué medida el endurecimiento de la política monetaria se ha transmitido a las condiciones financieras, que tienen un impacto en la demanda y, en última instancia, en los precios. Para ello, se estimó un ICN nominal mensual para 14 países de ME&CA utilizando indicadores que proporcionan una medida integral de las condiciones financieras en dinero, deuda, y los mercados de renta variable y las condiciones derivadas de factores externos.

Las condiciones financieras en algunas economías avanzadas se han relajado un poco en los últimos meses, pero siguen siendo estrictas en ME&CA en relación con hace dos años. No obstante, las condiciones financieras se han endurecido en las últimas semanas tras los episodios de tensión bancaria en algunas economías avanzadas. Los resultados muestran que el FCI se mueve positivamente con las tasas de interés de política monetaria y que las condiciones financieras se han endurecido en ME&CA desde finales de 2021, aunque con una heterogeneidad significativa entre los países, impulsada principalmente por un fuerte aumento de las tasas de interés generales y factores globales cambiantes.

La relación entre los aumentos de las tasas de interés oficiales y el endurecimiento de las condiciones financieras es positiva, pero está dispersa en toda la región. Una reacción muy diversa de las condiciones financieras a los cambios en las tasas de interés de política refleja parcialmente el uso de diferentes instrumentos por parte de los bancos centrales de ME&CA para controlar las recientes presiones inflacionarias. Sin embargo, también es consistente con una heterogeneidad relativamente grande en el canal de transmisión monetaria, incluida la magnitud y el momento de la transmisión de las tasas de interés.

El mecanismo de transmisión de la política monetaria en ME&CA

¿Cómo reduce la inflación el endurecimiento de la política monetaria?

El endurecimiento de la política monetaria reduce la inflación y el producto, aunque con heterogeneidad entre los regímenes cambiarios. En el gráfico se presentan estimaciones del impacto máximo del endurecimiento de la política monetaria en la inflación y el PIB real, con los países agrupados según su régimen cambiario. Los efectos estimados son mayores en los países con tipos de cambio flotantes y paridades controladas, mientras que las respuestas son más moderadas para los países con tipos de cambio fijos, lo que sugiere que el canal del tipo de cambio podría ser clave para la transmisión de la política monetaria para los países de la muestra. Mirando a través de los países, los efectos máximos sobre la inflación trimestral ocurren entre uno y tres trimestres después de un shock monetario.  Con la inflación eventualmente alcanzando la mitad del impacto máximo alrededor de cuatro a 11 trimestres después del shock (para la inflación interanual, estos retrasos son de aproximadamente cuatro a seis trimestres y de seis a 13 trimestres, respectivamente).

¿Está funcionando el canal cambiario?

Un aumento sorpresivo en las tasas de interés debería atraer capital a un país, haciendo que el tipo de cambio se aprecie. Esta apreciación debería aumentar posteriormente el costo de las exportaciones (en la medida en que se fijen precios en moneda local) y reducir el costo de las importaciones, lo que conduciría a disminuciones de la producción y la inflación. Tras un endurecimiento sorpresivo de la política monetaria, se observó una gran apreciación del tipo de cambio nominal para todos los países de la muestra, y esta apreciación se produce en el mismo trimestre del endurecimiento. En el caso de los países con un tipo de cambio flotante o administrado, el análisis encontró que un shock de política monetaria de 100 puntos básicos conduce a una apreciación del tipo de cambio nominal de casi 2% sobre una base anualizada. El análisis adicional es consistente en que el tipo de cambio es un canal clave para magnificar el efecto de la política monetaria sobre la inflación en la región. En un marco de autorregresión de vectores estructurales, las estimaciones muestran que, en promedio, el 40% del impacto máximo en la inflación de los shocks de política monetaria es impulsado por el tipo de cambio (véase el Anexo 7 en línea). Del mismo modo, las estimaciones de proyecciones locales, basadas en Jordà (2005), sugieren que en los países con regímenes cambiarios flexibles o administrados, la inflación tiende a disminuir en mayor magnitud cuando el tipo de cambio también se aprecia después de un shock de política monetaria contractiva. Los retrasos de transmisión también tienden a ser más cortos bajo el efecto amplificador del tipo de cambio.

¿Está funcionando el canal de préstamos bancarios?

El traspaso del endurecimiento de la política monetaria a las tasas de préstamos y depósitos bancarios y la provisión de crédito se estimó utilizando métodos de proyección local con datos trimestrales a nivel bancario para un panel de países de la región. Para los países con tipos de cambio fijos, se consideró la transmisión de la política monetaria de los Estados Unidos; En el caso de los PEGGERS gestionados y los flotantes del tipo de cambio, se estimó el impacto de un aumento de la tasa de interés de política monetaria.

En los países con tipos de cambio fijos, en el pico, un endurecimiento monetario de 100 puntos básicos en Estados Unidos conduce a tasas de activos 81 puntos básicos más altas (un indicador de las tasas efectivas de préstamo), tasas de pasivo 66 puntos básicos más altas (un indicador de las tasas efectivas de depósito) y una reducción del 3,2% en el crecimiento del crédito real. Sin embargo, la transmisión de tasas de política monetaria más altas en Estados Unidos a las tasas de activos y pasivos de los bancos nacionales opera con considerables Gal. En el año siguiente a un ajuste de 100 puntos básicos, las tasas de activos y pasivos aumentan en aproximadamente 30 puntos básicos en promedio. Las respuestas máximas se alcanzan después de ocho a 10 trimestres.

En este contexto, el nivel del precio del petróleo es un determinante crítico de la transmisión monetaria en los países exportadores de petróleo. Cuando la liquidez es amplia debido a los altos ingresos del petróleo, la transmisión de la política monetaria de Estados Unidos a las condiciones financieras internas se ve amortiguada. Cuantitativamente, la transferencia de un aumento de la tasa de interés estadounidense de 100 puntos básicos a las tasas de activos y pasivos nacionales es más de 20 puntos básicos más fuerte a un precio del petróleo de $ 65 por barril (consistente con las proyecciones a mediano plazo) en comparación con un precio del petróleo de $ 82 (el precio prevaleciente en la semana del 18 de enero de 2023). Los precios más altos del petróleo también atenúan el traspaso al crecimiento del crédito real. Dado que se espera que los precios del petróleo vuelvan a sus niveles de 2019 en los próximos cinco años, los efectos de contagio de la política monetaria de Estados Unidos probablemente se fortalecerán, aumentando la necesidad de amortiguadores macroprudenciales.

La transmisión de la política monetaria a las tasas de activos y pasivos bancarios es más débil en promedio en los países con un régimen de paridad fija administrada o tipo de cambio flotante,16 lo que refleja en parte su menor nivel de desarrollo financiero en comparación con los vinculadores de ME&CA y los mercados emergentes en general, en gran parte debido al alto nivel de desarrollo entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. La transferencia de la tasa de activos y pasivos alcanza un máximo de 60 y 34 puntos básicos para los flotantes (28 y 22 puntos básicos para los vínculos administrados), respectivamente, para un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de política; la respuesta del crecimiento del crédito es económicamente pequeña y estadísticamente insignificante para todos los países, excepto para Pakistán. Existe una heterogeneidad significativa en toda la región, con un traspaso más fuerte en los países con una huella más pequeña de bancos estatales. Estos resultados sugieren que el sector bancario puede estar desempeñando un papel limitado en la transmisión monetaria a la economía real para los flotantes del tipo de cambio y los fijadores administrados en la región en promedio, particularmente para los países donde los bancos estatales son dominantes.

Armándolo: ¿A dónde ir?

Las tasas de inflación han sido relativamente altas desde 2021, pero la inflación podría haber sido notablemente mayor si los bancos centrales no hubieran aumentado las tasas de interés oficiales. El análisis sugiere que los aumentos de las tasas de interés desde 2020 han actuado para reducir la inflación en todos los países examinados, con mayores reducciones de la inflación entre los países con mayor flexibilidad cambiaria. Sin embargo, la inflación ha seguido aumentando en Egipto, Pakistán y Túnez, y la comparación de las tasas de interés de política actuales en relación con las estimaciones de las tasas de política natural sugiere que se necesitan nuevos aumentos de las tasas de interés para estabilizar la inflación.

Cabe esperar que el elevado nivel de los tipos de interés oficiales en relación con los tipos terminales a finales de 2022 siga ejerciendo presión a la baja sobre la inflación a lo largo de 2023. La medida en que las tasas de política monetaria necesiten ajuste a corto plazo estará determinada por la evolución de la inflación y las expectativas de inflación, teniendo en cuenta el impacto de los cambios de política pasados y las condiciones económicas internas y mundiales.

Recomendaciones políticas

La inflación general parece haber alcanzado su punto máximo en 2022, pero la inflación subyacente sigue siendo obstinadamente alta en muchos países. Aunque las medidas de política monetaria adoptadas desde 2020 han sido en general apropiadas y han ayudado a frenar la inflación para la mayoría de los países que utilizan una tasa de política monetaria, otros países aún deben endurecerse aún más, y persisten los riesgos para todos los países a medida que las autoridades buscan señales claras de un punto de inflexión en medio de una mayor incertidumbre.

¿A dónde ir?

El aumento de la incertidumbre requiere una estrecha vigilancia. Calibrar y comunicar la política monetaria de manera dependiente de los datos será esencial para evitar que las expectativas de inflación se desanclen. Específicamente:

– Cuando la orientación de la política es estricta o neutral, y la inflación parece haber alcanzado su punto máximo (por ejemplo, Armenia y Georgia), los bancos centrales deberían seguir dependiendo de los datos y no comenzar a relajarse hasta que haya signos claros de que la inflación subyacente está en una trayectoria descendente.

– Los países con una paridad cambiaria deberían seguir la política monetaria estadounidense y considerar el uso de políticas macroprudenciales adicionales (por ejemplo, menores ratios préstamo-valor y deuda-ingreso) en caso de una apreciación significativa de los precios de los activos o si las condiciones financieras siguen siendo laxas o se relajan.

– Cuando la orientación de la política es laxa y persisten las presiones inflacionarias, se debe considerar una política monetaria más restrictiva para estabilizar la inflación y las expectativas de inflación (por ejemplo, en Egipto, Pakistán y Túnez).

Cuando haya una falta de coordinación entre la política monetaria y fiscal o cuando haya predominio fiscal, las autoridades tendrán que abordar los desequilibrios fiscales para que la política monetaria pueda convertirse en una herramienta eficaz para estabilizar la inflación. Hasta entonces, la política monetaria tendrá que endurecerse más que si la política fiscal actuara coordinadamente.

– Cuando los altos precios del petróleo amortigüen el canal de préstamos bancarios (exportadores de energía), la tasa de política deberá complementarse con otras herramientas monetarias o macroprudenciales.

En toda la región, y en particular en los países que endurecerán aún más la política monetaria, los bancos centrales deben ser conscientes de los riesgos para la estabilidad financiera y vigilar de cerca las vulnerabilidades del sistema financiero que podrían surgir del aumento de las tasas de interés.

Paralelamente, se necesitan más esfuerzos para mejorar los marcos de política monetaria y la transmisión de la política monetaria en la región. Dado que los datos de expectativas de inflación no están disponibles en la mayoría de los países de ME&CA, los responsables de las políticas deben desarrollar encuestas de expectativas de inflación. La fuerte respuesta estimada de la inflación a los shocks de política monetaria y el corto desfase temporal con el que responde en los países con un tipo de cambio flotante o administrado —y los datos a nivel bancario demuestran que el canal de préstamos es débil— sugieren que el tipo de cambio es un canal de transmisión clave para muchos países.

– Para fortalecer el canal de préstamos también sería necesario desarrollar el sector financiero, incluso promoviendo mercados interbancarios de reservas y mercados secundarios de valores gubernamentales con una amplia gama de vencimientos que funcionen bien y sean muy líquidos, y promoviendo medidas para des dolarizar los sistemas financieros con un alto grado de dolarización. Posteriormente, esto facilitaría una mayor flexibilidad del tipo de cambio, permitiendo que el tipo de cambio actuara como amortiguador para aislar mejor a las economías de los shocks y mejorar la eficiencia de la política monetaria.

– Todos los países podrían beneficiarse de una coordinación más estrecha de la política monetaria con las políticas financiera y fiscal. Por ejemplo, los bancos comerciales de propiedad estatal deberían operar en igualdad de condiciones con los bancos privados, y debería evitarse el uso de bancos de propiedad estatal con fines monetarios o fiscales (por ejemplo, mediante la eliminación gradual de las actividades cuasi fiscales y los préstamos subvencionados).

– El uso de medidas macroprudenciales en países con regímenes de tipo de cambio fijo puede ayudar a fortalecer el vínculo entre los cambios en la tasa de política monetaria y las condiciones financieras, lo cual es particularmente importante ahora para los países del Cáucaso y Asia central que están experimentando grandes entradas de capital y para los países del Consejo de Cooperación del Golfo que están experimentando una rápida apreciación de los precios de los activos (por ejemplo,  en los mercados de renta variable o de la vivienda).

– Los marcos de política monetaria deben mejorarse mejorando las comunicaciones de los bancos centrales y aumentando la transparencia de las operaciones monetarias y las intervenciones cambiarias.

