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Las AES analizan la divulgación voluntaria de PAI en el marco del SFDR

El Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ESA) ha presentado su informe anual sobre los avances en materia de divulgación voluntaria de los principales efectos adversos (PAI) de conformidad con el artículo 18 del Reglamento sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR). Sobre la base de su enfoque del año anterior, las AES —la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la AESPJ y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)— llevaron a cabo una encuesta en la que participaron las autoridades nacionales competentes para evaluar la situación de la divulgación voluntaria de IPA a nivel de entidad y producto en el marco del SFDR. Los resultados ofrecen una mirada inicial a las mejores prácticas y áreas que requieren mejoras. El informe destaca una mejora general en la calidad del cumplimiento y la divulgación en comparación con el año anterior, aunque con variaciones notables entre los participantes en los mercados financieros y las jurisdicciones. Además, se encontró que las discotecas eran más accesibles en los sitios web en comparación con el año anterior. Se insta a los participantes en el mercado financiero que opten por no tener en cuenta las PAI a que proporcionen explicaciones más claras de su decisión. Además, a pesar del estímulo que se les da en el marco del SFDR, estos participantes generalmente no revelan el alcance al que sus inversiones se relacionan con los objetivos del Acuerdo de París. El informe promete un análisis más detallado de las divulgaciones voluntarias de PAI por productos financieros en futuras iteraciones. También ofrece una serie de recomendaciones a la Comisión Europea para su consideración antes de la próxima evaluación exhaustiva del SFDR.

Informe conjunto de las AES de 2023

Sobre el alcance de la divulgación voluntaria de los principales efectos adversos en el marco del SFDR

Informe anual a la Comisión con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

1. Resumen ejecutivo

Contexto

1. El 28 de julio de 2022, las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) publicaron el primer2 informe conjunto sobre el alcance de la divulgación voluntaria de los principales efectos adversos (IAP) en virtud del Reglamento sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR)3 y formularon algunas recomendaciones preliminares a las autoridades nacionales competentes (ANC) y a la Comisión Europea.

2. La conclusión general del primer informe fue que el grado de asimilación de la divulgación voluntaria de los principales efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad 4 variaba significativamente entre las jurisdicciones y los participantes en los mercados financieros (FMP) en el ámbito de aplicación del SFDR, lo que dificultaba la identificación de tendencias definidas.

3. Las medidas de aplicación detalladas relativas a esta información que figuran en el Reglamento Delegado SFDR5 aún no eran aplicables en el momento de la última publicación. Además, las prácticas de supervisión en materia de divulgación voluntaria de información seguían siendo incipientes. En consecuencia, en el informe de 2022, las AES solo proporcionaron algunas recomendaciones iniciales a la Comisión Europea, así como una visión general preliminar, indicativa y no exhaustiva de las buenas y malas prácticas para la divulgación de información sobre el PAI.

Enfoque actual

4. Para el informe de 2023, las AES han adoptado un enfoque similar al adoptado para el informe de 2022 y han puesto en marcha una encuesta de las ANC a través del Comité Mixto y de los comités permanentes pertinentes de las AES.

5. El objetivo de la encuesta era recabar información de las ANC sobre el estado actual de la divulgación voluntaria de PAI a nivel de entidad en el marco del SFDR. También incluyó una pregunta para recabar la opinión de las ANC sobre la divulgación de información por parte de los proveedores de servicios de inversión que optan por explicar por qué no tienen en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad.

6. La encuesta también abarcó la divulgación de la consideración de los PAI para los productos financieros6 por primera vez desde que los FMP tuvieron que aplicarlos antes del 30 de diciembre de 2022. Las AES evaluaron cuidadosamente las respuestas y elaboraron una indicación de los buenos ejemplos de divulgaciones observadas7 , incluidas las recomendaciones preliminares.

7. En la sección 2 del presente informe se exponen los antecedentes y la justificación de este ejercicio y las enseñanzas extraídas del segundo año de aplicación de las divulgaciones voluntarias, sobre la base de las respuestas de las ANC.

8. En la sección 3 se ofrece una visión general de las buenas y malas prácticas, que abarca no solo la consideración de los PAI, sino también los casos en los que los proveedores de servicios financieros deciden explicar cuándo no tienen en cuenta los PAI. La última parte de esta sección también incluye recomendaciones a la Comisión Europea y a las ANC.

9. En el anexo figura la lista de las preguntas incluidas en la encuesta y los aspectos más destacados de las respuestas recibidas de las ANC.

Principales conclusiones

10. Si bien todavía existe una variación significativa en el grado de cumplimiento de los requisitos de divulgación tanto entre los proveedores de servicios de seguridad como entre las jurisdicciones, los resultados de la encuesta de este año muestran una mejora general en la aplicación de las divulgaciones voluntarias. Curiosamente, en comparación con el año pasado, las divulgaciones también parecen más fáciles y sencillas de encontrar en los sitios web. Las AES consideran que un ámbito que requiere mejoras es el relativo a la explicación de la no consideración de las EPI, en la que las explicaciones aún no son plenamente completas y satisfactorias. Cuando se consideran los PAI, las divulgaciones sobre el grado de alineación con el Acuerdo de París todavía están formuladas de manera vaga.

11. El ámbito que merecerá un análisis más detenido en las futuras versiones del presente Informe es la divulgación voluntaria de la consideración de los IAP por parte de los productos financieros, en la que el nivel de comprensión de dicha información es limitado.

Pasos siguientes

12. Es posible que la Comisión Europea desee examinar las conclusiones de las AES y tenerlas en cuenta en el contexto de su evaluación global del funcionamiento del SFDR.

13. Las futuras iteraciones de este informe también incluirán una evaluación de la plantilla de divulgación de PAI8 y sobre la divulgación de las políticas de participación, que comenzó a utilizarse el 30 de junio de 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el objetivo principal de las futuras iteraciones seguirá siendo una evaluación de la difusión de esas divulgaciones y señalar las mejores prácticas.

2. Análisis de antecedentes

2.1 Introducción

14. El SFDR comenzó a aplicarse el 10 de marzo de 2021 y establece requisitos de divulgación de información en materia de sostenibilidad para que los proveedores de servicios de gestión de la sostenibilidad y los asesores financieros comuniquen información sobre sostenibilidad a los inversores.

15. El 6 de abril de 2022, la Comisión Europea adoptó el Reglamento Delegado SFDR, que especifica las normas técnicas que deben utilizar los proveedores de servicios financieros de fabricación al divulgar información relacionada con la sostenibilidad en el marco del SFDR y que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2023.

16. Las AES y la Comisión Europea también han respondido a las preguntas presentadas por las partes interesadas para aclarar aspectos del Reglamento Delegado.

17. El artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR exige que se divulguen en el sitio web del FMP los principales efectos adversos de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad y una declaración sobre la política de diligencia debida con respecto a dichos impactos. El artículo 4, apartado 1, letra b), exige que, cuando un PSF no tenga en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad, publique y mantenga en su sitio web razones claras por las que no lo hace y, en su caso, información sobre si tiene intención de hacerlo y cuándo.

18. Con arreglo al artículo 4, apartados 3 y 4, del SFDR, a partir del 30 de junio de 2021, los PSF que superen en sus fechas de balance el criterio del número medio de 500 empleados durante el ejercicio (en lo sucesivo, «umbral de 500 empleados») deben publicar y mantener en sus sitios web una declaración sobre sus políticas de diligencia debida con respecto a los principales efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad.

19. Por último, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del SFDR, los proveedores de productos envasados que decidan divulgar voluntariamente en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), o que tengan más de 500 empleados, deben publicar, para cada uno de sus productos, una explicación clara y razonada de si sus productos tienen en cuenta los principales efectos adversos sobre los factores de sostenibilidad y, en caso afirmativo, de qué manera. Estas divulgaciones deben complementarse con una declaración de que la información sobre esos factores de sostenibilidad está disponible en la información requerida por las divulgaciones sectoriales. El artículo 7, apartado 1, del SFDR no comenzó a aplicarse hasta el 30 de diciembre de 2022.

20. El informe de este año en virtud del artículo 18 del SFDR se basa en las recomendaciones del año pasado sobre las mejores prácticas en relación con las normas de presentación voluntaria de informes y añade los datos recopilados a partir de una encuesta a las ANC realizada entre abril y mayo de 2023. Las 11 preguntas compartidas con las ANC tenían por objeto recabar información sobre la situación actual de la divulgación voluntaria de información y poner de relieve las mejores prácticas observadas en el mercado.

21. En comparación con la del año pasado, la encuesta de 2023 incluye dos preguntas adicionales: la primera se refiere a la divulgación voluntaria a nivel de producto con arreglo al artículo 7 del DELAR, con una solicitud, cuando sea posible, de que se facilite un desglose de la proporción de productos que se divulgan con arreglo al artículo 8 y al artículo 9 del DELAR; la segunda es una pregunta sobre si las ANC han percibido alguna mejora en el mercado en comparación con 2022 con respecto al cumplimiento del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR.

22. Por lo que respecta a la solicitud del artículo 18 sobre «recomendaciones relativas a las normas de información voluntaria», las AES desean reiterar que ya han elaborado una plantilla de notificación obligatoria que figura en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento Delegado SFDR, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Se espera que los PMF cumplan con el requisito de declaración de diligencia debida de PAI en virtud del artículo 4 del SFDR. El 30 de junio de 2023 finalizó el plazo para que los PMF comenzaran a publicar sus primeras declaraciones del PAI utilizando la plantilla y los indicadores del anexo I. En el momento de redactar el presente segundo informe, las AES no estaban en condiciones de extraer conclusiones definitivas sobre la eficacia y el impacto de la presentación y el contenido de las divulgaciones voluntarias.

23. No obstante, las lecciones aprendidas y las recomendaciones preliminares sobre las mejores prácticas podrían constituir una indicación que los proveedores de material de consumo deberían tener en cuenta al publicar sus declaraciones sobre el PAI. Las futuras iteraciones de este informe se basarán en la experiencia actual y posiblemente incluirán nuevas recomendaciones basadas en observaciones sobre el primer uso de la plantilla en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento Delegado SFDR.

2.2 Lecciones aprendidas de las divulgaciones voluntarias: dos años después

24. Como primera observación, las AES acogen con satisfacción la mejora de la calidad de las respuestas proporcionadas a través de la encuesta, con un mayor tamaño de la muestra y una mayor representatividad en términos de número de PMF cubiertos. Las respuestas también mostraron cifras más exactas sobre la muestra seleccionada, como se recomendó en el Informe del año pasado. A medida que hayan comenzado a desarrollarse las prácticas de mercado para la divulgación de información en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR, las ANC podrían destacar ejemplos más concretos de buenas y malas prácticas observadas en sus propias jurisdicciones.

25. En comparación con el año pasado, sigue habiendo una variación significativa en el grado de cumplimiento de los requisitos de divulgación de información entre los proveedores de productos sanitarios. Las AES creen que hay margen de mejora en la forma en que las ANC proporcionan orientación y ayudan a los proveedores de servicios de gestión de la información a interactuar con sus supervisores para cumplir los requisitos. Algunas ANC indicaron que a los proveedores de servicios financieros de consumo siguen teniendo dificultades para utilizar la divulgación voluntaria, ya que no hacen referencia específica a los indicadores del PAI o no proporcionan una explicación clara de cómo los consideran. Curiosamente, la divulgación de las políticas de diligencia debida sigue siendo extremadamente limitada. Por lo general, los FMP mencionan el hecho de que ellos y/o su grupo matriz participan en organizaciones e iniciativas internacionales relacionadas con la sostenibilidad.

26. Las AES señalan que las ANC acogen con satisfacción el hecho de que la encuesta les haya permitido identificar casos de incumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Cuando se detecte un incumplimiento, las AES esperan que las ANC adopten las medidas de supervisión de seguimiento adecuadas.

27. Las AES consideran que es necesario introducir mejoras en la explicación de la no consideración de las IPE. Si bien los PMF mencionan cuestiones relacionadas con la disponibilidad y comparabilidad de los datos o la falta de claridad desde una perspectiva jurídica, esas explicaciones siguen siendo breves y vagas.

28. Sin embargo, algunas ANC señalaron los esfuerzos de algunos proveedores de servicios financieros para incluir una indicación sobre cuándo comenzarán a considerar las IPE, lo que refleja uno de los ejemplos de mejores prácticas que las AES proporcionaron en el informe de 2022.

29. Cabe destacar que los proveedores de servicios financieros siguen teniendo un bajo nivel de comprensión de la no consideración de los PAI, ya que los proveedores de servicios financieros de diferentes jurisdicciones han declarado que no cumplen porque están por debajo del umbral de 500 empleados o debido a las limitaciones actuales de los datos fácilmente disponibles para cumplir plenamente con los requisitos de presentación de informes. Las AES no consideran que sean una justificación suficiente para explicar por qué el FMP no tiene en cuenta los efectos adversos de sus decisiones de inversión y recomiendan un seguimiento supervisor para garantizar una comprensión adecuada de las disposiciones pertinentes. Como mínimo, las AES consideran que es una buena práctica que los proveedores de servicios de consumo indiquen al menos una fecha límite para comenzar a considerar los indicadores del PAI.

30. El ámbito que merecerá un análisis más detenido en las futuras iteraciones del presente Informe es el de la información voluntaria sobre la información presentada por los productos financieros a la consideración de los PAI de conformidad con el artículo 7 del SFDR. El nivel de comprensión de dichas divulgaciones es limitado, ya que algunos proveedores de servicios de fabricación confunden las divulgaciones voluntarias sobre la consideración de los PAI del SFDR del artículo 7 con la declaración con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento sobre la taxonomía), es decir, la declaración normalizada para los productos no incluidos en el artículo 8 y el artículo 9 del SFDR. Sin embargo, en términos generales, las ANC no pudieron facilitar datos sobre la cuota exacta de productos financieros de los artículos 8 y 9 del SFDR utilizando la divulgación voluntaria de IPA, ya que las normas no comenzaron a aplicarse hasta el 30 de diciembre de 2022.

31. Al igual que en el informe publicado el año anterior, las ANC confirmaron que los PMF que pertenecen a grandes grupos pueden tener una divulgación más sofisticada en comparación con los más pequeños y tienden a divulgar información más detallada sobre las políticas de sostenibilidad y exclusión. Además, los PMF que forman parte de un grupo también tienen más probabilidades de completar las divulgaciones voluntarias con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR. Las AES observan una tendencia comunicada por las ANC en el sentido de que la divulgación de información se está utilizando como parte de la estrategia de marketing de la empresa.

32. Las AES acogen con satisfacción el hecho de que consideren que las ANC consideran que actualmente las divulgaciones en los sitios web son más fáciles de encontrar en comparación con la encuesta del año pasado. Todavía existe margen de mejora, en particular porque algunas ANC todavía tenían que buscar las divulgaciones voluntarias a través de los motores de búsqueda, ya que estaban ocultas en la sección «información requerida» o en la sección «descarga».

33. El nivel de divulgación del grado de armonización con los objetivos del Acuerdo de París sigue siendo un ámbito de mejora, ya que la divulgación de información sigue siendo vaga, y los PSF mencionan su grado de armonización con el Acuerdo de París sin mencionar los indicadores que miden la trayectoria de descarbonización de sus inversiones. No obstante, las AES desean señalar que estas divulgaciones no son obligatorias, ya que el grado de alineación con los objetivos del Acuerdo de París debe divulgarse «cuando proceda».

34. En comparación con el año pasado, las ANC informaron de una mejora en cuanto a la forma en que se entienden los requisitos reglamentarios y el nivel de detalle divulgado. Esta mejor comprensión es promovida por los supervisores que organizan debates con los participantes del mercado y las asociaciones de la industria y proporcionan recomendaciones y orientaciones pertinentes.

35. Como se explica en la sección 3 del presente informe, las AES han destacado algunos ejemplos de mejores prácticas compartidas por las ANC y han incluido recomendaciones basadas en las respuestas recibidas. Las AES quieren destacar en particular:

a) la importancia de una declaración clara que incluya la identificación de los indicadores del PIC, la metodología y los datos utilizados para la evaluación de cada PIC, el período de referencia de la declaración y, en su caso, un breve resumen de las políticas de implicación y el cumplimiento de los códigos de conducta empresarial responsable y las normas reconocidas internacionalmente, en consonancia con los principios generales para la presentación de la información del Reglamento Delegado del SFDR; y

b) Identificación clara de las divulgaciones relevantes en el sitio web, haciendo que la información sea fácilmente accesible, clara e intuitiva para que el inversor la encuentre.

36. Por último, las AES acogen con satisfacción que el cuestionario haya aumentado el nivel de conocimiento de las ANC sobre la divulgación de información de los proveedores de productos en materia de bienes de consumo con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR y que el nivel de seguimiento y observación del mercado haya mejorado significativamente, incluido el uso de estudios de mercado y cuestionarios, como se recomendó en el informe del año pasado.

37. En 2024, es probable que la tercera versión del Informe incluya una evaluación adicional de las divulgaciones voluntarias a nivel de producto con arreglo al artículo 7, apartado 1, del SFDR y preguntas adicionales sobre los procesos y métodos para comparar las divulgaciones de años anteriores.

3. Buenas y malas prácticas y recomendaciones preliminares

3.1 Ejemplos buenos y malos de divulgación de información con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR

38. Las ANC han acogido con satisfacción el enfoque utilizado en el informe del año pasado de proporcionar una lista de ejemplos de mejores prácticas y ejemplos subóptimos de divulgación de información con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR. En el informe de 2023, las AES han añadido algunas consideraciones iniciales también sobre el artículo 7, apartado 1, del SFDR.

39. Esta lista representa una evaluación subjetiva de la utilidad de la información divulgada para comprender cómo los PMF consideran, o por qué no consideran, los principales efectos adversos de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad.

40. Es importante reiterar que las obligaciones de divulgación previstas en el Reglamento Delegado SFDR han pasado a ser obligatorias a partir del 1 de enero de 2023. No debe entenderse que los ejemplos que figuran a continuación sobre las declaraciones realizadas en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), y del artículo 7, apartado 1, del SFDR (lo que se debe hacer, en verde, y lo que no se debe hacer, en rojo) afectan a las divulgaciones realizadas con arreglo a las plantillas obligatorias.

3.2 Recomendaciones a la Comisión Europea

41. En el contexto de la evaluación global del SFDR, las AES desean invitar a la Comisión Europea a considerar lo siguiente:

a) Otras formas de introducir proporcionalidad para los PMF, ya que el umbral de más de 500 empleados puede no ser una forma significativa de medir hasta qué punto las inversiones pueden tener los principales efectos adversos sobre los factores de sostenibilidad. Las AES opinan que un enfoque más adecuado para informar sobre los efectos adversos de los PSF podría consistir, por ejemplo, en establecer un umbral basado en el volumen de las inversiones del PSF;

b) Si la divulgación de información a nivel de producto con arreglo al artículo 7 del SFDR también debe seguir una base de cumplimiento o explicación, independientemente de si el PSF aplica el artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR, para garantizar la coherencia con la información a nivel de entidad que cubre todas las inversiones del SFP y con las preguntas y respuestas iv.2 del documento consolidado de preguntas y respuestas que permite la consideración del PAI para el producto financiero incluso cuando el PSF no aplica el artículo 4, apartado 1, letra a)14. Por lo tanto, cuando un PSF revele a nivel de entidad que tiene en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR, los inversores podrían esperar que esto implique que el producto vendido por el FMP también tenga en cuenta el impacto adverso de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad con arreglo al artículo 7 del SFDR. La práctica actual observada por los supervisores es que, si bien a nivel de entidad los PMF declaran que consideran las IPA, esto no siempre se refleja en la información sobre el producto.

c) De conformidad con el principio de proporcionalidad, reducir la frecuencia del Informe del Artículo 18 del SFDR en la próxima revisión del Nivel 1, a cada dos o tres años. Esto permitiría un análisis más significativo sobre las tendencias a largo plazo.

42. Las recomendaciones anteriores se formulan con la salvedad de que las AES aún no disponen de información completa sobre el número de PMF por debajo del umbral de 500 empleados que cumple lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR.

3.3 Recomendaciones a las ANC

43. Las AES acogieron con satisfacción que las ANC siguieran las recomendaciones preliminares del informe de 2022, en particular en lo que respecta a un tamaño de muestra más representativo y mayor, incluidas las cifras exactas, los desgloses y los porcentajes del mercado estudiado. Las ANC también se han esforzado por entablar un diálogo supervisor con los proveedores de servicios de producción de productos que no cumplían lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), lanzando sus propios cuestionarios, organizando reuniones con asociaciones del sector y proporcionando orientación sobre cómo cumplimentar las declaraciones. Curiosamente, una ANC también anunció el lanzamiento de una herramienta informática para ayudar a localizar las divulgaciones en los sitios web. Esto está en línea con la recomendación de centrarse en la supervisión del sitio web y el uso de web scraping y / u otras herramientas SupTech. Esta recomendación sigue siendo válida para futuras iteraciones del Informe de 2023.

44. Sobre la base del informe del año pasado, las AES desean compartir las siguientes recomendaciones a las ANC para ayudarlas en sus acciones de supervisión aplicables en curso:

a). Hacer un seguimiento de los participantes en el mercado que no cumplan con las normas y considerar si el uso de herramientas de aplicación podría ser apropiado. Al igual que la recomendación del año pasado, las ANC deben identificar las infracciones de los proveedores de servicios de consumo y hacer un seguimiento adecuado;

b). prestar apoyo a los participantes en el mercado y poner de relieve las expectativas supervisoras comunes, posiblemente coordinadas por las AES, para facilitar la comprensión de cómo cumplir con la información divulgada en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR;

c). Utilizar herramientas, posiblemente coordinadas por las AES, que puedan ayudar a las ANC a identificar la información sobre la divulgación voluntaria de información sobre las consideraciones relativas a los IAP de los productos divulgados con arreglo a los artículos 8 y 9 del SFDR.

d). Facilitar el intercambio con la industria para crear conciencia e intercambiar mejores prácticas;

e. Compartir los resultados de la encuesta con el sector, incluidas las expectativas supervisoras utilizadas por las ANC para evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de divulgación por parte de los participantes en el mercado.

f). Por último, las AES señalaron el uso de referencias incorrectas a obligaciones específicas de divulgación en las respuestas facilitadas por las ANC, lo que demuestra que las ANC siguen mejorando y acumulando conocimientos especializados para permitir una comprobación exhaustiva del cumplimiento. A continuación proporcionamos algunos ejemplos y aclaramos esos conceptos:

• «Considerar» y «tener en cuenta»: las AES observaron una confusión entre las referencias a «considerar» y «tener en cuenta» en relación con divulgaciones específicas y desean aclarar que la referencia jurídica específica coherente con el texto de nivel 1 al evaluar el cumplimiento del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), es comprobar si los proveedores de bienes de consumo han tenido en cuenta los principales efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. Tener en cuenta es la referencia utilizada para la divulgación del SFDR de cómo las inversiones sostenibles no causan un daño significativo (DNSH) a ningún objetivo ambiental o social. De acuerdo con la respuesta de la Comisión a la pregunta de las AES sobre esta cuestión15, el requisito de tener en cuenta el PAI significa que el PSF debe revelar cómo aborda los efectos adversos de las inversiones, por ejemplo, cómo pretende reducirlos. Por el contrario, el requisito de tener en cuenta el PAI para la prueba DNSH consiste en exigir que se tengan en cuenta los indicadores de impacto adverso solo para las inversiones sostenibles realizadas, a fin de asegurarse de que estas inversiones sostenibles no causen un daño significativo al medio ambiente o a la sociedad.

• Uso de términos como «criterios ESG», «riesgo ESG» y «objetivos de inversión sostenible»: existe un uso generalizado por parte de las ANC de los términos «criterios ESG», «riesgos ESG» y «objetivos de inversión sostenible», pero estos términos no están relacionados con la consideración de los efectos adversos. La terminología correcta debería centrarse más bien en los «impactos de la sostenibilidad», los «indicadores de sostenibilidad», las «políticas de compromiso para abordar los efectos adversos de las decisiones de inversión» y el «grado de alineación con los objetivos del Acuerdo de París», que representan una buena medida del impacto adverso en el clima.

Recomendación de la Comisión Europea sobre facilitación de financiación para la transición a una economía sostenible

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,

Considerando lo siguiente:

(1)          Aunque la transición a una economía sostenible de aquí a 2050 constituye todo un desafío, también ofrece oportunidades para la economía de la Unión. Invertir en la transición ecológica ayudará a convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro con una economía sostenible.

(2)          Es necesario actuar urgentemente en la presente década para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % y alcanzar de aquí a 2030 nuestros objetivos medioambientales, en particular los relacionados con las crisis del entorno natural y del agua. En comparación con lo que aportó entre 2011 y 2020, la Unión tendrá que invertir aproximadamente 700 000 millones EUR adicionales al año entre 2021 y 2030 para descarbonizar su economía y alcanzar sus objetivos medioambientales (1) y los de la Ley sobre la industria de cero emisiones netas propuesta (2).

(3)          Actualmente se necesita financiación para la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible de las empresas que desean ser sostenibles, pero que no pueden pasar de inmediato a un modelo de rendimiento plenamente respetuoso con el medio ambiente y climáticamente neutro. En los próximos años se necesitará una financiación de transición que asegure una transición oportuna y metódica de la economía real hacia la sostenibilidad, sin perjuicio de la competitividad de la economía de la UE: Todavía no están disponibles todas las tecnologías necesarias para una economía sostenible y los distintos agentes económicos podrán alcanzar estos objetivos a diferentes ritmos.

(4)          Por finanzas sostenibles se entiende la financiación tanto de los procesos que son ya respetuosos con el medio ambiente como de los que están en transición para lograr ese tipo de rendimiento en un plazo determinado. Se prevé que el nivel de inversiones sostenibles aumente a medida que avance la transición.

(5)          Si bien el marco jurídico de la Unión no define el concepto de financiación de transición, esta debe entenderse como la financiación de mejoras del rendimiento climático y medioambiental con miras a la transición hacia una economía sostenible, a un ritmo compatible con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.

(6)          El marco de finanzas sostenibles de la UE, en el que se incluyen el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento y del Consejo (3), las metodologías establecidas en el Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y la propuesta de Reglamento sobre los bonos verdes europeos (6), contiene una serie de salvaguardias y principios que pueden contribuir a fundamentar la noción de financiación de transición.

(7)          La financiación de la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible ocupa un lugar central en la Comunicación de la Comisión de 2021 titulada «Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible» (7), en la que se destaca la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo para las finanzas sostenibles aplicable a todos los sectores, zonas geográficas, agentes y diferentes puntos de partida hacia la transición.

(8)          En la presente Recomendación se aclara el concepto de financiación de transición y se reconoce el importante papel que pueden desempeñar los participantes en el mercado al utilizar voluntariamente las herramientas del marco de finanzas sostenibles de la UE, conforme a las necesidades, para dicha financiación.

(9)          Las empresas, los intermediarios financieros y los inversores, los Estados miembros y las autoridades de supervisión podrían obtener, proporcionar o enfocar la financiación de transición mediante el uso voluntario de las herramientas de financiación sostenible conforme se expone en la presente Recomendación.

(10)       La presente Recomendación tiene por objeto estimular la financiación de transición en un entorno de confianza para los inversores mediante el fomento del uso voluntario de las herramientas de financiación sostenible y la divulgación de la información correspondiente de una manera que garantice la credibilidad de las oportunidades de inversión para la transición.

(11)       La presente Recomendación se basa en el marco de finanzas sostenibles de la UE y en algunos elementos de las principales iniciativas internacionales en materia de financiación de transición, como la Guía de la OCDE sobre financiación de transición (8), el marco del G-20 para la financiación de transición (9), el informe sobre la financiación de transición de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles (10) y el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los compromisos de cero emisiones netas de las entidades no estatales (11). Por lo tanto, los inversores internacionales que sigan esta Recomendación deberían poder ajustar los principales aspectos de sus objetivos de transición a las prácticas del mercado internacional.

(12)       La transición para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo (12) incluye la transición a la neutralidad climática de aquí a 2050, con el propósito de limitar el cambio climático a un calentamiento global de 1,5 °C, en consonancia con el Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (13); la transición a una economía resiliente al clima, y la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible, a saber, una economía circular, con contaminación cero y positiva para la naturaleza, y el uso sostenible de los recursos hídricos y marinos.

(13)        Los participantes en el mercado pueden aplicar la presente Recomendación tanto a la transición climática como a la transición medioambiental.

(14)       Dependiendo de diversos factores, como los sectores y zonas geográficas en los que operen, es posible que las distintas empresas (financieras y no financieras) se hallen en diferentes puntos de partida de su transición hacia la sostenibilidad, Asimismo, es posible que tengan diferentes posibilidades y capacidades para esta transición, dependiendo de su tamaño, de sus recursos financieros y físicos o de la disponibilidad de infraestructura y tecnologías. En consecuencia, las necesidades de financiación variarán de una empresa a otra.

(15)       El uso de la financiación de transición es voluntario. No todas las empresas, ni todos los sectores económicos, tienen necesidades significativas de financiación para la transición climática o medioambiental. Sin embargo, en aquellos casos en que el impacto climático pueda amortiguarse y se esté amortiguando, es menester reconocer esa mejora y facilitar su financiación.

(16)       Es posible que las pequeñas y medianas empresas (pymes) necesiten financiar su transición, en cuyo caso podrían obtener esa financiación proporcionando información clave en materia de sostenibilidad. Sin embargo, debido a su tamaño y al carácter más limitado de sus recursos, puede resultarles difícil y costoso. Las pymes podrían necesitar el apoyo de sus socios financieros, sus proveedores y los clientes de su cadena de valor a la hora de analizar sus necesidades de financiación de transición y de acceder, en la práctica, a tal financiación. Se anima a los intermediarios de las grandes empresas y financieros a que apliquen el principio de proporcionalidad en su comunicación con las pymes y a que actúen con moderación al solicitar información a los socios, proveedores y clientes de su cadena de valor que sean empresas de esas características.

(17)       La financiación de transición también puede ayudar a financiar la transición de las empresas que operen en los sectores más afectados por el cambio a una economía sostenible. Por ejemplo, las nuevas inversiones y las correspondientes inversiones en activos fijos de esas empresas pueden hacerse compatibles con la transición para cumplir los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.

(18)       Las necesidades de financiación de transición pueden determinarse mediante una planificación anticipada y la fijación de objetivos de transición. Una forma de conseguirlo es, por ejemplo, establecer los objetivos y las acciones de la empresa a corto, medio y largo plazo en consonancia con la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible, y fijar planes de inversión y de actuación en los que se indiquen los recursos ya asignados y los que sigan siendo necesarios, a fin de garantizar que se alcancen los objetivos y que las acciones se planifiquen y ejecuten de manera transparente, creíble y coherente. Estas medidas pueden aplicarse tanto al nivel de las empresas como de las actividades, en función de dónde surja la necesidad de financiación de transición.

(19)       La planificación de la transición, que es el proceso mediante el cual las empresas traducen sus ambiciones medioambientales y climáticas en acciones, puede ayudar a las empresas a minimizar los riesgos estratégicos y financieros asociados a la transición, detectar oportunidades de negocio y aportar claridad sobre su estrategia empresarial, lo que puede atraer a nuevos inversores y socios comerciales.

(20)       Ahora bien, las empresas también pueden utilizar las herramientas de financiación sostenible de la Unión, como la taxonomía, no solo con el fin de divulgar información sobre las actividades e inversiones en activos fijos que se ajusten a la taxonomía, sino también como herramienta prospectiva para su propio proceso de transición, empleando los criterios de la taxonomía como puntos de referencia para la fijación de objetivos. La taxonomía se utiliza cada vez más con fines de financiación de transición, y numerosas son las empresas que notifican inversiones en activos fijos que se ajustan a la taxonomía y que son significativamente superiores a los ingresos que se ajustan a la taxonomía, especialmente en los sectores de gran impacto.

(21)       Las inversiones que se destinan a alcanzar la adaptación a la taxonomía en un plazo de cinco años (excepcionalmente, de diez años) se reconocen como inversiones en activos fijos que se ajustan plenamente a la taxonomía si van acompañadas de un plan de inversiones en activos fijos, que es un tipo de plan de transición al nivel de las actividades (14). Además, las inversiones en actividades de transición, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2020/852, son inversiones en las mejores tecnologías disponibles y, por tanto, también se reconoce su adaptación a la taxonomía, siempre que no den lugar a situaciones de cautividad intensivas en carbono a largo plazo ni impidan el desarrollo de tecnologías más ecológicas. Se trata de actividades económicas para las que actualmente no existe ninguna tecnología alternativa y cuyo rendimiento avanza por la senda que conduce a la futura neutralidad climática. Para garantizar una mejora continua a lo largo del proceso de transición, el Reglamento (UE) 2020/852 contempla una revisión trienal de los criterios técnicos de selección para las actividades de transición a fin de tener en cuenta los avances tecnológicos y científicos que se vayan produciendo.

(22)       La taxonomía también puede ser una guía útil, complementaria de los objetivos climáticos o medioambientales o de los planes de transición, para aquellas actividades económicas que, pese a no poder lograr una contribución sustancial a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, permitan lograr mejoras significativas del rendimiento medioambiental. Sus criterios y principios pueden emplearse a la hora de fijar objetivos intermedios o mínimos, para los que podría obtenerse financiación de transición si las inversiones son compatibles con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE ( 15). Este extremo debe garantizarse mediante un plan de transición para cada actividad específica (un plan de transición por actividades).

(23)       Los datos de que se dispone muestran que la taxonomía está funcionando según lo previsto: las empresas incluidas en el índice STOXX Europe 600 que, hasta la fecha, han declarado una adaptación a la taxonomía no nula (16) han notificado una adaptación media a la taxonomía cercana al 23 % para los gastos de capital, al 24 % para los gastos operativos y al 17 % para los ingresos ( 17).

(24)       Los índices de referencia para la transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París son herramientas adecuadas para diseñar carteras con objetivos de descarbonización. Los fondos de inversión que se adhieren a esos índices de referencia han crecido considerablemente y están actualmente valorados en 116 000 millones EUR. También está aumentando el uso de índices de referencia ASG basados en el mercado con características de sostenibilidad medioambiental.

(25)       Los planes de transición son una herramienta útil para traducir los objetivos climáticos o medioambientales, al nivel tanto de empresas como de actividades económicas, en acciones y en un plan de inversión, con vistas a su comunicación a los intermediarios financieros y los inversores. Los intermediarios financieros y los inversores podrían tener también en cuenta la información de los planes de transición, así como la integridad, transparencia y obligación de rendir cuentas en relación con los objetivos contenidos en dichos planes, a la hora de evaluar los riesgos de la transición y de sostenibilidad física asociados a determinada inversión.

(26)       En la actualidad, los planes de transición no tienen carácter obligatorio, pero se están imponiendo como una de las grandes herramientas prospectivas que las empresas pueden utilizar para establecer y articular sus objetivos y obtener la financiación necesaria para alcanzarlos, e incluyen información sobre los hitos, las actividades, los procesos y los recursos. Los planes de transición pueden elaborarse sobre la base de la Directiva (UE) 2022/2464 y sus normas de presentación de información, cuando dichos planes formen parte de la estrategia empresarial global de una empresa que se proponga ajustarse al objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C.

(27)       Las empresas sujetas a las obligaciones de información de la citada Directiva tendrán que comunicar todo objetivo con horizonte temporal sobre cuestiones de sostenibilidad que hayan fijado, así como todo plan del que se hayan dotado para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia empresarial sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C.

(28)        En febrero de 2022, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (18) con el fin de garantizar que las empresas activas en el mercado interior tengan éxito en la transición de nuestras economías hacia la sostenibilidad. En ella se propone que las empresas que estén incluidas en su ámbito de aplicación adopten planes para garantizar que su modelo y su estrategia de negocio sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C en consonancia con el Acuerdo de París.

(29)       El plan de transición, que es uno de los aspectos de la estrategia global de la empresa, también puede abarcar la transición hacia el cumplimiento de los objetivos medioambientales. La credibilidad de los planes de transición podría reforzarse mediante su adopción por parte de la dirección de la empresa, mediante la introducción de un conjunto estructurado de objetivos y acciones a corto, medio y largo plazo en el que se indiquen los recursos asignados y los recursos necesarios para garantizar que los objetivos y las acciones se lleven a la práctica de manera creíble y coherente, así como del análisis y la prevención de la cautividad a largo plazo respecto de actividades o activos intensivos en gases de efecto invernadero o significativamente perjudiciales para el medio ambiente, habida cuenta de su vida útil.

(30)       Los intermediarios financieros tienen un papel clave que desempeñar en cuanto al apoyo de la economía real en su transición hacia la sostenibilidad. De tal modo, el hecho de proporcionar a la economía real financiación de transición permite al sector financiero cumplir su función durante la transición, disminuir los riesgos del proceso de transición a lo largo del tiempo y llevar a cabo su propia transición de forma metódica. La financiación de transición y las inversiones conexas pueden reducir el riesgo de la transición financiera en el futuro incluso si no están automáticamente sujetas a un riesgo financiero menor que otras inversiones.

(31)       Tanto los préstamos bancarios como las inversiones son importantes para la financiación de la economía real, y se espera que ambos instrumentos proporcionen a las empresas un volumen significativo de financiación de transición. Los bancos y otros inversores institucionales se encuentran en una posición especialmente favorable para proporcionar financiación de transición a sus clientes, ya que pueden aprovechar sus estrechas relaciones con estos. En ese contexto, los bancos pueden considerar la presente Recomendación en relación con las disposiciones sobre riesgos físicos y de transición de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) y el Reglamento (UE) No. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), actualmente en proceso de revisión.

(32)       En el próximo ejercicio de asesoramiento por parte de la Autoridad Bancaria Europea acerca de los préstamos verdes (21), así como en las actividades de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles (22), se examinarán diferentes aspectos de la financiación de transición y se aportará información pertinente para futuras consideraciones sobre este tema.

(33)        La divulgación de información en materia de sostenibilidad ayuda a generalizar el intercambio de información entre los intermediarios financieros y las empresas en transición. Por ejemplo, la información prospectiva sobre los objetivos climáticos o medioambientales o los planes de transición, cuando existan, podría ser de utilidad para los propios inversores e intermediarios financieros que hayan asumido el compromiso de llevar a cabo su propia transición. Esa información ayudará a los intermediarios financieros y a los inversores a decidir qué incluir o no en sus productos de inversión, así como a evaluar las implicaciones de los diferentes horizontes temporales de inversión y los riesgos de los activos obsoletos.

(34)       Los intermediarios financieros y los inversores también pueden contribuir a la transición ofreciendo soluciones de financiación específicas relacionadas con la transición y vinculadas a los objetivos climáticos o medioambientales fijados por las empresas.

(35)       Se invita a los Estados miembros a que prosigan su actividad de sensibilización acerca de las distintas vías de obtener o de conceder financiación de transición. Asimismo, se les invita a seguir proporcionando formación y asistencia técnica que puedan contribuir a aumentar la utilización de la financiación de transición y ofreciendo soluciones específicas relacionadas con la financiación de transición a las empresas que deseen emprender esa vía.

(36)       Las autoridades europeas de supervisión (AES) y las autoridades nacionales competentes de la Unión deben proseguir su actividad de información sobre los enfoques pertinentes de la financiación de transición. Con ello se ayudará a infundir en los participantes en el mercado confianza en cuanto al modo de utilizar eficazmente las herramientas de financiación sostenible de la Unión, se fomentará el uso de la financiación de transición y se reducirá el riesgo de «eco impostura».

(37)       La presente Recomendación no formula recomendaciones sobre todos los aspectos de la financiación de transición hacia una economía climáticamente neutra y sostenible. Su objetivo es aclarar los conceptos básicos de este tipo financiación y el uso de las herramientas que pueden impulsar la mayor utilización de financiación de transición privada.

(38)       La presente Recomendación tampoco es exhaustiva, ya que los participantes en el mercado pueden encontrar otras formas de promover o de obtener financiación de transición que sea compatible con la transición a una economía sostenible. Su contenido debe considerarse a la luz de cualquier evolución futura del mercado o de la legislación. La Plataforma sobre Finanzas Sostenibles ayudará a identificar las prácticas de mercado pertinentes para la financiación de transición, y los participantes en el mercado podrán aportar sus observaciones a través de la propia Plataforma o de las actividades de divulgación organizadas por la Comisión, como talleres y diálogos con las partes interesadas, con el fin de afinar los componentes del marco de finanzas sostenibles y su uso para la financiación de transición. Asimismo, la Comisión intensificará sus contactos con los socios internacionales a través, por ejemplo, de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles y del Centro de Asesoramiento sobre Finanzas Sostenibles que se inscribe en la estrategia «Global Gateway», con el fin de promover el uso y la interoperabilidad internacional de la financiación de transición a escala mundial.

SE HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1.        La presente Recomendación se presenta de forma consiguiente a la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible» (23).

1.2.        La presente Recomendación tiene por objeto apoyar a los participantes en el mercado que deseen obtener o proporcionar financiación de transición, ofreciéndoles sugerencias prácticas sobre el modo de enfocar dicha financiación.

1.3.        La presente Recomendación se dirige a aquellas empresas que deseen contribuir a la transición hacia la neutralidad climática y la sostenibilidad medioambiental, potenciando al mismo tiempo su competitividad, y busquen financiación para inversiones que persigan ese fin. Su objetivo es explicar cómo pueden usarse las herramientas de financiación sostenible a tales efectos. La financiación de transición y la financiación ecológica (24) se distinguen de la financiación general, que no persigue objetivos de sostenibilidad.

1.4.        En general, la presente Recomendación no se destina a las microempresas (25), habida cuenta de su tamaño y su capacidad administrativa.

1.5.        La presente Recomendación se dirige igualmente a:

a) los intermediarios financieros y los inversores que estén dispuestos a proporcionar financiación de transición a las empresas;

b) los Estados miembros y las autoridades de supervisión financiera, con el fin de sensibilizar sobre el tema y proporcionar asistencia técnica y de fomentar la utilización y la provisión de financiación de transición a la economía real.

1.6.        La presente Recomendación se entiende sin perjuicio de la legislación de la Unión que establezca obligaciones legales.

1.7.        Se invita a los agentes externos a la Unión a que utilicen también esta Recomendación, aunque puedan tener necesidades específicas que no se reflejan en ella,

2. DEFINICIONES

A los efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:

2.1.        Transición: la transición desde los niveles actuales de rendimiento climático y medioambiental hacia una economía climáticamente neutra, resiliente al clima y medioambientalmente sostenible en un plazo que permita alcanzar:

a) el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5°C, en consonancia con el Acuerdo de París, y, para las empresas y actividades dentro de la Unión, el objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % de aquí a 2030, como se establece en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

b) el objetivo de adaptación al cambio climático (27), y

c) otros objetivos medioambientales de la Unión que se especifican en el Reglamento (UE) 2020/852, a saber, la prevención y el control de la contaminación, la protección y la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, el uso sostenible y la protección de los recursos marinos y de agua dulce y la transición a una economía circular.

2.2.        Financiación de transición: la financiación de inversiones que sean compatibles con la transición y contribuyan a ella, evitando efectos de cautividad, en particular:

a) inversiones en carteras que se adhieran a los índices de referencia para la transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París («índices de referencia climáticos de la UE»);

b) inversiones en actividades económicas que se ajusten a la taxonomía, en particular:

— actividades económicas de transición, según se definen en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/852, para el objetivo de mitigación del cambio climático,

— actividades económicas elegibles conforme a la taxonomía que pasen a ajustarse a la misma en consonancia con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión en un plazo máximo de cinco (excepcionalmente, diez) años (28);

c) inversiones en empresas o actividades económicas con un plan de transición creíble al nivel de la empresa o de la actividad;

d) inversiones en empresas o actividades económicas que tengan objetivos creíbles y con base científica, siempre que sean proporcionados y que estén respaldados por información que garantice la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

2.3.        Plan de transición: un aspecto de la estrategia global de la empresa que establece los objetivos y acciones de la entidad para su transición hacia una economía climáticamente neutra o sostenible, con medidas como la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con el objetivo de limitar el cambio climático a 1,5 °C. 3.

RECOMENDACIÓN A LAS EMPRESAS QUE BUSQUEN FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

Herramientas de financiación sostenible para determinar y articular las necesidades de financiación de transición

3.1.        Las empresas pueden estudiar sus necesidades de financiación de transición en función de su impacto, sus riesgos y sus oportunidades en cuanto a la sostenibilidad. Todos estos aspectos pueden determinarse mediante una evaluación de la materialidad.

3.2.        Para determinar sus necesidades de financiación de transición, las empresas podrían empezar por fijar objetivos de transición y definir itinerarios individuales de transición a partir de escenarios e itinerarios con base científica (29).

3.3.        Las herramientas de financiación sostenible, en particular, la taxonomía o los índices de referencia climáticos de la UE, pueden utilizarse junto con unos planes de transición creíbles para respaldar la definición de objetivos de transición y articular las necesidades específicas de financiación de transición al nivel de las empresas y de las actividades económicas (30).

3.4.        Al integrar claramente los objetivos de transición y las correspondientes necesidades de financiación en un plan de transición creíble, los intermediarios financieros y los inversores pueden comprender, comparar y referenciar con mayor facilidad las oportunidades de financiación de transición.

3.5.        Las necesidades de financiación de transición pueden especificarse como inversiones en activos fijos previstas y, según proceda, gastos operativos relacionados con la consecución de los objetivos climáticos y medioambientales, así como ingresos corrientes o esperados relacionados con la transición.

3.6.        Cuando proceda, las empresas podrían examinar con los intermediarios financieros y los inversores sus necesidades específicas de financiación de transición y las soluciones de financiación más adecuadas.

4. USO DE ITINERARIOS DE TRANSICIÓN CREÍBLES PARA ESTABLECER OBJETIVOS CON BASE CIENTÍFICA

4.1.        Para establecer objetivos con base científica y determinar sus necesidades de financiación de transición, las empresas pueden tomar como referencia los escenarios e itinerarios de descarbonización intersectoriales o sectoriales que hayan sido publicados, así como los escenarios de mejora medioambiental que existan.

4.2.        Al recurrir a escenarios o itinerarios, se recomienda utilizar aquellos que tengan una base científica, y, en el caso de los itinerarios de descarbonización, aquellos que estén en consonancia con el Acuerdo de París, como los escenarios de 1,5°C de la Agencia Internacional de la Energía o del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático con un rebasamiento nulo o limitado (31).

4.3.        Se recomienda ajustar los itinerarios correspondientes a la empresa de que se trate a los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión, en función de los lugares en los que la empresa desarrolle su actividad y de su punto de partida. Para ello, se recomienda también consultar los Itinerarios cualitativos de Transición de la UE elaborados por la Comisión Europea (32) para cada ecosistema industrial a la hora de evaluar los retos ligados a la transición climática y las mejores tecnologías disponibles, así como los desafíos ecológicos, digitales y de resiliencia más generales para un sector determinado.

4.4.        Los objetivos de transición con base científica podrían utilizarse para obtener financiación de transición sin que exista un plan de transición cuando tal solución sea proporcional a la complejidad, el tamaño y las repercusiones de la empresa, y cuando dichos objetivos estén respaldados por información que garantice su integridad, su transparencia y la obligación de rendir cuentas en relación con las medidas aplicadas para alcanzarlos.

5. USO DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA CLIMÁTICOS DE LA UE

5.1.        Como complemento de los escenarios o itinerarios con base científica, las empresas pueden utilizar, cuando corresponda, las metodologías empleadas para los índices de referencia climáticos de la UE. Estas metodologías pueden contribuir a establecer los itinerarios individuales al nivel de la empresa o del proyecto, a fijar sus objetivos de transición y a determinar sus necesidades de financiación de transición.

5.2.        Esas mismas metodologías pueden utilizarse también para evitar que las nuevas inversiones se conviertan en activos potencialmente obsoletos y podrían facilitar la inclusión de las emisiones de la empresa, o del capital obtenido para un proyecto de transición pertinente, en una cartera de inversiones o préstamos que se adhiera a un índice de referencia climático de la UE (33).

6. USO DE LA TAXONOMÍA DE LA UE

6.1.        Las empresas pueden determinar sus necesidades de financiación de transición utilizando voluntariamente la taxonomía, junto con otros puntos de referencia con base científica, para establecer objetivos de transición correspondientes a actividades económicas específicas en sectores económicos cubiertos por los actos delegados adoptados en virtud del Reglamento (UE) 2020/852 (34).

6.2.        Se anima a las empresas a utilizar la taxonomía para planificar las inversiones que permitirán que una actividad económica determinada cumpla los criterios de la taxonomía en un plazo de cinco (excepcionalmente, diez) años, pues dichas inversiones se reconocen ya como plenamente ajustadas a la taxonomía.

6.3.        Las empresas pueden utilizar la taxonomía a fin de establecer hitos y objetivos intermedios para la transición de las actividades económicas con el objetivo de seguir mejorando el rendimiento medioambiental o, en definitiva, de lograr la adaptación a la taxonomía en un plazo más largo, pero lo suficientemente breve para ser compatible con la transición. Por ejemplo, cuando sea necesario, las empresas pueden utilizar los criterios de la taxonomía para planificar una adaptación gradual a esta: como primer objetivo acotado en el tiempo, lograr que la transición permita mejorar los niveles de rendimiento definidos por los criterios de «no causar un perjuicio significativo» y, como segundo objetivo acotado en el tiempo, ajustarse a los criterios de contribución sustancial, de acuerdo con un plan de transición específico por actividades. (35)

6.4. A fin de poner en práctica el uso de la taxonomía para obtener financiación de transición, las empresas podrían especificar sus necesidades en términos de inversiones en activos fijos de la empresa. Cuando proceda, también podrían especificar esas necesidades en términos de sus ingresos o gastos operativos corrientes o esperados, que:

a) se ajustan a la taxonomía;

b) se ajustarán a la taxonomía en el futuro, o

c) corresponden a mejoras continuas del rendimiento como parte de un plan de transición creíble y acorde con la transición.

7. USO DE UN PLAN DE TRANSICIÓN CREÍBLE

7.1. Sin perjuicio de sus obligaciones legales, las empresas —especialmente aquellas que desarrollen actividades que impliquen repercusiones significativas o itinerarios de transición complejos— pueden elaborar planes de transición al nivel de la empresa o de la actividad o a ambos niveles, para articular los objetivos, los hitos, las acciones y las necesidades de recursos relacionados con la transición de una manera estructurada y coherente.

7.2. Las normas de presentación de información de la Directiva (UE) 2022/2464 proporcionan un modelo para la elaboración de planes de transición y de acción creíbles que las empresas podrían utilizar con el fin de garantizar la integridad y la transparencia de dichos planes, así como la obligación de rendir cuentas al respecto.

7.3. La taxonomía y los índices de referencia climáticos de la UE pueden usarse junto con escenarios e itinerarios con base científica para determinar los objetivos o las necesidades de financiación que se incluyan en dichos planes a nivel tanto de empresa como de actividad económica.

7.4. Los planes enfocados a la sostenibilidad medioambiental pueden también inspirarse en los planes de acción medioambientales estratégicos de la UE relativos a la economía circular (36), la biodiversidad ( 37) y la contaminación cero (38).

8. INSTRUMENTOS PARA OBTENER FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

8.1. Se anima a las empresas a que, para obtener financiación de transición, utilicen alguno de los instrumentos de financiación relacionados con la transición (o una combinación de varios de ellos), como tipos específicos de préstamos o emisiones de mercado de capitales con características específicas (39).

Préstamos ecológicos u otros préstamos de sostenibilidad

8.2. Si una empresa tiene necesidades de financiación de transición, puede solicitar tipos específicos de préstamos, como los vinculados a la sostenibilidad, los préstamos ecológicos u otros préstamos con fines concretos.

8.3. Los intermediarios financieros están empezando a ofrecer este tipo de préstamos y podrían proponer tipos de interés competitivos cuando el rendimiento medioambiental previsto subyacente a los préstamos contribuya a reducir los riesgos de la transición o dé lugar a tipos de refinanciación más bajos para el intermediario financiero.

8.4. Las inversiones destinadas a lograr un objetivo de transición específico, como la mejora de activos o la realización de nuevas inversiones que posibiliten una producción con un bajo impacto climático y medioambiental, podrían financiarse a través de préstamos con fines concretos cuyos ingresos se utilicen exclusivamente para ese propósito (también conocidos conoce como financiación con uso determinado de los ingresos). La articulación de ese propósito a través de objetivos de transición relacionados con los criterios de la taxonomía podría fomentar la utilización de préstamos específicamente destinados a la transición.

8.5. Las inversiones en mejoras del rendimiento al nivel de las empresas podrían financiarse mediante préstamos vinculados a la sostenibilidad que tengan objetivos de rendimiento climático o medioambiental con base científica y acotados en el tiempo, que sirvan de salvaguardias y cuyos tipos de interés estén ligados a la consecución de los objetivos de rendimiento en materia de sostenibilidad previstos, evitando los efectos de cautividad.

Bonos verdes u otros bonos de sostenibilidad

8.6. Para financiar su transición, las empresas también pueden emitir instrumentos del mercado de capitales o tipos específicos de bonos, como los bonos verdes u otros bonos de sostenibilidad. Los bonos pueden utilizarse para obtener capital, tanto al nivel de la empresa como de la actividad económica.

8.7. Para obtener financiación de transición con un fin concreto, los emisores podrían contemplar la emisión de bonos que demuestren el uso de los ingresos con fines de transición. Si bien existe un estándar internacional de bonos verdes que podría utilizarse para obtener financiación de transición, las empresas también podrían contemplar el uso del estándar europeo de bonos verdes para emitir bonos de ese tipo con el propósito de financiar actividades económicas que se ajustarán a la taxonomía en un plazo de cinco años (excepcionalmente, de diez).

8.8. Los bonos vinculados a la sostenibilidad pueden utilizarse con el fin de obtener capital destinado a mejorar el comportamiento en materia de sostenibilidad tanto de la empresa como de sus actividades. Dichos bonos deben ir ligados a sólidos objetivos de rendimiento en materia de sostenibilidad (por ejemplo, indicadores clave de resultados conforme a la taxonomía) y a un calendario compatible con la transición, dado que los cupones suelen emitirse a reserva de la consecución de los resultados previstos y de su incentivación.

8.9. Las herramientas de financiación sostenible que se mencionan en los puntos 3 a 7 pueden utilizarse como objetivos de rendimiento y como refuerzos de la credibilidad de los bonos vinculados a la sostenibilidad.

Financiación mediante emisión de acciones y financiación especializada

8.10. Las empresas también pueden emitir acciones o contemplar soluciones de financiación especializada que estén vinculadas a objetivos de rendimiento en materia de sostenibilidad al nivel de la empresa, el proyecto o la actividad económica. Pueden utilizarse enfoques similares a los descritos anteriormente para establecer dichos objetivos de rendimiento.

9. RECOMENDACIÓN A LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS E INVERSORES DISPUESTOS A PROPORCIONAR FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

Herramientas para establecer los objetivos de la financiación de transición y para localizar proyectos o empresas

9.1. Los intermediarios financieros pueden contribuir a financiar la transición reflejando en sus estrategias de préstamo o de inversión los objetivos de la financiación de transición.

9.2. Al establecer objetivos de transición y diseñar los enfoques de la financiación de transición para las carteras y estrategias de inversión o préstamo, los intermediarios financieros pueden:

a) tomar en consideración las recomendaciones a las empresas acerca de la determinación de las necesidades de financiación de transición y la fijación de los correspondientes objetivos (40);

b) asegurarse de que el enfoque de la financiación de transición contribuya a la transición y la descarbonización de la economía real, tenga en cuenta los diferentes puntos de partida de las empresas, aplique el principio de proporcionalidad (en particular con respecto a las pymes) e incluya las salvaguardias climáticas y medioambientales pertinentes, en consonancia con la definición de financiación de transición que se ofrece en la presente Recomendación;

c) traducir el concepto de financiación de transición en objetivos específicos relacionados con los objetivos climáticos o medioambientales, para todas las clases de activos, que abarquen todos los tipos de financiación y todos los sectores económicos que sean pertinentes para la transición;

d) considerar el asesoramiento y la comunicación como partes importantes de la estrategia de financiación de transición.

9.3. Los inversores y los propietarios de activos pueden desarrollar enfoques similares para sus propios activos.

9.4. Para poner en práctica estrategias de inversión que incluyan enfoques de financiación de transición y localizar a las empresas y proyectos que cumplan los objetivos de transición, los intermediarios financieros y los inversores pueden (41):

a) utilizar la información facilitada por las empresas para determinar los objetivos de transición y las necesidades de financiación de transición, incluidos los planes de transición y los informes de empresa;

b) utilizar las metodologías de descarbonización exigidas con arreglo a los índices de referencia climáticos de la UE, como unos objetivos claros de descarbonización por parte de las empresas y la restricción de nuevas inversiones en activos potencialmente obsoletos;

c) utilizar el marco y los criterios de la taxonomía para identificar las inversiones que sean elegibles y podrían adaptarse a la taxonomía, en caso necesario a través de etapas intermedias dentro de un calendario que sea compatible con la transición. Por ejemplo, en caso necesario, considerar como primer paso financiar las etapas de la transición que mejoren los niveles de rendimiento definidos por los criterios de «no causar un perjuicio significativo» y, como segundo paso, ajustarse a los criterios de contribución sustancial que se aclaren en un plan de transición por actividades.

d) utilizar los ejercicios de divulgación de información y los prospectos que acompañan a la emisión de bonos o capital social vinculados a la ecologización, la transición y la sostenibilidad;

10. COMUNICACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE NECESITEN FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

10.1. Se anima a los intermediarios financieros a que entren en contacto con los clientes y las empresas en cuya transición se esté invirtiendo, especialmente cuando estas tengan una considerable necesidad de financiación de transición.

10.2. Esta política de comunicación podría incluir una presentación de las estrategias de préstamo o inversión que podrían ajustarse a las necesidades de financiación de transición pertinentes, así como las condiciones de admisibilidad de la financiación en el marco de estas estrategias.

10.3. En el diálogo con los clientes y las empresas beneficiarias de inversión, podrían debatirse los siguientes aspectos:

a) las repercusiones, riesgos y oportunidades de sostenibilidad material y la manera de hacer frente a los impactos y riesgos climáticos y medioambientales;

b) la forma de determinar la contribución a un objetivo climático o medioambiental y los horizontes temporales de los préstamos o inversiones;

c) los itinerarios de transición subyacentes con el fin de garantizar que la estrategia de préstamo o de inversión sea compatible con la transición;

d) la aplicación o no aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» según se define en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, y la manera de afrontar los efectos adversos;

e) la medida en que se tendrán en cuenta el rendimiento en materia de sostenibilidad y los objetivos y planes de transición de las empresas, a la hora en particular hora de evaluar el riesgo de activos obsoletos, y los riesgos de la transición y los riesgos físicos en general.

11. SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS PARA LA TRANSICIÓN

11.1. Junto a las soluciones generales de préstamo y financiación, los intermediarios financieros pueden ofrecer soluciones de financiación específicas para la transición a empresas o proyectos con importantes necesidades de financiación de transición.

11.2. Estas soluciones incluyen, por ejemplo, préstamos o productos de financiación que puedan ayudar a financiar inversiones de transición sobre el terreno, como los basados en:

a) inversiones con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852 que contribuyan a aumentar de manera significativa la proporción de las actividades de cualquier empresa que se ajustan a la taxonomía;

b) los índices de referencia climáticos de la UE cuando complementen escenarios o itinerarios con base científica;

c) planes de transición creíbles al nivel de la entidad o de la actividad que apliquen objetivos con base científica;

d) objetivos creíbles y con base científica, siempre que sean proporcionados y estén respaldados por información que garantice la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas;

e) la reducción de las huellas ambientales sobre la base de los planes de acción medioambientales estratégicos de la UE relativos a la economía circular (42), la biodiversidad (43) y la contaminación cero (44) y conforme a lo dispuesto en ellos.

f) una combinación de las medidas anteriores, por ejemplo, cuando los planes de transición se integren en las necesidades de financiación de transición determinadas a través de la taxonomía o los índices de referencia climáticos de la UE.

11.3. Los intermediarios financieros pueden contemplar la posibilidad de crear incentivos para fomentar la obtención de un buen rendimiento en relación con los objetivos de transición de la empresa, recompensando, por ejemplo, los avances hacia el cumplimiento de los objetivos de transición o los criterios de la taxonomía con tipos de interés atractivos, basándose en factores como el menor riesgo de la transición o la mejora de los costes de financiación.

12. RIESGOS DE LA TRANSICIÓN Y RIESGOS FÍSICOS

12.1. Se anima a los intermediarios financieros y a los inversores a que determinen la medida en que sus objetivos de transición y de financiación de transición se ajustan a sus estrategias de gestión de riesgos y contribuyen a la ejecución de estas, con el fin de hacer frente a los riesgos financieros derivados de los desajustes con la transición.

12.2. En particular, se anima a los intermediarios financieros y a los inversores a:

a) tener en cuenta en sus marcos de gestión de riesgos y de comunicación la información prospectiva de las contrapartes —como los objetivos y planes de transición—, incluida la información sobre su credibilidad y la presentación de informes anuales sobre los avances logrados;

b) considerar la financiación de proyectos de transición capaces de reducir los efectos negativos sobre los factores de sostenibilidad y los riesgos de la transición y físicos futuros, por ejemplo, siguiendo las orientaciones de la taxonomía de adaptación al cambio climático.

13. RECOMENDACIÓN RELATIVA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Pequeñas y medianas empresas que buscan financiación de transición

13.1. Las pymes que estén interesadas en obtener financiación de transición tendrán unas necesidades proporcionales a su tamaño, capacidad administrativa y recursos, por lo que se las anima a entrar en contacto con los intermediarios financieros y los inversores para explorar las opciones de financiación y los servicios de apoyo que están disponibles.

13.2. Las pymes interesadas en contribuir a la transición podrían considerar la posibilidad de obtener financiación de transición para sus inversiones relacionadas con la transición (tanto las inversiones inmediatas como las futuras), por ejemplo, para los aspectos siguientes:

a) nuevas tecnologías ecológicas;

b) mejora de las actividades o activos económicos existentes;

c) inversión en tecnologías facilitadoras;

d) políticas de abastecimiento ecológico (por ejemplo, energías renovables);

e) actividades para la ecologización de sus funciones de apoyo, como el aumento de la eficiencia energética de sus edificios, el arrendamiento financiero o la adquisición de vehículos eléctricos, la descarbonización del uso del transporte, la ecologización de su suministro de alimentos, etc.

13.3. Las pymes que cotizan en bolsa entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2022/2464 y en el futuro divulgarán la información en materia de sostenibilidad con arreglo a unas normas de presentación de informes simplificadas. Las pymes que no entren en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, pero que estén interesadas en comunicar información esencial en materia de sostenibilidad, podrían considerar la posibilidad de utilizar estas normas de presentación de información simplificadas u otras normas voluntarias de presentación de información adaptadas con estos fines a las pymes (45).

13.4. Se anima encarecidamente a las grandes empresas a que apoyen de forma proporcionada a las pymes de su cadena de valor que estén interesadas en la financiación de transición a la hora de determinar sus necesidades de financiación de transición y, en su caso, de obtener información clave en materia de sostenibilidad, independientemente de si están sujetas o no a la obligación de presentar información a este respecto.

13.5. Cuando proceda, las empresas de mayor tamaño también podrían cooperar con las entidades financieras para ofrecer condiciones de financiación y/o de compra favorables a sus socios de la cadena de valor que necesiten financiación de transición, en particular a las pymes de los sectores pertinentes para la transición (46).

14. SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

14.1. La capacidad de las pymes para facilitar información detallada es limitada, por lo que se anima a los intermediarios financieros y a los inversores a aplicar el principio de proporcionalidad en sus relaciones con sus clientes que sean pymes. No deben pedirles más información de la necesaria y han de actuar con moderación al solicitar información a las pymes que sean sus socios en la cadena de valor.

14.2. Se anima a los intermediarios financieros a que ofrezcan programas de educación y sensibilización, servicios de asesoramiento o herramientas basadas en la web para ayudar a las pymes interesadas en la financiación de transición a aumentar su toma de conciencia de los riesgos y las oportunidades de transición.

14.3. Como parte de estas medidas, podría ayudarse a las pymes interesadas a que evalúen sus necesidades de financiación de transición de una forma sencilla.

14.4. Podrían ofrecerse a las pymes soluciones de financiación específicas para la ecologización y la transición que sean proporcionadas y adecuadas para su uso por parte de ese tipo de empresas y que incentiven su adopción, teniendo en cuenta que las pymes que no coticen en bolsa no están sujetas a las obligaciones de información que imponen la Directiva (UE) 2022/2464 y el Reglamento (UE) 2020/852.

15. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS

Se invita a los Estados miembros a que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones con el fin de fomentar la financiación de transición:

15.1. Se anima a los Estados miembros a sensibilizar a los participantes en el mercado acerca de la necesidad de financiar inversiones en la transición ecológica y acerca de las normas, principios y salvaguardias vigentes que pueden garantizar la credibilidad y la integridad medioambiental de dichas inversiones. Podrían explicar las ventajas de utilizar los instrumentos de financiación sostenible de la UE con estos fines.

15.2. Los Estados miembros podrían animar a los participantes en el mercado a utilizar escenarios de referencia con base científica y que reflejen los itinerarios de descarbonización acordes con el Acuerdo de París, como los escenarios de 1,5 °C de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con un rebasamiento nulo o limitado, o los itinerarios de la UE, nacionales o sectoriales que hagan referencia a estos escenarios de la AIE o del IPCC.

15.3. En el marco de las normas de competencia nacionales y de la UE, los Estados miembros podrían fomentar la cooperación entre los participantes en el mercado para poner en común las enseñanzas extraídas y las mejores prácticas a la hora de proporcionar o buscar financiación de transición y de abordar retos comunes. Los Estados miembros podrían capitalizar el papel a este respecto de las asociaciones del sector y otros organismos de reputación.

15.4. Los Estados miembros podrían fomentar el desarrollo de capacidades para los instrumentos y las políticas de financiación de transición, recurriendo para ello, entre otros medios, a la formación de funcionarios, reguladores y profesionales del sector financiero para apoyar el desarrollo de soluciones y políticas de financiación relacionadas con la transición que reflejen las dependencias geográficas.

15.5. Los Estados miembros podrían fomentar y promover productos y servicios financieros innovadores y sostenibles especialmente adaptados a las pymes, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

15.6. Los Estados miembros podrían ayudar a las pymes a presentar, de forma voluntaria, información esencial sobre la sostenibilidad y la financiación de transición a las partes interesadas y a los intermediarios e inversores financieros, lo que podría ampliar la gama de opciones de financiación a disposición de estas empresas.

15.7. Los Estados miembros podrían animar a los bancos multilaterales de desarrollo y a los bancos nacionales de fomento a respaldar estos esfuerzos con su asistencia técnica.

15.8. Los Estados miembros podrían fomentar las iniciativas entre bancos locales y pymes destinadas a desarrollar y aplicar estrategias de financiación sostenibles y objetivos de transición creíbles o, en su caso, planes de transición para las pymes.

16. RECOMENDACIÓN A LAS AUTORIDADES EUROPEAS DE SUPERVISIÓN Y A LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

Se anima a las autoridades europeas de supervisión y a las autoridades nacionales competentes a que:

16.1. Tengan en cuenta la presente Recomendación al vigilar y supervisar los riesgos de «eco impostura» relacionados con la transición.

16.2. Tengan en cuenta la información prospectiva pertinente incluida en los objetivos de transición, los planes de transición creíbles o la divulgación de información relacionada con la taxonomía al evaluar los riesgos financieros asociados a la transición de las entidades supervisadas.

16.3. Sensibilicen a las entidades supervisadas sobre la forma en que el marco regulador permite utilizar la información prospectiva de las contrapartes o de las empresas objeto de inversión para evaluar, gestionar y vigilar los riesgos de la transición y los riesgos físicos.