MIGRANTES, REFUGIADOS Y SOCIEDADES

«Los líderes sacerdotales de los parsis fueron llevados ante el gobernante local, Jadhav Rana, quien les presentó un recipiente lleno de leche para significar que las tierras circundantes no podían acomodar a más personas. El sacerdote principal parsi respondió deslizando un poco de azúcar en la leche para significar cómo los extraños enriquecerían a la comunidad local sin desplazarlos. Se disolverían en la vida como el azúcar se disuelve en la leche, endulzando a la sociedad, pero no inquietándola. El gobernante respondió a la imagen elocuente y concedió a los exiliados tierra y permiso para practicar su religión sin obstáculos si respetaban las costumbres locales y aprendían el idioma local, el gujarati».

—Leyenda Parsi

La migración es un desafío para el desarrollo. Alrededor de 184 millones de personas, el 2,3 por ciento de la población mundial, viven fuera de su país de nacionalidad. Casi la mitad de ellos se encuentran en países de ingresos bajos y medianos. Pero, ¿qué nos espera?

A medida que el mundo lucha por hacer frente a los desequilibrios económicos mundiales, las tendencias demográficas divergentes y el cambio climático, la migración se convertirá en una necesidad en las próximas décadas para los países de todos los niveles de ingresos. Si se gestiona bien, la migración puede ser una fuerza para la prosperidad y puede ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El Informe sobre el desarrollo mundial 2023 propone un marco integrado para maximizar los impactos en el desarrollo de los movimientos transfronterizos tanto en los países de destino como en los de origen y en los propios migrantes y refugiados. El marco que ofrece, extraído de la economía laboral y el derecho internacional, se basa en una matriz de «coincidencia y motivo» que se centra en dos factores: qué tan cerca coinciden las habilidades y atributos de los migrantes con las necesidades de los países de destino y qué motivos subyacen a sus movimientos. Este enfoque permite a los responsables políticos distinguir entre diferentes tipos de movimientos y diseñar políticas migratorias para cada uno. La cooperación internacional será fundamental para la gestión eficaz de la migración.

Mensajes principales

  • Centrarse en las personas que viven fuera de su país de nacionalidad. La principal diferencia entre un migrante y un no migrante es la ciudadanía (o la falta de ella) del país de destino y sus derechos asociados. Una vez que un migrante se naturaliza, ya no es un migrante: enfrenta los mismos desafíos y oportunidades que otros ciudadanos, aunque en algunos casos con las dificultades adicionales que enfrentan las minorías nacionales.
  • Reconocer la complejidad y la creciente necesidad de los movimientos transfronterizos. Alrededor del 2,3 por ciento de la población mundial, 184 millones de personas, incluidos 37 millones de refugiados, viven fuera de su país de nacionalidad. Alrededor del 43 por ciento vive en países de ingresos bajos y medios. Muchos países, en todos los niveles de ingresos, son al mismo tiempo el origen y el destino de los migrantes. Debido a las divergencias demográficas y al cambio climático, la migración será cada vez más necesaria en las próximas décadas para los países de todos los niveles de ingresos.
  • Distinguir entre varios tipos de movimientos para identificar respuestas políticas apropiadas. La forma en que las habilidades y atributos de los migrantes se ajustan a las necesidades de los países de destino determina en gran medida los efectos económicos de sus movimientos. Los motivos subyacentes a los movimientos determinan las obligaciones de los países de destino en virtud del derecho internacional.
    • Maximice las ganancias netas cuando las personas aporten habilidades y atributos que coincidan fuertemente con las necesidades de su sociedad de destino, para ellos, sus países de destino y sus países de origen.
    • Proporcionar protección internacional a los refugiados de una manera que pueda ser sostenida, financiera y socialmente, porque la mayoría de las situaciones de refugiados duran muchos años.
    • Reducir la necesidad de movimientos angustiados, respetando al mismo tiempo los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, y reconocer el papel clave del desarrollo en este esfuerzo.
  • Gestionar la migración estratégicamente, tanto en los países de origen como en los de destino. Los gobiernos de los países de origen deben hacer de la migración laboral una parte explícita de su estrategia de desarrollo, mientras que los gobiernos de los países de destino deben utilizar la migración de «correspondencia fuerte» para satisfacer sus necesidades laborales.
  • Gestionar los movimientos transfronterizos de manera diferente. Utilizar la cooperación bilateral para fortalecer la adecuación de las habilidades y atributos de los migrantes con las necesidades de las economías de destino. Organizar respuestas regionales y mundiales para abordar los movimientos de refugiados y reducir la necesidad de movimientos en dificultades. Desarrollar instrumentos de financiación nuevos y predecibles. Y escuche las voces que actualmente están subrepresentadas en muchos debates políticos.

La matriz de coincidencia y motivo

Mensajes clave

• Este informe define a los migrantes como personas que viven fuera de su país de ciudadanía, independientemente de su condición y motivaciones. A efectos prácticos, el término se utiliza en todo el Informe cuando se refiere a los migrantes económicos y refugiados como grupo.

• La matriz de coincidencia y motivación se basa en la economía laboral y el derecho internacional para desarrollar un marco unificado que identifica políticas prioritarias para cuatro tipos de movimientos basados en quién se mueve y bajo qué circunstancias.

• El lugar donde un migrante encaja en la matriz de coincidencia y motivación depende en parte de las políticas de los países de destino. Con el tiempo, el desafío es mejorar los resultados de la migración fortaleciendo la correspondencia de todas las habilidades y atributos de los migrantes con sus destinos y reduciendo la necesidad de los llamados movimientos en dificultades de los migrantes que no son refugiados ni cuyas habilidades y atributos son una fuerte correspondencia para la sociedad de destino.

Un enfoque centrado en las personas

La migración se trata de personas. Se trata de aquellos que cruzan las fronteras, aquellos que se quedan atrás y aquellos que los reciben. Cuando las personas se mudan a un nuevo país, su decisión de mudarse tiene consecuencias económicas y sociales para ellos mismos, sus comunidades de origen y sus destinos.

Un enfoque de la migración centrado en las personas reconoce que los migrantes y refugiados son hombres y mujeres que a menudo toman decisiones difíciles y merecen un trato justo y decente. Son personas con identidades, habilidades, culturas y preferencias. Del mismo modo, los países de destino son sociedades complejas con circunscripciones, intereses y procesos de toma de decisiones diversos y, a veces, conflictivos. Como naciones soberanas y como miembros de la comunidad internacional, diseñan políticas para promover sus propios intereses. Cuando las personas deciden cruzar las fronteras, sus movimientos afectan el desarrollo y la prosperidad de las sociedades de origen y destino.

La migración ha demostrado ser una fuerza poderosa para el desarrollo, mejorando las vidas de cientos de millones de migrantes, sus familias y sus comunidades en todo el mundo. Sin embargo, también implica que los migrantes y refugiados, sus dependientes y muchas personas en las comunidades de destino superen una serie de problemas y vulnerabilidades y posiblemente necesiten apoyo para el desarrollo para hacerlo. Algunos de los impulsores a largo plazo de la movilidad se han fortalecido, y se espera que se intensifiquen aún más en las próximas décadas. Al mismo tiempo, se está llevando a cabo un intenso debate público en muchos países de destino sobre los costos y beneficios de recibir migrantes y refugiados.

Los retos y tensiones asociados a la movilidad transfronteriza surgen porque las opciones y preferencias de las partes interesadas a menudo están desalineadas. Difieren entre las personas que cruzan las fronteras y los ciudadanos de los países de destino; entre los migrantes; y entre los grupos de las sociedades de origen y destino. Sin embargo, a menudo faltan los mecanismos de mercado necesarios para conciliar estos intereses en conflicto. Por ejemplo, para algunas categorías de trabajadores con alta demanda, las fuerzas del mercado pueden conducir a una emigración excesiva desde el punto de vista de la sociedad de origen (fuga de cerebros). Por el contrario, para otras categorías, los flujos de inmigración pueden ser mayores de lo que las sociedades de destino consideran óptimo. Los sólidos resultados en materia de desarrollo requieren políticas tanto en las sociedades de origen como en las de destino para abordar esos desajustes y garantizar mejores resultados económicos y sociales para todos.

Un enfoque en los extranjeros

Este informe define a los migrantes como personas que viven fuera de su país de ciudadanía, independientemente de su condición y motivaciones. Los distintos desafíos que enfrentan los migrantes surgen de su falta de ciudadanía en el país de destino y los derechos civiles, políticos y económicos asociados. En respuesta a la falta de ciudadanía de los migrantes, los países de destino deben adoptar políticas dedicadas a definir su estatus, los derechos que pueden disfrutar y las oportunidades a las que pueden acceder. Desde la perspectiva del presente informe, una persona deja de ser migrante al regresar a su país de ciudadanía o al naturalizarse en el país de destino.

El presente informe examina específicamente la migración internacional. Los movimientos nacionales e internacionales responden a algunas de las mismas fuerzas económicas y sociales. De hecho, a nivel mundial, el número de migrantes internos supera significativamente al de los migrantes internacionales. Pero debido a que las personas que han cruzado una frontera internacional carecen de ciudadanía en su destino, se encuentran en una situación fundamentalmente diferente de la de los migrantes internos. Las respuestas políticas de los gobiernos a los movimientos nacionales e internacionales, las compensaciones que enfrentan los gobiernos, su capacidad para regular los movimientos y las medidas que deben adoptar son marcadamente diferentes.

El debate sobre las políticas migratorias también está separado de la cuestión de cómo integrar a las minorías nacionales. Los migrantes naturalizados pueden enfrentar muchos desafíos en su nuevo país de ciudadanía, incluido el racismo y la discriminación. Pero estos problemas no están relacionados con su movimiento o con su falta de derechos de ciudadanía. En cambio, están relacionados con la forma en que ciertos grupos de ciudadanos son vistos y tratados por el resto de la sociedad y con los desafíos de inclusión que enfrentan las minorías nacionales. El reconocimiento de esta observación puede ayudar a replantear algunas cuestiones delicadas, como los impactos culturales de la migración. Los ciudadanos naturalizados, incluso si pertenecen a un grupo étnico distinto o practican una religión minoritaria, son tan parte de la sociedad, y de definir y dar forma a la cultura nacional, como los ciudadanos nativos.

Dos perspectivas: Economía laboral y derecho internacional

La economía laboral y el derecho internacional informan la formulación de políticas sobre migración. Sus perspectivas surgen de distintas tradiciones intelectuales y académicas, y se centran en diferentes aspectos de los movimientos transfronterizos. Como resultado, cada uno proporciona ideas importantes y, sin embargo, hasta ahora no ha habido un marco simple para integrarlas en un todo coherente.

Tanto la economía laboral como el derecho internacional reconocen que las políticas de los países de destino desempeñan un papel primordial en la configuración de los patrones y efectos de la migración. Estos países definen y regulan, aunque de manera imperfecta, quién cruza sus fronteras, a quién se le permite legalmente permanecer y bajo qué condiciones, y qué derechos se otorgan a quienes cruzan sus fronteras. Estas políticas afectan en gran medida los incentivos y las decisiones de los migrantes antes de su partida, durante su viaje y después de su llegada, dando forma a todos los aspectos de la movilidad global. Por el contrario, la mayoría de los países de origen tienen poca influencia en la regulación de los movimientos.

Cuando los países de destino establecen sus políticas migratorias, se centran principalmente en su propio bienestar. A través de su proceso político, consideran tanto los efectos de la migración en sus mercados laborales como (porque no son solo mercados) los impactos más amplios de la migración en su sociedad. Solo en una medida mucho más limitada consideran los impactos en los migrantes y los países de origen.

Economía laboral y cálculos de costo-beneficio

La economía laboral ve la migración como el movimiento de trabajadores a través de las fronteras a países donde su mano de obra puede emplearse de manera más productiva que en su país de origen. Las fuerzas del mercado impulsan el movimiento de los factores de producción (capital y trabajo) y su asignación entre los países. Desde esta perspectiva, la libre circulación de personas es un elemento clave del funcionamiento eficiente de la economía global, y se debe permitir que la mano de obra se mueva donde sea más productiva sin la introducción de fricciones por las fronteras nacionales y otras restricciones políticas. Los nacionales de los países de destino que se ven afectados negativamente por la migración, como los trabajadores que compiten con los migrantes en los mercados laborales, pueden recibir apoyo a través de políticas distributivas.

La economía laboral se centra en las habilidades, calificaciones y experiencias profesionales que los migrantes traen al país de destino y la medida en que pueden usarse de manera productiva. Algunos migrantes traen habilidades que complementan las que ya están disponibles en el mercado laboral. Esta complementariedad aumenta la productividad, con beneficios sustanciales repartidos en toda la economía del país de destino. En otras ocupaciones, los trabajadores migrantes son sustitutos. Su llegada expande la oferta de mano de obra, reduciendo así los salarios y los costos generales de producción. Los consumidores y los empleadores (y los propietarios del capital) ganan, pero algunos trabajadores existentes experimentan salarios más bajos y posiblemente desempleo. La distinción entre habilidades complementarias y sustitutivas no se basa en el nivel de habilidades, sino en cuánto se ajustan a las necesidades del mercado laboral: tanto las altas habilidades como las bajas habilidades pueden ser complementos o sustitutos.