16.4. Generen capacidad junto con las autoridades nacionales competentes en materia de financiación de transición y fomenten un entorno de confianza para la financiación de transición en toda la UE. Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2023.

1. Relación entre la financiación ecológica y la financiación de transición

Las finanzas sostenibles consisten en financiar tanto lo que ya es respetuoso con el medio ambiente como lo que está en transición hacia esos niveles de rendimiento con el tiempo.

Las finanzas generales, que no tienen objetivos de sostenibilidad, pueden distinguirse de las finanzas sostenibles y la financiación de transición. En la actualidad, estas finanzas generales pueden incluir tanto actividades de gran impacto como actividades de bajo impacto. Con el tiempo, a medida que la economía se transforma, las actividades de gran impacto tendrán que pasar a ser de bajo impacto.

La financiación de transición tiene por objeto financiar dicha transición. Puede incluir tanto la financiación con ingresos como la financiación con fines generales (empresariales). A corto plazo, la financiación de transición no dará lugar a menudo a mejoras que cumplan los objetivos de rendimiento ecológico. A largo plazo, sin embargo, la financiación de transición debe ajustarse a los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por lo tanto, se considerará ecológica o de bajo impacto.

2. Consideraciones sobre cómo los diferentes tipos de incidencia, riesgos y oportunidades de una empresa podrían de una empresa podrían reflejarse en objetivos de transición individuales

Las empresas pueden tener en cuenta sus necesidades de financiación de transición basadas en su incidencia, riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad. Pueden determinarse mediante una evaluación de significalidad seguida de un enfoque de la doble significalidad.

Como parte de esta evaluación, las empresas podrían utilizar el análisis de escenarios climáticos y medioambientales para identificar y evaluar los riesgos físicos y de transición y las oportunidades en los horizontes temporales a corto, medio y largo plazo. Basándose en el resultado de una evaluación de significado, las empresas podrían fijar objetivos de transición y determinar las necesidades y compromisos de financiación de transición, cuando proceda

A la hora de planificar su transición y definir sus necesidades de financiación de transición, se anima a las empresas a que consideren la posibilidad de establecer objetivos de transición basados en vías de transición pertinentes que sean compatibles con la transición, teniendo en cuenta el tipo de incidencia y otros factores como la gravedad, la escala, el objetivo y el carácter irremediable de dichas incidencias. Las empresas pueden basarse en las normas y orientaciones disponibles en virtud de la Directiva (UE) 2022/2464 y su aplicación a tal efecto (Directiva sobre divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad).

Se anima a las empresas a que hagan las siguientes consideraciones sobre la forma en que las diferentes incidencias, riesgos y oportunidades podrían reflejarse en los objetivos de transición y en las necesidades de financiación de transición relacionadas.

3. Visión general de las herramientas sostenibles de financiación para articular y determinar las necesidades de financiación de transición

Las herramientas sostenibles de financiación, en particular la taxonomía, o los índices de referencia climáticos de la UE, así como los planes de transición creíbles, pueden utilizarse para apoyar la definición de objetivos de transición y articular necesidades específicas de financiación de transición a nivel de la empresa y de las actividades económicas. La financiación de transición puede obtenerse a través de bonos verdes o vinculados a la sostenibilidad, préstamos, financiación mediante fondos propios o financiación especializada.

4. Metodologías de referencia climática de la UE

Esta sección se refiere al punto 5 de la Recomendación.

Cuando no existan vías u hojas de ruta sectoriales basadas en la ciencia, las empresas podrían considerar las metodologías de referencia climática de la UE y utilizarlas de forma que se garantice la armonización con el escenario de incremento de la temperatura de 1,5 °C de la AIE o el GIECC.

Cuando existan escenarios y vías sectoriales con base científica, las empresas podrían considerar si su utilización les permite cumplir también las normas mínimas de las metodologías de referencia climática de la UE.

Las emisiones en el mercado de capitales de empresas que cumplan las normas mínimas de las metodologías de referencia climática, y lo demuestren [por ejemplo, en un plan de transición creíble que tenga en cuenta las normas y orientaciones disponibles en virtud de la Directiva (UE) 2022/2464 y su aplicación], tienen más probabilidades de ser incluidas en carteras que sigan las referencias climáticas de la UE.

5. Taxonomía de la UE

5.1. ¿Para qué puede utilizarse la taxonomía de la UE?

Las empresas pueden utilizar la taxonomía como una herramienta de financiación de transición, para planificar la transición de sus actividades económicas y destinar las inversiones de transición necesarias. Como tal, puede utilizarse para la clasificación de las inversiones sostenibles, la medición del comportamiento climático o medioambiental actual y planificado, la fijación de objetivos y la comunicación, incluida la articulación de objetivos vinculados a la taxonomía en los planes de transición.

5.2. La taxonomía como instrumento de transición

Al definir las actividades económicas sostenibles, no las empresas, la taxonomía permite a las empresas hacer la transición mediante el aumento gradual de su proporción de actividades sostenibles.

5.3. Opciones para utilizar la taxonomía con el fin de especificar las necesidades de financiación de transición

Las empresas pueden utilizar la taxonomía para definir a nivel de actividad sus necesidades de financiación de transición.

La taxonomía no establece el plazo en el que una empresa debe adaptar sus actividades a ninguno de sus criterios. En su lugar, deja flexibilidad a los agentes del mercado para que utilicen los plazos de sus propias vías de transición basadas en la ciencia. Las empresas pueden hacer referencia a los criterios de la taxonomía en la fijación de sus objetivos climáticos y medioambientales y, si esos objetivos están en consonancia con la transición y su consecución es creíble, pueden obtener financiación de transición para su aplicación.

Un salario justo por un día de trabajo justo

Los inversores centrados en la remuneración de los ejecutivos buscan cerrar la relación salarial entre consejeros delegados y trabajadores.

El salario medio anual en el Reino Unido, la UE y Estados Unidos es de 32.000 libras, 33.500 euros y 54.132 dólares respectivamente. Mientras tanto, los directores ejecutivos de las empresas reciben una remuneración anual que a menudo se acerca a los millones.

Si bien las responsabilidades de un CEO u otros ejecutivos de alto nivel, y las habilidades que se necesitan para ser buenos, justifican un grado de incentivo y recompensa, los inversores han cuestionado y desafiado durante mucho tiempo los paquetes salariales que se elevan a alturas vertiginosas.

Históricamente, las propuestas de remuneración de los ejecutivos siempre han sido un tema candente en las juntas generales anuales (AGM) corporativas. La gestora rechazó el 55% de las resoluciones relacionadas con los niveles de remuneración de los ejecutivos en la pasada temporada de juntas generales de accionistas.

A pesar de toda la desgracia y la devastación que causó, el Covid-19 provocó un cambio positivo. Se recortaron varios paquetes salariales de bonificación para los directores ejecutivos, en parte como respuesta a la expectativa de los inversores de que una fuerza laboral global en dificultades cuente con suficiente apoyo durante una pandemia desafiante. Desgraciadamente, esta tendencia se ha revertido desde entonces.

La brecha entre el salario de los directores ejecutivos y los ingresos anuales promedio de los empleados se extiende ampliamente. En una época de aumento de la inflación y crisis del coste de la vida, algunos inversores han pedido una remuneración justa de los ejecutivos.

Las desigualdades salariales extremas son completamente desestabilizadoras: son malas para la democracia y son malas para el capitalismo.

Con un grupo de propietarios de activos con sede en el Reino Unido que ahora consultan sobre un Marco de Recompensa Justa (FRF, por sus siglas en inglés), otros inversores que optan por responsabilizar a los ejecutivos corporativos sobre la relación salarial entre el CEO y los trabajadores, y el presidente de los EE. UU. haciendo historia y uniéndose a un piquete, ¿es ahora el momento del cambio?

Reconocemos que los directores ejecutivos excelentes que tienen las habilidades y la perspicacia para ofrecer estrategias ganadoras son muy importantes para las economías y nuestras carteras.

Pero igualmente, unimos los puntos. Si la forma en que son recompensados está completamente fuera de sincronía con la forma en que se trata a los peor pagados de la empresa, entonces no liderarán desde el frente y demostrarán que valoran todas las partes del negocio.

¿Con o sin tapa?

Las proporciones salariales entre los directores ejecutivos y los trabajadores son muy variadas. En 2020, los directores ejecutivos del FTSE 100 ganaron una media de 86 veces más que la media de los empleados a tiempo completo en el Reino Unido. En Estados Unidos, el año pasado, los CEOs del S&P 500 ganaron 291 veces más, con ganancias anuales promedio de US$15,3 millones; La investigación ha destacado que la compensación promedio de los directores ejecutivos de EE. UU. ha aumentado en un 940% desde 1978, pero solo un 12% para la compensación de los trabajadores.

Pero la proporción entre trabajadores y jefes puede ser aún mayor que eso, ya que las investigaciones identifican proporciones salariales cercanas a 5.000:1, una disparidad francamente alucinante.

Si se tiene en cuenta el hecho de que estas ratios salariales suelen basarse en el empleado medio, eso significa que a la mitad de esos empleados se les paga aún menos.

Por otro lado, esto también insinúa que hay ejecutivos corporativos a los que se les paga aún más.

Una solución sería que los gobiernos y los reguladores introdujeran un tope a la remuneración de los ejecutivos. Pero esto no sería tan sencillo en la práctica.

Para empezar, ¿Cómo debería calcularse la relación salarial? A modo de ejemplo, se pregunta si una empresa multinacional debe elaborar ratios para cada jurisdicción en la que opera, o si sería mejor determinar un promedio mundial.

También depende del sector, señalando que es probable que la relación salarial sea mucho mayor para una empresa del sector de la distribución, donde la gran mayoría de los empleados pueden cobrar el salario mínimo, en comparación con los servicios financieros, lo que significa que la comparación intersectorial de un inversor tendría que tener en cuenta ese contexto.

Otra opción es promover la transparencia para que los inversores tengan visibilidad de la diferencia salarial de una empresa en la que invierten entre los ejecutivos y la fuerza laboral, lo que se espera que inspire un compromiso efectivo sobre el tema.

En 2019, el Reino Unido introdujo nuevas normas que exigen que las empresas cotizadas con más de 250 empleados divulguen públicamente sus ratios salariales, justifiquen su remuneración ejecutiva y cómo esas bonificaciones representan una remuneración más amplia de los empleados.

La gigante del petróleo y el gas Shell, por ejemplo, informó de una relación salarial media de 80:1 para 2022.

Con las ratios salariales en el ámbito cotizado, donde las empresas pueden estar pagando salarios muy bajos mientras pagan mucho dinero a sus directores ejecutivos, la percepción pública puede suponer «un riesgo de reputación bastante significativo», dice Ryall de Nest.

Añade que la relación salarial pone de relieve cómo las cuestiones de la remuneración y los derechos justos de los trabajadores y la remuneración justa de los ejecutivos están invariablemente conectadas.

Por lo tanto, cuestionar a las empresas sobre el valor de uno en su relación salarial podría servir como una forma eficaz de evitar una inflación excesiva de los paquetes salariales de los ejecutivos, según determinan los expertos que hablan con ESG Investor.

Vamos a llegar a un punto en el que, si las empresas no tienen umbrales mínimos para el pago de los trabajadores, los inversores simplemente no las apoyarán en el lado de la remuneración de los ejecutivos.

A principios de este año, un grupo de inversores advirtió a las empresas del Reino Unido que pagaran a todos sus trabajadores al menos el salario digno real, o se enfrentarían a desafíos de los accionistas a la remuneración de los ejecutivos.

Algunos propietarios y gestores de activos, como Nest y BNPP AM, indicaron en sus directrices de votación global de 2023 que pueden votar en contra de las empresas en sus paquetes de remuneración de los ejecutivos si estos no están alineados con el crecimiento medio de la remuneración de sus trabajadores.

Más allá de la remuneración de los trabajadores, los inversores también deberían continuar sus esfuerzos de compromiso en torno a otros derechos de los trabajadores, como el derecho a sindicalizarse, según Powdrill.

Se han establecido conexiones entre los sindicatos y la remuneración de los directores ejecutivos, y las investigaciones muestran que las empresas con sindicatos fuertes suelen pagar menos a sus directores ejecutivos, en parte gracias a que los trabajadores tienen una posición de negociación más fuerte.

Definición de equidad

Sin embargo, sigue existiendo la cuestión más amplia de la remuneración justa de los ejecutivos, y los expertos señalan que es probable que la estandarización esté algo lejos.

En última instancia, la remuneración justa de los ejecutivos debería implicar una equidad salarial modesta, un período de tenencia mucho más largo, una divulgación clara y menos complejidad.

Severine Neervoort, directora de Política Global de la Red Internacional de Gobierno Corporativo (ICGN, por sus siglas en inglés), está de acuerdo en que la remuneración justa de los ejecutivos debe ser «razonable y equitativa», y que los consejos de administración de las empresas deben tener en cuenta su estrategia general de gestión del capital humano a la hora de establecer los niveles de remuneración de los ejecutivos.

Dice que los Principios de Gobernanza Global de ICGN recomiendan que los consejos de administración de las empresas sean «conscientes de las preocupaciones sociales, como la crisis del coste de la vida y la desigualdad de ingresos».

Los consejos de administración] deben tener en cuenta el nivel salarial del trabajador medio de la empresa y el ingreso medio del lugar de residencia de la empresa.

Cada vez más, los inversores están determinando que la remuneración justa de los ejecutivos también debe incluir la integración de KPI relacionados con ESG dentro de las estructuras salariales, aunque esto también presenta una serie de desafíos.

Neervoort dice que las métricas ESG deben ser indicadores cuantificables que sean importantes para la creación de valor sostenible de la empresa y estén anclados en la estrategia comercial. 

Oscar Warwick Thompson, jefe de Políticas y Comunicaciones de la Asociación de Inversión y Finanzas Sostenibles del Reino Unido (UKSIF), dice a ESG Investor que vincular los criterios ESG a los incentivos financieros de los ejecutivos debe hacerse con cuidado para evitar una tendencia común de mayor remuneración en todos los ámbitos.  

Hay algunas pruebas académicas que ponen de relieve los riesgos de una mayor inflación de la remuneración de los ejecutivos en algunos casos en los que la remuneración de los ejecutivos y los planes de incentivos se han relacionado con los objetivos de sostenibilidad y los KPI relacionados con ESG.

En abril, PIRC publicó un informe en el que se evaluaba la inclusión por parte de las empresas cotizadas mundiales de métricas relacionadas con el clima en sus planes de remuneración de los ejecutivos. Advirtió que existe una «desconexión fundamental» entre el desempeño y los resultados salariales, ya que las empresas evaluadas disfrutan de un nivel promedio de adquisición de derechos del 80%, pero la mayoría de los objetivos demostraron no ser fácilmente medibles o sensibles a la toma de decisiones de los ejecutivos.  

Hay criterios mucho más claros en torno a la vinculación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) [reducciones] y otras métricas climáticas con el pago de incentivos, pero no se puede decir lo mismo de la dimensión social de ESG. 

Las cuestiones relacionadas con la adquisición, la divulgación y el escrutinio de los datos sociales de las empresas están bien documentadas. Es lógico que ser capaz de realizar un seguimiento eficaz y, en última instancia, lograr un KPI centrado en las redes sociales, es mucho más difícil.

La sociedad paga

A pesar de los desafíos, los propietarios de activos del Reino Unido están consultando actualmente sobre el FRF con la esperanza de definir mejor exactamente lo que quieren ver de las empresas en las que invierten sobre la remuneración de los ejecutivos.

Abierto a comentarios hasta finales de octubre, el FRF busca proporcionar más claridad sobre cómo se divide la recompensa entre una amplia gama de partes interesadas corporativas, según Richards de CoEPB, uno de los propietarios de activos que lidera la iniciativa. El marco reunirá una amplia gama de puntos de datos relevantes en un solo lugar, de modo que los inversores puedan recoger esa información y utilizarla para interactuar de manera significativa con las empresas en su enfoque de pago, dice.

El borrador del marco se divide en tres secciones principales: características de la empresa, proceso de escrutinio salarial y resultados de recompensas.

En última instancia, queremos llamar la atención sobre las buenas prácticas dentro del mundo corporativo y alentar a los rezagados a mejorar su juego, ya que la inconsistencia en el aumento de la riqueza de la alta dirección mientras se descuida la recompensa justa a la planta de producción contribuye a un riesgo sistémico que no podemos ignorar.

Señala que es de «suma importancia» que las empresas se aseguren de que sus premios de remuneración ejecutiva «sean los mismos que serían atractivos para cualquier otro trabajador», como un nivel decente de salario base, contribuciones a las pensiones del empleador e incentivos a largo plazo.

Como propietarios de activos, nos preocupa cuando vemos enormes disparidades en el nivel de recompensa que se aplica en un nivel superior mientras, por ejemplo, la empresa no se compromete a pagar un salario digno real o no revela su proporción salarial étnica, o demuestra qué acciones está tomando para abordar las brechas salariales de género. 

Estas son áreas que son muy importantes para nuestros beneficiarios de pensiones, porque es la sociedad la que paga la cuenta cuando las empresas restringen la recompensa en el extremo inferior de la escala salarial: por ejemplo, a través de la necesidad de beneficios de apoyo social en el trabajo o el efecto que tener en una montaña rusa financiera no deseada entre días de pago tiene en términos de un impacto corrosivo en la salud mental y las relaciones.

El grupo de propietarios de activos, que también incluye Brunel Pension Partnership, Nest y Railpen, ha contado con el apoyo de la anteriormente consultora independiente Deborah Gilshan (ahora directora de ESG y administración en AustralianSuper) y Luke Hildyard del High Pay Centre.

Nosotros [CoEPB] profundizaremos en esta información [del marco] para sacar nuestras propias conclusiones sobre si las políticas salariales y los premios salariales que están en las boletas de la AGM se basan en bases sólidas, y declararemos nuestros votos para ayudar a informar las consideraciones de otros inversionistas.

Cambiar desde abajo

No todo el mundo en el sector de la inversión cree que los actuales niveles de remuneración de los ejecutivos sean injustos.

La realidad es que todavía hay algunos [en el sector financiero] que piensan que, en realidad, a los ejecutivos corporativos no se les paga lo suficiente.

En mayo, se afirmó que las empresas del Reino Unido deben garantizar un salario aún más alto para sus ejecutivos con el fin de retener las cotizaciones, asegurar el codiciado talento de nivel ejecutivo y mantener el atractivo de los mercados de capitales de Londres.

Al pensar en la equidad en esta área, los inversores deben pensar si se refieren a la equidad en términos de la remuneración de los ejecutivos, o a la equidad en términos del nivel de trabajo o el salario de la fuerza laboral.

¿Deberían los inversores tratar de restringir el pago en la parte superior o aumentar el salario desde abajo?

Esta última, si bien se mantiene constante en la parte superior, puede ser, en última instancia, una estrategia más efectiva para que los inversores introduzcan equidad en la relación salarial entre el CEO y el trabajador.

El salario del CEO de Exxon aumentó un 52% a casi 30 millones de libras esterlinas en medio de la guerra de Ucrania, según muestran las cifras

El salario de Darren Woods es un reflejo de las ganancias récord de la compañía y el desempeño del precio de las acciones. El salario de Darren Woods había aumentado un 10% a 1,9 millones de dólares el año pasado, mientras que sus premios de acciones aumentaron un 80%.

ExxonMobil entregó a su director ejecutivo un aumento salarial del 52% a 35,9 millones de dólares (28,7 millones de libras) para 2022 después de que la compañía petrolera informara de las ganancias más altas de su historia en medio de la invasión rusa de Ucrania.

El salario de Darren Woods aumentó un 10% a 1,9 millones de dólares el año pasado, mientras que sus bonos y premios de acciones aumentaron un 80% en comparación con el año anterior. La compañía dijo que el extraordinario día de pago era «un reflejo de las ganancias récord de la compañía y el desempeño del precio de las acciones».

ExxonMobil obtuvo 56.6 millones de dólares en ganancias, o 3, <> millones de dólares por hora, el año pasado después de que la guerra en Ucrania provocara un aumento en los precios mundiales del petróleo y el gas. La ganancia récord de la compañía también fue la más alta reportada por cualquier compañía petrolera occidental.

En una presentación oficial de la compañía, el comité de remuneración de Exxon dijo que bajo el liderazgo de Wood, la compañía había «entregado resultados comerciales excepcionales». Mientras tanto, el precio de las acciones de la compañía superó a sus rivales de la industria el año pasado después de subir un 160%.

Su principal rival estadounidense, Chevron, tuvo una ganancia récord de 36.5 millones de dólares, mientras que la petrolera europea Shell anunció las mayores ganancias en sus 115 años de historia, con 39.9 millones de dólares, y BP reportó una ganancia de 27.7 millones de dólares.

El director ejecutivo de BP, Bernard Looney, indignó a los críticos después de llevarse a casa alrededor de 10 millones de libras esterlinas el año pasado, un aumento del 120% con respecto a los 4,5 millones de libras esterlinas que recibió en 2021. Los activistas de Global Witness lo llamaron una «patada en los dientes» para los hogares que luchan con sus facturas de energía.

Las enormes ganancias de la industria petrolera fueron criticadas como «escandalosas» por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su discurso sobre el estado de la Unión en febrero. Biden ha acusado anteriormente a Exxon de ganar «más dinero que Dios».

En el Reino Unido, los beneficios de la industria petrolera avivaron la ira pública, lo que llevó a pedir un impuesto sobre las ganancias inesperadas a las empresas que se habían beneficiado del aumento de los precios del mercado energético mundial como resultado de la guerra en Ucrania.

En mayo de 2022, el entonces canciller, Rishi Sunak, anunció un «impuesto sobre los beneficios energéticos» contra los beneficios de las compañías petroleras para ayudar a los hogares que luchan con sus facturas de energía.

El actual canciller, Jeremy Hunt, endureció más tarde el impuesto a las ganancias inesperadas como parte de su declaración de otoño en noviembre, pero se enfrentó a nuevos llamamientos para adaptarlo después del anuncio de ganancias extraordinarias de BP y Shell a principios de este año.

El Marco de Recompensa Justa (FRF): Consulta pública, septiembre-octubre de 2023

Introducción

El Marco de Recompensa Justa se ha redactado en nombre y con la participación continua de un grupo de 11 propietarios de activos del Reino Unido, entre los que se encuentran Brunel Pension Partnership, Church of England Pensions Board, Friends Provident Foundation, Local Pensions Partnership Investment, Nest, Pension Protection Fund, People’s Partnership, Railpen, Scottish Widows y Universities Superannuation Scheme.

Sobre la base de las reuniones celebradas en 2022 y 2023, el objetivo colectivo de este grupo de propietarios de activos se materializa en el título del marco: a saber, centrarse y fomentar una recompensa justa tal y como se aplica en todo el órgano corporativo holístico, que incluye a los miembros del consejo de administración y a los accionistas, así como a los ejecutivos de más alto nivel que pueden aportar una valiosa visión y liderazgo al éxito de una empresa.

Esta consulta es una invitación para que revisen y comenten los indicadores propuestos y el proceso de evaluación. Agradecemos especialmente los comentarios de quienes participan en las discusiones sobre la fijación de salarios y el diálogo entre las empresas y sus grupos de interés sobre este tema, como los presidentes y miembros de comités de RemCo, los consultores de remuneración, los gestores y propietarios de activos y los representantes sindicales.

Sección 1: Justificación para el desarrollo de un Marco de Recompensa Justa (FRF) y consulta

1) En todos los niveles de una empresa, la remuneración es una herramienta clave para atraer, motivar y retener una plantilla de alto nivel y crear valor para los accionistas. Independientemente del nivel en el que opere una persona, los niveles salariales, las estructuras transparentes y la relación con los comparadores internos y externos son importantes para los empleados y otras partes interesadas, y pueden tener un impacto en el rendimiento de la empresa de diversas maneras. El Marco de Recompensa Justa (FRF, por sus siglas en inglés) proporciona un «tablero» que recopila diferentes indicadores de recompensa justa, procesos sólidos de fijación de pagos y compromiso consultivo con los accionistas, y permite la clasificación de empresas individuales en función de cada uno de estos «indicadores de equidad». Los inversores pueden utilizar esta información para informar sus propias prioridades de administración y decisiones de voto por delegación en línea con sus deberes fiduciarios.

2) El FRF se ha desarrollado como respuesta al debate de larga data sobre la remuneración de los ejecutivos, y cuáles pueden ser las tensiones sobre este tema entre las empresas, los accionistas y las partes interesadas en general sobre quién y qué contribuye a la creación de valor y cómo se recompensa. En los cinco años transcurridos entre 2018 y 2022, una media de 79 resoluciones relacionadas con la remuneración al año generó una oposición «significativa» de los accionistas de más del 20 % en votaciones no vinculantes en todo el índice FTSE All-Share (que actualmente comprende alrededor de 600 empresas). Los propietarios de activos son administradores a largo plazo de las inversiones, cuyas participaciones diversificadas y compromisos con los beneficiarios tienden a darles una visión plurianual y de toda la economía del valor financiero y de la contribución de una empresa a la lucha contra el riesgo sistémico factores como la desigualdad. Reconocemos que muchos ejecutivos y miembros de los consejos de administración se identificarán con estas preocupaciones, al igual que las redes de inversores de amplia base3. Al identificar los resultados de las recompensas y los procesos que son importantes para los propietarios de activos, y destacarlos para las empresas, el FRF tiene como objetivo apoyar la eficiencia en la administración de los inversores y facilitar el diálogo con las empresas para mejorar aún más la divulgación, el proceso y la práctica, con el objetivo final de mejorar estas tensiones.

3) El FRF tiene como objetivo compilar indicadores de recompensa en un sentido holístico para presentar una visión general de cómo se configuran y aplican en una empresa. La intención es que el FRF saque a la superficie cómo se incentiva la motivación, el rendimiento y la retención en una empresa en múltiples niveles, reconociendo que el rendimiento corporativo a largo plazo se debe a los esfuerzos de los empleados y de una variedad de partes interesadas en una empresa, así como a factores externos como la infraestructura y los servicios públicos. Este objetivo se materializa en el título del marco: centrarse en la recompensa justa tal como se aplica en todo el cuerpo corporativo holístico, que incluye a los miembros de la junta directiva y los accionistas, así como a los ejecutivos de más alto nivel que pueden aportar una valiosa visión y liderazgo al éxito de una empresa. Ningún indicador debe tomarse de forma aislada, sino que en combinación proporcionan información. Esto refleja la creencia entre los propietarios de activos de que al considerar la distribución del valor entre múltiples partes interesadas y evaluar los insumos que una empresa aplica al escrutinio de las indemnizaciones salariales, es posible identificar mejores prácticas y áreas de mejora, lo que en última instancia puede traer beneficios a la empresa y a sus partes interesadas. Con este fin, el FRF busca proporcionar un amplio espectro de puntos de datos en los que los accionistas puedan basar sus evaluaciones y comparaciones: dado que los premios de remuneración de los ejecutivos están sujetos a votaciones no vinculantes de los accionistas, este es uno de los marcadores de desigualdad potencial dentro de una empresa en el que los inversores pueden tratar de influir más directamente.

4) La remuneración de los ejecutivos es sistémicamente relevante para la economía y la sociedad. Se divulga públicamente, lo que significa que puede actuar como un punto de referencia general para el pago en otras profesiones de altos ingresos. La prevalencia de que las empresas ponderen sus aportaciones de decisión sobre la remuneración de los ejecutivos más hacia los puntos de referencia de sus homólogos de la industria que hacia la dinámica interna de la remuneración corporativa puede contribuir a aumentar las recompensas, lo que puede o no tener un impacto positivo en la motivación y el rendimiento de la empresa. Para los inversores a largo plazo, como en el caso de los miembros del Consejo de Administración y los ejecutivos, el énfasis debe estar en si las estructuras salariales dentro y a través de una empresa estimulan respuestas que contribuyan al éxito de la empresa. La brecha salarial entre la fuerza laboral y los altos directivos empleados por las grandes empresas es un factor que contribuye significativamente a los niveles históricamente altos de desigualdad de ingresos dentro de las empresas. Además, las consecuencias socioeconómicas más amplias de la desigualdad económica y la concentración de los ingresos siguen siendo motivo de gran preocupación8 y afectan a las sociedades en las que operan las empresas y de las que dependen. 8) Los salarios más altos también han demostrado ser un riesgo significativo para la reputación de las empresas: en una encuesta para el Centro de Salarios Altos, era probable que más encuestados dijeran que sentían que las grandes empresas no tenían un impacto beneficioso en la sociedad que aquellos que creían que sí lo tenían.9 De esos encuestados, el 63% citó la proporción de salarios y ganancias capturados por ejecutivos e inversores como base para su opinión.  mientras que más del 60% de todos los encuestados consideró que los directores ejecutivos no deberían cobrar más de diez veces más que su empleado promedio. Al proporcionar una mayor claridad sobre la gama de factores que influyen en la toma de decisiones sobre la remuneración de los ejecutivos, el FRF pretende mitigar estos problemas y ayudar a poner los procesos de recompensa de toda la empresa en una base que pueda gozar de una mayor confianza entre las partes interesadas.

5) Convocado por la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra y la Asociación de Pensiones Brunel, el FRF se ha desarrollado como una colaboración entre el Centro de Altos Salarios en nombre y con aportaciones de un grupo de 11 propietarios de activos del Reino Unido, entre los que se encuentran Friends Provident Foundation, Local Pensions Partnership Investments, Nest, Pension Protection Fund, People’s Partnership, Railpen, Scottish Widows, y el Plan de Jubilación de las Universidades. El desarrollo de la herramienta ha sido informado por Deborah Gilshan durante su tiempo como consultora independiente y Luke Hildyard del High Pay Centre, con el HPC actuando como administradores para el desarrollo de la herramienta y las evaluaciones en curso. El propósito y el modelo propuestos, tal y como se exponen en este documento, han sido moldeados por el grupo de propietarios de activos, con el proceso instigado por una Cumbre sobre Remuneración de Ejecutivos en la que participaron varias partes interesadas en diciembre de 2022 y se consolidará con una nueva Cumbre de Partes Interesadas en el cuarto trimestre de 2023.

6) Actualmente estamos consultando con un amplio grupo de partes interesadas y agradeceríamos comentarios generales y específicos sobre todos los aspectos de la herramienta, desde la necesidad que se pretende satisfacer hasta la elección de los indicadores y el diseño del marco de evaluación. Agradecemos especialmente los comentarios de quienes participan en las discusiones sobre la fijación de salarios y el diálogo entre las empresas y sus grupos de interés sobre este tema, como los presidentes y miembros de comités de RemCo, los consultores de remuneración, los gestores y propietarios de activos y los representantes sindicales.

7) La consulta se llevará a cabo desde principios de septiembre hasta el 23 de octubre de 2023. Tras la consulta pública, el FRF se perfeccionará aún más para su presentación y se aplicará a la presentación de informes anuales de forma piloto durante la temporada de la Junta General Anual 2023/24, y los datos resultantes se publicarán de forma continua. El año piloto se centrará en FTSE100 empresas. Una vez finalizados, se anima a todas las empresas a tomar nota de los indicadores finales que se publicarán en diciembre de 2023 y a utilizarlos como base para la autoevaluación interna de su propia divulgación y rendimiento en relación con ellos.

8) Después del ciclo de evaluación del primer año, la herramienta se someterá a una revisión en el tercer trimestre de 2024 centrada en su claridad de comunicación y efectividad. En particular, la revisión explorará la idoneidad de los indicadores piloto para la expansión a un universo más amplio de empresas, incluso desde el Reino Unido a otros mercados como los Estados Unidos.

Sección 2: El enfoque FRF

1) El modelo de tablero para la herramienta FRF se desarrolló a partir de la premisa de que (i) ciertos indicadores tomados en conjunto pueden ayudar a identificar la idoneidad de la recompensa en una empresa, junto con (ii) una mayor comprensión de cómo la remuneración permea desde la Junta y los ejecutivos hacia afuera en toda la empresa podría fomentar una comprensión más clara de cómo se motiva y retiene a los creadores de valor asociados con el éxito de la empresa.  así como la forma en que la empresa contribuye a la sociedad de la que depende su éxito. Por lo tanto, los propietarios de activos que compartían esta ambición determinaron que sería útil compilar estos indicadores en un único perfil en línea para cada empresa, donde los inversores puedan obtener fácilmente información sobre el rendimiento con respecto a cada indicador y, en comparación, con los pares de una empresa. La herramienta propuesta cuenta con 26 grupos de indicadores (+3 tentativos) en 3 secciones: (A) Características de la empresa; B) Procesos de escrutinio de los salarios; (C) Resultados de recompensa.

2) Se han seleccionado indicadores como medio para medir los resultados (datos cuantitativos sobre la remuneración en las empresas evaluadas) y los procesos (una evaluación más cualitativa de cómo se han logrado los resultados salariales). Con ello se pretende proporcionar a los usuarios:

a) puntos de datos claros y pertinentes, que puedan servir de base para emitir juicios sobre la equidad a través de comparaciones con homólogos sectoriales o de mercado, o con otros índices de referencia; y

b) información cualitativa que respalde juicios razonados sobre los resultados, indicando si las empresas y sus consejos de administración han determinado o no las indemnizaciones salariales a través de procesos sólidos y rigurosos.

3) El FRF se basará enteramente en información disponible públicamente. De esta manera, no promueve la colusión entre los inversores, ni proporciona una visión privilegiada de las prácticas corporativas. Del mismo modo, no proporciona recomendaciones de votación en las juntas generales de accionistas: corresponderá a los inversores juzgar el rendimiento de una empresa en toda la gama de indicadores y adaptar sus prácticas de administración y decisiones de voto en consecuencia.

4) Los debates sobre la remuneración de los ejecutivos generalmente se han relacionado con prácticas geográficas o globales más que sectoriales. El FRF tiene por objeto proporcionar un medio para que los usuarios que acceden a los datos puedan ver las empresas evaluadas sobre la base de comparaciones sectoriales o de índices. Los indicadores se han elegido en función de su relevancia para el mercado y, en la medida de lo posible, se evaluará a las empresas en relación con todo el índice. Cuando las comparaciones de índices sean menos apropiadas, el resumen presentado por el FRF del marco de evaluación relacionará el desempeño con los pares sectoriales.

5) Los indicadores elegidos están destinados a servir de base para el compromiso y el diálogo. Al establecer marcadores de mejores prácticas, pueden informar a los inversores y desafiar a las empresas, fomentando cambios positivos en la práctica que sean significativos y alcanzables a corto plazo. La mayoría de los indicadores se han seleccionado sobre la base de su ubicuidad y, en muchos casos, la divulgación de información es un requisito reglamentario en el Reino Unido, o normas voluntarias en evolución, y podría suponerse razonablemente que se convertirá en algo común u obligatorio en el futuro. El FRF tiene la intención de recopilarlos y publicitarlos como un medio para promover las buenas prácticas y una divulgación más completa, cuando esto no exista como requisito obligatorio. Cuando una empresa no haya divulgado públicamente la información necesaria para evaluar el rendimiento en relación con el indicador pertinente, se indicará en su evaluación con arreglo al FRF, y la empresa evaluada tendrá la oportunidad de verificar cualquier laguna percibida antes de la publicación de la evaluación del FRF.

6) El FRF se centra (inicialmente) en el Reino Unido y abarcará a las empresas del FTSE 100 (que comprende la lista de empresas «Focus» para el año piloto). La intención es que, una vez que la herramienta haya sido probada en un índice, pueda adaptarse y aplicarse a un universo más amplio de empresas tanto en el Reino Unido como en otros mercados, especialmente en Europa y Estados Unidos. Revisaremos los indicadores periódicamente y examinaremos la idoneidad de las métricas existentes y nuevas para otros mercados a medida que evolucione la herramienta.

Sección 3: Propuesta de proceso de evaluación del FRF

El FRF se lanzará para su año piloto en el cuarto trimestre de 2023, tiempo durante el cual la lista de empresas objetivo estará compuesta por FTSE100. Tras la publicación del informe anual de cada empresa de interés, el FRF se actualizará de forma continua, con el cuadro de mando claramente etiquetado para indicar los datos evaluados del año más reciente. El plazo de evaluación se rige por la intención de que el FRF informe las decisiones de los inversores sobre los compromisos con las empresas antes de las Juntas Generales de Accionistas, incluidos sus votos en dichas Juntas Generales de Accionistas, y el período de tiempo típico de dos a tres meses entre la publicación del informe anual y la Junta General de Accionistas posterior.

La mayoría de los indicadores se basan en datos cuantitativos publicados en los informes anuales y las resoluciones relacionadas con la remuneración asociadas se votan en las juntas generales de accionistas, y los criterios cualitativos están sujetos a un proceso objetivo y transparente. Cada empresa de interés tiene la oportunidad de revisar la evaluación del FRF de sus datos comunicados públicamente antes de que el FRF finalice y los publique en línea. Cualquier comparación sectorial se basará en el año piloto en las definiciones sectoriales asignadas por FTSE Russell. Sobre esta base, el FRF no prevé un margen significativo para que las empresas impugnen las evaluaciones resultantes. Sin embargo, reconocemos la importancia de conceder a una empresa tiempo suficiente para comentar la evaluación inicial, y la necesidad de conciliar este imperativo con el objetivo de completar la evaluación a tiempo para informar sobre la participación de los inversores antes de la Junta General de Accionistas.

Cada empresa seleccionada tendrá la oportunidad de proporcionar una respuesta formal por escrito a la evaluación del FRF si desea proporcionar contexto adicional, que se incluirá en la página web. Los administradores de FRF considerarán y tendrán en cuenta cualquier comentario recibido después de que la evaluación se haya cargado en el sitio de FRF.

El calendario propuesto para el proceso de evaluación es el siguiente:

1) En el cuarto trimestre de cada año, todas las empresas seleccionadas reciben una notificación anticipada del proceso y el cronograma de evaluación del FRF, por lo que el período de revisión se puede tener en cuenta en los planes de trabajo y se especifica un contacto corporativo apropiado para la verificación de la evaluación.

2) En el momento de la publicación del informe anual de la empresa, se enviará a cada empresa de interés un recordatorio de cortesía de que el FRF se aplicará a sus divulgaciones durante los próximos quince días antes de que el borrador de la evaluación se comparta con la empresa para su revisión. [Semana de publicación del informe anual]

3) En el plazo de dos semanas a partir de la publicación de su informe anual, los administradores del FRF evaluarán cada una de las empresas seleccionadas en función de los indicadores identificados. Durante este período, se agregará una nota a la herramienta en línea para indicar que está pendiente una nueva evaluación. [Publicación del informe anual +2 semanas]

4) Los resultados de la evaluación inicial se comparten de forma privada con la empresa para permitir la verificación, o cualquier comentario contextual adicional, con un plazo de dos semanas disponible para la retroalimentación. Durante este período, se agregará una nota a la herramienta en línea para indicar que el borrador de la evaluación se ha enviado a la empresa para su revisión.

5) Depende de la retroalimentación de la empresa: [Publicación del informe anual +5 semanas] a. Si no se ha recibido ningún comentario de la empresa, continúe con el paso 6. b. Los administradores de FRF revisarán la evaluación a la luz de cualquier comentario de la empresa, dentro de una semana a partir de su recepción. Cualquier ajuste a la evaluación debe basarse en datos que sean de dominio público. La decisión final sobre la evaluación recaerá en el grupo directivo de propietarios de activos del FRF, pero la retroalimentación de la empresa será una consideración clave.

6) Evaluación publicada como parte de la herramienta en línea y de la lista de correo de FRF notificada de las actualizaciones publicadas. La evaluación incluirá una indicación de si la empresa respondió durante el período de comentarios previos a la publicación, con una respuesta escrita de la empresa de una página como máximo incluida en la página web en caso de que la empresa desee proporcionarla. [Publicación del informe anual +5—6 semanas como máximo, dependiendo de los comentarios de la empresa]

Anexo: Definiciones/Términos clave

Remuneración del CEO: Las referencias a la remuneración del CEO se refieren a la remuneración total percibida por el CEO durante el año sobre el que se informa, tal y como se revela en las divulgaciones de «una sola cifra» para la remuneración del CEO publicadas en los informes anuales de las empresas para cada uno de sus diez años anteriores. La cifra única es un requisito reglamentario y se calcula de acuerdo con una fórmula estipulada que cubre todos los elementos de la remuneración de los directores, incluidos el salario, la retribución variable, los pagos de pensiones y otros beneficios.

Informes salariales por origen étnico: Una brecha salarial es la diferencia entre el salario medio (o medio) por hora de los empleados de la categoría A y el salario medio (o medio) por hora de los empleados de la categoría B, que se expresa como porcentaje de los ingresos de un grupo. Para los cálculos salariales por origen étnico, esto implicaría que los empleadores calculen si los empleados de un determinado grupo étnico ganan un X% menos o un X% más que los empleados de un grupo étnico diferente por hora. La presentación de informes sobre la brecha salarial por origen étnico no es actualmente un requisito reglamentario en el Reino Unido, aunque el gobierno ha emitido una guía para aquellas empresas que opten por hacerlo de forma voluntaria.

Empresa de enfoque: Un componente en el universo de empresas del Marco de Recompensa Justa que serán evaluadas en un año determinado. Para el año piloto, esto comprenderá el FTSE100, pero con la intención de que en 2024 se amplíe el alcance a un número más amplio de empresas y la viabilidad de aplicar indicadores similares a otros mercados.

Informes salariales de género: Los empleadores del Reino Unido están legalmente obligados a publicar su «brecha salarial de género» detallando la brecha en el salario medio y el salario medio de los empleados masculinos y femeninos del Reino Unido, así como la proporción de empleados masculinos y femeninos en cada cuartil salarial y la brecha en el pago de bonificaciones. Las empresas publican sus datos en un sitio web específico del Gobierno del Reino Unido.

Salario Digno Nacional: El «Salario Digno Nacional» es la tarifa mínima por hora del Reino Unido que los empleadores deben pagar a los empleados mayores de 23 años, establecida por el Gobierno sobre la base del asesoramiento de la Comisión de Bajos Salarios, que los empleadores están legalmente obligados a pagar a los empleados mayores de 23 años. Es un salario mínimo legal de facto para los trabajadores mayores de 23 años. La tasa actual es de 10,42 libras esterlinas, con tasas más bajas de «salario mínimo nacional» para los trabajadores más jóvenes.

Remuneración de otros ejecutivos: Las empresas están obligadas a publicar en su informe anual una «cifra única» de la remuneración total realizada por todos los ejecutivos durante el año de referencia. La cifra única es un requisito reglamentario y se calcula de acuerdo con una fórmula obligatoria que cubre todos los elementos de la remuneración de los ejecutivos, incluidos el salario, la remuneración variable, los pagos de pensiones y otros beneficios.

Ratios salariales: Ratios salariales que detallan la «cifra única» de la remuneración total del CEO realizada en el año de referencia (incluidos el salario, la retribución variable, los pagos de pensiones y otras prestaciones) como múltiplo de la retribución de los trabajadores de comparación. Las divulgaciones que detallan el salario del CEO con el del empleado del Reino Unido en el percentil 25, medio y 75 de la fuerza laboral de la empresa en el Reino Unido, sobre una base equivalente a tiempo completo, son un requisito reglamentario.

Salario Digno Real: El Salario Digno Real es una tarifa de pago mínimo por hora voluntaria a la que los empleadores se comprometen para todos sus trabajadores empleados directa e indirectamente a través de la acreditación de la Fundación de Salario Digno. La tasa se establece sobre la base de cálculos académicos de la tasa salarial necesaria para llevar un nivel de vida decente y digno. Actualmente está fijado en £ 10.90 por hora (£ 11.95 en Londres)

«Opinión de los accionistas sobre la remuneración»: Las empresas que cotizan en el Reino Unido están legalmente obligadas a celebrar votaciones sobre la remuneración de los ejecutivos en sus juntas generales de accionistas. La votación retrospectiva sobre el informe de remuneraciones es una votación consultiva anual, a través de la cual los accionistas apoyan o se oponen al informe de remuneraciones, detallando principalmente la remuneración de los directores, incluida la remuneración del CEO. La empresa no está obligada a actuar en la votación, incluso si la mayoría de los accionistas se oponen al informe salarial. La votación sobre la política salarial es una votación vinculante que debe celebrarse al menos tres veces al año o si hay cambios en la política. Los accionistas votan a favor o en contra de la política salarial, incluidos los aumentos salariales; posibles bonificaciones y pagos de incentivos y condiciones de rendimiento; u otros componentes de la remuneración y los beneficios. Si la mayoría de los accionistas se oponen a la política, la empresa está obligada a presentar una política alternativa para su consideración.

La financiación de la adaptación es clave para evitar activos con cero emisiones netas varados – GFI

El replanteamiento de las políticas sobre los gastos de capital y los gastos operativos es vital para estimular las inversiones en adaptación, dicen los expertos.

Los activos netos cero corren el riesgo de quedar varados si no se abordan las barreras a la adaptación y la resiliencia climática, aunque durante muchos años el tema no se ha discutido lo suficiente.

La Casa Blanca celebró su primera Cumbre de Resiliencia Climática, en la que publicó un Marco Nacional de Resiliencia Climática. Si eso no hace que la gente en el mundo de las finanzas se siente y piense que esto es algo en lo que hay que centrarse, no sé qué más lo hará.

Hace poco, Teesta Urja, el segundo proyecto hidroeléctrico fluvial más grande de la India sufrió daños masivos debido a las inundaciones. Sunil Saraogi, su presidente ejecutivo, dijo que tal era la fuerza del agua que la presa de Chungthang fue arrastrada por el agua en solo diez minutos.

Los programas nacionales de adaptación al cambio climático deben estar alineados con los planes de inversión. Tenemos que aprender rápidamente del debate sobre las cero emisiones netas.

Replanteamiento de políticas

Los mercados de carbono estaban proporcionando un «mecanismo de facilitación» para invertir en resiliencia, como proyectos de restauración de manglares para secuestrar carbono y revivir la naturaleza.

Añadió que las políticas públicas y la regulación tendrían que evolucionar para ayudar a los inversores a sentirse cómodos financiando inversiones de adaptación y resiliencia, y señaló que este tipo de activos requerirían un alto gasto operativo.

Los inversores que construyen activos están incentivados a reducir la cantidad de gastos operativos (opex) y de capital (capex) para maximizar su TIR [tasa interna de retorno] a la salida.

Templeton señaló que los activos de adaptación y resiliencia climática probablemente tendrían una gran cantidad de gastos operativos a lo largo de su vida útil.

Tal vez aquí haya un papel para la política pública y la regulación para garantizar que cuando se construyan activos, el gasto de capital sea adecuado para enfrentar los escenarios que enfrentamos como planeta. Es fácil coincidir en que la política y la inversión necesitan un replanteamiento para catalizar las inversiones en adaptación y resiliencia.

Además, tales inversiones podrían ser en un plazo de 20 a 40 años. Usamos y explotamos los recursos para desarrollarnos y ahora tenemos que planificar y repensar de manera diferente.

Si somos capaces de invertir más en adaptación y resiliencia, podemos evitar que los países necesiten tanta financiación de pérdidas y daños.

Entendiendo las pérdidas y los daños

Hacer frente a los efectos inevitables del cambio climático

Muchas de las consecuencias del cambio climático ya son difíciles de revertir, y los fenómenos meteorológicos extremos serán más frecuentes en el futuro. Esto demuestra la necesidad de debatir a qué impactos climáticos es difícil o imposible adaptarse, y la necesidad de abordar las pérdidas y los daños. Todas las regiones se verán afectadas por el cambio climático, pero la magnitud de las pérdidas y los daños variará según el lugar.

Aunque el concepto de Pérdidas y Daños (L&D) no es nuevo, todavía es bastante vago y no está bien definido en la política climática. Se ha debatido en muchas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y se han establecido algunos mecanismos para apoyar a los países que se enfrentan a pérdidas y daños.

Uno de los mayores desafíos con L&D es el encuadre del concepto en sí. Los países en desarrollo y los países desarrollados tienen opiniones divergentes sobre su definición, así como sobre su urgencia, lo que ha dado lugar a un progreso limitado en la cuestión.

Un tema clave en el que las partes interesadas tienen dificultades para ponerse de acuerdo es la financiación de la formación y el desarrollo. Las partes interesadas de los países desarrollados tienden a argumentar que la formación y el desarrollo podrían financiarse con los fondos climáticos existentes, los planes de seguros, la ayuda humanitaria o la gestión de riesgos, mientras que muchos países en desarrollo piden mecanismos financieros dirigidos específicamente a la formación y el desarrollo.

En la conferencia sobre el clima de la CMNUCC celebrada en Glasgow en noviembre de 2021 (COP26), la Unión Europea se mostró abierta a debatir sobre la formación y el desarrollo como tema, pero dudó sobre la creación de un fondo dedicado a la formación y el desarrollo. Se espera que el tema sea una de las principales áreas de enfoque en la agenda de la próxima COP27 en Egipto.

Introducción

Las pérdidas y daños (L&D)1 a veces se entienden como todas las consecuencias negativas del cambio climático; Sin embargo, esta definición es bastante amplia. La definición aceptada por la mayoría, y utilizada con mayor frecuencia en la literatura, define la formación y el desarrollo como «los impactos del cambio climático que no han sido, o no pueden ser, evitados mediante esfuerzos de mitigación o adaptación». Las pérdidas y los daños pueden deberse tanto a fenómenos repentinos (por ejemplo, ciclones, olas de calor e inundaciones) como a fenómenos de evolución lenta (por ejemplo, aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas y desertificación).

A partir de ahora, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene una definición oficial de L&D, un tema que se ha politizado mucho. La relación entre mitigación, adaptación y formación y desarrollo es vista de manera diferente por las partes, y las diferencias entre esos conceptos están abiertas a la interpretación.

A pesar de que la L&D a menudo se trata como un solo concepto, contiene dos tipos diferentes de daño. La pérdida indica daños irreversibles, como la pérdida de tierras debido al aumento del nivel del mar o la pérdida de recursos de agua dulce debido a la desertificación. Los daños implican daños reparables, como los impactos en la costa o en las infraestructuras relacionados con el cambio climático.

Es importante distinguir entre pérdidas económicas y pérdidas no económicas. El primer término se refiere a la pérdida de recursos, bienes y servicios comúnmente comercializados en mercados como la producción agrícola, la infraestructura o la propiedad. Las pérdidas no económicas se entienden como pérdidas que pueden afectar a las personas, la sociedad y/o el medio ambiente (por ejemplo, pérdida de vidas o de salud, pérdida de territorio, patrimonio cultural e identidad, conocimientos indígenas, pérdida de biodiversidad o pérdida de ecosistemas enteros).

En la literatura, el alcance de la L&D a veces se clasifica como evitado, no evitado e inevitable. El riesgo evitado significa impactos climáticos que se evitarán gracias a las acciones emprendidas. No evitado se refiere a las pérdidas y daños no evitados debido a razones técnicas, institucionales o financieras, a pesar de la posibilidad de evitarlos si se hubieran aplicado mayores esfuerzos de mitigación y adaptación. La tercera categoría, inevitable, se refiere a las pérdidas o daños que no pudieron detenerse mediante ninguna acción de mitigación o adaptación.

El cambio climático ya está afectando a las sociedades y a las personas de todo el mundo. Como se indica en el informe sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que forma parte de su sexto informe de evaluación (IE6), en un futuro próximo muchos lugares se verán cada vez más afectados por fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, y las medidas para limitar el calentamiento global no eliminarán todas las pérdidas y daños previstos por los fenómenos repentinos o de evolución lenta.

La vulnerabilidad al cambio climático difiere entre las regiones y dentro de ellas. Hasta 3.600 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables al cambio climático. Estos lugares se encuentran especialmente en África occidental, central y oriental, Asia meridional, América Central y del Sur, pequeños Estados insulares en desarrollo y el Ártico. La gestión de las pérdidas y los daños puede ser más difícil para los lugares con patrones de desarrollo insostenibles (es decir, explotación de los recursos naturales), inequidad, marginación y altos niveles de medios de vida sensibles al clima (es decir, comunidades pesqueras o pequeños agricultores). Especialmente en los países en desarrollo, podría ser necesario fortalecer las limitadas capacidades financieras, de gobernanza, políticas y/o institucionales a fin de abordar la cuestión de manera integral.

Situación actual

El concepto de formación y desarrollo surgió por primera vez durante la redacción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1991, cuando la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS) destacó la importancia de la formación y el desarrollo relacionados con el clima y pidió el establecimiento de un fondo común de seguros para pérdidas y daños derivados del aumento del nivel del mar. Aunque la formación y el desarrollo no se mencionaron en el texto final de la CMNUCC (1992), el artículo 4.8 se refiere a los seguros como un medio para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.

La CMNUCC tiene como objetivo estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera para evitar cambios antropogénicos peligrosos en el sistema climático. Los países desarrollados, enumerados en el Anexo I de la CMNUCC, tienen una responsabilidad histórica por las emisiones de GEI y se espera que lideren la reducción de sus emisiones. Debido a las diferentes capacidades y circunstancias nacionales, los países desarrollados deberían apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo.

Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños

La formación y el desarrollo se debatieron en el seno de la CMNUCC durante muchos años, pero no se institucionalizaron hasta 2013 durante la COP19 con el establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM). El papel del WIM es promover la implementación de enfoques para reducir las pérdidas y daños asociados con el cambio climático, reconociendo que algunas pérdidas y daños son inevitables.

El Comité Ejecutivo (ExCom) del WIM está compuesto por 10 miembros de países en desarrollo y 10 de países desarrollados, y su función es orientar la implementación del WIM. Un plan de trabajo continuo de cinco años establece las áreas de enfoque actuales y el trabajo en curso. En general, el WIM tiene tres funciones principales:

Ø Enfoques de gestión de riesgos: mejorar el conocimiento y la comprensión

Ø Diálogo con las partes interesadas: reforzar la coordinación y el diálogo

Ø Financiación, tecnología y desarrollo de capacidades: aumentar la acción y el apoyo

Desde la creación de la WIM en 2013, y hasta la COP26, el tema de la formación y el desarrollo no fue un tema oficial de la agenda durante las COP, y solo se discutió el trabajo del Comité Ejecutivo. Los expertos del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) sostienen que, a través del WIM, la recopilación de conocimientos y la coordinación han aumentado, pero en el último punto, y especialmente en lo que respecta a la financiación, el proceso se ha estancado. Consideran que los intereses contrapuestos de las partes están dejando de lado el tema, manteniéndolo fuera de la agenda formal de negociación.

El Acuerdo de París de 2015 menciona específicamente la formación y el desarrollo en el artículo 8, destacándola como un pilar separado de la política climática de la mitigación y la adaptación. Sin embargo, los signatarios no están legalmente obligados sobre la base de este artículo (véase el recuadro).

La falta de una base legal clara para la financiación dirigida a la formación y el desarrollo, y la falta de obligación de cumplirla, hace que el progreso en el tema sea difícil durante las negociaciones. El artículo 8 también reconoce que el WIM es el principal instrumento de la CMNUCC para abordar la formación y el desarrollo

En la COP25 de 2019, las partes de la CMNUCC establecieron la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños (SNLD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ofrecer a los países en desarrollo asistencia técnica en materia de formación y desarrollo. La red debe conectar a organizaciones, organismos, redes y expertos para ayudar a aplicar enfoques pertinentes para abordar la formación y el desarrollo en zonas vulnerables. Debería facilitar aún más el acceso a la información, la financiación, la tecnología y el desarrollo de capacidades. La SNLD aún no está en pleno funcionamiento, pero varios países esperan que financie la asistencia técnica y proporcione apoyo para la recaudación de fondos, aunque es posible que no movilice fondos por sí mismo.

Con el enfoque en el intercambio de conocimientos y el apoyo técnico, ni WIM ni SNLD actualmente entregan fondos para ayudar a los países a gestionar la formación y el desarrollo. El informe del SEI afirma que un posible fondo de formación y desarrollo dentro de la estructura de WIM facilitaría el seguimiento de todos los diferentes tipos de opciones de financiación que se utilizan para cubrir los costes de pérdidas y daños y otras actividades de WIM. Sin embargo, la lentitud de los procesos de toma de decisiones en el seno del WIM, y la necesidad de un consenso sobre un posible fondo entre todas las partes signatarias, podrían hacer que el WIM sea inadecuado para abordar la urgencia de la cuestión. El informe también menciona que la transformación del WIM hacia una estructura de gobernanza podría ser un objetivo a largo plazo.

Últimas novedades de la CMNUCC en materia de formación y desarrollo

Durante la conferencia sobre el clima de 2021 en Glasgow (COP26), L&D atrajo mucha atención con el llamamiento conjunto del G77 y China para establecer un «Mecanismo de Financiación de Pérdidas y Daños» (LDFF). La decisión de la COP26 reconoce la importancia de la formación y el desarrollo y establece el Diálogo de Glasgow que abre un espacio para el debate sobre la financiación de la formación y el desarrollo. Aunque los países en desarrollo esperaban un fondo de formación y desarrollo entre los resultados de la COP26, el hecho de que la decisión de la COP reconociera la necesidad de financiación de la formación y el desarrollo, y que previera un mayor debate, se consideró un paso adelante. En el primer Diálogo de Glasgow, que forma parte de las reuniones de Bonn de principios de junio de 2022, los países en desarrollo volvieron a pedir la creación de un fondo de formación y desarrollo y la inclusión del tema en la agenda formal de negociación de la COP27 de noviembre de 2022. No se llegó a un consenso para incluir la formación y el desarrollo en la agenda formal, ya que la UE y otros países desarrollados prefieren abordar el tema mediante el fortalecimiento de los acuerdos e instituciones existentes.

Encuadre de pérdidas y daños

Uno de los principales desafíos para avanzar en materia de formación y desarrollo es el encuadre de la cuestión. Los investigadores argumentan que los países desarrollados y los países en desarrollo tienen una comprensión diferente del problema principal con la formación y el desarrollo.

Para los países desarrollados, la incertidumbre sobre el impacto y el riesgo del cambio climático es lo que hace que la formación y el desarrollo sean importantes y peligrosos. Esta perspectiva se centra en la gestión de riesgos y el desarrollo de la resiliencia. En este marco, el papel de los países desarrollados se limita a ser donantes y ayudar a crear capacidad, mientras que los países en desarrollo son responsables de minimizar su vulnerabilidad. Contradictorio con esto es el marco de responsabilidad e indemnización que se centra en atribuir la responsabilidad por el cambio climático y las posibles pérdidas y daños a los países desarrollados. Este marco suele estar representado por los países en desarrollo y los agentes de la sociedad civil; En esta narrativa, el foco se pone en las pérdidas económicas y no económicas. Este marco hace hincapié en la responsabilidad de los países desarrollados por el daño que causaron al emitir GEI y la consiguiente obligación moral de pagar una indemnización a los países en desarrollo. Este marco es problemático para los países desarrollados, ya que les impone toda la responsabilidad y la responsabilidad potencial de la formación y el desarrollo derivados del cambio climático.

Los pagos de indemnización a menudo se describen como pagos que no están vinculados a pérdidas y daños sufridos, sino que deben considerarse más bien como una medida compensatoria, que podría utilizarse para mejorar las condiciones de vida. Un estudio reciente muestra que, si bien todos los encuestados de los países desarrollados rechazan la idea de los pagos de compensación para recaudar fondos para la formación y el desarrollo, muchos de los encuestados de los países en desarrollo también consideran que este enfoque es inviable. Los pagos de indemnizaciones son una cuestión politizada y actualmente son bastante poco prácticos debido a la base jurídica que habría que establecer para que la indemnización fuera posible en virtud del derecho internacional

A veces se menciona un fondo de solidaridad como alternativa a la compensación, ya que la financiación solidaria no asigna responsabilidades. Sin embargo, los países desarrollados podrían ser reacios a movilizar financiación. Los pagos de un fondo de este tipo podrían ayudar tanto a la liquidez inmediata como a las medidas de recuperación a largo plazo. Algunos señalan al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) como ejemplo de un fondo que funciona bien y que proporciona pagos por pérdidas y daños ocurridos a sus miembros. El FSUE se creó como reacción a las graves inundaciones que asolaron Europa Central en el verano de 2002 y desde entonces ha repartido más de 7.000 millones de euros, especialmente tras catástrofes naturales.

Financiación climática

Como se mencionó, la financiación específica de L&D no ha experimentado avances durante muchos años debido a la falta de definición formal y a los desacuerdos sobre la responsabilidad y la compensación. Los países desarrollados no están dispuestos a organizar nuevos planes financieros para cubrir la formación y el desarrollo, argumentando a menudo que ya están cubiertos por los fondos de mitigación y adaptación existentes, así como por la ayuda humanitaria.

Aunque la financiación climática ha experimentado una tendencia al alza en los últimos años, las promesas financieras (100.000 millones de dólares anuales para 2020) no se han cumplido. En 2019, se movilizaron 79.600 millones de dólares para los países en desarrollo de los sectores público y privado de los países desarrollados. La mayor parte de la financiación climática se destina a la mitigación (50.800 millones de dólares en 2019) y una parte menor a la adaptación (20.100 millones de dólares). Asia es el principal receptor de financiación climática (43 %), seguida de África (26 %) y las Américas (17 %). La financiación para la mitigación y la adaptación ayuda a sufragar las pérdidas y los daños evitables, pero también es necesario contar con financiación para hacer frente a las pérdidas y los daños ocurridos e inevitables.

Los instrumentos de financiación existentes iniciados por la CMNUCC para abordar la mitigación y la adaptación incluyen el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima (FVC). El primero se creó en 2001 en el marco del Protocolo de Kioto para financiar los proyectos y programas de adaptación de los países en desarrollo. La COP15 fundó el Fondo Verde para el Clima en 2010 con el fin de movilizar fondos para un desarrollo de emisiones lentas y resiliente al clima.

Durante la COP26, el gobierno de Escocia creó un fondo de formación y desarrollo de 1 millón de libras esterlinas y desafió a otros a contribuir al fondo. Se trata de una cantidad simbólica, ya que para 2030 se estima que las pérdidas y los daños costarán a los países en desarrollo entre 290.000 y 580.000 millones de dólares anuales, cifra que aumentará a entre 1.132.000 y 1.741.000 millones de dólares en 2050.

Abordar las pérdidas y los daños

Las medidas para evitar, minimizar y abordar la formación y el desarrollo pueden dividirse en dos categorías: proactivas y reactivas. El enfoque proactivo, antes de que se produzcan pérdidas y daños, incluye la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la gestión de riesgos, la mejora de las competencias y la asociación a largo plazo. La segunda, las medidas ex post, incluye el socorro en casos de desastre y la recuperación a largo plazo, las subvenciones a través de programas gubernamentales, los fondos de seguros, la ayuda humanitaria y las posibles indemnizaciones. Algunos de ellos ya están cubiertos por la financiación climática existente, pero no lo suficiente como para abordar la formación y el desarrollo de manera suficiente. Por ejemplo, según un estudio reciente, 27 de los 165 proyectos del FVC tienen como objetivo explícito abordar la formación y el desarrollo.

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reitera el valor de aumentar la acción temprana basada en previsiones y la financiación en forma de ayuda humanitaria para reducir los impactos de las pérdidas y los daños, pero afirma que dicha financiación anticipada solo puede aplicarse a los impactos climáticos que son fáciles de predecir, como las tormentas y las inundaciones. La investigación también muestra que, al menos inicialmente, los costos de adaptación son menores que los costos potenciales de los daños.

La financiación de la formación y el desarrollo requiere todo tipo de medidas anteriores, ya sean proactivas o reactivas. Todavía se necesita más asistencia, especialmente para abordar la formación y el desarrollo no económicos (véase la Figura 2 a continuación).

Papel potencial de los seguros

También se discuten ampliamente en el contexto de la formación y el desarrollo los planes de seguros, una idea que cuenta con el apoyo de muchas partes interesadas. En 2005, se fundó el grupo de expertos Munich Climate Insurance Initiative (MCII) en respuesta a la creciente consideración de los seguros como una posible herramienta para la adaptación al cambio climático. El MCII conecta a expertos, ONG e investigadores de políticas para explorar soluciones de seguros a los impactos del cambio climático. Sobre la base de la iniciativa InsuResilience del G7 de 2015, la COP23 lanzó en 2017 la Alianza Mundial InsuResilience (IGP). IGP se basa en la colaboración entre el G20 y las naciones del Grupo de los Veinte Vulnerables (V20), pero también cuenta con el mundo académico, el sector privado, la sociedad civil y las ONG entre sus 118 miembros actuales.

En 2021, el IGP protegió directa o indirectamente a 150 millones de beneficiarios. Su vehículo de ejecución comprende 122 programas y más de 200 proyectos e incluye la cooperación con fondos regionales en el Caribe (véase el recuadro infra), así como en África.

La investigación de la OCDE indica que los países con una cobertura de seguro más alta se recuperan cuatro veces más rápido que aquellos con una cobertura de seguro más baja y que, en 2021, en los países desarrollados más de la mitad de los sucesos de pérdidas y daños económicos estaban asegurados, pero solo una décima parte estaba asegurada en los países en desarrollo. Como se indica en el informe del SEI, el seguro puede proporcionar protección financiera para eventos de inicio repentino, pero rara vez es adecuado para pérdidas no económicas o eventos de inicio lento. El seguro se considera una medida reactiva a la formación y el desarrollo, y el alivio garantizado después del desastre es un beneficio principal. Sin embargo, MCII argumenta que los planes de seguro pueden fomentar la reducción del riesgo y también considerarse una medida preventiva. Aunque pueda parecer una opción para motivar a los países a utilizar instrumentos de gestión de riesgos, algunas investigaciones indican que los seguros generan desincentivos. Las formas de hacer que los seguros sean más eficaces incluyen: hacer mejores mapas de peligros, recompensar la mitigación de riesgos con descuentos en las primas, monitorear las mejoras en los riesgos del hogar o insertar condiciones o garantías en los contratos. Para las comunidades vulnerables, el pago de las primas de seguro puede ser inasequible. Por lo tanto, sólo si los seguros estuvieran bien diseñados o subvencionados, y potencialmente si los países desarrollados pagaran la prima, los seguros podrían ser una solución a algunas pérdidas y daños. El informe de la OCDE de 2021 afirma que las compañías de seguros tendrían que mantener grandes reservas para cubrir pérdidas y daños por eventos de alto impacto y en cascada que podrían resultar en aumentos de las primas. El informe señala los planes de seguros respaldados por el gobierno o los proveedores de seguros públicos como una forma de garantizar la asequibilidad. Los principios SMART de apoyo a las primas y al capital de 2021 de la IGP tienen como objetivo ampliar la cobertura de seguros y financiar la acción de riesgo ex ante.

Los dos tipos de seguros más importantes para los países en desarrollo son los micro seguros para los hogares, las explotaciones agrícolas y las pequeñas y medianas empresas (PYME), y los fondos regionales para los gobiernos nacionales. Los sistemas de formación y desarrollo a nivel nacional podrían reducir la posibilidad de que la financiación no llegue a las comunidades en mayor riesgo. Las entidades regionales de financiación (véase el recuadro) podrían utilizar herramientas más personalizadas para ayudar a las necesidades específicas de las comunidades vulnerables. Estos sistemas conectarían a las comunidades que se enfrentan a riesgos similares, lo que podría facilitar el proceso de asignación.

Posición de la UE

En vísperas de la COP26 de 2021, los ministros de Medio Ambiente del Consejo fijaron la posición negociadora de la UE. El Consejo menciona el avance de la labor en el marco del WIM y reconoce las necesidades específicas de los países en desarrollo. Las Conclusiones del Consejo sobre los resultados de la COP26 expresan la voluntad de la UE de participar en el debate sobre el Diálogo de Glasgow y reconocen la urgencia de la cooperación en materia de formación y desarrollo. También mencionan el riesgo climático, la financiación y los seguros como iniciativas que pueden ayudar a abordar la formación y el desarrollo. No se reconoce la necesidad de un fondo separado para la formación y el desarrollo.