Existe una amplia evidencia empírica de que cuando las habilidades de los migrantes coinciden con las necesidades del mercado laboral de destino, los migrantes también se benefician, al igual que sus países de origen. Debido a que pueden ser empleados de manera más productiva que en su país de origen, los migrantes ganan salarios más altos. Los países de origen se benefician tanto de las transferencias financieras (remesas) como de las transferencias de conocimientos. Pero también hay costos, como cuando un gran número de personas con escasas habilidades emigran (fuga de cerebros). Sin embargo, tienden a ser de un orden de magnitud menor.

Esta perspectiva se ha desarrollado aún más al reconocer que los migrantes aportan no solo habilidades sino también una serie de otros atributos, incluidas sus historias personales y preferencias culturales. La adecuación de sus competencias a las necesidades de las economías de destino determina en gran medida los efectos en el mercado laboral. Su integración, sin embargo, va más allá del mercado laboral. Puede implicar costos financieros, como si las familias de los migrantes requieren educación y servicios de salud. Dependiendo del trabajo, la edad y la situación familiar de un migrante, estos costos pueden o no estar completamente cubiertos por sus impuestos. También pueden surgir otros costos, incluidos los costos no monetarios, como la integración social de los migrantes.

Lo que se considera una coincidencia fuerte depende tanto de las características de los migrantes como de las preferencias de la sociedad de destino. Pero estas características y preferencias cambian con el tiempo, como cuando el crecimiento económico se acelera o se desacelera. Los distintos grupos en la sociedad de destino también pueden tener diferentes puntos de vista sobre los costos asociados con la integración de los migrantes, especialmente para la inclusión social. Sin embargo, tanto los escépticos como los partidarios están de acuerdo en que las habilidades y atributos de algunos migrantes se ajustan mejor a las necesidades de la sociedad de destino que otros. El debate es sobre lo que constituye un partido más fuerte y un partido más débil. Esta cuestión suele ser arbitrada a través de procesos políticos, y lo que se considera un resultado deseable evoluciona con el tiempo.

En general, muchos países de destino derivan sus políticas migratorias de un cálculo de costo-beneficio. Cuando los perfiles de los migrantes coinciden con las necesidades de la sociedad de destino, sus contribuciones superan los costos de su integración. En esta situación, las sociedades de destino disfrutan de una ganancia neta, y en la mayoría de las situaciones los migrantes y los países de origen también lo hacen, y tienden a permitir o incluso alentar tales movimientos. Por el contrario, cuando los perfiles de los migrantes no coinciden con las necesidades de las sociedades de destino, los costos pueden exceder los beneficios de sus contribuciones laborales. Los propios migrantes pueden beneficiarse, pero los países de destino experimentan una pérdida neta y, por lo tanto, intentan desalentar estos movimientos.

El derecho internacional y la obligación de proteger

Según el derecho internacional, la elección de quién es admitido en el territorio del Estado es una cuestión de soberanía estatal. Los países deciden a quién dejar entrar y bajo qué estatus. Esta decisión puede tomarse unilateralmente o a través de acuerdos específicos entre estados, como convenios internacionales, acuerdos regionales de libre circulación o acuerdos laborales bilaterales. Las normas se extraen de diversas fuentes y campos del derecho, como la protección consular y diplomática, el derecho de la responsabilidad del Estado, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho y las normas internacionales del trabajo. Se aplican de manera diferente a los distintos grupos de migrantes, y se aplican de manera desigual a nivel nacional.

La dignidad y los derechos humanos están en el centro del derecho internacional, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 (la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951), así como una serie de instrumentos jurídicos complementarios. También respaldan normas internacionales clave, incluido el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018 y el Pacto Mundial sobre Refugiados de 2018, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y la promesa central de la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible de «no dejar a nadie atrás». Reconocer a los migrantes como personas implica que estas normas se aplican plenamente a ellos, ya sea que estén en tránsito, en una frontera o en un país de destino. Se debe prestar especial atención a aquellos que enfrentan desafíos desalentadores, como las mujeres y las niñas en algunas circunstancias, las personas LGBTQ +, los niños no acompañados y las víctimas del racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.

En un mundo de estados soberanos, todas las personas están bajo la protección de su país de ciudadanía. Independientemente de dónde viva una persona, sus derechos están garantizados por el país de ciudadanía o mediante un acuerdo entre el país de ciudadanía y el país de residencia. La protección de un Estado garantiza «el derecho a tener derechos», como declaró la famosa filósofa política Hannah Arendt en 1948. Pero pueden surgir situaciones en las que un país no quiera o no pueda proteger los derechos de algunos de sus ciudadanos debido, por ejemplo, a conflictos o persecución.

El derecho internacional define a esas personas como «refugiados». Los refugiados son personas que pueden demostrar un «temor fundado» de sufrir daños si regresaran a su país de origen. Su estatus está protegido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como por los instrumentos regionales de derecho de los refugiados. La vulnerabilidad socioeconómica no entra en esta definición. Algunos refugiados son ricos, aunque en muchos casos ser un refugiado conduce a la privación económica. Por el contrario, muchas personas vulnerables no necesitan protección internacional a pesar de que pueden necesitar asistencia material.

En el centro de la protección internacional se encuentra el principio de no devolución4: los refugiados no deben ser devueltos a su país de origen o a otro país donde corran el riesgo de sufrir daños. Este principio se aplica independientemente de los costos para el país anfitrión. La protección internacional también incluye un conjunto de derechos específicos que los refugiados pueden disfrutar en el país en el que están acogidos hasta que recuperen la plena protección, como ciudadanos o residentes permanentes, ya sea de su país de origen o de otro país.

La matriz de coincidencia y motivo

Las perspectivas de la economía laboral y la protección internacional no se han conciliado. La economía laboral proporciona información sobre la economía de la migración, pero lucha por explicar los movimientos que no siguen las fuerzas del mercado laboral, como el desplazamiento forzado. El discurso de la protección jurídica, centrado en la protección de la vida y la dignidad de los refugiados, no aborda plenamente los efectos económicos y sociales en los países de acogida, salvo de manera instrumental para mantener el apoyo a la protección de los refugiados.

La matriz de coincidencia y motivos proporciona un marco unificado que superpone las distinciones hechas por la economía laboral, entre los movimientos que representan una ganancia neta y aquellos que representan un costo neto para los países de destino, y por el derecho internacional, entre las situaciones en las que los países de destino tienen la discreción de aceptar a un migrante y las situaciones en las que tienen la obligación de acoger a un refugiado.

Cuatro tipos de movimientos

La matriz de coincidencia y motivo distingue entre cuatro tipos de movimientos.

• Personas que buscan oportunidades en el país de destino y cuyas habilidades y atributos coinciden fuertemente con las necesidades de la sociedad de destino. Esta categoría, con mucho la más grande, incluye a la mayoría de los migrantes económicos y sus familias. Estos migrantes pueden estar en todos los niveles de habilidades: ingenieros indios que trabajan en Silicon Valley en California, así como trabajadores de la construcción del sur de Asia empleados en países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). También incluyen un gran número de migrantes indocumentados cuyas habilidades y atributos llenan vacíos en el mercado laboral de destino, incluso si los migrantes no tienen un estatus legal en el país de destino. Para todos estos migrantes, la economía laboral sugiere que la migración produce ganancias netas, para ellos mismos, su país de origen y su país de destino.

• Personas que se mudan por temor a la persecución o daños graves en su país de origen y cuyas habilidades y atributos coinciden fuertemente con las necesidades de la sociedad de destino. Este grupo está compuesto principalmente por refugiados que tienen habilidades en demanda en el destino. Está ejemplificado por el físico teórico Albert Einstein, quien tuvo que huir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en refugiado. Hoy en día, muchos profesionales que salieron de la República Árabe Siria, la República Bolivariana de Venezuela o, más recientemente, Ucrania forman parte de este grupo, así como camioneros afganos en Pakistán o comerciantes somalíes en África oriental. Según el derecho internacional, los países de destino están obligados a acoger a estas personas, pero los países también se benefician de su presencia.

• Personas que se mudan por temor a ser perseguidas o sufrir daños graves en su país de origen, pero cuyas habilidades y atributos coinciden débilmente con las necesidades de la sociedad de destino. La mayoría de las personas que huyen del conflicto o la persecución pertenecen a este grupo. Algunos reciben el estatuto formal de refugiado, pero otros no, como los ciudadanos de Myanmar desplazados por la fuerza en Bangladesh. La coincidencia débil puede reflejar características individuales, como menores no acompañados que son demasiado jóvenes para trabajar y, sin embargo, necesitan apoyo. O puede ser una consecuencia de las políticas gubernamentales, como no permitir que algunas personas trabajen y, por lo tanto, contribuyan. Proporcionar protección internacional a estas personas es importante y una obligación en virtud del derecho internacional, pero tiene un costo neto para el país de destino. El desafío político es administrar este costo.

• Personas que buscan oportunidades en el país de destino, pero cuyas habilidades y atributos coinciden débilmente con las necesidades de la sociedad de destino. Este grupo suele estar compuesto por migrantes que participan en movimientos angustiados e irregulares que a menudo implican riesgos y sufrimientos significativos. Incluye a algunos de los que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos o a las costas del norte del Mediterráneo, así como a una gran cantidad de países de ingresos bajos y medios. Su presencia impone costos netos a los países de destino, que tienen la discreción de aceptarlos o devolverlos. Este grupo plantea algunas de las compensaciones de política más complejas.

Fluidez entre tipos de movimiento

El lugar donde aparecen los migrantes en la matriz de coincidencia y motivación está determinado en parte por las políticas de los países de destino. Por ejemplo, la capacidad de los migrantes para contribuir a su sociedad de destino y la fuerza de la correspondencia correspondiente dependen de sus habilidades y atributos, así como de la demanda en el mercado laboral de destino. Sin embargo, también depende de si se les permite trabajar al nivel de sus calificaciones. Por ejemplo, un médico al que no se le permite trabajar en su campo, ya sea porque sus calificaciones no fueron reconocidas o porque se le impidió trabajar en el sector formal, contribuirá menos que si pudiera trabajar como médico. La fuerza del partido también puede evolucionar con el tiempo en función de las necesidades laborales cambiantes y la dinámica social en el país de destino.

Del mismo modo, el grado en que los migrantes reciben protección, y son aceptados independientemente de los beneficios económicos de su presencia, depende de las políticas de los países de destino. Más allá de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, varios países han establecido marcos jurídicos para brindar protección a grupos específicos a los que se permite entrar o permanecer en su territorio por razones humanitarias. Otros países no tienen tales instrumentos legales.

Prioridades políticas

Las políticas migratorias pueden ayudar a mejorar el resultado de los movimientos transfronterizos de migrantes, países de origen y países de destino mediante la adopción de enfoques adaptados a las características específicas de cada situación. Sobre la base de las ideas de la economía laboral y el derecho internacional, la Matriz de Coincidencia y Motivación identifica las prioridades de política para todos los grupos.

• Personas cuyas habilidades y atributos se ajusten fuertemente a las necesidades de las sociedades de destino: Maximizar las ganancias en origen y destino. Cuando los migrantes y refugiados traen habilidades que están en demanda en su destino, los beneficios superan los costos para los países de destino, los países de origen y los propios migrantes y refugiados, independientemente de su estatus, ya sea que los migrantes estén documentados o no. También es cierto independientemente del motivo, ya sea que los migrantes lleguen en busca de oportunidades o como refugiados que huyen de la persecución y la violencia. El desafío tanto para los países de destino como para los de origen es diseñar e implementar medidas que aumenten aún más los beneficios de la migración y aborden eficazmente sus desventajas.

• Personas que se mudan por un «temor bien fundado» de persecución o conflicto, pero cuyas habilidades y atributos son débiles para las necesidades de las sociedades de destino: garantizar la sostenibilidad y compartir los costos. Cuando las habilidades y atributos de estas personas son más débiles, los costos socioeconómicos pueden exceder los beneficios para el país de destino. Sin embargo, existe la obligación de acoger a los refugiados. El desafío para el país anfitrión es adoptar políticas que puedan reducir los costos. El desafío para la comunidad internacional es garantizar una responsabilidad adecuada de compartir la responsabilidad, porque la protección de los refugiados es una responsabilidad mundial.

• Personas que buscan oportunidades en el país de destino, pero cuyas habilidades y atributos son débiles para las necesidades de este país: Absorber o devolver a los migrantes angustiados humanamente. Para las personas cuyas habilidades no son una combinación sólida en el país de destino y que no tienen derecho a la protección de los refugiados, los países de destino se enfrentan a una difícil compensación. Aceptar a estos migrantes conlleva cargas económicas y sociales, pero negarles la entrada puede poner en peligro sus derechos humanos básicos. El país de destino puede decidir devolverlos a su país de origen. Pero también debe reconocer que algunos de estos migrantes tienen necesidades de protección, por ejemplo, si huyen de la violencia de pandillas, y tratarlos en consecuencia. En cualquier caso, deben ser tratados humanamente.

Mejorar la migración

Con el tiempo, el desafío es fortalecer los resultados de desarrollo de la migración para que todos, las sociedades de destino, las sociedades de origen y los propios migrantes, puedan beneficiarse. En un mundo donde la migración es cada vez más necesaria para los países de todos los niveles de ingresos, mejorar la migración requiere avanzar en dos frentes complementarios.