El Parlamento Europeo emitió una resolución antes de la COP26 en la que subrayaba la importancia de poner en funcionamiento el WIM para dar una respuesta adecuada a las pérdidas y daños. En junio de 2022, el Parlamento pidió a la Comisión que, junto con el Comité Ejecutivo del WIM y otras organizaciones internacionales, evaluara las posibles medidas de compensación de la Unión para finales de 2022.

En el pleno de la COP26, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, declaró que la formación y el desarrollo son una parte clave de las negociaciones sobre el clima, reconociendo también la necesidad de «ayudar a los países vulnerables a responder a los daños y la destrucción que la crisis climática ya ha causado».

Futuro de pérdidas y daños

Se espera que durante la COP27 se celebren debates y un llamamiento más fuerte a la acción en materia de formación y desarrollo; sin embargo, es probable que la adaptación sea el tema principal. Varios expertos creen que el Diálogo de Glasgow es una oportunidad importante para obtener finalmente un fondo dedicado a la formación y el desarrollo. Es probable que las partes interesadas intenten crear un consenso para la financiación de la formación y el desarrollo a partir de una base de solidaridad entre las naciones. Un nuevo argumento se centra en el aspecto de la economía global, diciendo que un LDFF apoyaría cadenas de suministro resilientes.

Los países en desarrollo continúan trabajando en materia de formación y desarrollo fuera de la CMNUCC. Citando los crecientes impactos, una brecha de protección del 98% y una continua falta de apoyo internacional, un comunicado reciente del diálogo ministerial V20 de abril de 2022 anunció que el grupo está dirigiendo sus propios recursos para diseñar y probar un LDFF. El grupo invita al G7, al G20 y a organizaciones filantrópicas a apoyar el proyecto y pide a la COP27 que finalice la cuestión de la formación y el desarrollo mediante el establecimiento de un LDFF internacional. La forma en que el V20 ahora busca avanzar en un LDFF externo a la CMNUCC está alineada con la recomendación del informe del SEI de superar los desafíos con los procesos de WIM y garantizar una mayor autonomía para los países, al tiempo que se basa en la solidaridad. En un documento reciente, los expertos critican la falta de un enfoque explícito de la UE en la formación y el desarrollo, argumentando que tiene un impacto negativo en la legitimidad de la UE en las negociaciones de la CMNUCC, lo que se suma a la creciente presión antes de la COP27.

Acelerar la transición hacia la energía limpia en la ASEAN

Un enfoque innovador a través de la financiación combinada y las instalaciones de preparación de proyectos

Puntos clave

• Las inversiones en energía renovable en los países de la ASEAN se ven obstaculizadas por inconsistencias políticas, barreras financieras y la falta de una cartera de proyectos sólida.

• Las instalaciones de preparación de proyectos (PPF) pueden ayudar a resolver diversos desafíos técnicos, financieros y legales en la preparación de proyectos de energía limpia, pero su efectividad varía y tienden a centrarse en procesos de etapas posteriores, dejando las primeras etapas sub financiadas.

• La combinación de PPF mejorados con financiación combinada, incluida la creación de un fondo intermediario financiero, podría reducir los costos de inversión y avanzar en la cartera de proyectos mediante la financiación de la preparación en las primeras etapas.

• Un programa a nivel regional que responda a las necesidades únicas de cada estado miembro de la ASEAN podría fortalecer las inversiones en energía limpia, particularmente si se enfoca en aspectos previos de la preparación del proyecto y se complementa con iniciativas separadas diseñadas para brindar apoyo durante la fase de habilitación.

Contexto

La ASEAN ha establecido objetivos ambiciosos para la descarbonización y el desarrollo de la energía renovable (ER). La Fase 2 del Plan de Acción de la ASEAN para la Cooperación Energética (APAEC) apunta a una participación del 23% de energía renovable en el suministro total de energía primaria (TPES) y una participación del 35% de ER en la capacidad de energía instalada de la región para 2025. A pesar de la pandemia, algunos Estados miembros de la ASEAN, como la República Democrática Popular Lao y Vietnam, han logrado avances significativos, aumentando su capacidad instalada de energías renovables en un 117,5 % y un 129,6 %, respectivamente.

Sin embargo, para alcanzar sus objetivos, la AMS necesita acelerar aún más su transición hacia la energía limpia. La 7ª Perspectiva Energética de la ASEAN (AEO7) pronostica que, sin una reforma sustancial de las políticas energéticas, la región no alcanzará la participación del 23% de las energías renovables en el TPES para 2025 (ACE, 2022b). Según las proyecciones de AEO7, el AMS deberá asignar el 75% de su inversión total proyectada de USD 159 mil millones a energía renovable para cumplir con el objetivo. Este considerable requisito de inversión debe financiarse con todas las fuentes posibles, incluidos los sectores público y privado.

Si bien varios factores clave que influyen en las inversiones en energías renovables, como las cuestiones institucionales y regulatorias y los acuerdos comerciales rígidos, son bien reconocidos, la escasez de proyectos también plantea un obstáculo significativo para la inversión privada en energía renovable. La ausencia de proyectos listos para la financiación para presentar al mercado podría disuadir a los inversores privados de participar en el desarrollo de la energía renovable. En cuanto a los proyectos solicitados, la preparación de proyectos viables en el sector energético podría ser una tarea desalentadora para los gobiernos debido a los altos costos irrecuperables iniciales y los complejos requisitos técnicos, particularmente para tecnologías avanzadas y menos familiares de energía renovable.

Problemas de preparación de proyectos en la ASEAN

A pesar de la falta de datos oficiales compilados para mostrar la cuestión de la preparación de los proyectos en la ASEAN, se podría utilizar información de otros informes para arrojar luz sobre los desafíos de la AMS en la preparación de proyectos de energías renovables.

En países como Indonesia, Malasia y Vietnam, por ejemplo, todavía existe una gran brecha entre la capacidad de tubería ofrecida al mercado y las adiciones de capacidad objetivo en energía eólica terrestre, solar y geotérmica. El cuadro 1 muestra la discrepancia entre la capacidad de gasoductos que los países están dispuestos a ofrecer con respecto a las adiciones de capacidad objetivo basadas en su objetivo nacional.

Por ejemplo, Indonesia ha establecido que las adiciones de capacidad objetivo de la energía eólica terrestre deben ser de 0,85 GW, pero la tubería que el país puede ofrecer es solo 0,50, solo el 59% del objetivo.

El problema de la falta de proyectos fácilmente financiados en energías renovables se debe a varios problemas sistemáticos a nivel sectorial y de proyecto. Sin embargo, es muy plausible que el problema a nivel de proyecto esté relacionado con las cuestiones más generales en los desafíos sectoriales, como las cuestiones reglamentarias e institucionales. A nivel de proyecto, dado que las inversiones privadas en energías renovables podrían adoptar la forma de solicitudes y no solicitadas, los problemas y la recomendación para dos tipos de inversiones podrían ser significativamente diferentes. Como las propuestas no solicitadas generalmente varían, se rigen por marcos regulatorios ligeramente diferentes y enfrentan desafíos distintivos en comparación con las propuestas solicitadas, este análisis se centra en este último caso, particularmente en el desarrollo del proyecto y la preparación para las energías renovables.

En los escenarios de propuestas solicitadas, los socios privados anticipan los anuncios gubernamentales de posibles proyectos. Los financistas privados pueden entonces participar en la selección y preparación de estos proyectos por parte del gobierno, que incluye revisiones exhaustivas desde perspectivas legales, financieras y ambientales. La eficacia de atraer financiación privada depende en gran medida de la preparación de los proyectos, que a su vez se ve profundamente afectada por la calidad de la selección y preparación de los proyectos.

En el caso de los proyectos de asociación público-privada (APP), la preparación requiere tiempo y recursos considerables, y en el caso de proyectos complejos de energía renovable (ER) como la energía hidroeléctrica, los costos pueden ser sustancialmente más altos. Los costos de preparación de un solo proyecto, como el proyecto hidroeléctrico Nam Theun en la República Democrática Popular Lao, representaron el 9% de las inversiones totales del proyecto. En general, la preparación del proyecto puede costar entre el 5% y el 10% de las inversiones totales del proyecto. No solo es costoso, sino que la naturaleza de las inversiones en preparación del proyecto es especulativa en la etapa anterior del proyecto. Además, a menudo es necesario mejorar la capacidad técnica necesaria para la evaluación de proyectos en los países en desarrollo. En consecuencia, los costos de preparación de los proyectos financiados con fondos privados y apoyados por los gobiernos en los países en desarrollo tienden a ser más altos que los de los países de la OCDE.

Los proyectos de infraestructura, incluidas las iniciativas de ER, generalmente pasan por tres fases de preparación: planificación, identificación y evaluación. El alcance del proyecto se identifica generalmente en la segunda fase, y solo se realizan estimaciones aproximadas de costos y alcances durante la etapa de planificación. La progresión de los proyectos de asociación público-privada en Indonesia, particularmente en las primeras etapas de adopción, fue lenta. De 2009 a 2012, solo unos pocos proyectos llegaron a la etapa de licitación, y el progreso desde la preparación hasta la lista para la oferta podría haber sido más activo.

Incluso cuando los proyectos logran el cierre financiero, los desafíos pueden persistir. Por lo general, el período entre el cierre financiero y el año real de inversión es inferior a un año; Sin embargo, en algunos casos, esto puede extenderse hasta dos años.

Las complejidades regulatorias en el proceso de permisos ambientales y sociales pueden obstaculizar la ejecución del proyecto de ER. Estos permisos requieren que los desarrolladores de proyectos cumplan con las pautas de salvaguardia ambiental y social, lo que requiere una evaluación de impacto ambiental y social (EIAS). Este proceso garantiza que los desarrolladores del proyecto implementen las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales o sociales adversos. Sin embargo, una burocracia excesiva puede provocar retrasos en la ejecución del proyecto, exponiendo así a los inversores a riesgos de retraso del proyecto.

Este riesgo puede mitigarse con disposiciones en el contrato de compra de energía que permitan el aplazamiento de la finalización del proyecto debido a factores externos, como los procesos de permisos.

El proceso exhaustivo requerido para la finalización del estudio ambiental y la adquisición de permisos puede incurrir en costos de transacción adicionales para los inversores. Estos estudios y permisos pueden volverse más complejos para proyectos más grandes debido a una comunidad afectada más grande. En consecuencia, algunos proyectos pueden tardar meses o incluso años en completar el proceso de permisos. Esto conduce a mayores costos de desarrollo del proyecto, lo que podría hacer que el proyecto sea menos atractivo para los inversores.

El panorama actual del PPF y sus desafíos

Desde la perspectiva de un inversor, la falta de una cartera sólida de inversiones en energía renovable puede atribuirse a deficiencias en la capacidad de desarrollo de proyectos. Desde la perspectiva del gobierno, la asignación de fondos durante las primeras etapas de un proyecto para actividades como la preparación de estudios de viabilidad podría ser costosa, incierta e implicar costos irrecuperables. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de asistencia financiera y técnica a través de las Instalaciones de Preparación de Proyectos (PPF). Los PPF pueden ayudar a las partes interesadas a resolver diversos desafíos técnicos, financieros y legales al preparar proyectos de energía limpia en países en desarrollo.

Para comprender el panorama actual de PPF, particularmente en Asia, un estudio que cubrió aproximadamente 150 PPF en todo el mundo (con aproximadamente 30 ubicados en Asia) proporciona información sobre cómo los países estructuran sus PPF y su efectividad. ASI (2014) realizó otra revisión de los PPF asiáticos, pero abarcó un número limitado de PPF y no incluyó a grandes países de la ASEAN como Indonesia. Sin embargo, los marcos y los hallazgos de ambos estudios son relativamente similares.

El marco mundial para las instalaciones de preparación de energía limpia pasa por cuatro etapas y funciones: habilitar, definir, diseñar y financiar. Este marco ilumina cómo los PPF ayudan a los gobiernos a identificar qué etapas y componentes de los proyectos requieren énfasis, dependiendo del contexto del país. La etapa de habilitación maneja los aspectos iniciales del desarrollo del proyecto, centrándose en cuestiones relacionadas con la promoción legal y política. Por el contrario, la etapa de financiamiento aborda la facilitación de las inversiones, lo que permite a los inversores y los gobiernos acordar detalles y arreglos financieros, como las cuestiones de riesgo de moneda extranjera.

A pesar de no ser específicos de la ASEAN, se encontró que Asia es la segunda región más común para las ubicaciones de PPF, después de África. La identificación de PPF específicos de cada país en la ASEAN es un desafío, ya que muchos PPF se centran a nivel mundial o regional. Aproximadamente el 40% de los PPF tienen un enfoque regional. Si bien esto presenta un desafío para abordar cuestiones específicas de cada país dada la madurez heterogénea de la MGA, el enfoque regional ofrece oportunidades para que la ASEAN abogue por un PPF regional sobre energía limpia, particularmente para abordar problemas comunes entre los países miembros.

Otro problema con los PPF en energía limpia es el predominio de los procesos de etapas posteriores. A nivel mundial, los PPF en energía limpia se centran estrechamente en la etapa de diseño. En Asia, entre los 30 PPF revisados, se estima que el 93,3% tiene un enfoque de diseño. Solo alrededor del 53,3% de los PPF mencionaron su enfoque en la habilitación. Este hallazgo se alinea con ASI, que encontró que, en Asia, los PPF se centran en etapas intermedias, como ayudar con estudios de factibilidad, a pesar de que hay varios programas en Asia que se ocupan de actividades previas de preparación de proyectos. Esto presenta desafíos únicos para la ASEAN, ya que deja las primeras etapas sub financiadas, incluido el entorno propicio, que es un tema primordial de las inversiones en energía limpia de la ASEAN.

La última cuestión se refiere a la financiación de los APP. Los PPF se financian con fondos públicos, a menudo a través de la cooperación con las instituciones financieras de desarrollo (IFD). Aproximadamente el 90% de los PPF operan bajo instituciones públicas. Aunque existe un impulso para crear PPF financieramente sostenibles capaces de autofinanciarse, por ejemplo, a través de tarifas de éxito de desarrolladores de proyectos o inversores, la naturaleza de la energía renovable y el hecho de que incluso los países de altos ingresos todavía dependen de los PPF resaltan la necesidad de financiamiento público para estas actividades riesgosas.

La evaluación de la efectividad de los PPF es un desafío debido a dificultades conceptuales y técnicas, como los limitados datos disponibles públicamente. Sin embargo, ASI (2014), al evaluar un número limitado de PPF en Asia, encontró que los PPF funcionan satisfactoriamente, con un margen considerable de mejora.

Por otro lado, a escala global, el impacto agregado de los PPF al abordar los problemas de preparación de proyectos para la energía renovable tiende a estar por debajo de las expectativas. Varias causas plausibles para esto incluyen obstáculos para involucrar a varias partes interesadas y desarrolladores privados, participación limitada en el desarrollo en etapa inicial o fracaso en la construcción de un entorno propicio de apoyo.

Lo mejor de ambos mundos: combinar financiamiento combinado y PPF

Para alcanzar los objetivos de descarbonización, los gobiernos de la AMS deben desarrollar una cartera de proyectos lo suficientemente robusta y atractiva como para invitar a la financiación privada. Aunque muchos países no carecen de posibles empresas de energía limpia, el desafío radica en llevar los proyectos a través de las etapas de cierre financiero e inversión real. El problema no es la escasez de proyectos potenciales, sino la capacidad de llevar al mercado los proyectos potenciales que son financiables.

Dados los diferentes niveles de recursos humanos y capacidad organizativa entre los AMS, estas tareas son complejas. Además, el proceso exige inversiones iniciales en la preparación y selección de proyectos, como estudios de prefactibilidad, que son costosos y potencialmente riesgosos, especialmente para ciertas tecnologías de energía limpia. Las inversiones iniciales en la fase de preparación de proyectos de energía limpia, si son sólidas y adecuadas, conducirán a ofertas de mercado superiores y reducirán el riesgo de fallas en la ejecución. Además, los bancos y las instituciones financieras a menudo exigen una prima por tecnologías que son nuevas, desconocidas y percibidas como riesgosas. Este costo adicional inhibe la asequibilidad de los servicios.

Hay dos maneras de abordar los desafíos de la ASEAN en la preparación de proyectos para inversiones en energía limpia. En primer lugar, la ASEAN debería tratar de combinar servicios mejorados de preparación de proyectos y financiación combinada. La ASEAN debería alentar a los países más maduros en energías renovables, como China y los países occidentales, a asignar sus inversiones y subvenciones para optimizar la financiación combinada para la energía limpia en la ASEAN. La financiación combinada no solo puede reducir los costos de inversión, sino también avanzar en la cartera de proyectos al financiar su preparación en las primeras etapas.

Una forma eficaz de canalizar la financiación combinada a proyectos de energía limpia en la ASEAN es a través de la creación de un fondo de intermediación financiera. Este argumento se ve respaldado por el hecho de que los servicios de financiación, como los préstamos, son uno de los factores determinantes de las inversiones en energía renovable, así como por el hecho de que la coordinación entre las partes interesadas se convierte en las barreras de un entorno propicio.

Un estudio de caso de Indonesia son las múltiples iniciativas bajo PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), que actualmente financian varios desarrollos de infraestructura en Indonesia, incluida la energía renovable. Un proyecto en el marco del PT SMI, en cooperación con el Banco Mundial y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), utilizó financiamiento combinado junto con servicios de preparación de proyectos para acelerar las inversiones en infraestructura. Cada parte se comprometió a que los fondos se pusieran en la cuenta de PT PMI y, en última instancia, se entregaran a los proyectos, reduciendo los costos del proyecto, ya que involucra múltiples fuentes de financiamiento. Además, el proyecto incluyó una subvención para instalaciones de desarrollo de proyectos de SECO (Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza). La creación de tales fondos para energía renovable en la ASEAN y la AMS podría ser muy beneficiosa para los esfuerzos de descarbonización.

Este fondo, al menos inicialmente, necesita capital de diversas fuentes, incluidas las instituciones gubernamentales de capital y financiamiento para el desarrollo, para disminuir el costo de los fondos. Luego, los proyectos de energía limpia pueden adquirir préstamos a un costo menor para acelerar las inversiones en el sector. El uso de este mecanismo de financiación mancomunada tiene varias ventajas: reduce los costos de transacción, particularmente para proyectos de energía limpia pequeños o medianos, y permite a los operadores de proyectos reunir capital a través de medios como la emisión regular de bonos verdes o la titulización de la cartera existente una vez que el fondo se ha agotado.

Por último, el diseño óptimo del programa de financiamiento combinado depende del contexto y la madurez del país en el financiamiento de energía limpia. Esto debe diagnosticarse en detalle en base a una consulta intensiva con el AMS. Los países con políticas de inversión en energía limpia más maduras deberían concentrarse en facilitar las inversiones para atraer capital más asequible y a largo plazo. Por lo tanto, un fondo o programa separado centrado exclusivamente en el lado del financiamiento podría ser más apropiado para estos países.

En segundo lugar, un programa integral a nivel regional que se vincule con las necesidades únicas de cada país representa una solución viable para impulsar las inversiones en energía limpia en la ASEAN. Un programa de esta naturaleza se centraría en los aspectos más preliminares de las instalaciones de preparación de proyectos, abordando eficazmente los desafíos que se enfrentan en la etapa de habilitación.

Tales tareas a menudo implican intrincadas cuestiones de economía política, así como obstáculos burocráticos, por lo que es crucial que este programa se complemente con iniciativas separadas diseñadas para brindar apoyo durante la fase de habilitación.

Esta recomendación sugiere dos programas separados: uno que se ocupa de los aspectos de habilitación y definición (aguas arriba), y el otro que gestiona el diseño y la financiación (aguas abajo). La ventaja de este enfoque bifurcado radica en su flexibilidad; Los marcos regulatorios y de políticas pueden ajustarse teniendo en cuenta los desafíos encontrados en la etapa de planificación y preparación temprana. Por ejemplo, si un proyecto requiere apoyo a la brecha de viabilidad porque no es financieramente viable, se pueden hacer los ajustes necesarios. El objetivo es crear una estrategia bien coordinada y eficiente para impulsar las inversiones en energía limpia dentro de la región de la ASEAN.

Hong Kong, socio de ICMA en el Código de Conducta Voluntario ESG

El código tiene como objetivo mejorar la fiabilidad de la información relacionada con ESG utilizada por las empresas autorizadas en sus decisiones de inversión.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) han confirmado una colaboración en el desarrollo de un código de conducta voluntario liderado por la industria para los proveedores de calificaciones ESG y productos de datos. 

En el marco de la asociación, SFC brindará apoyo y patrocinará a ICMA, que formará un grupo de trabajo para desarrollar un código de conducta ESG. 

La iniciativa es la culminación del ejercicio de investigación de la SFC y de la divulgación de la industria realizado desde mediados de 2022 para comprender los asuntos relacionados con las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos, que no están regulados por la SFC. 

Problemas de calidad de los datos y lavado verde

La SFC dijo que el ejercicio encontró que los administradores de activos encuestados destacaron preocupaciones comunes sobre la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de conflictos de intereses de los proveedores, y que las recomendaciones de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) deberían ser alentadas para su adopción por parte de los proveedores de calificaciones ESG y productos de datos. 

Las observaciones clave del ejercicio y el camino a seguir propuesto para los proveedores se resumen en un informe publicado por la SFC junto con el anuncio. La SFC dijo que el llamado «Código de Conducta Voluntario» (VCoC) se desarrollaría a través de un grupo de trabajo liderado por la industria, a saber, el Grupo de Trabajo de Proveedores de Productos de Datos y Calificaciones ESG de Hong Kong (VCWG). 

La ICMA ha sido designada para actuar como secretaría del Grupo de Trabajo de Visita. La secretaría convocará y dirigirá el VCWG, que está compuesto por representantes de proveedores locales, de China continental y de otros proveedores internacionales de calificaciones ESG y productos de datos, así como de usuarios clave de la industria financiera local. 

El VCoC propuesto se alineará con las mejores prácticas internacionales recomendadas por la OICV y las expectativas pertinentes introducidas en otras jurisdicciones importantes. 

La SFC, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), la Autoridad de Seguros (IA), CLP Holdings y Swire Properties actuarán como observadores en el VCWG. 

Se espera que el VCoC propuesto, que estará abierto para que los proveedores de calificaciones ESG y productos de datos se registren voluntariamente, proporcione una base simplificada y coherente para que los gestores de activos lleven a cabo la diligencia debida o una evaluación continua de los proveedores de servicios ESG. 

Julia Leung, directora ejecutiva de la SFC, señaló que el código de conducta voluntario ayudaría a fortalecer la transparencia, la calidad y la confiabilidad de la información ESG utilizada por las corporaciones autorizadas en sus decisiones de inversión.  

«Se trata de una iniciativa importante para mitigar el riesgo de greenwashing en los productos de inversión». 

Interoperabilidad global 

En respuesta, la ICMA dijo que convocará a un grupo de trabajo para liderar el desarrollo de un código de conducta voluntario coherente, interoperable y proporcionado a nivel mundial para las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos, patrocinado por la SFC. 

«El objetivo del grupo de trabajo será desarrollar y promover un código de conducta voluntario coherente, interoperable y proporcionado a nivel mundial para las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos que proporcionan productos y/o servicios en Hong Kong». 

La ICMA destacó que el código de conducta voluntario se basará en las recomendaciones del informe de la OICV sobre las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos. 

Informe sobre los ejercicios de investigación en materia de ESG

Proveedores de calificaciones y productos de datos

Introducción

1. Con el creciente enfoque en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la industria financiera, ha habido un crecimiento considerable en el uso de calificaciones ESG y productos de datos por parte de los participantes en los mercados financieros. Un informe de encuesta de la consultora ERM (Environmental Resources Management) publicado a principios de 2023 indica un aumento sustancial en el uso de calificaciones ESG y productos de datos por parte de los inversores a nivel mundial. Mientras que solo el 12% de los inversores encuestados dijeron que sus empleadores les exigían que integraran las calificaciones y los datos ESG en las estrategias de inversión en 2018/19, esta cifra ha aumentado al 43% en 20221. En Hong Kong, el número de fondos ESG autorizados por la SFC aumentó a 209 a 30 de septiembre de 2023, lo que representa un aumento de más de diez veces con respecto a hace cinco años.

2. Este crecimiento va acompañado del rápido aumento del número de proveedores de calificaciones ESG y productos de datos (proveedores de servicios ESG) y del papel fundamental que desempeñan en el ecosistema de las finanzas verdes y sostenibles, influyendo en última instancia en las decisiones de inversión y los procesos de gestión de riesgos de los usuarios. A principios de 2020, KPMG publicó un informe en el que indicaba que más de 150 de los principales proveedores de datos de todo el mundo «están experimentando una rápida consolidación e innovación»2.

3. Sin embargo, la industria de calificaciones ESG y productos de datos generalmente no está sujeta a supervisión regulatoria. Hasta hace poco, faltaban normas de referencia reconocidas a nivel mundial sobre cómo se esperaba que los proveedores de servicios ESG obtuvieran sus productos y servicios y qué información relevante debía divulgarse a los usuarios finales. En última instancia, esto puede perjudicar la calidad de la información ESG recibida por los usuarios finales, lo que puede dar lugar a que los inversores asignen incorrectamente sus capitales a áreas que no están alineadas con sus estrategias de inversión.

4. En este contexto, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) publicó en noviembre de 2021 el Informe final sobre los proveedores de calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza y de productos de datos» (Informe de la OICV) 4, en el que se establecen 10 recomendaciones con respecto a los proveedores de servicios ESG. En noviembre de 2022, la OICV también pidió a los organismos voluntarios de normalización de los mercados financieros y a las asociaciones del sector que promovieran la adopción de sus recomendaciones entre sus miembros de forma voluntaria. La Comisión de Valores y Futuros (SFC, por sus siglas en inglés) ha estado monitoreando de cerca la industria y los desarrollos regulatorios globales sobre el tema para considerar un enfoque pragmático en la promoción de las recomendaciones de IOSCO en Hong Kong.

5. Desde mediados de 2022, la SFC ha formado un grupo de discusión y ha llevado a cabo un ejercicio de investigación que incluye una encuesta para comprender los modelos de negocio de los proveedores de servicios ESG y la práctica de mercado de los gestores de activos locales con licencia en la interacción con los proveedores de servicios ESG, ya que los gestores de activos son uno de los grupos de usuarios clave para las calificaciones ESG y los productos de datos. Tras el ejercicio de investigación, se celebraron varias reuniones de seguimiento con las partes interesadas pertinentes para examinar el camino a seguir.

6. El presente informe se divide en cuatro partes: II) Definiciones y terminología, III) Observaciones clave, IV) Cuestiones clave observadas en el ejercicio de determinación de los hechos, y V) Propuesta de camino a seguir.

7. La SFC desea agradecer a todos los participantes del mercado que participaron en el ejercicio de investigación y otras discusiones relacionadas por sus aportes.

II) Definiciones y terminología

8. Las definiciones utilizadas en el presente informe son las mismas que las del Informe de la OICV, a saber:

TérminosDefiniciones según el informe de la OICV
Calificaciones ESGLas calificaciones ESG se refieren al amplio espectro de productos de calificación5 que se comercializan como una opinión sobre una entidad, un instrumento financiero o un producto, el perfil o las características ESG de una empresa o la exposición a riesgos ESG, climáticos o medioambientales o el impacto en la sociedad y el medio ambiente, que se emiten utilizando un sistema de clasificación definido de categorías de calificación.  independientemente de si se etiquetan explícitamente como «calificaciones ESG» o no.
Productos de datos ESGLos productos de datos ESG se refieren al amplio espectro de productos de datos que se comercializan como que proporcionan un enfoque ambiental, social o de gobernanza específico o un enfoque ESG holístico en el perfil o las características ESG de una entidad, instrumento financiero, producto o empresa, o la exposición a riesgos ESG, climáticos o ambientales o el impacto en la sociedad y el medio ambiente.  independientemente de que estén o no etiquetados explícitamente como «productos de datos ESG».
Proveedores de calificaciones ESG y productos de datosLos proveedores de calificaciones ESG y productos de datos, tal como se utilizan en este informe, abarcan a los proveedores que ofrecen calificaciones ESG y/o productos de datos ESG. Cuando es necesario destacar a los proveedores de productos de datos ESG que no proporcionan calificaciones ESG, se utiliza el término proveedores de productos de datos ESG.
Datos brutosLos proveedores de productos de datos ESG recopilan datos brutos a partir de divulgaciones públicas de las empresas o de otra información disponible públicamente o recopilados a través de cuestionarios; Si no se dispone de datos sin procesar, se pueden aproximar los puntos de datos correspondientes. Los comentarios recibidos a la OICV sugieren que todos los productos de datos se derivan de datos brutos recopilados o estimados.
Herramientas de cribadoLas herramientas de selección evalúan la exposición de las empresas, las jurisdicciones y los bonos a los riesgos ESG con el fin de definir una cartera basada en criterios ESG.
Alertas de controversiasLas alertas de controversias permiten a los inversores rastrear y monitorear comportamientos y prácticas que podrían generar riesgos para la reputación y afectar a la empresa y, en general, a sus grupos de interés. Las controversias también se pueden tener en cuenta en las calificaciones ESG.

Observaciones clave

9. Sobre la base del ejercicio de determinación de los hechos y de las actividades de divulgación posteriores de la industria, se tomaron nota de las siguientes observaciones clave:

A. Proveedores de servicios ESG

a) Panorama del mercado en Hong Kong

Observación clave 1
Existe un espectro de proveedores de servicios ESG grandes y pequeños que están activos en Hong Kong. No es raro que los proveedores internacionales de servicios ESG establezcan entidades legales separadas en diferentes jurisdicciones para facilitar sus actividades comerciales.

10. Los proveedores de servicios ESG constituyen una industria en crecimiento. Según nuestra encuesta informal, existe un espectro de proveedores de servicios ESG grandes y pequeños que están activos en Hong Kong. Entre ellas se encuentran pequeñas empresas de tecnología financiera de nicho, empresas de China continental que ofrecen una cobertura única y un análisis propio de datos relacionados con China continental, y otras empresas internacionales con las que los participantes del mercado financiero interactúan con frecuencia.

11. De los proveedores de servicios ESG encuestados6, el 80% tiene su sede fuera de Hong Kong y, por lo general, han establecido entidades legales u oficinas de representación independientes a nivel local para facilitar sus actividades comerciales.

b) Modelo operativo

Observación clave 2
Los proveedores de servicios ESG encuestados ofrecen una amplia gama de calificaciones ESG y productos de datos. Se observó que, además de utilizar diferentes enfoques en la obtención de datos, los proveedores de servicios ESG también emplean metodologías únicas y patentadas para colmar cualquier brecha de datos o derivar sus productos de calificación. Como resultado, los productos ESG de diferentes proveedores para la misma entidad cubierta pueden tener etiquetas similares, pero es posible que no estén correlacionados ni sean comparables entre sí.

Productos y servicios comunes ofrecidos

12. Nuestra encuesta reveló que el tipo más común de calificaciones ESG y productos de datos ofrecidos por los proveedores son las alertas de controversias, seguidas de la puntuación ESG, las herramientas de selección, los datos brutos y las calificaciones ESG. En el caso de los productos de calificación ESG en particular, varios proveedores encuestados destacaron que están utilizando metodologías propias para derivar los productos, lo que representa la perspectiva y el análisis distintos de cada proveedor de las entidades cubiertas. Un total del 40% de los proveedores encuestados indicaron que también ofrecen índices ESG. Algunos proveedores también ofrecen otros productos o servicios únicos relacionados con ESG, como calificaciones de riesgo de carbono, una plataforma digital que facilita el compromiso ESG para las instituciones financieras y la verificación de informes de sostenibilidad.

13. A la vista de la evolución del mercado y de las demandas de los usuarios, algunos proveedores de servicios ESG también destacaron que están explorando y desarrollando continuamente nuevos productos y servicios relacionados con ESG para el mercado. Enfoques en la obtención de datos

14. Algunos enfoques comunes para recopilar datos e información ESG utilizados por los proveedores de servicios ESG encuestados incluyen:

i) el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para extraer información pública pertinente;

(ii) suscribirse para recibir información de otros proveedores de servicios ESG externos o asociarse con ellos; y

(iii) envío de cuestionarios a las entidades cubiertas.

Observación clave 3
Los retos más comunes a los que se enfrentaron los proveedores de servicios ESG encuestados son la falta de disponibilidad de los datos y la calidad de los datos que divulgan las entidades cubiertas.

15. Muchos de los proveedores de servicios ESG encuestados destacaron que la indisponibilidad de los datos y la calidad de los datos divulgados por las entidades cubiertas son los retos más comunes a los que se enfrentan, principalmente debido a la falta de normas normalizadas de divulgación de información sobre sostenibilidad corporativa en el mercado.

16. Como resultado de la falta de disponibilidad de datos, el 80 % de los proveedores encuestados utilizaron metodologías internas de estimación o suposición para colmar la brecha de datos, especialmente en lo que respecta a los datos ESG, como las emisiones de gases de efecto invernadero.

Comunicación con las entidades cubiertas

17. La SFC señaló que el 60% de los proveedores de servicios ESG encuestados permitieron a las entidades cubiertas revisar y verificar datos de sus empresas y proporcionar comentarios o información adicional. Dos de ellos ofrecían un portal en línea para emisores o una herramienta de contribución para que las entidades cubiertas revisaran, contribuyeran o modificaran los datos de sus empresas y enviaran comentarios.

c) Modalidad de tasas

Observación clave 4
Los proveedores de servicios ESG encuestados adoptan diferentes modelos de tarifas, en función de los tipos de calificaciones ESG y productos de datos.

18. Se observó que, si bien el 60 % de los proveedores de servicios ESG encuestados operan con arreglo a un modelo de tarifas de «el suscriptor paga», otro 30 % opera con arreglo a un modelo de tarifas mixtas (por ejemplo, «el suscriptor paga» y «el emisor paga», o «el emisor paga» junto con determinados datos ESG proporcionados de forma gratuita). Los proveedores de servicios ESG también pueden cobrar tarifas de servicios específicas a los proveedores de índices por proporcionar calificaciones ESG y servicios de investigación.

B. Gestores de activos

(a) Uso de proveedores de servicios ESG

Observación clave 5
Los gestores de activos encuestados suelen contratar los servicios de múltiples proveedores de servicios ESG, que pueden incluir importantes proveedores internacionales, proveedores de China continental o pequeños proveedores especializados. Sin embargo, estos gestores no se basan únicamente en la información de los proveedores de servicios ESG, sino que también realizan su propio análisis interno, que creen que es el valor añadido diferenciador de este proceso.

19. Se encuestó a un total de nueve gestores de activos7 para comprender cómo se contrataban los servicios de los proveedores de ESG. Cabe señalar que cada gestor de activos suele contratar a varios proveedores de servicios ESG (que van de dos a ocho) principalmente para validar de forma cruzada la información recopilada u obtener productos de datos específicos que solo están disponibles en determinados proveedores. En discusiones posteriores, una asociación de la industria destacó que un administrador de activos contrató los servicios de más de 20 proveedores principales de datos ESG y obtuvo información adicional relacionada con ESG de otras 40 fuentes diferentes.

20. Además de la información (por ejemplo, calificaciones ESG) facilitada por los proveedores de servicios ESG, varios gestores de activos encuestados afirmaron que sus especialistas internos en ESG analizarían más a fondo la información ESG de los proveedores antes de tomar decisiones de inversión o con fines de gestión de riesgos. De hecho, estos gestores de activos consideraban que sus propios análisis internos y sus especialistas en ESG eran el valor añadido diferenciador de la decisión de inversión o del proceso de gestión de riesgos.

21. Por otra parte, sobre la base de nuestras conversaciones con profesionales del sector, algunos gestores de activos formularían calificaciones ESG y otra información relacionada sobre la base de sus metodologías patentadas para uso interno o para sus clientes.

(b) Productos ASG comunes suscritos

22. Entre las calificaciones ESG y los productos de datos más comunes suscritos por los gestores de activos encuestados8 figuraban las calificaciones ESG, las puntuaciones ESG, los datos brutos, las herramientas de cribado y las alertas de controversias.

(c) Desafíos y preocupaciones relacionados con el uso de proveedores de servicios ESG

Observación clave 6
Los problemas comunes de la interacción con los proveedores de servicios ESG están relacionados principalmente con la cobertura y la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de conflictos de intereses.

23. Los retos y preocupaciones más comunes que destacan los gestores de activos encuestados a la hora de relacionarse con proveedores de servicios ESG son los siguientes:

i) la calidad y la cobertura de los datos (por ejemplo, datos insuficientes sobre las empresas privadas y los mercados emergentes);

(ii) falta de transparencia (por ejemplo, metodologías de estimación o suposición utilizadas por los proveedores de servicios ESG, las fuentes de datos brutos y los marcos de precios); y

(iii) gestión de conflictos de intereses (por ejemplo, la posibilidad de que un proveedor de servicios ESG rebaje la calificación ESG de una entidad cubierta, mientras que su línea de negocio de asesoramiento o consultoría solicite posteriormente negocios con la entidad rebajada).

24. Mientras que algunos gestores de activos encuestados estaban preocupados por la correlación o comparabilidad de los productos ESG (por ejemplo, las calificaciones ESG) proporcionados por diferentes proveedores, otros estaban menos preocupados por la cuestión de la correlación, ya que opinan que, a diferencia de las calificaciones crediticias, las calificaciones ESG proporcionadas por cada proveedor pueden reflejar diferentes perspectivas y evaluaciones de la entidad cubierta. Por ello, es más importante que los proveedores de servicios ESG proporcionen suficiente transparencia y comunicación oportuna para que los usuarios puedan evaluar mejor las diferencias.

IV) Principales cuestiones observadas en el ejercicio de determinación de los hechos

25. Las observaciones clave resumidas en la sección anterior revelan tres cuestiones críticas relacionadas con las calificaciones y los productos de datos ESG y sus proveedores que requieren medidas adicionales. En primer lugar, la disponibilidad, precisión y fiabilidad de los datos y la información ESG. En segundo lugar, la necesidad de abordar las cuestiones de transparencia y conflictos de intereses para reforzar la confianza en la calidad de la información ESG en la que confían los usuarios finales para la toma de decisiones de inversión y la gestión de riesgos. En tercer lugar, cómo promover las recomendaciones de la OICV en Hong Kong, donde los proveedores de servicios ESG no entran actualmente en el ámbito de competencia de los reguladores.

26. La primera cuestión se deriva de las preocupaciones planteadas tanto por los proveedores de servicios ESG como por los gestores de activos (es decir, los usuarios) encuestados sobre la falta de disponibilidad, calidad o cobertura de los datos. Este problema se debe principalmente a la falta de un marco normalizado de divulgación de información sobre sostenibilidad corporativa en el mercado. En este sentido, la SFC prevé que la introducción de las normas de divulgación corporativa relacionadas con la sostenibilidad del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) y nuestra colaboración con las partes interesadas locales, incluida la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited, para desarrollar una hoja de ruta integral para la adopción de las normas de la ISSB en Hong Kong ayudarán a reducir gradualmente la brecha de datos.

27. La segunda cuestión se deriva de las preocupaciones señaladas por los gestores de activos encuestados sobre la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de los conflictos de intereses de los proveedores de servicios ASG. De hecho, algunos proveedores de servicios ESG encuestados creen que las recomendaciones de la OICV deberían fomentarse como normas de referencia para los proveedores de servicios ESG que tienen como objetivo abordar estas preocupaciones.

28. No obstante, los proveedores de servicios ASG también destacaron la importancia de i) garantizar que las normas de referencia que se introduzcan se basen en principios para permitir una flexibilidad suficiente para responder a la evolución del mercado y fomentar la innovación, y ii) evitar la fragmentación de las medidas reguladoras y las iniciativas políticas a escala mundial.

29. Desde la publicación de las recomendaciones de la OICV, la SFC, al considerar cómo abordar la tercera cuestión, señaló que, en general, las principales jurisdicciones están adoptando o planean adoptar uno de los siguientes enfoques con respecto a los proveedores de servicios ESG:

(i) ampliar el ámbito regulatorio para cubrir a los proveedores de calificaciones ESG y establecer requisitos regulatorios obligatorios (por ejemplo, la Unión Europea y la India); o

ii) introducir códigos de conducta voluntarios formulados por el regulador, por la industria o tanto por el regulador como por la industria (por ejemplo, Japón, el Reino Unido y Singapur).

30. A pesar de las diferencias matizadas en cuanto a las definiciones, los alcances y las coberturas, así como las expectativas de conducta introducidas por cada jurisdicción, todas estas iniciativas tienen el objetivo común de promover las recomendaciones de la OICV y defender las buenas prácticas entre los proveedores de calificaciones ESG o los proveedores de servicios ESG.

V) Propuesta de camino a seguir

31. Si bien los proveedores de servicios ESG no están regulados por la SFC, creemos que podemos adoptar un enfoque pragmático para promover las recomendaciones de la OICV a los proveedores de servicios ESG que ofrecen productos y servicios en Hong Kong y abordar las cuestiones relativas a la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de conflictos de intereses.

32. El enfoque inicial que Hong Kong adopte con respecto a los proveedores de servicios ASG también debe tener como objetivo ser:

i) equilibradas, flexibles y proporcionadas, con el fin de fomentar, en lugar de obstaculizar, el desarrollo y la innovación de la industria de las calificaciones ESG y los productos de datos, y evitar una mayor fragmentación del mercado o barreras de entrada para los proveedores más pequeños o especializados;

ii) coherente a nivel mundial e interoperable con otras jurisdicciones importantes en la medida de lo posible; y

(iii) capaz de facilitar la diligencia debida existente de las empresas autorizadas y los procesos de evaluación en curso de los proveedores de servicios ESG para determinar su idoneidad y pertinencia.

33. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la SFC ha decidido patrocinar y apoyar a la industria para desarrollar y promover un código de conducta voluntario para los proveedores de servicios ESG que ofrecen productos y servicios en Hong Kong (en adelante, el VCoC). La formulación del VCoC se llevará a cabo a través de un grupo de trabajo liderado por la industria, a saber, el Grupo de Trabajo de Proveedores de Productos de Datos y Calificaciones ESG de Hong Kong (VCWG).

34. La Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA9) actuará como Secretaría del Grupo de Trabajo de Cooperación Voluntaria (en adelante, la Secretaría). La Secretaría aprovechará su experiencia pertinente para convocar y liderar el VCWG en el desarrollo del VCoC y promover la interoperabilidad del código entre las diferentes jurisdicciones. Más detalles están disponibles en los términos de referencia y la lista de participación del GTVC publicada por la ICMA.

35. El CdV propuesto establecerá las mejores prácticas de referencia que rigen la conducta de los proveedores de servicios ASG sobre la base de las recomendaciones de la OICV, que abarcan los cuatro elementos clave de transparencia, gobernanza, sistemas y controles y gestión de los conflictos de intereses.

36. Además, el VCoC se complementará con un documento de auto certificación que se adjuntará al código. Se animará a los proveedores de servicios ESG a que completen y publiquen (por ejemplo, en su sitio web) la auto certificación con el fin de fomentar una mayor transparencia entre los proveedores de servicios ESG. Esto también facilitará el proceso de diligencia debida de los usuarios finales.

37. Además, el VCoC estará abierto para que los proveedores de servicios ESG se inscriban voluntariamente una vez finalizado con el fin de promover las mejores prácticas de referencia dentro de la industria local.

38. Teniendo en cuenta que la industria de las calificaciones ESG y los productos de datos aún está evolucionando, la SFC continuará monitoreando de cerca el desarrollo del mercado y la regulación con respecto a los proveedores de servicios ESG y observará si hay alguna mejora en la conducta de los proveedores después de la introducción del VCoC. Volveremos a evaluar las circunstancias y tomaremos medidas adicionales cuando sea necesario.

Corporaciones con licencia en el uso de VCoC

39. Entendemos que, a partir de nuestro compromiso con los gestores de activos, muchos de ellos ya cuentan con un proceso interno de diligencia debida para determinar la idoneidad y la idoneidad de los proveedores de servicios externos antes de contratar a estos proveedores de servicios, incluidos los proveedores de servicios ESG.

40. La SFC considera que el VCoC propuesto proporcionará una base racionalizada y coherente para que los gestores de activos lleven a cabo la diligencia debida o la evaluación continua de los proveedores de servicios ESG. El VCoC también debe reducir la carga que supone para los proveedores de servicios ASG responder a las solicitudes de diligencia debida o evaluación de sus clientes.

41. Por lo tanto, cuando se finalice el VCoC, la SFC tiene previsto emitir directrices basadas en principios para las empresas autorizadas sobre el uso del VCoC para su diligencia debida y la evaluación continua de los proveedores de servicios ESG.

El impacto de los inversores verdes en los precios de las acciones

Se estudia el impacto de los inversores verdes en los precios de las acciones en un modelo de valoración de activos de equilibrio dinámico en el que los inversores son verdes, pasivos o activos. Los inversores verdes siguen un índice que excluye progresivamente a las empresas con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Los inversores activos maximizan los rendimientos esperados y pueden comprar acciones de empresas marrones, mientras que los inversores pasivos mantienen un índice de todo el mercado. Contrariamente a la literatura, encontramos una gran caída en los precios de las acciones de las empresas con altas emisiones que están excluidas y, a su vez, un aumento en los precios de las acciones de las empresas más ecológicas cuando se anuncia la estrategia de exclusión y durante el proceso de transición. Los efectos inmediatos y grandes en la fecha del anuncio brindan una ventaja de ser los primeros en actuar para los inversores verdes que adoptan la estrategia de descarbonización temprano. Este gran impacto en los precios proviene de la sustitución imperfecta de acciones entre las poblaciones de inversores. Un tamaño más pequeño de inversores activos en relación con los inversores verdes amplifica el impacto de la inversión verde en los precios.

Introducción

En la lucha contra el cambio climático, el papel de los propietarios y gestores de activos financieros es ampliamente debatido. Como los grandes inversores institucionales invierten en carteras diversificadas financieramente, poseen acciones de empresas con altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, por lo tanto, contribuyen al calentamiento global al financiar actividades contaminantes. Ha habido un número creciente de iniciativas corporativas para promover la inversión neta cero en los últimos años. Los bancos centrales, a través de su Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS), también han estado reflexionando sobre la ecologización de las carteras de inversión de los bancos centrales. Prevalecen dos enfoques amplios. Los inversores pueden desinvertir en las empresas más marrones o influir en la transición de esas empresas a operaciones más ecológicas a través de sus votos en las juntas generales anuales.

Una pregunta clave que impulsa la consideración de los inversores de estas dos estrategias de inversión neta cero se refiere a si la exclusión o la desinversión aumentan efectivamente el costo del capital de las empresas marrones frente a las empresas verdes y, por lo tanto, influyen en el desarrollo comercial futuro de las empresas marrones. En particular, las acciones vendidas por inversores verdes serán compradas por inversores menos conscientes del clima. Como resultado, el impacto de la desinversión en los precios de las acciones dependerá de la voluntad de estos otros inversores de absorber acciones marrones adicionales. Si hay pocos inversores verdes, entonces el impacto en el precio será pequeño. Sin embargo, si la comunidad de inversores verdes está creciendo para vender acciones marrones, entonces las contrapartes de los inversores verdes pueden requerir un descuento significativo en el precio para comprar estas acciones.

El objetivo principal del documento es evaluar el impacto en los precios de las acciones de los inversores institucionales que reducen su exposición a las empresas con las mayores emisiones de GEI. Consideramos tres categorías de inversores. Los inversores pasivos o indexadores rastrean la cartera de mercado y representan la masa de inversores institucionales pasivos no verdes. Los inversores verdes también siguen un punto de referencia, pero este punto de referencia excluye progresivamente a las empresas marrones. Las empresas más contaminantes se excluyen primero del índice de referencia verde y cada año se excluye un conjunto adicional de empresas, en función de sus emisiones de carbono. Este punto de referencia verde imita la estrategia de una cartera con una huella de carbono decreciente. Los índices que excluyen las acciones marrones progresivamente se denominan índices «cero netos» o «consistentes con París», y han ido creciendo con el tiempo, al igual que los fondos que los rastrean. Los inversores activos compran acciones marrones de inversores verdes a un precio con descuento que implica mayores rendimientos esperados.

Dadas las demandas de inversión de los tres tipos de inversores, resolvemos el modelo analíticamente siguiendo un enfoque similar al desarrollado anteriormente. Para una calibración dada del modelo y una trayectoria de descarbonización del índice verde, determinamos la dinámica de los precios de equilibrio, así como la de la demanda de los inversores. Este enfoque nos permite evaluar el impacto en los rendimientos esperados y realizados de diferentes escenarios con respecto a la proporción de inversores verdes.

En nuestra calibración de referencia, donde la población de inversores se divide entre un 20% de inversores verdes, un 70% de indexadores pasivos y un 10% de inversores activos, encontramos una caída sustancial en los precios de las acciones de las empresas de alta emisión que están excluidas y, a su vez, un aumento en los precios de las acciones de las empresas más verdes cuando se anuncia la estrategia de exclusión y durante el proceso de transición. Una vez finalizada la fase de exclusión en 10 años, el precio de las empresas más contaminantes se reduce en un 7,1%, mientras que el precio de las empresas no excluidas se incrementa en un 1%. En conjunto, el coste de capital de las empresas más contaminantes aumenta en 27 puntos básicos en comparación con las empresas no excluidas. Además, los efectos inmediatos y grandes en la fecha del anuncio producen una ventaja de primer movimiento para los inversores verdes que adoptan la estrategia de descarbonización en una etapa temprana. El gran impacto de precios que descubrimos difiere en un orden de magnitud. Esto se debe a que no solo incorporamos una fracción mayor de inversores verdes, sino que también abandonamos su suposición poco realista de que todos los inversores no verdes están activos. En cambio, asumimos que una fracción significativa de los inversores no verdes son pasivos, lo que implica que la función de demanda a la que se enfrentan los inversores verdes es significativamente más inelástica al precio.

Nuestro artículo está relacionado con la literatura sobre inversión verde. Algunos trabajos estudian la construcción de carteras de referencia diseñadas para implementar una estrategia de descarbonización. Un enfoque, implementa una estrategia de descarbonización al tiempo que minimiza el error de seguimiento en relación con el punto de referencia estándar. Se puede lograr un bajo error de seguimiento a costa de un amplio reequilibrio de la cartera. Otro enfoque mantiene las ponderaciones lo más cerca posible del punto de referencia, excepto para las empresas con emisiones de GEI particularmente altas o bajas, que están infra ponderadas o sobre ponderadas, respectivamente. Mientras que el primer documento adopta una perspectiva prospectiva, asumiendo que las emisiones de carbono permanecerán constantes en el futuro, los dos últimos documentos adoptan una perspectiva retrospectiva y construyen un punto de referencia neto cero durante el período 2011-2022. En ambos casos, la descarbonización se puede lograr a un costo relativamente bajo en términos de rendimiento financiero y seguimiento de errores.

Otros documentos estudian cómo las políticas verdes de los bancos o los inversores de los mercados de capitales afectan el acceso de las empresas a la financiación y su inversión. Se encontró que, en la industria del carbón, las políticas de salida de los bancos tienden a reducir la emisión de deuda por parte de las empresas que tienen relaciones de préstamo con esos bancos. La sustitución hacia otros bancos o el mercado de valores es limitada, también encuentran que las empresas de altas emisiones reciben menos crédito bancario después de que los bancos con los que tienen relaciones se comprometen con los préstamos verdes. También encuentran que el desempeño ambiental de estas empresas no mejora.

La evidencia sobre cómo la inversión verde afecta los precios de las acciones es mixta. El sólido rendimiento de las inversiones ESG está impulsado por la presión de los precios derivada de los flujos hacia fondos sostenibles. El costo de capital de las empresas más verdes es un 2,6% inferior al costo de capital de las empresas más marrones en promedio desde 2016. Por otro lado, muestran en un modelo calibrado que el cambio en el costo de capital que resulta de una estrategia de desinversión es pequeño. Tampoco detectan empíricamente ningún efecto de los cambios en el estado ESG de las empresas sobre su precio o costo de capital. Los aumentos en el costo del capital resultantes de una estrategia de desinversión pueden inducir a las empresas marrones a contaminar más porque carecen de recursos financieros para invertir en procesos de producción más limpios.

Modelo

El tiempo t es continuo y va de cero a infinito. La tasa sin riesgo es exógena e igual a r > 0. Hay K grupos de N empresas cada uno. Todas las empresas del mismo grupo tienen el mismo nivel (no modelado) de emisiones de GEI, con el grupo K teniendo las emisiones más altas y excluidas del índice primero, el grupo K − 1 teniendo las segundas emisiones más altas y siendo excluidas en segundo lugar, y así sucesivamente.

Los agentes son competitivos y forman generaciones superpuestas que viven en intervalos de tiempo infinitesimales. Cada generación incluye inversores activos, indexadores e indexadores verdes. Los inversores activos pueden invertir en el activo sin riesgo y en las acciones sin restricciones. Los indexadores y los indexadores verdes pueden invertir en el activo sin riesgo y en una cartera de acciones que rastrea un índice. El índice es un índice amplio para indexadores y uno más estrecho para indexadores verdes. Los indexadores y los indexadores verdes no observan los valores de los flujos de dividendos (2.2) -(2.4) y toman sus decisiones de inversión en expectativa sobre estos valores.

Calibración y escenarios

Ahora describimos los experimentos de simulación que implementamos para evaluar el impacto en los precios de los inversores verdes. Suponemos que hay K = 100 grupos de N = 5 empresas para un espacio total de inversión de 500 acciones (KN = 500). Los grupos se basan en las emisiones de GEI de los miembros del grupo. Las empresas del Grupo 1 son las menos contaminantes, mientras que las empresas del Grupo 100 son las más contaminantes. De lo contrario, las empresas son simétricas, excepto cuando se introducen cargas de riesgo climático, que afectan los flujos de dividendos de acciones individuales.

La estrategia de inversión en descarbonización de los inversores verdes tiene una duración de 10 años (K′ = 10). Las acciones se eliminan del espacio de inversión de los inversores verdes por orden de su nivel de emisiones de GEI, comenzando así con el Grupo 100 y terminando con el Grupo 90. Cada año, el primer 1% superior de las empresas, es decir, las 5 empresas con las mayores emisiones de GEI, se excluyen de la cartera hasta que en total 50 empresas están excluidas del espacio de inversión de los inversores verdes.

Esta calibración, especialmente el ritmo de exclusión es consistente con los hallazgos empíricos recientes de las características transversales de las emisiones de carbono y las estrategias de inversión neta cero. Las emisiones de carbono se comportan como una distribución de Pareto con una cola derecha extremadamente gorda. La exclusión de las empresas más contaminantes que representan el 1% de la capitalización bursátil resulta en una reducción del 10% de las emisiones de carbono de la cartera. En general, una exclusión gradual de la mayoría de las empresas contaminantes (1% de los activos bajo gestión) reduciría las emisiones de una cartera en un 10% anual o aproximadamente un 65% en 10 años.

La opción por una exclusión gradual de la mayoría de las empresas contaminantes también está justificada desde una perspectiva operativa. Algunos inversores institucionales (como fundaciones o fondos de pensiones) que están dispuestos a reducir la huella de carbono de sus carteras pueden ser reacios a hacerlo demasiado rápido dada la obligación de mantener el error de seguimiento de su inversión cerca de un índice de referencia estándar. Un enfoque gradual ayudaría a distribuir el impacto en el error de seguimiento durante varios años, pero permitiría una rápida reducción de las emisiones de la cartera verde. Sin embargo, como mostramos con los resultados de nuestra simulación, los inversores verdes que adopten la estrategia de descarbonización temprano se beneficiarían de una ventaja de primer movimiento en comparación con los que llegan tarde. Esto se debe a que los precios de las acciones marrones estarán en un camino decreciente. Los primeros motores podrían vender acciones marrones a un precio más alto en relación con los motores posteriores. Vale la pena señalar que el diseño de la estrategia adoptada por los inversores verdes en nuestro modelo corresponde ampliamente a la estrategia diseñada para índices o fondos «alineados con París» o «cero neto».

Es importante destacar que, en este proceso de descarbonización, los inversores verdes reinvertirían los ingresos de la exclusión en empresas menos contaminantes. Estrategias más proactivas, como la reinversión del producto de la exclusión en las empresas menos contaminantes, reforzarían el impacto en los precios documentado en el documento. Presentamos una estrategia alternativa que excluye el 2% de las existencias cada año durante 10 años (K = 50 y N = 10) en el Apéndice C.

En cuanto a las acciones de cada uno de los tres tipos de inversores, presentamos diferentes escenarios en la línea base del artículo, como se resume en la Tabla 1. En el apéndice C se presentan escenarios adicionales.

En el escenario 1, suponemos que una proporción relativamente modesta de inversores verdes (μG = 20%) excluye una fracción moderada de la mayoría de las empresas contaminantes (10% del valor de su cartera en 10 años). La proporción de inversores activos es igual a μA = 10%. Estos inversores activos están listos para vender acciones verdes a inversores verdes y comprarles acciones marrones, siempre que el rendimiento esperado de las acciones marrones sea lo suficientemente alto. Importante en nuestra parametrización, la proporción de inversores pasivos es igual a μI = 70%. Como poseen una fracción constante de las acciones de todas las empresas, no están disponibles para comprar acciones marrones de inversores verdes, lo que hace que las acciones marrones y las acciones verdes sean sustituibles de manera imperfecta desde una perspectiva de inversión.

Esta calibración de la proporción de inversores pasivos es consistente con la evidencia empírica reciente. Centrándose en los fondos de renta variable de EE.UU., Bloomberg informa que los fondos mutuos indexados y los ETF representaban el 54% de los AUM de los fondos de renta variable a finales de 2020. Los indexadores estrictos al final del día representan aproximadamente el 37,8% del mercado de valores de EE.UU. en 2020, basándose en el impacto en los volúmenes de negociación de las adiciones y eliminaciones de índices. A nivel agregado del mercado, la proporción de inversores pasivos es probablemente mayor, ya que también incluye inversores fundamentalmente pasivos a largo plazo, como fondos de pensiones, bancos y asesores de inversión, que tienen respuestas muy inelásticas a los cambios de precios. La participación de propiedad de los inversores pasivos y a largo plazo es superior al 50% en 2019. La proporción de inversores inelásticos es cercana al 26% y la proporción de inversores puramente pasivos es cercana al 39%. Esta suposición es crucial para obtener su efecto insignificante de inversión verde en los precios de mercado, ya que los activos marrones y verdes son perfectamente sustituibles y los inversores activos están disponibles para absorber todos los activos marrones vendidos por los inversores verdes.

En el escenario 2, permitimos que la proporción de indexadores verdes crezca con el tiempo desde un μG inicial = 10% en el año 1 hasta alcanzar el 50% en el año 10. La proporción de inversores activos no cambia (μA = 10%), mientras que la proporción de indexadores disminuye de μI = 80% en el año 1 al 40% en el año 10.

En el Escenario 3, introducimos el efecto adicional del riesgo climático manteniendo el resto de los parámetros como en el Escenario 2. Todas las empresas están expuestas positivamente al riesgo climático (b c n > 0 para todas las n), pero la mayoría de las empresas contaminantes están más expuestas a esta fuente de riesgo que las empresas menos contaminantes. La carga b c n en el factor de riesgo climático se parametriza para ser consistente con la distribución de la sección transversal de Pareto de las emisiones de carbono.

Muchos de los parámetros restantes se establecen siguiendo a Jiang et al. (2022) y se eligen para igualar los rendimientos excesivos esperados o CAPM R2. Los parámetros clave se resumen en la Tabla 2.

La tasa sin riesgo es igual a r = 3%. Los parámetros de reversión media (κ s, κ c y κ i n) se calibran al mismo valor del 4%. Las medias a largo plazo D ̄i n y los parámetros de difusión de la σ de riesgo idiosincrásica se establecen en sus valores comunes D ̄i y σ i, respectivamente. La media a largo plazo del flujo de dividendos de las acciones n es igual a D ̄ n + b s n +b c n + D ̄i n = 1. Los parámetros b s n, b c n y D ̄i n están configurados para que coincidan con el CAPM R2, que es aproximadamente igual al 20%.

El valor del parámetro de difusión σ s = 1,4 se selecciona para maximizar las variaciones de rendimiento de las acciones.

Resultados de la simulación

Escenario 1: Proporción modesta de inversores verdes

Nuestro caso de referencia corresponde a una situación en la que la proporción de inversores verdes es modesta (μG = 20%) y se mantiene constante durante todo el horizonte temporal. Los inversores verdes reducen su exposición a las acciones marrones, mientras que los inversores activos, que representan el 10% del total de inversores, están dispuestos a vender acciones verdes y comprar acciones marrones. La figura 2 ilustra la evolución de los precios y los rendimientos esperados (o coste de capital) de tres acciones representativas, a saber, las acciones de las empresas que se excluyen en el año 1 (primer período de exclusión), en el año 10 (último período de exclusión) y las empresas que no están excluidas de las carteras de los inversores verdes. En el cuadro 3 se presentan estadísticas resumidas de las variaciones de los precios, del coste del capital y de algunas otras características (volatilidad de la rentabilidad, CAPM β y CAPM R2) de las acciones representativas.

En primer lugar, en el momento en que se hace pública la estrategia de exclusión de los inversores verdes (el horizonte de exclusión a 10 años y el orden de los grupos de acciones a excluir), los precios y los rendimientos esperados se ajustan instantáneamente al nuevo equilibrio (Tabla 3, t = 0 líneas). Los precios de las acciones excluidas caen, siendo los de las empresas del Grupo 1 los más afectados. El precio de las acciones de las empresas excluidas en el año 1 se reduce en un 6,9%, mientras que el de las empresas excluidas en el año 10 cae un 5%. Por el contrario, el precio de las acciones de las empresas que nunca serán excluidas durante el período de exclusión de 10 años se beneficiaría de un aumento instantáneo del precio del 0,8%. Al mismo tiempo, el rendimiento esperado de las empresas excluidas aumenta para atraer inversores activos. El aumento instantáneo es el mayor para las empresas más contaminantes o excluidas primero, en 16 puntos básicos (pb). Por el contrario, el rendimiento esperado de las empresas no excluidas se reduce en 2 pb. Después de 10 años, al final del período de exclusión, cuando se forma un nuevo equilibrio, el precio de las acciones de las empresas excluidas caería un 7,1%, mientras que el precio de las empresas no excluidas aumentaría un 1%. Durante el mismo período, el coste de capital de las empresas más contaminantes aumentaría en 24 pb, mientras que el de las empresas no excluidas disminuiría en 3 pb, lo que refleja el mayor coste de financiación de las empresas marrones en relación con las empresas verdes.

Observamos que el efecto de la estrategia de exclusión de los inversores verdes sobre el coste del capital es relativamente grande. En comparación, no se encuentran diferencias detectables, alrededor de 0,44 pb, en el costo de capital entre las empresas que se preocupan por los costos ambientales y sociales y las empresas que no lo hacen. En nuestro estudio, la diferencia alcanza los 27 pb, aproximadamente 60 veces mayor. Dos factores principales explican esta diferencia. En primer lugar, los inversores verdes solo representan el 2% de la riqueza total, mientras que representan el 20% de la riqueza en nuestro modelo. Incluso con una fracción mucho mayor de inversores verdes (33%), encontramos un pequeño efecto en el costo del capital, igual a 10,6 pb. De hecho, para obtener un efecto de 27 pb en su marco, la fracción de inversores verdes debería superar el 50% de la riqueza total. En segundo lugar, el 98% restante del mercado está compuesto por inversores activos, que pueden hacerse cargo de todos los activos marrones que venden los inversores verdes, lo que hace que los activos contaminantes y menos contaminantes sean casi sustitutos perfectos. Por el contrario, asumimos una proporción mucho menor de inversores activos en el mercado (10%) y el 70% restante de los inversores son indexadores pasivos que no pueden cambiar la composición de su cartera con frecuencia, y deben seguir el desarrollo de la capitalización de mercado. Esta configuración hace que los activos contaminantes y menos contaminantes sean imperfectamente sustituibles. Con los resultados de solidez, mostramos que el impacto en los precios se reduce a la mitad si la proporción de inversores activos aumenta al 20% desde el 10% en la línea de base, en igualdad de condiciones.

Además, queremos destacar una interesante «ventaja de primer movimiento» de la inversión verde. Los resultados de nuestra simulación muestran que el precio y los rendimientos esperados cambian en el anuncio y durante el período de transición de 10 años, entre el primer conjunto y el último conjunto de empresas excluidas. Para las empresas excluidas en el año 1, el precio de las acciones cayó instantáneamente un 6,9% en el anuncio de la estrategia de exclusión, muy cerca del precio final en estado estacionario al final del período de transición de 10 años, es decir, un 7,1%. En comparación, el cambio de precio inicial en el año 1 para las empresas excluidas en la última ronda, es decir, en el año 10, es solo de alrededor del 5%, con la brecha entre el precio inicial y el precio final en estado estacionario gradualmente durante el período de transición de 10 años (Tabla 3). Del mismo modo, los rendimientos esperados muestran patrones similares: el aumento inicial de los rendimientos esperados alcanza los 16 pb para el primer conjunto de empresas excluidas en el año 1, frente a 14 pb para el último conjunto de empresas excluidas. Al final de la transición, los rendimientos esperados aumentarán en 24 pb para ambos grupos. Por lo tanto, dada la perfecta previsión de nuestro modelo, la inversión verde muestra una «ventaja de primer movimiento», ya que todos los activos marrones que se espera que sean excluidos del espacio de inversión verde tomarán un recorte de precios en el primer momento en que se anuncie la estrategia de inversión verde.

Escenario 2: Creciente proporción de inversores verdes

Para capturar el impacto del tamaño de los inversores verdes en la conducción de nuestros resultados, ahora presentamos el Escenario 2, en el que permitimos que la población de inversores verdes crezca del 10% del mercado (μG = 10%) en el Año 1 a la mitad del mercado (μG = 50%) en el Año 10. Mantenemos la proporción de inversores activos constante en el 10% (μA = 10%), lo que sugiere que los inversores activos serán progresivamente menos efectivos para compensar la renuencia de los inversores verdes a invertir en empresas marrones. La población de indexadores pasivos se reducirá para atender el aumento de la de inversores verdes.

El impacto de la exclusión en los precios y los rendimientos esperados se duplica aproximadamente en comparación con el escenario 1, ya que la proporción de inversores verdes aumenta mientras que la de inversores activos permanece constante, lo que hace que los activos marrones y verdes sean sustitutos fuertemente imperfectos. En primer lugar, el precio de las acciones de las empresas excluidas se reduce masivamente en el mismo momento del anuncio, del 12,4% para las empresas excluidas en el año 1 al 10,1% para las empresas excluidas en el año 10. Las empresas no excluidas se beneficiarían de un aumento instantáneo del 2% en los precios de sus acciones. Durante la transición de 10 años, los precios siguen disminuyendo para las empresas incluidas en la lista de exclusión y aumentando para las demás empresas.

Como consecuencia, las diferencias en los rendimientos esperados se exacerban. Para las empresas excluidas en el año 1, el rendimiento esperado aumenta inmediatamente en 33 pb en el momento del anuncio y en 51 pb después de 10 años. La reducción de los rendimientos esperados o del coste de capital para las empresas no excluidas sigue siendo moderada (5 pb en el año 1, 7 pb en el año 10), ya que representan aproximadamente el 90% de la cartera de mercado.

Escenario 3: Riesgo climático y creciente proporción de inversores verdes

Finalmente, en el Escenario 3, introducimos el factor de riesgo climático además de la creciente proporción de inversores verdes como en el Escenario 2. El factor de riesgo climático afecta el flujo de dividendos por acción de la empresa n según la Ecuación. Las cargas en el factor climático se calibran para seguir una ley de potencia en todos los grupos. A saber, el 1% de las poblaciones más contaminantes representan el 15% de la carga agregada; El 10% de las poblaciones más contaminantes representan el 40% de la carga agregada. Estos valores se eligen en base a los hallazgos empíricos.