• Fortalecer la adecuación de todas las competencias y atributos de los migrantes a las necesidades de las sociedades de destino. Los beneficios de la migración, tanto para las sociedades de origen y destino como para los migrantes, son significativamente mayores cuando los migrantes pueden contribuir más a su sociedad de destino, cuando pueden ganar salarios más altos y cuando pueden transferir mayores remesas (y conocimientos) a sus países de origen. Todo esto requiere tanto proporcionar canales legales para el ingreso de aquellos que tienen las habilidades adecuadas, en todos los niveles, y atributos como permitirles participar en el mercado laboral formal. Puede complementarse con la creación de habilidades en el país de origen, para servir tanto al mercado laboral mundial como al nacional y, en el proceso, para mitigar los impactos negativos de la migración altamente calificada (fuga de cerebros), que puede necesitar apoyo internacional. Lograr una mejor adecuación de las capacidades a menudo requiere la cooperación entre los países de destino y de origen.

• Reducir la necesidad de movimientos angustiados. Tales movimientos a menudo se asocian con un sufrimiento considerable para los propios migrantes. El tránsito irregular puede convertirse en pruebas traumáticas. A su llegada, los migrantes enfrentan desafíos para ingresar a la fuerza laboral porque sus habilidades no coinciden con las necesidades de la sociedad de destino, y a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad aguda. En muchos países, los movimientos en dificultades han polarizado el debate sobre la migración. Para reducir la necesidad de tales movimientos es necesario fortalecer la resiliencia de las personas en los países de origen; mejorar sus habilidades para que puedan adaptarse mejor a las demandas del mercado laboral de destino; y reconocer la necesidad de algunos de estos migrantes de modos complementarios de protección.

INFORME SOBRE CLIMA Y DESARROLLO DE HONDURAS

Honduras ha crecido al ritmo promedio de la región de América Latina y el Caribe, pero sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad y pobreza del hemisferio occidental. El promedio del crecimiento real del producto interno bruto (PIB) en las últimas tres décadas fue de 3,8 % hasta 2019. Sin embargo, casi uno de cada seis hondureños vive con menos de USD 1,90 al día, mientras que el promedio del crecimiento de los ingresos per cápita desde la década de 1960 es de 1,2 % anual. La economía es pequeña, abierta, en gran medida agrícola y predominantemente informal, lo cual genera un alto nivel de exposición estructural a los eventos externos. Esto va de la mano de una alta exposición a los peligros naturales, elevados niveles de criminalidad, inestabilidad política y un débil entorno empresarial e institucional. En conjunto, estos factores socavan la competitividad y diversificación económica del país, estimulan la emigración y merman los avances hacia el incremento de los ingresos, la reducción de la pobreza y la lucha por afrontar la exclusión.

En 2020, los impactos de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes de categoría 4, Eta e Iota, intensificaron los desafíos económicos y sociales existentes, con impactos significativos en zonas con altas concentraciones de pueblos indígenas y afrodescendientes (PIAD). En 2020, el PIB real registró una disminución récord del 9 %, con una contracción generalizada de la producción en todos los sectores, y se estima que la pobreza (umbral de USD 5,502) se ha incrementado en 6,4 puntos porcentuales en 2020, alcanzando un 55,4 %.

Honduras está altamente expuesta y es muy vulnerable a peligros naturales extremos inducidos por el clima y se prevé que el cambio climático intensificará estos fenómenos y exacerbará sus impactos. Históricamente, los logros alcanzados durante períodos de crecimiento relativamente sólido y amplio han sido neutralizados por eventos devastadores, seguidos por recuperaciones modestas y desiguales. En 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos, en el período comprendido entre 1998 y 2017, destacando su alta vulnerabilidad a eventos del cambio climático y la poca preparación del país para responder a dichas amenazas. De hecho, los peligros naturales inducidos por el clima han generado rezagos significativos en el desarrollo económico y social del país. Entre 1998 y 2017, en promedio, las pérdidas anuales fueron equivalentes al 1,8 % del PIB, en un contexto en el que las inundaciones son los acontecimientos más destructivos y las sequías afectan severamente al sector agrícola. El panorama futuro es sombrío: se prevé que el cambio climático incrementará la temperatura mundial promedio; intensificará los fenómenos climáticos como las inundaciones, las olas de calor y las sequías, y aumentará el nivel del mar. Ya que las pérdidas por peligros naturales en Honduras se deben principalmente al exceso de lluvias (inundaciones), a los ciclones tropicales (vendavales) y a las sequías, es muy probable que aumenten su frecuencia y severidad como resultado del cambio climático.

Ante la ausencia de avances en el desarrollo de la resiliencia y la adaptación, los impactos del cambio climático tendrán consecuencias significativas para toda la sociedad hondureña, afectando sectores económicos clave y amenazando la seguridad alimentaria e hídrica, la salud y el bienestar humano.

» Agricultura: Con 73 % de las exportaciones totales y 30 % del total de empleos, el sector agrícola es el más afectado por el cambio climático. La mayoría de los trabajadores son productores de subsistencia a pequeña escala que se concentran en zonas rurales y la mayoría de ellos viven en situación de pobreza (el 80 % de los hogares dependen de ingresos provenientes de la agricultura). El sector se caracteriza por una baja productividad y un alto riesgo de sufrir impactos del cambio climático, que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables y en situación de pobreza, reduciendo la productividad y aumentando la inseguridad alimentaria. Se prevé que cuatro de los cinco cultivos con la mayor superficie cultivada en Honduras (maíz, café, frijol y caña de azúcar) reducirán sus rendimientos. Esto incidirá negativamente en la seguridad alimentaria de los productores de subsistencia (siendo el maíz y el frijol sus principales cultivos) y en las exportaciones. En 2021, por ejemplo, el café representó el 54 % de las exportaciones agrícolas.

» Gestión de los recursos hídricos: El 71,6 % de las exportaciones, una tercera parte de la generación de electricidad y el 47,9 % de los empleos en Honduras dependen de los recursos hídricos. Se proyecta que la reducción de los caudales de los ríos y de la recarga de acuíferos, la intrusión de agua salada, la escasez de agua y la interrupción de su abastecimiento, el aumento de la escorrentía, la erosión y la disminución de la calidad y capacidad de almacenamiento del agua, son aspectos que tendrán impacto significativo en los usuarios. Las sequías e inundaciones representan una amenaza importante para los medios de subsistencia de los hondureños, particularmente de los productores y de las personas que habitan el Corredor Seco y el Valle de Sula.

» Bosques y ecosistemas marinos y costeros: El cambio climático también amenaza ecosistemas críticos tales como bosques, manglares, arrecifes de coral y pesquerías, lo cual se prevé tendrá un impacto en la biodiversidad, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y el turismo. Dado que la agricultura también es uno de los principales factores causantes de la deforestación, las amenazas a la productividad agrícola relacionadas con el clima probablemente también afectarán a los bosques.

» Transporte: Más del 60 % de la red vial está expuesta a peligros naturales, siendo las inundaciones y los deslizamientos de tierra las principales fuentes de exposición, con el potencial de severos impactos a la conectividad y accesibilidad de las zonas rurales. Se prevé que los impactos del cambio climático aumenten la cantidad de personas (sobre todo en zonas rurales) sin acceso a hospitales, escuelas y mercados.

» Huella social: Los impactos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a los hondureños en situación de pobreza, especialmente a las mujeres y a los PIAD, ya que suelen vivir en las zonas más vulnerables, dependen más de la agricultura y de otros recursos naturales, como los activos forestales y marinos, y tienen una limitada resiliencia y bajos niveles de capacidad de adaptación en términos institucionales y de infraestructura. Adicionalmente, es probable que los conflictos por las tierras se incrementen, en la medida en que la tierra se vuelva más escasa, particularmente dada la inseguridad de la tenencia y titularidad de la tierra para los PIAD. También se prevé que los impactos continúen generando desplazamientos internos y migración de las zonas rurales a los centros urbanos y fuera de Honduras.

» Aspectos financieros: El sector financiero dominado por los bancos en Honduras, está expuesto a riesgos físicos y de transición relacionados con el clima. Cerca de 20,8 % y 9,2 % de la cartera crediticia del sector bancario a empresas no financieras tiene una alta correlación de peligros vinculados a huracanes e inundaciones fluviales, respectivamente. Los sectores económicos responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (transporte, agricultura y electricidad) representan el 29 % de la exposición crediticia de todo el sector. Una porción significativa de las empresas en estos sectores son los exportadores y, por tanto, podrían verse afectados por la estructura de precios del carbono de los potenciales socios comerciales y otros planes a futuro. En un escenario en el que los esfuerzos globales por detener el calentamiento global resulten insuficientes, el daño previsto de los ciclones tropicales podría incrementar la cantidad de préstamos morosos y/o reestructurados en un 6,2 % para 2050.

De hecho, el cambio climático ya está mostrando las señales de sus efectos y se prevé que afectará la perspectiva de Honduras. Con base en el crecimiento histórico y los patrones de riesgo de peligros naturales, sin más cambios climáticos o de políticas, se prevé que el impacto combinado del capital productivo destruido como resultado del exceso de precipitaciones (inundaciones), ciclones tropicales (vendavales) y terremotos5, genere una pérdida acumulada de alrededor del 5,4 % del PIB anual para el 2050 (en relación con el escenario hipotético sin impactos generados por peligros naturales). Esto limitaría las oportunidades de generación de ingresos, y, por ende, reduciría los patrones de consumo de la población en un 6,8 %. Un menor crecimiento, la pérdida de ingresos y el desvío de recursos productivos requeridos para esfuerzos de reconstrucción y alivio también limitan la rentabilidad del sector privado y presionan la capacidad fiscal del Gobierno. Se proyecta que para 2050, los niveles de deuda pública incrementarán en aproximadamente 6,2 puntos porcentuales del PIB en comparación con un escenario hipotético sin impactos de los peligros naturales.

Como resultado de esto, la tasa de reducción de la pobreza se mantendrá relativamente estancada en el período comprendido entre 2022 y 2050. Incluso aunque el país no experimente un incremento significativo en la tasa de pobreza, se prevé que la cantidad de personas en situación de pobreza aumentará significativamente, pasando de 3,9 millones en 2019 a 5,3 millones para 2050, debido al crecimiento poblacional, exponiendo así a más personas a riesgos relacionados al cambio climático. Se prevé que la pobreza extrema tendrá una tendencia similar y permanecerá estancada a lo largo de dicho período.

Las variaciones inducidas por el cambio climático, en cuanto a la severidad de sus embates climáticos, serían un peso adicional en las alteraciones macroeconómicas y en los riesgos fiscales derivados de estos peligros naturales. Utilizando una probabilidad anual del 1 %, los pasivos contingentes derivados del exceso de lluvia, los ciclones tropicales y los terremotos representan al menos el 8,5 % del PIB, pero alcanzan un 16,1 % si se considera una probabilidad menos propensa al riesgo de 0,2 % (1 episodio en 500 años). Los caminos rurales también sufrirán mayores daños a causa de las inundaciones y los deslizamientos, con proyecciones que muestran, por ejemplo, que el cambio climático provocará que 300 000 personas más pierdan anualmente el acceso de 60 minutos (“la hora crítica”) a hospitales y hasta 500 000 personas al año a finales de siglo. El acceso a la agricultura y a la educación también se verá más restringido. (El análisis de impacto realizado en este ICDP no considera pérdidas derivadas de otros riesgos importantes relacionados con el cambio climático, como las olas de calor excesivas, las sequías y los incendios forestales, aunque cuando es pertinente, se remite a la literatura disponible a modo de referencia).

Aunque Honduras contribuye poco al cambio climático global, las emisiones netas están aumentando y esto podría dejar a Honduras fuera de oportunidades futuras de crecimiento y co-beneficios de mitigación. Honduras produce cerca del 0,06 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Las emisiones totales per cápita se estimaron en 2,9 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita (tCO2e/cápita)6 en 2018, valor que se encuentra significativamente por debajo del promedio mundial de 6,45 tCO2e/cápita y del promedio de la región de América Latina y el Caribe (6,22 tCO2e/cápita). Sin embargo, en el período de 2005–15, las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de Honduras aumentaron un 29,9 %7 . El sector energético fue responsable del 38 % de las emisiones (del cual 42 % corresponde a transporte y 31 % a la producción de electricidad y calor), seguido de la agricultura (26 %) y el uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS; 22 %). Dentro del sector del transporte, el transporte por carretera es el que emite los mayores niveles de GEI debido a los elevados volúmenes de carga transportados por carretera y al incremento de la motorización y los índices poblacionales en las ciudades hondureñas8. Las inversiones en mitigación del cambio climático que generan sinergias con la adaptación al cambio climático, podrían impulsar los esfuerzos de descarbonización al tiempo que ofrecen co-beneficios en términos de generación de empleos y un mejor nivel de salud y calidad del aire.