En este escenario, el riesgo climático se calibra en función del diferencial entre el costo de capital de las acciones marrones y el de las acciones verdes en ausencia de inversores verdes. Como muestra la Tabla 5, los efectos sobre los precios de las acciones y el costo de capital son mayores que en el Escenario 2 para las acciones excluidas en el Año 1 y menores para las acciones excluidas en años posteriores o las no excluidas. En el momento del anuncio, las empresas del Grupo 100, es decir, que deben ser excluidas en primer lugar, sufren un recorte del 13,3% en los precios de las acciones, mientras que la disminución inicial para las empresas del Grupo 90, es decir, ser excluidas en último lugar, es solo de alrededor del 8,7%. Al mismo tiempo, los precios de las acciones de las empresas no excluidas se beneficiarían de un aumento del 1,6%. Después de 10 años, la caída de los precios sigue siendo más fuerte para las empresas del Grupo 100, alcanzando el 15,7%, mientras que los precios caerían un 12,2% para las empresas del Grupo 90. El costo del capital también se ve afectado dramáticamente por la estrategia de descarbonización.

El costo del capital aumenta en 32 pb para las empresas excluidas en primer lugar y solo en 20 pb para las empresas excluidas en último lugar en el anuncio. Con el tiempo, al final de los 10 años, el impacto en el costo del capital se duplicará. El coste de financiación para las empresas no excluidas se reducirá marginalmente entre 3 y 4 pb en la fecha del anuncio o al final de la transición.

Conclusión

Estudiamos el impacto de los inversores verdes en los precios de las acciones en un modelo dinámico de fijación de precios de activos de equilibrio en el que tres tipos de inversores, verdes, pasivos o activos, determinan conjuntamente los precios y los rendimientos de las acciones. La inversión de los inversores verdes consiste en reducir su exposición a las empresas con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Los inversores activos maximizan los rendimientos esperados y pueden comprar acciones de empresas marrones, mientras que los inversores pasivos se adhieren a un índice de todo el mercado.

La estrategia de descarbonización de los inversores verdes que simulamos en el modelo refleja lo que la literatura académica y los profesionales del mercado denominarían índices de referencia de «acuerdo de París» o «cero neto». La trayectoria que asumimos (el 1% de las empresas más contaminantes se excluyen cada año de forma acumulativa) correspondería a una tasa anual de reducción de emisiones de carbono de alrededor del 10% para la cartera verde, dada la distribución muy sesgada de las emisiones de carbono.6 Esta es la tasa de reducción de GFG necesaria que las carteras verdes necesitan generar para mantenerse aproximadamente en una trayectoria neta cero.

Nos encontramos con una gran caída en los precios de las acciones de las empresas de alta emisión que están excluidas y, a su vez, un aumento en los precios de las acciones de las empresas más verdes cuando se anuncia la estrategia de exclusión y durante el proceso de transición. En el escenario base, en el que mantenemos un 20% de inversores verdes, un 10% de inversores activos y un 70% de indexadores pasivos a lo largo del tiempo, el precio de las acciones de las empresas excluidas en el año 1 caería un 6,9%, mientras que el de las empresas excluidas en el año 10 se reduciría en un 5%, inmediatamente después del anuncio de la estrategia de exclusión. Por el contrario, el precio de las acciones de las empresas que nunca serán excluidas durante el período de exclusión de 10 años se beneficiaría de un aumento instantáneo del precio del 0,8%. Los cambios en los precios de las acciones también se traducirán en variación en los rendimientos esperados de las empresas que se excluirán y las que permanecen en el espacio invertible. Durante un período de transición de 10 años, los precios de las empresas marrones excluidas bajarían un 7,1% y el costo de capital de las empresas más contaminantes aumentaría en 24 pb al final del período de transición, mientras que el de las empresas no excluidas disminuiría en 3 pb, reflejando el mayor costo de financiación de las empresas marrones en relación con las empresas verdes.

El gran efecto precio que encontramos complementa los hallazgos de documentos anteriores que generalmente ven un impacto imperceptible en los precios, especialmente cuando la comunidad de inversores verdes es pequeña. El efecto significativamente grande en los precios de las acciones y los rendimientos esperados de la inversión verde se deriva de la sustitución imperfecta de diferentes acciones. La suposición de que una fracción significativa de los inversores no verdes son pasivos implica que la función de demanda de los inversores verdes es significativamente más inelástica al precio. Además, el tamaño relativo de los inversores verdes, activos y pasivos es importante para la magnitud del impacto en los precios de la inversión verde. Cuanto mayor sea la proporción de inversores verdes e indexadores pasivos, menor será la proporción de inversores activos y mayor será el impacto en los precios.

Además, asumimos una previsión perfecta con respecto a la estrategia de inversión ecológica, es decir, en lo que respecta al calendario y la lista de empresas que deben excluirse. Esta suposición también contribuye al gran impacto en los precios y los rendimientos esperados. En la práctica, el proceso puede no ser perfectamente predecible y esto puede atenuar el efecto sobre el impacto. Es probable que el efecto final (en el año 10) siga siendo similar. Cabe señalar que el gran impacto inicial podría desencadenar una avalancha si los inversores quieren protegerse contra la gran caída en el precio de las acciones marrones. Como consecuencia, esperaríamos una ventaja de primer movimiento para que los inversores verdes ingresen a la estrategia de descarbonización en una etapa temprana.

Es importante señalar que, cuantitativamente, los supuestos detrás de estas cifras están lejos de ser extremos. Sólo una pequeña fracción de las empresas serían excluidas en el proceso, algunas de ellas sólo después de 10 años. El capital de los inversores verdes fluiría de la mayoría de las empresas contaminantes a las empresas menos contaminantes, ayudando al desarrollo de tecnologías verdes, incluso en las industrias de producción de energía y electricidad (ningún sector está excluido a priori).

Finalmente, nuestro análisis se centra en el impacto de los inversores verdes en los precios de las acciones y no tiene en cuenta los vínculos entre los precios de las acciones y la inversión corporativa. La exclusión de las empresas marrones de los índices podría inducirlas a reducir la inversión debido a los precios más bajos de sus acciones, y la inversión reducida podría retroalimentar los precios más bajos. Debido a la reducción de la inversión, las valoraciones más bajas de las empresas marrones podrían reflejar principalmente un empeoramiento de los fundamentos en lugar de altos rendimientos esperados. Ampliar el análisis de la inversión verde para incorporar los efectos de retroalimentación entre los precios de las acciones y la inversión corporativa es una dirección prometedora de la investigación futura.

El futuro de la inclusión financiera

Inclusión financiera 2.0. – crear futuros más inclusivos, resilientes y verdes

En los últimos años, el mundo se ha enfrentado a muchas conmociones y tensiones sin precedentes que han exacerbado los desafíos de desarrollo existentes, todos los cuales tienen impactos desproporcionados en los más vulnerables, especialmente las mujeres y las niñas. Las personas que viven en la pobreza hacen malabarismos constantemente con un conjunto de riesgos y crisis en evolución en su vida cotidiana. Sin embargo, los desafíos adicionales planteados por la pandemia de COVID-19, la inflación, el cambio climático, los conflictos y otras crisis han intensificado la pobreza y la desigualdad. El Banco Mundial ahora proyecta que el 7% de la población mundial, más de quinientos millones de personas, permanecerá en la pobreza extrema en 2030 (Figura 1). El Foro Económico Mundial predice que el cronograma para cerrar la brecha global de género1 ha aumentado en una generación completa (de 99,5 años a 135,6 años).

Mientras tanto, los niveles récord de deuda limitan la capacidad de los países para responder a estos desafíos, y la deuda externa total de los países de bajo ingreso aumentó del 17% del ingreso nacional bruto en 2011 al 48,5% en 2021 (Gráfico 2).

En el contexto de un contexto global tan desafiante, la inclusión financiera es una base esencial para construir un mundo más inclusivo, resiliente y verde. Sin acceso a la financiación, las personas a menudo no pueden ahorrar de manera segura para invertir en la educación de sus hijos o en otras estrategias para mejorar la vida; Los micro y pequeños empresarios luchan por invertir en sus negocios para hacerlos crecer y aumentar los ingresos de sus hogares; los jóvenes desempleados luchan por construir un futuro como empresarios autónomos; y las mujeres no pueden ejercer plena capacidad de acción y adopción de decisiones. Sin acceso a financiamiento, los hogares de bajos ingresos y las micro y pequeñas empresas (MyPE) luchan por construir amortiguadores financieros o comprar protección contra las crisis que pueden enfrentar a lo largo de sus vidas. Y, sin acceso a la financiación, a menudo no pueden participar en una transición verde, adaptarse al cambio climático de forma autónoma o aprovechar las tecnologías verdes.

Sin embargo, para que la inclusión financiera cumpla su promesa y genere un futuro más inclusivo, resiliente y verde, debemos redefinirla y reimaginarla fundamentalmente. La inclusión financiera 2.0 no puede centrarse solo en la mecánica que crea acceso a las cuentas financieras. La inclusión financiera 2.0 debe consistir en maximizar el impacto de las finanzas inclusivas para las personas, los hogares y las MyPEs de bajos ingresos y vulnerables mediante el desarrollo de soluciones financieras que construyan efectivamente un futuro más inclusivo, resiliente y verde para ellos. Concretamente, esto significa ir más allá de maximizar la amplitud de la inclusión financiera (es decir, el número de personas y MyPEs que tienen acceso y utilizan una cuenta financiera para realizar o recibir pagos digitales), e incluso más allá de aumentar la profundidad de la inclusión financiera (es decir, la medida en que las personas y las MyPEs tienen acceso a un conjunto ampliado de productos y servicios financieros responsables, por ejemplo, ahorro, crédito, seguro). En cambio, debemos centrarnos en maximizar la utilidad de la inclusión financiera, es decir, los beneficios y resultados que la inclusión financiera crea para sus beneficiarios.

La inclusión financiera 2.0 debe consistir en maximizar el impacto de las finanzas inclusivas para las personas, los hogares y las MyPEs de bajos ingresos y vulnerables mediante el desarrollo de soluciones financieras que construyan efectivamente un futuro más inclusivo, resiliente y verde para ellos.

La adaptación al cambio climático es un ejemplo convincente de por qué es importante ese enfoque renovado en los resultados. El cambio climático y sus riesgos y conmociones conexos afectan el bienestar y los medios de subsistencia de las personas y los hogares vulnerables, especialmente las mujeres, en una medida desproporcionada. Si bien las personas que viven en la pobreza sufren desproporcionadamente los impactos climáticos, tienen los márgenes más pequeños y el menor acceso a estrategias de resiliencia que pueden ayudarlos a evitar, absorber y adaptarse a estos impactos. De los 1.4 millones de adultos no bancarizados del mundo, la mayoría (más de 1. <> millones, es decir, cuatro de cada cinco) viven en los países más vulnerables al clima. Además, tres de cada cuatro adultos en estos países no tienen acceso a servicios bancarios o no son financieramente resilientes en comparación con uno de cada tres en países menos vulnerables al clima. Los servicios financieros pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a las poblaciones vulnerables a navegar por los riesgos y las crisis asociadas con el cambio climático. CGAP pronto publicará un análisis que muestre las diferentes formas en que la inclusión financiera es una herramienta vital para permitir la adaptación autónoma, la estabilidad financiera y una transición justa hacia economías sostenibles. Tener acceso a una cuenta financiera digital es, de hecho, la primera línea de defensa para la mayoría de las personas de bajos ingresos después de un shock, ya que les permite recibir una transferencia de remesas de amigos y familiares o una transferencia de red de seguridad de su gobierno. Una cuenta digital mejora la efectividad de dichas transferencias, incluida su velocidad, precisión, accesibilidad y costo. No hay duda de que tener acceso a una cuenta financiera (amplitud de inclusión financiera) es importante.

Sin embargo, para construir realmente resiliencia y adaptarse al cambio climático, no es suficiente. El acceso a una gama más amplia de productos financieros (profundidad de inclusión financiera) también es útil; por ejemplo, el acceso al microcrédito podría permitir la compra de semillas resistentes al clima, un sistema de riego o un sistema solar fuera de la red de pago por uso (PAYGo), que puede mejorar la resiliencia y la productividad, así como los resultados de salud y educación. El ahorro podría permitir la creación de pequeños amortiguadores financieros que también ayudan a aumentar la resiliencia.

Pero incluso eso no es suficiente porque la mayoría de los productos financieros existentes no responden a las necesidades de adaptación climática de las personas de bajos ingresos. La investigación de CGAP muestra que existe un desajuste entre la oferta y la demanda de productos y servicios financieros para el cambio climático y que todavía hay mucho por explorar con respecto a los productos que incorporan la resiliencia y adaptación climática en su diseño. Por ejemplo, los servicios financieros tradicionales no estarían disponibles para que los hogares de bajos ingresos inviertan en fortalecer la resiliencia climática de su casa o para construir un muro contra inundaciones alrededor de sus campos. El microcrédito, tal como se ofrece hoy en día, no es adecuado para inversiones como estas, que no generan un flujo de caja en el que basar un análisis crediticio. Los rendimientos de tales inversiones son el resultado de un shock que no ocurre, es decir, un contrafactual probabilístico, en lugar de la generación de un flujo de efectivo. Esto hace que sean difíciles de evaluar por las instituciones financieras. Además, estos contrafactuales son difíciles de cuantificar para el corto horizonte temporal en que normalmente se proporciona el microcrédito a los clientes, ya que sólo pueden producirse en un horizonte temporal más largo.

Este ejemplo demuestra la importancia de continuar construyendo la amplitud y profundidad de la inclusión financiera, es decir, un mayor acceso a cuentas y otros servicios financieros, pero que esto no será suficiente para construir futuros más inclusivos, resilientes y verdes. Necesitamos ir más allá de la amplitud y profundidad y definir intencionalmente los resultados (utilidad) que pretendemos lograr a través de la inclusión financiera para que podamos diseñar intervenciones de inclusión financiera y productos financieros inclusivos que logren estos resultados. Ya tenemos ejemplos de cómo la inclusión financiera puede apoyar el progreso hacia 13 de los ODS. Esto es alentador, pero el siguiente paso es ser muy intencional en una variedad de áreas de desarrollo y fomentar una mayor colaboración entre aquellos con experiencia en estas agendas y el sector de la inclusión financiera. Entre otros, será esencial incluir la inclusión financiera como parte de los programas de cambio climático.

Entonces, ¿Dónde nos encontramos en comparación con esta visión?

El rápido progreso en el acceso a las cuentas financieras a nivel mundial oculta enormes brechas de inclusión financiera

El mundo ha progresado mucho en el acceso y uso de los servicios financieros (amplitud de la inclusión financiera) en la última década: el 76% de los adultos en el mundo hoy tienen acceso a una cuenta, un impresionante aumento del 50% en comparación con 2011.

Además, es probable que veamos un progreso continuo en el acceso, ya que los principales facilitadores para que eso suceda son bien conocidos y se utilizan cada vez más para establecer un Ecosistema Público Digital (DPE) efectivo, es decir, un conjunto de infraestructura pública efectiva y políticas que permitan el crecimiento del dinero móvil inclusivo responsable u otros servicios financieros digitales. Estos facilitadores incluyen conectividad y acceso a teléfonos, un sistema de pago rápido efectivo, identificaciones para todos, digitalización de pagos (por ejemplo, transferencias de redes de seguridad social), políticas habilitadoras del sector financiero (cajas de arena, marcos de intercambio de datos, agentes financieros, etc.), protección del consumidor para crear confianza en los servicios financieros digitales y alfabetización financiera y digital para atraer a las personas.

Sin embargo, si bien el acceso a las cuentas ha aumentado significativamente a nivel mundial, sigue habiendo diferencias regionales significativas: el acceso sigue siendo menor en América Central, la mayor parte de África, Oriente Medio y en los países más pobres de Asia meridional y oriental. De hecho, en 45 países en desarrollo, el acceso se mantiene por debajo del 50%, y en otros 23 países, el acceso es superior al 50%, pero el uso está por debajo del 50%. En los estados frágiles, el acceso es aún menor, ya que solo el 37% de los adultos tienen acceso a una cuenta.

Además, ciertos segmentos de la población mundial siguen estando particularmente excluidos de los servicios financieros. Las mujeres van a la zaga de los hombres y la brecha de género en el acceso financiero ha aumentado en todas las regiones del mundo, excepto en la región de Oriente Medio y África del Norte (posiblemente porque allí comenzó desde un nivel más bajo) y en Europa y Asia Central (Figura 4). En 41 países, todavía existe una brecha del 10% entre hombres y mujeres en el acceso a la financiación. En los países afectados por la fragilidad, el conflicto o la violencia (FCV), las mujeres tienen un 37% menos de probabilidades que los hombres de tener acceso a una cuenta. Del mismo modo, la brecha en el acceso a la financiación entre las zonas rurales y urbanas es significativa en muchos países (Figura 5).

El progreso ha sido mucho más limitado en términos de la profundidad de la inclusión financiera. Según lo medido en 2021, solo el 25% de los adultos en los países de ingresos bajos y medios (PIBM) ahorraron dinero en una institución financiera o utilizando una cuenta de dinero móvil, en comparación con el 58% en los países de ingresos altos (HIC). Solo el 23% de esta misma población pidió dinero prestado a una institución financiera o utilizó una cuenta móvil, en comparación con el 56% en los HIC.

La inclusión financiera en una encrucijada: 3 prioridades globales para cumplir la promesa de la inclusión financiera

Estamos en una encrucijada: detrás de nosotros, el progreso masivo logrado en las últimas décadas en la promoción de un mayor acceso a las cuentas financieras es motivo de celebración. Pero por delante se encuentra un mundo lleno de desafíos y riesgos que la inclusión financiera puede desempeñar un papel sustancial para ayudar a abordar. Los caminos a recorrer para liberar ese potencial requieren que abordemos tres prioridades clave:

  1. Eliminar las brechas a nivel nacional en el acceso financiero mediante la creación de un ecosistema público digital (DPE) eficaz,
  2. Cerrar las brechas de género y otros segmentos excluidos en el acceso financiero a través de un enfoque intencional a nivel de sistema, y
  3. Liberar la inclusión financiera para contribuir a los objetivos de construir un mundo más inclusivo, más resiliente y más verde i) Centrándose directamente en el impacto de la inclusión financiera en el desarrollo, ii) Aprovechando el poder de los datos, iii) Canalizando fondos para escalar innovaciones financieras impactantes, y iv) Gestionando riesgos emergentes y acelerados.

Prioridad # 1: Eliminar las brechas a nivel de país en el acceso financiero mediante la implementación de un Ecosistema Público Digital (DPE) efectivo

Como se mencionó anteriormente, en 70 países del mundo, casi el 40% de todos los países, el porcentaje de adultos que pueden acceder y usar una cuenta financiera aún está por debajo del 50%. En muchos de estos países, algunos de los facilitadores de la inclusión financiera aún no están en su lugar. Tenemos que invertir en llenar estos vacíos. Por ejemplo, en África, los datos de Global Findex muestran que para las personas que están excluidas financieramente, no tener acceso a un teléfono o a un agente financiero se encuentra entre los principales obstáculos para el uso de servicios financieros digitales (Figura 6). Abordar la brecha en estos dos facilitadores ya sería de gran ayuda para más de 100 millones de personas en estos países en términos de facilitar su acceso a las cuentas financieras. Además, contribuiría a disminuir la brecha de género y la brecha rural-urbana en el acceso financiero porque las poblaciones rurales tienen un 54% menos de probabilidades de poseer un teléfono, y la brecha de género en la propiedad móvil es del 15%.

En otros países del mundo, la confianza en las instituciones financieras y no tener acceso a las instituciones financieras cercanas también son problemas que impiden que casi 450 millones de personas accedan a los servicios financieros, según el Global Findex (Figura 7). Allí, una mejor protección del consumidor, así como la alfabetización financiera y digital, y mejores redes de agentes podrían ayudar a generar confianza y acceso a los servicios financieros.

Poner en marcha los facilitadores que ya sabemos que son importantes puede no ser suficiente para lograr la inclusión financiera en todos los países, pero son esenciales en ese viaje. Sin ellos, no se puede lograr la inclusión financiera. Por lo tanto, es una primera prioridad que los gobiernos, las partes interesadas privadas y los socios para el desarrollo redoblen sus esfuerzos para establecer o cerrar brechas en los habilitadores de inclusión financiera conocidos y establecer ecosistemas públicos digitales (DPE) efectivos, como se describió anteriormente.

Prioridad #2: Cerrar la brecha de género y las brechas de otros segmentos a través de un enfoque intencional a nivel de sistema

Muchos de los facilitadores que ayudan a promover la inclusión financiera en toda la población en general también mejoran la inclusión financiera de las mujeres. Por ejemplo, cuando las mujeres tienen acceso a teléfonos inteligentes, cuando los pagos gubernamentales a las mujeres se digitalizan, cuando las mujeres tienen identificaciones con sus propios nombres, cuando las regulaciones permiten el uso de procedimientos simplificados de conocimiento del cliente (KYC) y cuando las redes de agentes llegan a áreas donde trabajan las mujeres (especialmente con agentes femeninas), vemos progreso en la inclusión financiera de las mujeres.

Muchos de los facilitadores que ayudan a promover la inclusión financiera en toda la población en general también mejoran la inclusión financiera de las mujeres.

Pero llenar tales brechas en facilitadores clave no será suficiente para cerrar la brecha de género en la inclusión financiera porque en muchos países existen obstáculos específicos para servir a las mujeres con servicios financieros, en su mayoría arraigados en normas sociales de género. Debido a que estos obstáculos están profundamente arraigados, se necesita un cambio a nivel de sistemas, es decir, un cambio intencional a nivel de país, por parte de todos los participantes en el ecosistema financiero, para abordar las brechas de inclusión financiera de las mujeres. Los principales líderes del sector financiero en el país tendrían que liderar y defender ese esfuerzo de reforma. Los proveedores de servicios financieros tendrían que atender intencionalmente a las clientas teniendo en cuenta sus características específicas, como sus distintos niveles de alfabetización digital y financiera, medios de vida, oportunidades formales e informales de generación de ingresos, movilidad, etc. Los proveedores que ya lo han hecho se han dado cuenta del sólido argumento comercial que representa servir a las mujeres. Los reguladores y los formuladores de políticas también tendrían que eliminar intencionalmente cualquier sesgo implícito contra las mujeres en las leyes y reglamentos, como, por ejemplo, exigir garantías inmobiliarias donde las mujeres no pueden poseer tierras. Además, tendrían que ayudar a producir y analizar datos desglosados por género sobre el uso de los servicios financieros por parte de las mujeres para que sirvan de guía para el sector, y necesitan implementar estrategias para empoderar económicamente a las mujeres, ya que cuando las mujeres tienen acceso a un trabajo u otra fuente estable de ingresos, la brecha de género en la inclusión financiera disminuye significativamente.

En el futuro, un desafío adicional que todas las partes interesadas deberán abordar es el de evitar los sesgos de algoritmos de género en un mundo en rápida digitalización donde la Inteligencia Artificial (IA) desempeñará un papel fundamental en la prestación de servicios financieros y, por lo tanto, influirá en si esos servicios son inclusivos o no.

Prioridad #3: Liberar la inclusión financiera para contribuir a los objetivos de construir un mundo más inclusivo, más resiliente y más verde

Los esfuerzos para cerrar las brechas en el acceso al financiamiento, incluso para las mujeres y otros segmentos tradicionalmente excluidos, establecerán las bases sobre las cuales liberar la promesa de que la inclusión financiera puede ser un poderoso facilitador de un mundo más inclusivo, resiliente y verde. Liberar ese potencial requerirá que el sector haga cuatro cosas más allá de promover el acceso universal y el uso de las cuentas: i) centrarse directamente en el impacto de la inclusión financiera en el desarrollo, ii) aprovechar el poder de los datos, iii) canalizar el financiamiento para escalar innovaciones financieras impactantes, y iv) gestionar riesgos emergentes y acelerados.

Centrarse directamente en el impacto de la inclusión financiera en el desarrollo

La industria de la inclusión financiera, y con ella, los proveedores de finanzas inclusivas y los inversores, hasta ahora han anclado la narrativa del sector, su trabajo y sus indicadores de resultados en la creación de acceso y uso de servicios financieros. Estos esfuerzos culminaron en 2013, bajo el liderazgo del Banco Mundial, con el establecimiento de un objetivo de acceso financiero universal para 2020. Tales esfuerzos sirvieron bien al mundo y contribuyeron al progreso significativo en la inclusión financiera que tuvo lugar durante la última década.

Sin embargo, ahora es una década después y un enfoque continuo en aumentar el acceso a las cuentas financieras está frenando a la industria. Podría decirse que nos impide maximizar colectivamente el impacto que la inclusión financiera puede y debe tener. Como se describió anteriormente, los servicios financieros pueden desempeñar un papel clave en la adaptación climática autónoma de los hogares de bajos ingresos, pero un enfoque en la creación de acceso a cuentas digitales, o incluso a servicios financieros inclusivos genéricos, no es suficiente para permitir tal resultado. Las fallas del mercado actualmente impiden que los proveedores de servicios financieros desarrollen servicios dedicados a la adaptación climática para hogares de bajos ingresos y MyPEs.

Por lo tanto, postulamos que el mayor cambio que la industria de la inclusión financiera y los proveedores de finanzas inclusivas deben hacer en el futuro es poner la utilidad, es decir, los resultados de desarrollo de la inclusión financiera, en el centro de todo lo que hacemos. Esto incluirá la creación de salud financiera, pero también debe extenderse mucho más allá de la salud financiera y hacer avances profundos en los resultados de desarrollo.

La salud financiera ha sido definida por un grupo de trabajo convocado por el Defensor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las Finanzas Inclusivas para el Desarrollo (UNSGSA) en 2021 como «la medida en que una persona o familia puede administrar sin problemas sus obligaciones financieras actuales y tener confianza en su futuro financiero».5 La evidencia muestra que la salud financiera está influenciada por muchos factores, que incluyen, entre otros, la inclusión financiera. Pero, ¿es un fin en sí mismo? Si bien la salud financiera representa resultados importantes, no debe verse como el resultado final de nuestro trabajo. Necesitamos un pensamiento más claro y más evidencia sobre los caminos desde la salud financiera hasta otros resultados de desarrollo, para individuos, hogares, empresas y sociedades y economías enteras, incluso hacia la construcción de futuros más inclusivos, más resilientes y más verdes.

Necesitamos un pensamiento más claro y más evidencia sobre los caminos desde la salud financiera hasta otros resultados de desarrollo, para individuos, hogares, empresas y sociedades y economías enteras.

Articular claramente estos resultados de alto nivel como comunidad ayudará a guiar nuestro trabajo colectivo. Por ejemplo, nos incentivará a abordar las fallas del mercado que actualmente impiden que los proveedores de servicios financieros desarrollen servicios dedicados a la adaptación climática para hogares de bajos ingresos y MyPEs. Al mismo tiempo, tendremos que definir nuevas métricas orientadas a los resultados que sirvan como guías para la inclusión financiera y los proveedores e inversores de finanzas inclusivas. Con una atención inquebrantable y un enfoque sistemático en los resultados a los que queremos contribuir a través de la inclusión financiera, podemos diseñar e implementar colectivamente intervenciones de inclusión financiera impactantes que se basen en evidencia sólida de lo que funciona, dónde, para quién y bajo qué circunstancias.

Aproveche el poder de los datos

Las nuevas tecnologías, las capacidades de datos y los rastros de datos están creando una oportunidad significativa para maximizar la utilidad de la inclusión financiera para las personas que viven en la pobreza y para construir un mundo más inclusivo, más resistente y más verde. De hecho, el 73% de las personas de bajos ingresos están incluidas digitalmente, es decir, al menos tienen un teléfono y, por lo tanto, generan rastros de datos. Este número sigue creciendo. Esto es importante porque estos rastros de datos están siendo aprovechados por las instituciones financieras para proporcionar a estas personas servicios financieros.

Las instituciones financieras pueden, por ejemplo, llevar a cabo la debida diligencia del cliente KYC sobre la base de datos alternativos para que los clientes no bancarizados ingresen al sector financiero. Las instituciones financieras pueden realizar análisis de calificación crediticia basados en datos alternativos para proporcionar crédito a nuevos clientes. El trabajo de CGAP confirma que es posible desarrollar modelos de calificación crediticia con datos alternativos, como datos de comercio electrónico, con el mismo poder de previsibilidad que los modelos tradicionales de calificación crediticia basados en datos de historial crediticio. Esto podría marcar una gran diferencia para la inclusión financiera, ya que el 33% de los pobres incluidos digitalmente están excluidos financieramente*, lo que significa que si tuviéramos que aprovechar las tendencias de datos de aquellos que están incluidos digitalmente pero no financieramente, podríamos reducir la brecha de exclusión financiera en un 40-50%, de 1.4 millones de personas que actualmente están excluidas financieramente a alrededor de 800 millones.

«Si tuviéramos que aprovechar las tendencias de datos de aquellos que se incluyen digitalmente pero no financieramente, podríamos reducir la brecha de exclusión financiera en un 40-50%».

Sophie Sirtaine, CGAP CEO

El progreso podría ser aún mayor en términos de la profundidad de la inclusión financiera porque solo el 32% de las personas de bajos ingresos incluidas digitalmente realizan transferencias digitales, solo el 25% ahorra y solo el 12% pide prestado. Por lo tanto, el potencial de aprovechar sus datos para proporcionarles estos servicios financieros y reducir la exclusión financiera es aún mayor. Esto también representa una oportunidad de negocio sin explotar para los proveedores de servicios financieros, ya que la evidencia sugiere que hay casos de negocios comercialmente viables.

Esta oportunidad de aprovechar los datos es posible porque muchos gobiernos están implementando el Ecosistema Público Digital (DPE) requerido. Como parte de dicho ecosistema, las finanzas abiertas son particularmente prometedoras, ya que permiten (con el consentimiento del cliente) que los datos generados por clientes pobres se compartan entre las instituciones del mercado financiero, mientras que las API abiertas permiten a los proveedores externos, como FinTechs, desarrollar productos y servicios basados en datos. Esto, a su vez, está remodelando los mercados financieros a través de una modularización de la cadena de suministros del sector financiero donde diferentes tipos de actores desempeñan diferentes roles y juntos ofrecen productos mejores y más baratos a más clientes. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, las FinTechs ahora pueden desarrollar algoritmos de diligencia debida del cliente y modelos de calificación crediticia basados en datos alternativos y luego ofrecer estos servicios como bancos digitales completos o en asociaciones con bancos existentes en los balances del banco y a través de sus interfaces de clientes. Al fomentar la innovación basada en datos y una mayor competencia en los mercados financieros, la combinación de finanzas abiertas y sistemas de pago interoperables ya se ha convertido en un facilitador clave de una mayor inclusión financiera en países como Brasil.

Los algoritmos de reconocimiento facial y de voz permiten a las personas con alfabetización limitada, así como a las personas ciegas y sordas, acceder a los servicios financieros. Las metodologías basadas en procesos de lenguaje natural (NLP) ya están permitiendo el desarrollo de algoritmos de calificación crediticia altamente precisos, así como el de soluciones Suptech, como herramientas de monitoreo de redes sociales, que contribuirán a aumentar la confianza del cliente en los servicios financieros digitales.

Estas emocionantes innovaciones basadas en datos tienen un inmenso potencial. Nos brindan la oportunidad de atraer a más personas al sistema financiero y ofrecerles productos financieros más impactantes, todo impulsado en gran medida por el sector privado con un drenaje limitado de recursos públicos. Sin embargo, esta oportunidad solo se realizará si fomentamos de manera proactiva dicha innovación a través de entornos de políticas y modelos comerciales propicios adecuados.

Canalizar fondos para escalar innovaciones financieras impactantes

La encuesta de financiadores de CGAP revela que el financiamiento global para finanzas inclusivas ha estado creciendo constantemente en la última década para alcanzar alrededor de $ 68 mil millones en 2021. Las instituciones financieras de desarrollo (DFI) han estado proporcionando la mayor parte de dicha financiación, mientras que la financiación privada, especialmente de fundaciones privadas y otros inversores, ha estado creciendo más rápidamente. Esta tendencia es prometedora para ofrecer innovación financiera inclusiva a escala.

Pero para que dicha financiación maximice el impacto y realmente capture el potencial de la inclusión financiera, se requeriría que todos aquellos que están financiando o invirtiendo en innovaciones financieras inclusivas, incluidas las IFD y el impacto privado y otros inversores, adopten un enfoque totalmente orientado a los resultados. Esto tendría que incluir la adopción de marcos de medición y monitoreo de la inversión (IMM) totalmente orientados a los resultados, como se describió anteriormente, y luego usarlos como una brújula para invertir en las innovaciones más prometedoras y donde el impacto puede ser más fuerte. Hacerlo puede proporcionar un incentivo para canalizar más fondos a África, por ejemplo, ya que África todavía absorbe menos del 1% de la financiación de riesgo global.

Gestión de riesgos emergentes y acelerados

El rápido desarrollo de las innovaciones digitales ciertamente ofrece una esperanza significativa para una inclusión financiera impactante, pero también conlleva un gran riesgo, que ya se está traduciendo en un impacto negativo en los consumidores. La investigación de CGAP en Costa de Marfil destaca que el 88% de los usuarios de servicios financieros digitales experimentaron de primera mano al menos un riesgo en 2022, ya sea de información inadecuada, robo de identidad, fraude de aplicaciones móviles u otro. Alrededor del 40% de estos clientes dijeron que perdieron dinero como resultado.

Estas cifras alarmantes no son una razón para alejarse de los servicios financieros digitales porque los beneficios de aprovechar el potencial son mucho mayores, pero son una causa real de preocupación y requieren una gestión activa de todas las partes interesadas en el ecosistema financiero digital. Con colaboración, competencias adecuadas y un enfoque en el cliente, las partes interesadas pueden establecer un Ecosistema de Finanzas Digitales Responsables (RDFE) que garantizará que el efecto positivo de las innovaciones digitales para la inclusión financiera no sea superado por los riesgos.