Los bosques y las fuentes de generación de energía renovable juegan un papel fundamental en los esfuerzos del cambio climático que generan sinergias entre la mitigación y la adaptación. Los bosques cubren más del 56 % del país y son fundamentales para los esfuerzos de mitigación a través de la absorción de carbono, la resiliencia a los peligros naturales y las oportunidades de generación de ingresos que brindan a las poblaciones de las zonas rurales. Sin embargo, a tasa de pérdida de la cobertura forestal es alta en comparación con los índices regionales y globales, con 12 % de pérdida entre 2010 y 2021, impulsada principalmente por la expansión de la actividad agrícola comercial y de los pequeños productores. El 59,2 % de las familias de las zonas rurales de Honduras que utilizan leña para cocinar, la tala ilegal y las actividades relacionadas con la producción de medicamentos afectan aún más la pérdida de la cobertura forestal. El sector forestal también puede generar co-beneficios de desarrollo a través de la participación y empoderamiento de los PIAD y las comunidades locales, para que funjan como custodios de los bosques y de los recursos naturales.

Por otro lado, la energía renovable podría reducir drásticamente las emisiones de carbono (y los consiguientes impactos en la salud de los contaminantes locales emitidos conjuntamente), reducir el costo de la importación de combustibles y ayudar a mitigar el cambio climático. Aunque las fuentes más importantes de electricidad en 2021 fueron las de generación renovable (66 %, donde la producción hidroeléctrica representó más de la mitad), casi la totalidad de la generación no renovable (34 %) proviene de plantas de energía térmica, en su mayoría alimentadas con combustible búnker, diésel, o carbón. Estos combustibles aportan cantidades significativas de GEI, azufre y otras emisiones que afectan negativamente al cambio climático y tienen impactos negativos a nivel ambiental y de la salud humana. En este contexto, existen oportunidades para fomentar vías de desarrollo con bajas emisiones de carbono a través de las innovaciones verdes en sectores de alta emisión, la conservación forestal y el aumento de la proporción de fuentes de generación renovable.

En el contexto de emisiones relativamente bajas pero una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, el principal desafío en materia de desarrollo y cambio climático para Honduras es desarrollar resiliencia frente a la intensificación de los desastres derivados de los fenómenos naturales y encontrar sinergias con políticas de descarbonización específicas. Aunque la frecuencia e intensidad de los peligros naturales inducidos por el clima probablemente se intensificará, las políticas para reducir la exposición y la vulnerabilidad deben apoyar no solo la adaptación al cambio climático, sino también una agenda de desarrollo más amplia, que incluya políticas para lograr, proteger y mantener avances en la generación de ingresos y en la lucha contra la pobreza, para afrontar la exclusión y la desigualdad; y para fortalecer la cohesión social. Las iniciativas de adaptación, incluyendo una estrategia de financiamiento para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y soluciones basadas en la naturaleza, pueden ayudar al país a alcanzar estos objetivos de desarrollo (particularmente si cuentan con una estrategia de financiamiento sostenible). Las políticas tendientes a reducir las emisiones de carbono deben basarse en evaluaciones económicas y sociales meticulosas para garantizar la protección de los derechos y medios de subsistencia de los más vulnerables10 y mantener la sostenibilidad social y económica. Los enfoques de involucramiento y participación ciudadana en estas políticas son fundamentales para su aceptación pública y sostenibilidad. Además, aunque los costos y riesgos de ciertas inversiones específicas de descarbonización podrían no ser objeto de evaluación debido a la escasez de datos y a desafíos institucionales, el desarrollo con bajas emisiones de carbono tiene la probabilidad de generar co-beneficios significativos para la salud.

Reconociendo la alta vulnerabilidad del país a los peligros naturales y las oportunidades para un desarrollo sinérgico con bajas emisiones de carbono, el Gobierno de Honduras ha establecido como prioridades nacionales generales una reconstrucción resiliente de la crisis de 2020 y un desarrollo verde e inclusivo. En la Visión de País 2010–2038 se definen las prioridades de desarrollo de Honduras. Los cuatro objetivos de la visión son: a) reducción de la pobreza, bienestar social y desarrollo humano; b) seguridad y democracia; c) desarrollo productivo sostenible y generación de empleos, y d) mayor capacidad y transparencia estatal. De estos, el tercer objetivo se enfoca en el cambio climático y en el desarrollo sostenible, incluyendo siete metas de prioridad nacional que buscan reducir el desempleo, incrementar las exportaciones de bienes y servicios, incrementar la capacidad de riego para satisfacer la demanda de alimentos a nivel nacional, mejorar la gestión hídrica, incrementar la energía renovable, restaurar los paisajes forestales y reducir el riesgo climático.

Adicionalmente, después de la crisis de 2020, el Gobierno de Honduras elaboró el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible que es visto como un plan a mediano plazo para alcanzar la Visión de País. El plan tiene como objetivo reconstruir los activos productivos y la infraestructura, fortalecer la sostenibilidad económica y la resiliencia a los peligros naturales y ampliar los programas de protección social.

Honduras presentó su primera contribución determinada a nivel nacional (CDN) actualizada en 2021, incrementando sus metas de mitigación, adaptación e inclusión social. Honduras incrementó las metas para 2030 en dos de tres de los compromisos de mitigación: a) reducir 16 % de las emisiones relativas al escenario de línea base BAU y b) restaurar 1,3 millones de hectáreas forestales. El tercer compromiso se mantuvo en la meta de reducir 39 % del consumo de leña a nivel familiar. La CDN actualizada también establece la intención de formular y comunicar una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, la cual quedará reflejada en el Plan Nacional de Descarbonización 2020–2050. Sin embargo, el plan está aún en desarrollo y actualmente no hay información disponible que permita hacer una evaluación de la medida en que los compromisos de la CDN y el Plan de Descarbonización alcanzarán la neutralidad de carbono para 2050. La CDN también cuenta con nueve compromisos de adaptación en otros cinco sectores clave: recursos hídricos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, agricultura y seguridad alimentaria, infraestructura y desarrollo socioeconómico, y salud humana. La CDN también destaca la necesidad de una mayor participación e inclusión de mujeres, jóvenes y PIAD, a través de seis compromisos en materia de inclusión social.

A pesar de plantear ambiciones y compromisos de gran alcance, la implementación de la CDN enfrenta desafíos considerables. El Gobierno de Honduras ha realizado los análisis relevantes para apoyar la implementación de la CDN, incluyendo la identificación de las principales barreras para implementar las medidas de mitigación priorizadas. Sin embargo, el Gobierno tiene que traducir las metas de mitigación y los compromisos que se desprenden de la CDN en detalles de implementación a nivel de política e inversión. Por otro lado, no existe una estimación de los costos reales de la implementación de la CDN. Otro desafío importante para la implementación es la falta de un sistema robusto de medición, reporte y verificación.

Si bien Honduras ha dado pasos importantes para articular el marco normativo y de políticas para promover un desarrollo con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima, existen importantes desafíos institucionales y financieros. Es necesario revisar la Ley de Cambio Climático y sus normativas de implementación a la luz de la CDN actualizada. En 2018, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Adaptación (PNA), como parte de la Agenda Climática, pero solamente dos (salud y agricultura) de los cinco sectores cuentan con estrategias de adaptación. Además, incluso con el alto número de arreglos institucionales, aún existen desafíos importantes asociados a la baja adopción de estos instrumentos en los planes operativos de los organismos responsables; sistemas de monitoreo insuficientes para la rendición de cuentas, la transparencia y el seguimiento; y políticas presupuestarias y fiscales débiles para una agenda climática integrada. Un análisis del presupuesto de cambio climático del Gobierno sugiere que, aunque básicamente se ha duplicado en años recientes, no se pudo identificar ningún financiamiento específicamente designado para los tres objetivos de la CDN: bioenergía, electromovilidad y monitoreo y evaluación.

La GRD es uno de los principales aspectos de la adaptación al cambio climático y un área en la que el país ha hecho esfuerzos sustanciales, particularmente con el desarrollo y la aprobación de una Estrategia de Gestión de Financiamiento del Riesgo de Desastres (FRD) en 2020. Sin embargo, Honduras aún enfrenta importantes desafíos en cuanto a la gestión financiera y la reducción del riesgo para minimizar el impacto de acontecimientos futuros. Las necesidades de financiamiento para la adaptación y mitigación de riesgos climáticos superan la capacidad fiscal actual de Honduras. Asimismo, los instrumentos financieros actuales están limitados básicamente a reasignaciones presupuestarias, préstamos nacionales y créditos y préstamos contingentes, y son insuficientes para abordar los riesgos de desastres, financiar las necesidades de adaptación y mitigación, así como otras prioridades de desarrollo.

El objetivo de este ICDP es identificar estrategias e inversiones de adaptación y mitigación al cambio climático que sirvan para alcanzar las metas climáticas y al mismo tiempo impulsar los objetivos de desarrollo del país. Las siguientes secciones tienen como objetivo describir las principales consideraciones para que el país pueda alinear sus políticas climáticas con sus objetivos de desarrollo, priorizando las políticas que generen sinergias entre resiliencia, adaptación, mitigación y desarrollo.

Política macroeconómica para la resiliencia, adaptación y mitigación climática

En lo que respecta a la adaptación, el principal desafío macroeconómico para Honduras es implementar una estrategia fiscal prospectiva que priorice las inversiones en adaptación, y una respuesta estratégica y una perspectiva de financiamiento relacionadas con los peligros naturales, conservando al mismo tiempo las reservas fiscales para responder a los eventos, sin comprometer otros objetivos de desarrollo. En el pasado, la respuesta a los peligros naturales ha sido en gran medida reactiva por medio de la reasignación de recursos presupuestarios tras la ocurrencia de un desastre, lo cual ha tenido repercusiones negativas en el gasto en otras áreas prioritarias y en la planificación y el seguimiento presupuestario en el mediano plazo. La dedicación de recursos presupuestarios para invertir en resiliencia ante desastres y el establecimiento de reservas fiscales adecuadas para responder a los eventos ex ante permitirán a Honduras llevar a cabo una política fiscal más anticíclica. Dicha estrategia requerirá de recursos fiscales adicionales que, en el mediano plazo, podrían movilizarse a través de la generación de nuevos ingresos. En el corto plazo, un endeudamiento adicional podría ser factible en la medida en que contribuya a mejorar la capacidad de endeudamiento de Honduras al reducir la susceptibilidad del país a los eventos. Una estrategia de política fiscal proactiva también podría implicar la planificación ex ante de un conjunto de instrumentos financieros, con un orden predefinido de precedencia en caso de un desastre provocado por peligros naturales. Esto conlleva la desventaja de tener un leve incremento en la deuda a corto plazo, a diferencia de lo que sucede en un escenario de no adaptación; sin embargo, también podría generar co-beneficios climáticos. La implementación de la política fiscal proactiva también se basa en el fortalecimiento de la calidad institucional y la capacidad de implementación. Los resultados se pueden mejorar mediante una política fiscal proactiva que combine la aceleración de las actividades de reconstrucción, transferencias monetarias a los hogares, inversiones en intervenciones dirigidas a nivel local, e inversión en adaptación con una estrategia de financiamiento que utilice seguros contra riesgo de desastres para proveer una liquidez adicional rápida en el caso de un desastre, préstamos adicionales a corto plazo para financiar políticas de adaptación y generación de ingresos adicionales a mediano plazo.

Los esfuerzos de mitigación deben enfocarse en áreas que tienen el potencial de producir sinergias con la adaptación u otros co-beneficios. Desde una perspectiva fiscal, esto podría incluir la creación de nuevas fuentes de ingresos o la reducción de gastos, con medidas como impuestos al carbono o una reforma de los subsidios a los combustibles que recauden fondos a un costo más bajo que algunas fuentes convencionales de ingresos públicos. Los resultados de la herramienta de evaluación de políticas climáticas (CPAT) sugieren que un precio ambicioso del carbono podría generar hasta un 2,7 % del PIB en ingresos adicionales, impulsar el crecimiento en 0,6 puntos porcentuales, alcanzar el compromiso de la CDN de reducir las emisiones relacionadas con la energía en 23 % para 2030 y reducir la desigualdad (sin embargo, incrementaría el consumo). Los ingresos adicionales recaudados podrían utilizarse para financiar un desarrollo resiliente, incluyendo la inversión en adaptación y mitigación y para financiar transferencias monetarias a los hogares vulnerables a fin de ayudar a compensar los efectos del consumo.

Además, las políticas en torno a la estructura de precios del carbono pueden reducir la contaminación atmosférica por la emisión conjunta de GEI y de contaminantes locales provenientes de la quema de combustibles fósiles; lo cual a su vez podría ayudar a reducir la mortalidad y la morbilidad. Suponiendo un cargo inicial al carbono en toda la escala económica sobre los combustibles fósiles (escenario alineado con París), se evitarían casi 700 fallecimientos relacionados con la contaminación atmosférica para 2030. Si se lograra el compromiso de la CDN de reducir el consumo de leña en los hogares en un 39 % para 2030, se lograría una reducción de 1500 muertes prematuras para 2030 y más de 11 000 muertes entre 2022 y 2030. Del lado de la economía real, el impacto de la transformación estructural en respuesta a las medidas de descarbonización podría ser ambiguo en términos de la vulnerabilidad al riesgo de desastres. Aun así, existe una brecha de conocimiento que no permite definir si, en promedio, una reorientación hacia actividades de emisiones más bajas también reduciría el riesgo de desastres.

Por otro lado, los esfuerzos de mitigación deben tener en cuenta los costos administrativos y políticos de la implementación. Aunque la herramienta CPAT muestra un claro beneficio derivado de la estructuración de precios del carbono para la economía y el clima, el diseño de esta medida debe considerar el interés público y la tolerancia política para la reforma, especialmente en el contexto de un incremento de los subsidios al combustible. Cualquier diseño en la estructura de precios para el carbono debe explorar componentes que ayuden a ganar el apoyo público (por ejemplo, transferencias específicas y una estrategia de comunicación para mostrar los beneficios y el uso de los ingresos de la estructuración de precios del carbono). También pueden considerarse otros instrumentos normativos que tienen el potencial de reducir la contaminación ambiental y generar co-beneficios para la salud. Estos instrumentos deben proporcionar los incentivos adecuados para descarbonizar la economía y ser diseñados junto con políticas complementarias que estén bien alineadas e integradas dentro del paquete de políticas y en general en toda la economía. Por otro lado, una profunda y amplia reforma del sector energético, que aborde las prioridades institucionales, operativas, normativas, de gobernanza y los subsidios a la energía, junto con un programa de conservación de energía (eficiencia energética), podría servir para incentivar más inversión en energía renovable, ayudar a reducir el consumo y proteger a los más vulnerables. Los costos de implementación de dichas reformas representan una brecha en el conocimiento que da pie a la necesidad de futuras investigaciones y análisis (véase el anexo para obtener más información acerca de las brechas en los datos y las deficiencias metodológicas).

Para enfrentar los impactos actuales y previstos de los peligros naturales, las soluciones en materia de políticas a largo plazo deben incrementar la resiliencia de los hogares y desarrollar una agenda de protección social efectiva y fiscalmente responsable. El análisis del escenario sugiere que el crecimiento económico futuro y las inversiones en adaptación no serían suficientes para reducir la pobreza. Además, no todas las políticas climáticas benefician a los hogares pobres o tienen impactos significativos en la pobreza; algunas políticas de mitigación podrían incluso tener efectos distributivos adversos. Las estimaciones preliminares sugieren que la estructuración de precios del carbono podría dar como resultado pérdidas de consumo de manera generalizada en la distribución de ingresos. Las políticas e inversiones en adaptación deben considerar la vulnerabilidad más elevada y diferenciada de ciertos segmentos de la población, específicamente de las mujeres y personas en situación de pobreza, entre otros, y por tanto requerirían incorporar características progresivas. Por ejemplo, serían necesarias políticas dirigidas a los hogares vulnerables, particularmente las transferencias, para contrarrestar la pérdida de ingresos en el caso de un peligro natural. La focalización geográfica puede ayudar a dirigir las inversiones y transferencias en adaptación hacia los municipios con un alto riesgo de pobreza y peligros. Asimismo, las políticas de adaptación deben incrementar la seguridad de la tenencia de tierra y el acceso a infraestructura y activos confiables y a pólizas de seguros adecuadas para incrementar la resiliencia de los hogares. También se requiere de un sistema de protección social eficiente (focalizado), efectivo (adecuado) y adaptable (con capacidad de respuesta), para proteger a los hogares vulnerables contra los impactos negativos de los eventos climáticos. El diseño de la transferencia focalizada, su implementación y los consiguientes costos fiscales deben ser considerados con sumo cuidado.

Un mayor fortalecimiento del entorno normativo y de supervisión de las metas y los esfuerzos de mitigación del cambio climático para mejorar la resiliencia resulta de suma importancia para poder fortalecer la resiliencia del sector fiscal y financiero frente a los riesgos físicos y de transición. Aunque las autoridades de Honduras han emprendido los pasos iniciales, aún está pendiente la implementación de muchas de las buenas prácticas internacionales en evolución para integrar los riesgos climáticos y ambientales en la política fiscal y en la supervisión prudencial del sector financiero y para incentivar la contribución del sector financiero en los esfuerzos por lograr una economía verde. La cuantificación del riesgo es un paso fundamental para implementar la estrategia de FRD de Honduras, porque, para mediados de 2022, aún no se ha implementado ningún instrumento financiero ex ante. Es fundamental fortalecer la supervisión prudencial y la capacidad de Honduras para abordar los asuntos relativos al clima a fin de mejorar el rol del sector financiero en la gestión de estos riesgos. En el corto plazo, esto incluye mejorar las prácticas actuales, desarrollando principios ex ante que sirvan para orientar la reestructuración de préstamos y los programas de indulgencia normativa.

En el mediano a largo plazo, Honduras podría trabajar hacia un marco de FRD más integral, el cual podría incluir, por ejemplo, instrumentos públicos de FRD, así como el desarrollo de mercados de seguros privados. Por otro lado, al mejorar los reportes y la divulgación, se incrementa la transparencia del mercado acerca de los riesgos relacionados al clima, permitiéndoles a los actores financieros tomar decisiones mejor informadas en relación con las inversiones y los préstamos, tomando en cuenta consideraciones climáticas. Lo anterior, en combinación con programas de capacitación específicos, serviría para crear conciencia en todo el sector financiero acerca de las oportunidades y los riesgos potenciales generados por el cambio climático, alentando a las instituciones a alinear mejor sus actividades con las metas climáticas.

En Honduras se necesita de un enfoque centrado en las personas para garantizar que los beneficios y las protecciones de las políticas lleguen a los más vulnerables y excluidos. Los peligros naturales afectan de manera desproporcionada a los más vulnerables, particularmente a los PIAD y estos grupos suelen ser excluidos del proceso de formulación de políticas. Se requiere de un enfoque basado en el territorio para entender las vulnerabilidades climáticas específicas de dichos grupos excluidos. Para acortar las brechas de conocimiento en regiones relativamente poco estudiadas fuera del Corredor Seco, este informe profundizó, con un buen nivel de detalle, en la superposición o traslape de vulnerabilidades a los impactos climáticos en la zona atlántica entre los grupos desfavorecidos o vulnerables. La vulnerabilidad de las minorías étnicas y raciales en la zona atlántica tiene tres dimensiones: a) vulnerabilidad socioeconómica, b) desigualdades espaciales y amenazas climáticas, y c) baja capacidad de afrontar o adaptarse. Sin embargo, a pesar de ser vulnerables, los PIAD juegan un papel fundamental para la implementación de una reforma del cambio climático.

Para sacarle el mayor provecho a esta oportunidad, Honduras debe fortalecer la capacidad de sus Gobiernos locales de involucrar a sus ciudadanos en el entendimiento del cambio climático y empoderar a las comunidades para que participen en la planificación de la resiliencia y la acción climática liderada a nivel local. Un enfoque de la política climática, inclusivo y centrado en las personas, que incorpore la gobernanza local y la diversificación del conocimiento y los medios de subsistencia, no solamente serviría para mejorar la efectividad de las políticas climáticas, sino que también ayudaría a reducir la agravación de los efectos del cambio climático en los más vulnerables. Este enfoque debe contar con el apoyo de un marco institucional inclusivo que establezca los canales para una participación activa (incluyendo consultas significativas y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas) y el reconocimiento de la tierra.

Gestión del agua para la resiliencia. La disponibilidad de agua es alta en Honduras, pero también tiene una considerable variabilidad geográfica y temporal, y es probable que el cambio climático genere más estrés hídrico en regiones que concentran grandes poblaciones vulnerables. El país tiene un gran potencial para gestionar su agua de forma más efectiva y utilizarla de manera más eficiente. Para ello, se necesitan más inversiones para mejorar la gobernanza del agua y cerrar la brecha de infraestructura hídrica.

Desafíos de productividad y vulnerabilidad del sector agrícola y la deforestación. El bajo nivel de productividad y adaptabilidad a los fenómenos climáticos del sector agrícola pone en riesgo las exportaciones y a todo el sector agroalimentario, con una carga especialmente pesada sobre los hogares vulnerables. La principal tendencia ha sido la expansión informal de la superficie agrícola y ganadera para incrementar la producción, lo que impulsa la deforestación e incrementa las emisiones netas. Honduras ya cuenta con proyectos exitosos, como el Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL), que incrementan la productividad y la complejidad económica de las granjas y de los agronegocios a través de un enfoque intersectorial (incluyendo acceso a financiamiento por parte de instituciones financieras privadas), los cuales deberían ampliarse para incrementar la resiliencia de estos grupos y reducir la deforestación. Además, la agricultura climáticamente inteligente (ACI) tiene el potencial de apoyar la reducción de emisiones e incrementar la productividad del sector, lo que requiere gasto en bienes y servicios públicos, como la asistencia técnica.

Gestión sostenible de bosques y paisajes oceánicos y marinos. Honduras enfrenta desafíos en cuanto a la pérdida de bosques y la reducción de la productividad forestal. Para gestionar estos problemas, se necesitan esfuerzos significativos para mejorar la gestión sostenible de los bosques, detallar acciones para la implementación de los compromisos de la CDN y desarrollar información que pueda respaldar la implementación de los compromisos relacionados con los bosques incluidos en la CDN para apoyar estos esfuerzos. Por otro lado, la planificación de zonas marinas y costeras es fundamental para la economía y el bienestar del país. Aunque se mencionan las áreas costeras en las políticas nacionales, estas políticas requieren una revisión para incorporar componentes concretos para una economía azul resiliente e inclusiva, que pueda apoyar la resiliencia al cambio climático y una vía de bajas emisiones de carbono. La inclusión de comunidades locales es fundamental para garantizar una correcta planificación y avances en materia de desarrollo.

Infraestructura de transporte verde, inclusiva y resiliente al clima. El sector del transporte juega un papel fundamental en la mejora de la resiliencia y la reducción de las emisiones. Las adaptaciones climáticas a los caminos rurales serían de mucho beneficio, ya que mejorarían el acceso a servicios esenciales y servirían como un catalizador del desarrollo rural con un enfoque particular en las comunidades de los PIAD. Las estimaciones sugieren que la mejora del drenaje en la costa atlántica propensa a inundaciones y la protección de ciertos tramos de caminos contra los deslizamientos de tierra en el resto del país, tendrían un costo durante el período de 2022–42 inferior a USD 1000 millones, equivalente al 0,2 % del PIB de Honduras anualmente y supondrían un ahorro de aproximadamente USD 50 millones en reparaciones al año. Al mismo tiempo, como uno de los principales subsectores emisores de carbono, el transporte cuenta con vías factibles para la descarbonización en el corto plazo, con necesidades relativamente bajas de inversión y grandes sinergias con los objetivos de desarrollo. Una combinación de políticas relacionadas con normas de emisiones más estrictas para vehículos nuevos, la adopción de vehículos eléctricos, servicios de transporte rápido en autobús en las principales ciudades e infraestructura para ciclísticas podrían reducir las emisiones del sector en un 17,8 % aproximadamente para 2038, con importantes co-beneficios. Estas serían áreas importantes para atraer inversiones privadas.

Sector energético verde y resiliente. En el sector energético, se deben abordar los obstáculos a la inversión para fomentar las energías renovables a fin de lograr un sector energético resiliente y con bajas emisiones de carbono. El sector energético es clave para el desarrollo del país y tiene un gran potencial sinérgico y beneficios para el desarrollo a través de las inversiones en energías renovables y la concreción de megaproyectos ya planificados. Las represas hidroeléctricas son especialmente beneficiosas, ya que pueden apoyar la gestión del agua, la resiliencia y la energía limpia, siguiendo al mismo tiempo buenas prácticas de gestión de riesgos sociales y consultas previas adecuadas con los PIAD y las comunidades locales. Otras fuentes de soluciones renovables fuera de la red, como la energía solar, también podrían apoyar el objetivo del país de mejorar el acceso a la energía. Sin embargo, una prioridad importante es la necesidad de corregir la actual falta de sostenibilidad financiera y técnica del sector, en particular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mejorando la eficiencia energética. Esto abriría espacio fiscal para las inversiones y mejoraría la competitividad del mercado para atraer la inversión del sector privado. Si no se corrigen los asuntos de sostenibilidad del sector, la movilización de inversiones en energía renovable será todo un desafío y los beneficios del desarrollo serán limitados. Al mismo tiempo, se pueden implementar medidas de eficiencia energética rentables para apoyar la sostenibilidad y reducir las emisiones.

Prioridades en materia de políticas y desarrollo

Considerando que se espera que el cambio climático tendrá un impacto significativo en la economía y en los hogares vulnerables, y en el potencial sinérgico de las inversiones con bajas emisiones de carbono, este ICDP propone que Honduras se enfoque en seis áreas principales de políticas como parte de su política de cambio climático para garantizar los máximos beneficios en materia de desarrollo. La priorización de estas áreas y una mayor puntualización de las acciones de política están sujetas a la cuantificación de las necesidades de inversión y a un mayor análisis de los impactos del cambio climático, los costos y beneficios y el impacto de las políticas. Por tanto, la numeración que se presenta a continuación no implica una priorización.

Prioridad A: Asegurar un marco institucional y político sólido y una mayor capacidad de planificación e implementación. El fortalecimiento de la capacidad institucional y la planificación sienta las bases para las demás prioridades. Aunque el Gobierno de Honduras ha dado pasos en este sentido, todavía queda trabajo por hacer. Debe alinear las herramientas de política actuales con los compromisos de la CDN, incorporar instrumentos de política climática en los planes estratégicos de los organismos, desarrollar estrategias financieras para presupuestar los compromisos y completar los planes pendientes, como el Plan Nacional de Descarbonización. Es de suma importancia fortalecer la recopilación de datos y el sistema de monitoreo en general.

Prioridad B: Promulgar una política macro fiscal proactiva y estratégica. El éxito de la política climática depende de la capacidad del Gobierno para alinear los recursos e incentivos con los objetivos climáticos de una manera fiscalmente sostenible y coherente con otros objetivos de desarrollo. Una política macro fiscal más proactiva con respecto a los impactos de los fenómenos naturales debería priorizar la inversión en adaptación con disposiciones fiscales para financiar rápidamente gastos adicionales de reconstrucción, alivio y transferencias a poblaciones vulnerables afectadas por los desastres. La Estrategia de Financiamiento del Cambio Climático y la implementación de la Estrategia de Gestión Financiera de Riesgo de Desastres (incluyendo la evaluación de las necesidades de inversión de los compromisos de la CDN y los costos de los pasivos derivados de los peligros naturales y su integración en la planificación presupuestaria a mediano plazo) son aspectos importantes del enfoque. El diseño de la estrategia fiscal debe basarse en una cuidadosa priorización de todos los objetivos de desarrollo, las limitaciones en cuanto a las capacidades y consideraciones de sostenibilidad (macroeconómicas, fiscales, sociales y ambientales). La cuantificación de las necesidades de inversión y financiamiento climático tanto para adaptación como para mitigación le permitiría al Gobierno de Honduras evaluar los desafíos financieros y la sostenibilidad fiscal a largo plazo, así como orientar la priorización intersectorial o la asignación de recursos.

Es necesario hacer un análisis más profundo para evaluar las pérdidas y los pasivos contingentes potenciales derivados de los sectores económicos clave, particularmente del sector agrícola. La adaptación y mitigación deben centrarse en medidas con un alto potencial de co-beneficios, como el alivio de la pobreza o la mejora del desarrollo y considerar el interés público y político. La introducción de un impuesto al carbono podría generar ingresos adicionales que podrían ayudar a financiar un desarrollo resiliente. Otras medidas que no se basan en la inversión, como el fortalecimiento de la gestión de la inversión pública, tanto para adaptación como para reconstrucción, podrían mejorar la efectividad de las medidas de la política fiscal. Fortalecer la capacidad del sector financiero para gestionar los riesgos relacionados con el clima y resolver los problemas en el sector de electricidad podría ayudar a reducir los riesgos fiscales, desbloquear el espacio fiscal y mejorar la resiliencia fiscal contra los riesgos del cambio climático. Incentivar la inversión del sector privado para la acción climática mediante la mejora del acceso al financiamiento verde y el fortalecimiento de las herramientas de gestión de inversiones podría respaldar la agenda del cambio climático.

Prioridad C: Garantizar la inclusión y protección de los más vulnerables y en situación de pobreza. Los sistemas y las políticas para la inclusión y protección social ayudarán a reducir los impactos socialmente diferenciados del cambio climático y mejorarán la efectividad de la política climática. Las políticas de base establecerían primero el escenario en todos los sectores para una política inclusiva, incluyendo los mecanismos adecuados para garantizar la visibilidad y participación de los grupos vulnerables, particularmente de los PIAD. Seguido de esto, deberían aplicarse políticas que ayuden a lograr lo siguiente:

» Mejorar la seguridad de la tierra y el patrimonio cultural;

» Invertir en la diversificación de los medios de subsistencia y garantizar una transición justa y equitativa hacia políticas y medidas de adaptación en el sector de UTCUTS (por ejemplo, restricciones a zonas que se están volviendo protegidas y que pueden generar restricciones en cuanto a los medios de subsistencia) que podrían terminar afectando a los más marginados;

» Promover y reconocer la importancia de las inversiones lideradas a nivel local y el desarrollo basado en el territorio focalizado geográficamente;

» Garantizar que las políticas e inversiones de adaptación tengan características progresivas, con políticas dirigidas a los hogares vulnerables, particularmente las transferencias, requeridas para contrarrestar la pérdida de ingresos en el caso de los peligros naturales, incluso mediante el fortalecimiento de un sistema de protección social adaptativa.

Prioridad D: Promover la productividad y resiliencia agrícola y las prácticas de paisajes sostenibles con un enfoque intersectorial y territorial. Esta prioridad tiene como objetivo desarrollar la resiliencia a los impactos del cambio climático en los sectores de la agricultura, el agua y la silvicultura, que afectarán de manera desproporcionada a los más vulnerables. Al mismo tiempo, esta prioridad de política debe generar oportunidades para crear sinergias entre medidas de adaptación y mitigación en los sectores de agricultura, UTCUTS, agua y energía. Las políticas específicas pueden incluir la promoción de prácticas de ACI; la reorientación de los subsidios existentes para apoyar a los productores o negocios específicos a fin de producir externalidades ambientales y sociales positivas; aumentar las capacidades; mejorar los sistemas de investigación e información; mejorar la eficiencia del agua a través de una infraestructura resiliente que permita un mayor almacenamiento de agua y riego; y el fortalecimiento de la gestión de los ecosistemas forestales.

Prioridad E: Trabajar para lograr sistemas de transporte con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima. El sector del transporte ofrece oportunidades para llevar a cabo acciones tanto de adaptación como de mitigación, que permitirían obtener importantes beneficios de desarrollo. Las políticas específicas incluyen el aumento de la resiliencia de los caminos rurales, la adopción del marco “evitar-cambiar-mejorar” para definir vías de desarrollo de bajas emisiones de carbono, el desarrollo de políticas para regular las normas de emisión de vehículos nuevos, el fortalecimiento del marco político y normativo para los vehículos eléctricos y la aceleración de la inversión en infraestructura del transporte urbano.

Prioridad F: Mejorar la sostenibilidad de la generación de electricidad y generar inversiones en energía hidroeléctrica y eficiencia energética. Es prioritario abordar los desafíos de sostenibilidad en el sector de la electricidad, lo cual permitiría inversiones en fuentes de energía renovable con un potencial sinérgico, como la energía hidroeléctrica basada en represas que también puede apoyar el almacenamiento de agua y el riego y proteger contra las inundaciones. El Gobierno de Honduras ya tiene proyectos hidroeléctricos en marcha y debería seguir fortaleciendo su capacidad de gestión del riesgo social, así como su marco para garantizar consultas adecuadas con las comunidades locales y los PIAD. La reducción de las pérdidas técnicas de electricidad también permitiría un mayor impacto de las políticas requeridas en materia de eficiencia energética. Las medidas de eficiencia energética podrían ser una estrategia rentable para iniciar los cambios en el sector, particularmente las relacionadas con edificios públicos, alumbrado público y servicios básicos.

Será importante secuenciar las actividades para desarrollar un enfoque estratégico para potenciar la acción climática. Todas las prioridades y políticas definidas en este ICDP requieren un amplio marco institucional y capacidad de implementación para que se hagan realidad. Para optimizar las capacidades y los recursos disponibles en Honduras, el ICDP recomienda centrarse en un enfoque paralelo de a) recomendaciones intersectoriales en el corto plazo que permitan la creación de un entorno propicio para las recomendaciones sectoriales a mediano y largo plazo, mientras b) se aceleran las reformas políticas y las inversiones con un enfoque por etapas para los sectores prioritarios. Este enfoque por etapas para la acción sectorial ayudaría al país a aumentar su ambición de forma gradual, aprovechando al mismo tiempo la mejora de las capacidades institucionales y el aumento del entorno propicio.

EBA y EIOPA publican versión preliminar de arquitectura de taxonomía revisada

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) están trabajando junto con Eurofiling para crear una versión revisada de su arquitectura de taxonomía para prepararse para el próximo Data Point Model Refit.

Las revisiones también tienen como objetivo simplificar la estructura existente mediante la eliminación de artefactos innecesarios, como códigos normativos para marcos de taxonomía.

Representación del modelo de puntos de datos (ajustado para admitir DPM Refit)

en el formato de Taxonomía XBRL

Este documento describe el diseño y el enfoque aplicados por la Autoridad Bancaria Europea [ABE], la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación [AESPJ], el Banco Central Europeo [BCE], la Junta Única de Resolución [JUR] y algunas autoridades nacionales competentes [ANC] para representar modelos DPM (a raíz de los cambios resultantes del proyecto DPM Refit) utilizando semántica y sintaxis de taxonomías XBRL. También describe la modularización del contenido de la taxonomía XBRL en carpetas y archivos, convenciones de nomenclatura aplicadas, etc.

Borrador de trabajo

Revisado 04/2023

1. Introducción

Este documento presenta y explica la arquitectura de la taxonomía XBRL aplicada por la ABE, la AESPJ y otras autoridades europeas o nacionales competentes.

La audiencia directa esperada de este documento son los desarrolladores de software que trabajan en soluciones de información reglamentaria que utilizan las taxonomías XBRL de la ABE o EIOPA por las autoridades nacionales competentes [ANC] obligadas a transmitir datos de supervisión a la ABE o a la AESPJ. Además, dada la posibilidad de que esta taxonomía constituya, hasta cierto punto, la base para informar a algunas autoridades nacionales competentes, también será de proveedores o desarrolladores de software involucrados en el proceso de notificación reglamentaria en la Unión Europea u otros ámbitos.

1.1 Relación con trabajos anteriores

Este documento incluye modificaciones a la arquitectura actualmente aplicada por la EBA y EIOPA de las taxonomías XBRL que tenían como objetivo facilitar el intercambio de datos de la próxima evolución de DPM Refit. Estos cambios son necesarios para abordar las modificaciones en el modelado introducidas por el DPM Refit, para hacer frente a algunas ineficiencias críticas o funcionalidades faltantes en el DPM actual, la falta de un mecanismo para la historización de ciertos conceptos.

Además, la arquitectura fue despojada de algunos artefactos que parecían innecesarios, como los códigos normativos para las taxonomías marco. También hay algunas otras mejoras para simplificar la representación XBRL del modelo, así como para unificar las arquitecturas de las taxonomías EBA y EIOPA que hasta ahora tenían algunos sabores específicos que requerían que los proveedores realizaran personalizaciones en sus herramientas.

Es importante destacar que las taxonomías XBRL de EBA y EIOPA creadas bajo esta arquitectura actualizada siguen cumpliendo con las especificaciones XBRL normativas y utilizan funcionalidades según lo dispuesto por el estándar.

Se espera que esta arquitectura se aplique en las taxonomías EBA y EIOPA XBRL tan pronto como sea factible e independientemente del DPM Refit, ya que los modelos DPM actuales se pueden representar fácilmente en ese formato.

Se espera que las taxonomías EBA y EIOPA en la nueva arquitectura se produzcan automáticamente a partir de los modelos DPM Refit. Se espera que la solución de gestión y modelado de metadatos para las autoridades esté *casi* completamente armonizada.

2. Supuestos

El metamodelo DPM (incluido DPM Refit) permite el modelado exhaustivo de metadatos para su administración y su posterior uso en varios escenarios, uno de los cuales es el soporte del intercambio de datos. En consecuencia, las taxonomías XBRL que reflejen los modelos DPM incluirán únicamente la información estrictamente necesaria para permitir el intercambio de datos. En otras palabras, puede haber información en los modelos DPM que no está disponible en las taxonomías. Se puede acceder a él si es necesario (por ejemplo, por parte de los proveedores para mejorar sus soluciones), por ejemplo, mediante la vinculación a códigos comerciales de conceptos que se asignan desde el modelo a la representación XBRL.

3. Relación con las normas y otros documentos

Para comprender el contenido de este documento es necesario comprender la especificación XBRL 2.1 de Extensible Business Reporting Language (XBRL)1 y otras especificaciones XBRL, como XBRL Dimensions 1.0, XBRL Formula 1.0, Generic Link 1.0, Table Linkbase 1.0, Extensible Enumerations 1.0/2.0, OIM 1.0.

Para la modelización de datos (en términos de metodología y formato), así como la representación física en sintaxis XBRL, la ABE y la AESPJ siguieron los enfoques aplicados para varios resultados del proyecto Eurofiling.

En particular, la ABE y la AESPJ aplicaron la metodología de modelización de puntos de datos y el formato del modelo de puntos de datos [DPM] a la descripción de los datos intercambiados.

La asignación de este DPM a una taxonomía XBRL sigue el enfoque arquitectónico general de las taxonomías preliminares de FINREP publicadas en el sitio web de Eurofiling y en los sitios web de la ABE y la AESPJ, un enfoque compartido también con las soluciones similares desarrolladas por varias ANC.

4. Cumplimiento de las especificaciones XBRL

Siguiendo los requisitos del estándar XBRL, las taxonomías EBA y EIOPA, y cualquier documento de instancia XBRL cumplen con la especificación XBRL 2.1 al 31 de diciembre de 2003 con correcciones de erratas hasta el 20 de febrero de 2013 y la especificación Dimensions 1.0 a partir del 18 de septiembre de 2006 con correcciones de erratas hasta el 25 de enero de 2012.

La capa de reglas de negocio en forma de archivos de base de enlaces se define de acuerdo con la especificación XBRL Formula 1.0 – 2009 – 2016 y las especificaciones de soporte (Registro – 2009- 2011, Enlaces genéricos – 22 de junio de 2009). Las expresiones o filtros de prueba de aserción también pueden usar funciones XPath/XQuery y XBRL.

La representación de tablas se crea de acuerdo con la especificación Table Linkbase publicada el 18 de marzo de 2014 con correcciones de erratas hasta el 17 de julio de 2018.

Para los menús desplegables de métricas enumeradas, la taxonomía utiliza la especificación Extensible Enumerations 1.0 del 29 de octubre de 2014 y/o Extensible Enumerations 2.0 del 12 de febrero de 2020.

Para mayor claridad de este documento, las construcciones técnicas XBRL a las que se hace referencia en varias secciones se identifican por sus nombres calificados [QNames]. Los prefijos aplicados en estos QNames para abreviar los espacios de nombres siguen los prefijos canónicos del espacio de nombres como se presenta en la Tabla 1.

5. Publicación y distribución

Para mayor comodidad, las taxonomías EBA y EIOPA se distribuyen como un paquete de acuerdo con la especificación Taxonomy Packages 1.0 (a partir del 19 de abril de 2016). Esto permite a los usuarios identificar rápidamente los puntos de entrada relevantes y permite que el software configure automáticamente las reasignaciones necesarias.

6. Conceptos de apoyo

Este capítulo describe algunos conceptos para facilitar la definición de las reglas de mapeo entre el modelo de puntos de datos abstracto y las taxonomías XBRL.

6.1 Esquema de soporte del modelo y otros archivos técnicos

La representación XBRL del modelo utiliza algunas definiciones de esquema en el espacio de nombres. La ubicación oficial de este archivo de esquema es https://www.eurofiling.info/eu/fr/xbrl/ext/model.xsd. A lo largo de este documento, se utilizará el modelo de prefijo para hacer referencia a este espacio de nombres de esquema.

El esquema model.xsd contiene definiciones de construcciones dimensionales y marcadores de posición de bases de enlaces para aumentar la validación de informes, por ejemplo, para contenido superfluo y no deseado (en particular para evitar el uso predeterminado de métricas (es decir, cuando no se permite explícitamente) y escenario de bloque y segmento para indicadores de archivo). También contiene varias construcciones que proporcionan información adicional sobre los elementos XBRL definidos en la taxonomía y sus relaciones específicas para el enfoque DPM. Por ejemplo, el atributo from Date describe la fecha de referencia desde la que es válido el elemento, el arcrole describe con qué tabla están relacionadas las aserciones de un conjunto de aserciones y el role Type se utiliza para identificar una etiqueta como un código de columna de fila. DPM Refit presenta versiones de enumeraciones, por lo que se agregan nuevos roles de arco para describir cómo se relacionan las versiones.

Además del esquema model.xsd, incluye también otros archivos técnicos explicados en las siguientes secciones de este documento. Uno de estos archivos es el esquema filing-indicators.xsd asociado con filing-indicators-def.xml, filing-indicators-check.xml, filing-indicators-check-err-en.xml y filing-indicatorscheck-lab-en.xml donde los indicadores de presentación se asignan con un hipercubo vacío para bloquear el uso de xbrli:segment y xbrli:scenario en el contexto al que se refieren y las aserciones que garantizan que los indicadores de presentación se declaren en el informe y se utilicen en la tupla requerida o la estructura de dimensión tipográfica.

Otra construcción definida en la carpeta http://www.eurofiling.info/xbrl/ext referenciada es una variable dinámica declarada en variable dinámica.xml que admite la definición de comprobaciones de existencia mediante aserciones de valor y un conjunto de definiciones de funciones personalizadas XBRL (por ejemplo, aritmética de intervalos.xml, isin-check.xml, matemáticas.xml) a las que hace referencia https://www.eurofiling.info/eu/fr/xbrl/func/func.xsd. Las aserciones de fórmula XBRL también pueden usar construcciones definidas en bases de enlaces colocadas en la carpeta http://www.eurofiling.info/eu/fr/xbrl/val.

Los archivos de esquema y base de enlaces descritos en esta sección se importan o se hace referencia desde varios archivos de taxonomía XBRL.

6.2 Elementos públicos

Los elementos públicos son todos los conceptos del modelo que se identifican mediante un código en un ámbito determinado y pueden incluir alguna información adicional, como etiquetas legibles, definiciones y referencias legales en diferentes idiomas.

6.2.1 Etiquetas estándar

La información específica del idioma de los elementos públicos se representa utilizando los siguientes recursos de etiqueta: – etiquetas XBRL 2.1 (enlace: etiqueta) para elementos públicos xbrli: ítems (o derivados),

– etiquetas genéricas (label: label) para elementos públicos representados como recursos XLink u otras construcciones (por ejemplo, link: roleTypes).

En general, el rol predeterminado (estándar) (http://www.xbrl.org/2003/role/link) se utiliza para los vínculos extendidos que contienen los recursos de etiqueta; sin embargo, algunas etiquetas específicas pueden asignarse también en diferentes roles de enlace extendido (por ejemplo, etiquetas de miembros de dominio específicas para jerarquías como se explica en la sección «Miembros de dominio explícitos y su relación»)

Las etiquetas para los conceptos de un esquema o un archivo de base de enlaces se colocan en un archivo de base de enlaces de etiqueta separado para cada idioma distinto, ubicado en la misma carpeta que su archivo de esquema o base de enlace correspondiente.

La convención de nomenclatura para estos archivos de base de enlaces de etiqueta es: {nombre de archivo base}-lab-{lang}.xml donde {nombre de archivo base} es el nombre del archivo de esquema o base de enlace donde se define el concepto (sin extensión) y el componente {lang} es el código ISO 639-1 del lenguaje (minúsculas).

En caso de necesitar cualquier código de región o país para identificar más específicamente el idioma, se utilizará la siguiente notación:

{nombre de archivo base}-lab-{lang}-{country}.xml

Donde {país} corresponde al código ISO 639-2 de la región o país (minúsculas). El idioma principal para las taxonomías EBA y EIOPA XBRL inglés (código ISO 639-1 «en»).

6.2.2 Etiquetas específicas

Además, algunos conceptos pueden requerir una base de enlaces especial para representar etiquetas específicas necesarias para diferentes propósitos (por ejemplo, códigos que se utilizarán como valores de indicadores de archivo). Los nombres de estos archivos linkbase se construyen de la siguiente manera: {base file name}-lab-{lang}- codes.xml o {base file name}-lab-codes.xml

Las etiquetas de estos códigos se representan como recursos con un rol personalizado. En particular, la función definida en el esquema model.xsd de Eurofiling para los recursos que representan códigos para los indicadores de presentación es http://www.eurofiling.info/xbrl/role/filing-indicator-code mientras que la función de los recursos que representan los códigos de fila/columna/hoja de tabla.

Las etiquetas específicas de los nodos de jerarquía se definen en el rol de vínculo extendido de jerarquía en un archivo independiente para cada dominio.

Las extensiones pueden usar el mismo mecanismo para agregar sus propias codificaciones específicas de la aplicación utilizando diferentes roles.

7. Arquitectura de taxonomía lógica

Esta sección describe en detalle los componentes y el contenido de la taxonomía. El diagrama que figura en el anexo 3. Taxonomía EBA y EIOPA XBRL: propietarios, carpetas, archivos, espacios de nombres y prefijos. puede ser útil para la comprensión de esta sección.

7.1 Propietarios

El propietario representa una ubicación y un espacio de nombres en el que se define un conjunto de conceptos relacionados. El propietario está estrechamente relacionado con la idea de extensibilidad en XBRL. Las principales propiedades del propietario son:

– espacio de nombres ({ons}),

– prefijo ({opre}), y

 – Ubicación oficial ({oloc}).

El espacio de nombres del propietario es un URI utilizado para definir el espacio de nombres utilizado por los conceptos. Los prefijos asociados a los espacios de nombres en los archivos de la taxonomía y la documentación asociada se denominan «prefijos canónicos». Los elementos del DPM y la taxonomía son referenciados por su QName, usando su prefijo canónico.

Ubicación oficial es una dirección URL que se utiliza para especificar la ubicación donde se publicarán los archivos de taxonomía asociados con ese propietario. Los diferentes propietarios deben tener diferentes ubicaciones oficiales, incluso si los propietarios comparten un solo dominio de Internet. La ubicación oficial de la taxonomía debe construirse a partir del dominio de Internet de la institución más un componente que represente el área geográfica cubierta por la institución (como EU para los artefactos EIOPA) seguido de la identificación del tipo de estándar utilizado para expresar los requisitos de información (por ejemplo, xbrl).

Se presentan ejemplos de espacios de nombres y ubicaciones de propietario.

Nota: de acuerdo con el DPM subyacente, el modelo EIOPA se define en dos versiones: altamente dimensional (HD) y moderadamente dimensional (MD). En general, la diferencia entre los dos es la definición de métricas que en la versión HD representa tipos de datos muy básicos, mientras que en la versión MD las métricas incluyen adicionalmente alguna información dimensional mientras que otras propiedades dimensionales se comparten (reutilizadas en ambas versiones). A nivel técnico, los requisitos de información de EIOPA se definen en la taxonomía XBRL solo en el enfoque MD.

8. Capa de diccionario

La capa de diccionario contiene la definición de las propiedades empresariales identificadas en el diccionario DPM. Las propiedades se pueden utilizar posteriormente en la identificación de los requisitos de información solicitados actualmente.

8.1 Conceptos básicos

Los conceptos básicos del diccionario son métricas, dimensiones, dominios y miembros del dominio.

Todos los conceptos del diccionario son elementos públicos.

Los conceptos básicos nunca se eliminan. Como resultado, el diccionario crecerá con el tiempo a medida que se agreguen los nuevos conceptos.

Todos los archivos, excepto los archivos de métricas enumeradas en el diccionario de conceptos, se colocan en la carpeta «dict» en la ubicación oficial {oloc} de su propietario. Su espacio de nombres se obtiene agregando un sufijo que depende del tipo de elemento al espacio de nombres del propietario {ons}. El prefijo para representar ese espacio de nombres se obtiene agregando un sufijo predefinido al prefijo de su propietario {opre} donde {oloc}, {ons} y {opre} se definen como en 7.1 7.1Owners, y {dc}/{DC} es el código de un dominio en minúsculas y mayúsculas respectivamente.

Para los archivos de métricas enumeradas, se colocan bajo la carpeta dict/met/{version-number} / en la ubicación oficial de su propietario, su prefijo de espacio de nombres es {opre}_met_{version-number}13 (por ejemplo: eba_met_3.4.0).

En la tabla siguiente se presentan ejemplos de ubicación, espacio de nombres de destino y su prefijo para conceptos de diccionario:

8.2 Métricas

En general, las métricas definen la naturaleza de la medida que se realizará haciendo lo siguiente:

– indicar el tipo de datos, es decir, el tipo de valor esperado que debe notificarse para un punto de datos,

– determinar el tipo de período, es decir, si un hecho correspondiente a un punto de datos se comunica para una sola fecha (instante) o período de tiempo (duración),

– expresar cierta semántica.

En las taxonomías EIOPA hay un tratamiento diferente de las métricas entre HD y MD (para obtener más información, consulte la documentación asociada de EIOPA DPM). Ninguna versión aplica la diferenciación de tipo de período de las métricas: en ambas versiones, el tipo de período se establece en instant (en algunos casos, la duración de un punto de datos puede expresarse utilizando ciertas propiedades dimensionales). Tenga en cuenta que la representación XBRL solo contiene métricas MD.

Del mismo modo, en la notificación de la EBA, se espera que todos los contextos de un documento de instancia incluyan un elemento xbrli:period con el mismo valor: el período de referencia en el caso de métricas de tipo duración, o el final del período de referencia (para métricas de tipo instantáneo). Las variaciones de este período de referencia en ciertos puntos de datos se expresan con la dimensión Período de referencia (RF). Este enfoque se ha introducido para superar la dificultad de definir las limitaciones de tiempo para múltiples períodos en la tabla y las bases de enlaces de definición.

Técnicamente, las métricas se representan en la taxonomía como elementos primarios XBRL y se definen en archivos de esquema denominados met.xsd (en {oloc}/dict/met/ ubicación de carpeta) que hacen referencia al archivo linkbase de etiquetas met-lab-{lang}.xml (proporcionando etiquetas legibles por humanos como se define en el DPM; para la representación en sintaxis, consulte 6.2.1 Etiquetas estándar) y definición archivo linkbase metdef.xml (definición de relaciones de dimensiones XBRL que restringen el uso de métricas en informes).

El código ({name}) para cada métrica se compone de tres componentes:

– una letra que represente el tipo de datos en minúsculas (para las opciones disponibles, consulte la tabla a continuación),

– una letra que representa las características del tipo de período (i para instante y d para duración, que como se explicó anteriormente es siempre i en la taxonomía EIOPA),

– un número que corresponde al código numérico del modelo (sin relleno cero ni longitud predeterminada).

8.2.1 Métricas enumeradas

Los valores permitidos para una métrica enumerada pueden cambiar con el tiempo, lo que lleva a diferentes versiones. Cada versión utiliza el mismo nombre, pero se coloca en un espacio de nombres diferente (consulte el ejemplo anterior), lo que los convierte en elementos XBRL diferentes. Para expresar que estos elementos XBRL representan métricas relacionadas, se utilizan arcroles especiales. Al estar seguros de la relación, los usuarios pueden tomar una decisión informada para combinar los datos de diferentes versiones o no.