Además, las rápidas disrupciones digitales están desafiando a los reguladores y responsables políticos. Están planteando preguntas importantes con respecto a la regulación de nuevos jugadores que están fuera de su perímetro regulatorio tradicional; sobre la colaboración con otros reguladores, incluso a través de las fronteras; y sobre cómo equilibrar los diversos objetivos de política, incluida la promoción de la competencia y la innovación, por una parte, y la garantía de la protección y la estabilidad, por otra. Estas preguntas requerirán experimentación regulatoria y orientación por parte de instituciones nacionales e internacionales y organismos de normalización.

Pero el mayor riesgo de todos es la brecha digital. Si no cerramos la brecha digital, las tendencias positivas en el desarrollo digital en realidad reforzarán la exclusión en lugar de promover una mayor inclusión, porque todos los desarrolladores prometedores que estamos viendo se basan en senderos digitales. La brecha digital actual es particularmente grande entre mujeres y hombres, así como entre las zonas urbanas y rurales. Si no lo abordamos, estas brechas se ampliarán. Por lo tanto, cerrar la brecha digital a nivel mundial podría ser el requisito previo más importante para aumentar la inclusión financiera impactante.

Se está construyendo una nueva ola de inclusión financiera impactante, ¿la maximizaremos?

La encrucijada en la que nos encontramos ofrece la oportunidad de fomentar una segunda gran ola de progreso en la inclusión financiera, esta vez no solo en amplitud sino también en profundidad y utilidad. Para emprender ese camino, se necesitarán asociaciones público-privadas. El sector privado puede aprovechar aún más el poder de los datos para innovar y desarrollar nuevas soluciones, servicios, productos y mecanismos de entrega financieros que puedan mejorar la amplitud, profundidad y utilidad de la inclusión financiera. También puede financiar la ampliación de innovaciones que prometen tener éxito. Sin embargo, para permitir que estas cosas sucedan, el sector público deberá establecer las habilitadoras claves y crear ecosistemas públicos digitales (DPE) efectivos, compuestos por infraestructura pública digital, regulación habilitadora y marcos de finanzas abiertas, así como ecosistemas digitales responsables. Los actores públicos, especialmente las IFD, también deberán ayudar a reducir el riesgo del capital privado para centrar su atención en innovaciones impactantes, incluso cuando los riesgos siguen siendo altos. También tendrán que guiar al sector hacia un enfoque intencional en los segmentos excluidos. Los financiadores y las organizaciones de apoyo sectorial tendrán un papel vital que desempeñar en el fomento de las innovaciones, el desarrollo de DPE eficaces, la ampliación de soluciones y la eliminación de la brecha digital.

De hecho, hemos llegado a una encrucijada. Sabemos que esta agenda es desafiante y muy poco es fácil. Pero vale la pena apuntar a las recompensas colectivas: mayor inclusión financiera; el progreso en resultados de desarrollo más amplios; y mejores oportunidades para las personas pobres, vulnerables y desatendidas. En CGAP, somos optimistas de que una agenda tan ambiciosa puede lograrse a través de un esfuerzo colectivo, tanto a través de asociaciones y colaboración, como cuando cada actor de los ecosistemas financieros tome medidas sobre los aspectos apropiados para ellos. Estamos convencidos de que, al avanzar colectivamente en dicha agenda, el potencial de la inclusión financiera se desatará hacia futuros más verdes, más resilientes y más inclusivos.

Lecciones aprendidas sobre las CBDC

Informe presentado a los ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales del G20.

Los bancos centrales del mundo están intensificando sus esfuerzos para preparar el terreno para las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC), ya sea como efectivo digital (minorista) o reservas tokenizadas (mayorista). Este informe muestra cómo el Centro de Innovación del BIS está ayudando a los bancos centrales en sus viajes hacia las CBDC y analiza las lecciones aprendidas hasta ahora.

El Innovation Hub ha llevado a cabo 12 proyectos CBDC que cubren el comercio minorista y mayorista, tanto en un contexto nacional como transfronterizo. Para casos de uso doméstico, dos proyectos investigan CBDC mayorista (wCBDC) y cinco analizan CBDC minorista (rCBDC). Más allá de las fronteras, cuatro experimentos analizan wCBDC y uno analiza rCBDC. Para cada categoría, las ideas clave y las lecciones aprendidas se presentan desde las perspectivas de deseabilidad, factibilidad y viabilidad.

Para los diferentes tipos de CBDC, el informe encuentra:

  • Las CBDC mayoristas estarán impulsadas por la búsqueda del sector público y privado para dar forma al futuro del comercio y la liquidación.
  • Una CBDC minorista es una tarea compleja, y no sólo para los bancos centrales. Los proyectos del Hub se centran en aspectos individuales para arrojar luz sobre estas complejidades. En particular, están experimentando con (i) el modelo CBDC más prometedor, un modelo de dos niveles con asociación público-privada; (ii) la característica más fundamental, la privacidad, y (iii) el mayor desafío, la ciberseguridad.
  • Los acuerdos transfronterizos de CBDC son un territorio novedoso y más complicado que sus homólogos nacionales. Es probable que las plataformas comunes tengan más ventajas y aporten potenciales eficiencias operativas en comparación con los acuerdos actuales, pero los diseños radiales proporcionan más flexibilidad para los sistemas nacionales y, por lo tanto, son más fáciles de contemplar, al menos en el corto plazo. Al aprovechar las nuevas tecnologías, los bancos centrales pueden ofrecer nuevas soluciones a muchos desafíos operativos y cuestiones de política «antiguos».

El dinero del banco central tiene ventajas únicas: seguridad, finalidad, liquidez e integridad. A medida que las economías se vuelven digitales, deberían seguir beneficiándose de estas ventajas. Dado que el dinero se encuentra en el corazón del sistema financiero, debe continuar siendo emitido y controlado por instituciones confiables y responsables que tienen objetivos de política pública, no de lucro.

Los bancos centrales del mundo están intensificando los esfuerzos para preparar el terreno para las monedas digitales del banco central (CBDC), ya sea como efectivo digital (minorista) o reservas tokenizadas (mayorista). Una CBDC bien diseñada será un medio seguro y neutral de pago y activo de liquidación, que servirá como una base interoperable común sobre la cual se puede desarrollar el nuevo ecosistema de pagos. Permitirá una arquitectura financiera abierta e integrada, al tiempo que fomentará la competencia y una mayor innovación.

Para construir una CBDC para el público, un banco central debe comprender lo que necesitan los usuarios y trabajar en estrecha colaboración con otras autoridades y partes interesadas para entregarla. Con su Centro de Innovación, el BIS se ha centrado en los detalles prácticos de los diseños de CBDC. Las CBDC tardarán años en implementarse ampliamente, pero las monedas estables y los criptoactivos ya están aquí. Esto hace que sea aún más urgente comenzar tales esfuerzos de investigación. En nuestros centros de todo el mundo, el Hub ya cuenta con 12 pruebas de concepto (PoC) relacionadas con CBDC y prototipos completados o en curso, con más por venir.

Este informe muestra cómo el BIS Innovation Hub (BISIH) está ayudando a los bancos centrales a embarcarse en sus viajes de CBDC y analiza las lecciones aprendidas hasta ahora. El informe comienza presentando el BISIH y cómo funciona. Luego presenta los diferentes proyectos de CBDC, dividiéndolos en casos de uso minoristas y mayoristas, así como nacionales y transfronterizos. Para cada categoría, las ideas clave y las lecciones aprendidas se presentan desde las perspectivas de conveniencia, viabilidad y viabilidad. En conclusión, un análisis de brechas busca guiar al Hub, los bancos centrales y otros responsables políticos sobre lo que debería venir a continuación en términos de experimentación de CBDC.

Los proyectos CBDC de la BISIH

En los últimos tres años, el BISIH ha iniciado 29 proyectos, de los cuales 12 están relacionados con CBDC. Al combinar el enfoque global del BPI y el alcance local de los bancos centrales receptores, la estrategia general es liderar los casos de uso transfronterizos al tiempo que ayuda a dar forma a los esfuerzos nacionales. Bajo este paraguas, los centros individuales llevan a cabo proyectos adaptados a sus ventajas comparativas y capacidades individuales. Además, el Hub colabora con bancos centrales de todo el mundo, instituciones financieras internacionales, el sector privado y el mundo académico. Las implementaciones incipientes de CBDC en todo el mundo también alimentan el pensamiento y el trabajo del Hub.

La cartera de proyectos completados y en curso abarca CBDC mayoristas y minoristas y cubre casos de uso nacionales y transfronterizos (Gráfico 1). Hasta la fecha, la mayoría de los proyectos se centran en casos o desafíos de uso mayorista transfronterizo (cuatro proyectos) o minoristas nacionales (cinco proyectos). Solo un proyecto (y su secuela) analiza la CBDC nacional, mientras que un proyecto reciente fue el primero en abordar el desafío de la CBDC minorista transfronteriza. Las tecnologías de contabilidad distribuida (DLT) se utilizaron en la mayoría de los experimentos. Si bien las tecnologías descentralizadas ofrecen muchas posibilidades, una CBDC no necesariamente necesita basarse en DLT.

Los dos primeros proyectos fueron Aurum y Helvetia. Aurum creó un prototipo de una billetera CBDC minorista que emula el marco actual de dos niveles para la emisión de billetes de banco en la RAE de Hong Kong, mientras que Helvetia probó cómo los activos «tokenizados» se pueden liquidar en dinero del banco central, aprovechando una plataforma digital totalmente regulada basada en DLT demostrada en Suiza como SIX Digital Exchange (SDX).

Una segunda ola de proyectos respondió al programa de pagos transfronterizos del G20 y exploró cómo ofrecer pagos transfronterizos más rápidos, más baratos y más transparentes (y liquidación de valores) utilizando wCBDC. Los proyectos Jura, Dunbar y mBridge demostraron que los sistemas comunes que abarcan múltiples wCBDC son operacionalmente viables y pueden aportar eficiencias. En respuesta a la demanda de los bancos centrales, el trabajo se ha centrado recientemente en la CBDC minorista nacional. Los esfuerzos del Hub se centran en desafíos de diseño específicos e incluyen cómo usar interfaces de programación de aplicaciones (API) para distribuir y liquidar CBDC minorista (Rosalind), garantizar una arquitectura CBDC minorista (Sela) cibersegura, abierta y accesible, implementar y operar plataformas CBDC que sean seguras y resistentes, fuera de línea y en línea (Polaris) y cómo desarrollar un sistema CBDC que preserve la privacidad de las transacciones.  es resistente a los ataques informáticos cuánticos y puede manejar grandes volúmenes de transacciones.

Los proyectos a menudo se basan en trabajos anteriores, ya sea por parte de los bancos centrales anfitriones o del propio Hub. Por ejemplo, Dunbar se basó en el proyecto anterior Ubin por el MAS, mBridge aprovechó los proyectos Inthanon LionRock de HKMA y Bank of Thailand y Jura prestados de Helvetia. Además, el proyecto Mariana cross-centre en curso, que analiza el comercio y la liquidación de divisas en un mundo con CBDC tokenizada, utilizó los proyectos Dunbar y Jura como puntos de partida. Parte del valor agregado del Hub es aprovechar la experiencia diversa de los experimentos nacionales existentes de CBDC para ayudar a interconectar sistemas y construir plataformas de liquidación internacionales, y también compararlos con soluciones no basadas en CBDC (por ejemplo, Project Nexus).

De acuerdo con el proceso de innovación de BISIH, las lecciones aprendidas de los primeros proyectos de CBDC se han entregado a la comunidad del banco central a través de informes detallados. En el caso de Aurum, el código fuente también se compartió a través de BIS Open Tech para que los bancos centrales pudieran seguir construyendo. Los aprendizajes también incluyen ideas sobre el «cómo», por ejemplo, cómo ejecutar proyectos de tecnología / innovación, o cómo identificar buenos proveedores.

Lecciones aprendidas

Las innovaciones significativas reúnen lo que es deseable con lo que es factible y viable. La fase de descubrimiento del proceso de innovación BISIH busca identificar los desafíos donde las soluciones son deseables tanto desde la perspectiva individual como social. Dado el mandato de la BISIH, el enfoque de los proyectos es demostrar la viabilidad técnica. Dicho esto, también se pueden considerar otras formas de viabilidad, como legales y regulatorias. Algunos proyectos también tratan de buscar la viabilidad económica potencial de las soluciones propuestas, pero esto es difícil dada la naturaleza inicial de muchos proyectos BISIH. En última instancia, la mejor prueba de viabilidad aquí es si los aprendizajes de los prototipos o MVP de BISIH se están utilizando y desplegando en los bancos centrales y en otros lugares.

CBDC al por mayor para casos de uso doméstico

Conveniencia

Al apuntalar el futuro sistema monetario, las CBDC serían la base sobre la cual se construirían nuevas innovaciones. Su conveniencia depende en gran medida de dónde las partes interesadas de los sectores público y privado tomen los pagos, la compensación y la liquidación en el futuro. Por ejemplo, si las instituciones financieras y las infraestructuras de mercado se mueven hacia valores tokenizados y dichas plataformas se vuelven sistémicas, entonces la introducción de un wCBDC será fundamental para el funcionamiento de un entorno tokenizado. Además, actualmente existe mucha discusión sobre el concepto de libros de contabilidad unificados y depósitos tokenizados y, dependiendo de su diseño, las wCBDC podrían tener un gran potencial.

Viabilidad

Las lecciones de viabilidad sobre casos de uso doméstico de wCBDC provienen del Proyecto Helvetia. El proyecto fue una investigación en varias fases realizada por el BISIH, el SNB y el operador suizo de infraestructura financiera SIX. El proyecto aprovechó el sistema de prueba de SIX Digital Exchange (SDX), una plataforma regulada para el comercio y la liquidación de activos tokenizados.

A través de dos PoC, la primera fase de Helvetia demostró la viabilidad funcional y la solidez legal de liquidar activos tokenizados con un wCBDC, así como al vincular SDX al sistema suizo de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) existente, SIC. Por otro lado, la fase II mostró que una wCBDC puede integrarse con los sistemas y procesos bancarios centrales existentes de los bancos comerciales y centrales para proporcionar una solución de extremo a extremo. Las evaluaciones legales de Helvetia encontraron que la emisión y transferencia de wCBDC en una plataforma DLT operada y propiedad de una empresa del sector privado es factible y permisible bajo la ley suiza aplicable. Para otras jurisdicciones, tal configuración podría no ser permisible.

Ambos enfoques para liquidar activos tokenizados en dinero del banco central demostraron ser factibles en un entorno casi en vivo. Desde la perspectiva del banco central, el vínculo SLBTR es más sencillo desde el punto de vista operativo, ya que no requiere cambios en los sistemas existentes operados por el banco central y plantea menos cuestiones de política. El análisis de Helvetia también sugiere, sin embargo, que el enfoque wCBDC proporciona más margen para futuras mejoras de innovación y eficiencia en el proceso de liquidación.

Viabilidad

En este punto, ningún banco central ha introducido un wCBDC para casos de uso domésticos u otros, pero se están acercando cada vez más, basándose en parte en los aprendizajes de los proyectos BISIH.

El BNS está llevando adelante la investigación de Helvetia y está explorando tres modelos para liquidar valores tokenizados en dinero del banco central (Maechler y Moser (2023)). Un modelo avanza el «enlace SLBTR» al explorar si se pueden hacer ajustes al enlace en sí o al sistema SLBTR de SIC para mitigar las desventajas identificadas. Otro modelo explora la introducción de una «moneda estable» privada en francos suizos que está protegida por las leyes de quiebra y respaldada uno a uno por reservas (depósitos a la vista) mantenidas en el BNS. El modelo final explora en profundidad la base operativa para el uso de una wCBDC en franco suizo para la liquidación integrada en plataformas del sector privado, incluida la emisión de una wCBDC real en SDX por un tiempo limitado y la prueba de transacciones seleccionadas con participantes del mercado.

Otro ejemplo de un banco central que se acerca poco a poco a un wCBDC se remonta al Proyecto BISIH Genesis. Genesis no experimentó con CBDC, sino que creó un prototipo de dos plataformas digitales para bonos verdes tokenizados. En febrero de 2023, la HKMA ayudó al gobierno de la RAE de Hong Kong a emitir un bono verde tokenizado basado en parte en los aprendizajes de Genesis (HKMA (2023)). La implementación en vivo pone el ciclo de vida completo del bono en una plataforma DLT, incluida la emisión, la liquidación de la negociación secundaria, el pago de cupones y el reembolso. Para facilitar estos procesos, también se tokenizó la parte de pago. Específicamente, la HKMA acuña fichas de efectivo HKD a cambio de HKD fiat proporcionado por los bancos. Estos tokens de efectivo de «propósito único» son similares a un wCBDC (Yue (2023)).

CBDC minorista para casos de uso doméstico

Conveniencia

Hoy en día, los bancos centrales proporcionan billetes de banco al público y saldos de liquidación (o reservas) para pagos interbancarios. Algunos bancos centrales también participan en la compensación y liquidación de cheques y otras formas de pagos minoristas. Los sistemas están funcionando, y los años de desarrollo, así como las economías de escala y alcance, los han hecho bastante eficientes. No obstante, la mayoría está de acuerdo en que el dinero del banco central y los servicios de pago deben evolucionar para adaptarse al futuro digital. La pregunta es cómo los bancos centrales pueden respaldar mejor los pagos minoristas en el futuro. Esto es debatido no solo por las partes interesadas en el sector financiero, sino también cada vez más por el público, y en muchos países las CBDC están en el centro de este debate.

Los defensores de las cCBDC señalan la necesidad de preservar la confianza del dinero público y los muchos problemas que potencialmente pueden abordarse, como la inclusión financiera, los pagos transfronterizos, la eficiencia de los pagos, la seguridad y la innovación. Además, tanto los banqueros centrales como los políticos destacan la necesidad de mantener la soberanía monetaria, así como la autonomía estratégica (Villeroy de Galhau (2022)). En contraste, los opositores a menudo enfatizan que el sector privado está haciendo un buen trabajo en muchos casos y que la CBDC es «una solución en busca de un problema». Además, los opositores señalan las preocupaciones de privacidad y temen que un rCBDC marque el comienzo de un estado de vigilancia. Además, muchos señalan el riesgo potencial de desintermediar al sector bancario.

Es probable que la conveniencia de una rCBDC, así como el momento de una decisión, varíe entre jurisdicciones. Los países donde el uso de efectivo está disminuyendo rápidamente pueden necesitar considerar alternativas más temprano que tarde. Además, los países donde falta inclusión financiera o el sistema bancario están subdesarrollado pueden ver mayores beneficios. Según la última encuesta del BIS sobre CBDC, el 93% de los países están involucrados en algún tipo de trabajo de CBDC, con casi una cuarta parte de los bancos centrales probando un CBDC minorista. Además, más del 80% de los bancos centrales ven un valor potencial en tener tanto un rCBDC como un sistema de pago rápido (Kosse y Mattei (2023)). El BISIH está respondiendo a esta demanda y, en los últimos tres años, ha liderado cinco proyectos sobre rCBDC centrados en casos de uso doméstico (Tabla 1).

Fundamental para el éxito de una rCBDC es tener bancos y proveedores de servicios de pago (PSP) a bordo. Los beneficios de una rCBDC no se pueden obtener si no hay suficiente aceptación o adopción. Sin embargo, demasiada adopción puede a los bancos y PSP (BIS (2023c)), especialmente en sistemas financieramente subdesarrollados. Un cambio significativo de los depósitos bancarios a las CBDC (u otras nuevas formas de dinero digital emitido de forma privada) podría tener implicaciones para los préstamos y la intermediación por parte del sector bancario. La seguridad de vuelo a CBDC podría aumentar en condiciones de estrés. Los bancos centrales podrían considerar medidas (por ejemplo, límites a las tenencias de CBDC, opciones en torno a la remuneración de CBDC) para gestionar dichos riesgos. Un diseño e implementación cuidadosos pueden ayudar a garantizar que el sistema financiero no sufra «ningún daño», como se analiza en Group of Central Banks.

Viabilidad

El diseño de un sistema rCBDC es una tarea importante, que involucra una multitud de requisitos y partes interesadas que pueden conducir a demandas conflictivas. Los proyectos BISIH no tienen como objetivo proporcionar una solución completa de extremo a extremo y no han probado la viabilidad de dicho sistema rCBDC. Más bien, buscan desentrañar las complejidades de los desafíos individuales en el diseño de un rCBDC. Al hacerlo, los experimentos de BISIH sobre rCBDC ayudan a informar las decisiones políticas y operativas, y obtienen claridad sobre requisitos específicos, compensaciones y opciones de proveedores de soluciones antes de que se implemente un rCBDC.

Los proyectos probaron diferentes casos de uso. Más allá de la emisión y el canje, se han explorado diferentes tipos de pago (por ejemplo, transferencias peer-to-peer y micro pagos), dispositivos (pago en el punto de venta, billetera electrónica en el teléfono móvil) y soluciones (en línea y fuera de línea). Los desafíos específicos investigados hasta ahora incluyen (i) cómo distribuir una rCBDC con el sector privado a cargo de las actividades de atención al cliente (Aurum y Sela); ii) cómo utilizar las interfaces de programación de aplicaciones (API) para diseñar nuevas soluciones de pago, apoyar un ecosistema innovador y lograr la interoperabilidad con el sistema de pago más amplio (Rosalind); (iii) cómo construir una arquitectura rCBDC cibersegura, abierta y accesible (Sela); (iv) cómo realizar pagos seguros y resistentes, en línea y fuera de línea con un rCBDC (Polaris); y (v) cómo desarrollar un sistema rCBDC que preserve la privacidad de las transacciones, resista los ataques informáticos cuánticos y maneje grandes volúmenes de transacciones (Tourbillon).

Han surgido varios aprendizajes clave. Estos incluyen:

• Una API bien diseñada tiene beneficios. En primer lugar, podría facilitar los pagos minoristas en CBDC. Esto permitiría que una rCBDC interopere con otros sistemas de pago (por ejemplo, un sistema de pago rápido o redes globales de tarjetas) y otras formas de dinero (por ejemplo, dinero de bancos comerciales y monedas estables) al tiempo que admite una amplia gama de casos de uso. En segundo lugar, podría aplicarse a una amplia gama de tipos de libros mayores de bancos centrales y aplicaciones y sistemas de terceros. Esta amplia compatibilidad será importante en un mundo donde los bancos centrales están experimentando con una gama de diseños y tecnologías de libros mayores. Mientras tanto, los sistemas del sector privado pueden basarse en muchas tecnologías y sistemas de contabilidad diferentes.

• Equilibrar la privacidad con las características deseadas, como la integridad financiera y la seguridad, es un desafío, pero la tecnología es prometedora. Por ejemplo, las tecnologías que mejoran la privacidad, como las «firmas ciegas», pueden permitir al banco central emitir rCBDC sin conocer la identidad del titular y podrían mejorarse para proporcionar resistencia a los ataques informáticos cuánticos sin comprometer la escalabilidad.

• Las CBDC con funcionalidad de pago fuera de línea podrían ser un poderoso instrumento de pago digital. Sin embargo, proporcionar pagos fuera de línea es complejo e implica una serie de consideraciones tecnológicas, de seguridad y operativas. Las soluciones de pago fuera de línea podrían operar en tres modos, que se refieren a cómo la solución se conectaría en línea si fuera necesario. Podrían basarse en hardware, software a prueba de manipulaciones o una combinación de ambos.

En resumen, los proyectos BISIH sobre rCBDC están experimentando con (i) el modelo CBDC más prometedor: un modelo de dos niveles con asociación público-privada; ii) la característica más fundamental: privacidad; y (iii) el mayor desafío: la seguridad cibernética.

Viabilidad

Hasta ahora, solo cuatro jurisdicciones han introducido pilotos de rCBDC en vivo: el Banco Central de las Bahamas con el dólar de arena, el Banco Central del Caribe Oriental con Dcash, el Banco Central de Nigeria con eNaira y el Banco de Jamaica con JAM-DEX. Varios pilotos, como el PBoC con el e-cny y el RBI con la rupia electrónica están en marcha. Hasta ahora la adopción ha sido mixta entre estos pilotos, pero se están aprendiendo lecciones y aún es temprano. Grandes preguntas abiertas sobre las rCBDC permanecen antes de que puedan implementarse a escala. Estos incluyen desafíos en torno a la demanda y adopción de rCBDC, preocupaciones sobre privacidad, implicaciones legales y regulatorias, comunicación y educación del público, dependencias de proveedores de soluciones, madurez de pilas de tecnología adecuadas para infraestructuras críticas y el uso de componentes de código abierto.

CBDC a través de las fronteras

Los esfuerzos del G20 para mejorar los pagos transfronterizos prevén un papel potencial para las CBDC para ayudar a reducir los costos y aumentar la velocidad, al tiempo que mejoran la transparencia y la inclusión. En particular, la hoja de ruta FSB-CPMI enfatiza la importancia de tener en cuenta las dimensiones internacionales en los diseños de CBDC. En respuesta, el BISIH ha invertido recursos significativos en la exploración de casos de uso transfronterizos para CBDC.

En el espacio mayorista, trabajando con diferentes constelaciones de bancos centrales, el BISIH ha analizado muchos aspectos de cómo CBDC puede soportar transacciones transfronterizas y de divisas cruzadas. Las lecciones aprendidas se detallan en los informes individuales de los proyectos Jura, Dunbar y mBridge. Además, la BISIH ha llevado a cabo un estudio comparativo de los tres proyectos, destacando los puntos en común y las diferencias tanto en el diseño como en las lecciones aprendidas (BISIH (2022), Bech et al (2023)). El proyecto Mariana mira hacia el futuro. Imagina un mundo donde los bancos centrales han emitido wCBDC y pregunta cómo podría verse el comercio y la liquidación de divisas. Específicamente, Mariana investiga si los llamados creadores de mercado automatizados (AMM) podrían ser la respuesta. AMM proviene de las finanzas descentralizadas, donde permiten a los usuarios pasar de, por ejemplo, una moneda estable a otra en función de un conjunto de liquidez y un protocolo algorítmico que determina más o menos automáticamente el tipo de cambio en función de las acciones relativas de las monedas en el grupo.

En el espacio comercial, el BISIH ha llevado a cabo solo un experimento a través de las fronteras. Utilizando un modelo radial, Project Icebreaker conectó diferentes sistemas CBDC minoristas a través de las fronteras para explorar cómo se pueden utilizar para pagos minoristas y de remesas internacionales.

Deseabilidad

Transacciones transfronterizas mejores y más baratas son universalmente deseables. Además de los pagos transfronterizos o en el extranjero, de los tres proyectos de wCBDC completados se centran en casos de uso en los que las CBDC se transfirieron contra otra CBDC (pago versus pago (PvP)) o valores tokenizados (entrega versus pago (DvP)). Si bien existen sistemas para atender tanto al PvP transfronterizo como al DvP, la cobertura no es ubicua en términos de monedas y jurisdicciones, y los costos a menudo se consideran altos.

Viabilidad

Los tres proyectos transfronterizos completados de wCBDC comparten dos características clave. En primer lugar, todos los proyectos optaron por construir una plataforma DLT común, ya que esto se consideró más fácil y con más ventajas que, por ejemplo, la interconexión de plataformas nacionales separadas.26 En segundo lugar, todos los proyectos asumieron que los bancos centrales permitirían el acceso a su wCBDC a las instituciones financieras no residentes. Tal acceso directo a la wCBDC desde el extranjero permite que los pagos transfronterizos se realicen en un único sistema sin intermediarios como los bancos corresponsales. Sin embargo, los proyectos también difieren en varios aspectos. Estos aspectos incluyen:

1) El número de monedas/bancos centrales involucrados. Dunbar (AUD, MYR, SGD, SAR) y mBridge (HKD, CNY, THB, AED) involucraron cuatro monedas o bancos centrales, mientras que Jura involucró solo dos (EUR, CHF).

2) Los tipos de transacción empleados. Las pruebas de Jura y mBridge liquidaron transacciones de valor real, mientras que Dunbar se basó en transferencias simuladas. Las transacciones de valor real ayudaron a enfocar las mentes de los participantes de la prueba.

3) La forma de wCBDC. Las wCBDC de Jura existían solo durante el día hábil (es decir, intradía) y el dinero se devolvía a las cuentas de reserva del banco central de los participantes antes del cierre de operaciones. En contraste, los wCBDC de Dunbar y mBridge se mantuvieron durante la noche en la plataforma (al menos en algunas jurisdicciones). Para mBridge, los bancos centrales pueden adaptar los plazos durante los cuales se permite que sus CBDC existan en la plataforma. En ninguno de los dos casos las CBDC acumularon intereses.

4) El operador de la plataforma. En el caso de Dunbar y mBridge, uno o más de los bancos centrales implicados eran el operador, mientras que para Jura el operador era una empresa del sector privado (SDX).

5) El DLT empleado. Jura usó Corda, Dunbar probó Corda y Quorum y mBridge se basó en una nueva cadena de bloques nativa diseñada y desarrollada a medida por los bancos centrales (mBridge Ledger).

Cada experimento mostró que una plataforma de múltiples wCBDC es operativamente factible, permitiendo que se liquiden múltiples monedas y activos y que coexistan varias políticas de acceso. Sin embargo, más allá de cumplir con los requisitos básicos, los experimentos destacaron posibles eficiencias operativas en comparación con los arreglos actuales. En particular, al reunir múltiples monedas y activos en un solo sistema con los participantes que realizan transacciones directas, se redujeron los gastos generales, se hizo que la liquidación fuera más rápida y aumentó la transparencia operativa.

Aún quedan preguntas difíciles de viabilidad sobre cómo (i) interactuarán las nuevas plataformas DLT y los sistemas existentes; (ii) qué tipo de desafíos de escalabilidad podrían tener por delante; y iii) la mejor manera de garantizar la resiliencia y la seguridad ahora y en el futuro. Del mismo modo, una vez que se demuestra que los diseños técnicos son factibles, el análisis y las simulaciones de estrés financiero pueden diseñarse con mucha más precisión para resaltar posibles problemas sistémicos, la necesidad de nuevas herramientas de política o hasta qué punto se están cumpliendo los objetivos globales establecidos para los pagos transfronterizos en términos de costo, velocidad, transparencia y acceso.

En contraste, el proyecto Icebreaker utiliza un modelo radial para conectar tres sistemas rCBDC basados en DLT ubicados en Suecia, Noruega e Israel. Como ninguna de estas jurisdicciones tiene una CBDC activa, cada rCBDC en el experimento fue un prototipo de alcance limitado. El Proyecto Icebreaker demostró que los bancos centrales tienen un alto grado de flexibilidad al diseñar sus sistemas «nacionales» para respaldar los pagos transfronterizos de rCBDC a través de un conjunto mínimo de requisitos. Estos incluyen la implementación de una forma de depósito en garantía digital (conocido como contrato de tiempo bloqueado hash) y la comunicación con un concentrador central a través de un conjunto estándar de API independientes de la tecnología.

El proyecto también investigó diferentes opciones en términos de efectuar conversiones de divisas (FX) entre las tres monedas. Por ejemplo, el proyecto descubrió que el uso automatizado de monedas puente puede promover la competencia y reducir los costes para los usuarios finales. Sin embargo, muchos de los desafíos políticos y operativos (por ejemplo, gobernanza, control de sanciones) para una red transfronteriza de rCBDC son comunes a los de interconectar los sistemas de pago rápido, como lo ejemplifica el Proyecto Nexus.

Viabilidad

Los proyectos BISIH muestran que los bancos centrales tienen varias opciones en términos de hacer que CBDC funcione a través de las fronteras. Es probable que las plataformas comunes tengan más ventajas, pero los diseños radiales proporcionan más flexibilidad para los sistemas domésticos y, por lo tanto, son más fáciles de contemplar, al menos a corto plazo. A lo largo de los experimentos, se descubrió que DLT proporciona nuevas soluciones a muchos «viejos» desafíos operativos y preguntas de política. Por ejemplo, en el Proyecto Jura, las subredes permitieron a la plataforma respetar los límites jurisdiccionales y los requisitos de ubicación de datos, mientras que los notarios (duales) permitieron a los bancos centrales controlar y monitorear sus monedas tanto en términos de pago como de liquidación de PvP. Además, la programabilidad permite nuevos tipos de pago condicional o encadenado, y ciertos controles de política (por ejemplo, controles de capital) se pueden incorporar desde el principio.

Aunque los sistemas con múltiples CBDC son técnicamente viables, es necesario seguir trabajando para evaluar la viabilidad teniendo en cuenta las cuestiones políticas, legales y reglamentarias, de gobernanza y económicas, incluidas las implicaciones macrofinancieras.

Las implicaciones legales derivadas de los acuerdos transfronterizos de CBDC dependerán en gran medida de su diseño. Las IMF deben tener una base jurídica sólida para sus actividades en todas las jurisdicciones pertinentes (CPMI-IOSCO (2012)). Los acuerdos transfronterizos tradicionales tienen que gestionar múltiples marcos jurídicos y reglamentarios, lo que puede añadir complejidad. Las plataformas transfronterizas de CBDC no son diferentes. Los cambios relacionados con la emisión y transferencia de una CBDC, y la firmeza y validez del acuerdo pueden tener desafíos idiosincrásicos. El desarrollo de reglamentos, procedimientos de contingencia y capacidades de monitoreo puede ayudar a resaltar desafíos o áreas donde podría ser necesaria una mayor claridad.

La gobernanza es potencialmente compleja. Cualquier acuerdo transfronterizo de CBDC deberá estar respaldado por un marco de gobernanza acordado de común acuerdo que determine las reglas, derechos y obligaciones de todas las partes. Un modelo común de propiedad y gobernanza para múltiples bancos centrales en ámbitos individuales pero superpuestos (digitales) es un territorio novedoso. Sin embargo, CLS y SWIFT proporcionan varias décadas de lecciones sobre la supervisión cooperativa de las empresas privadas. Y la existencia de estos acuerdos muestra la posibilidad de una colaboración transfronteriza exitosa donde existen incentivos comunes.

Una mayor experimentación podría ayudar. Una nueva fase del proyecto mBridge es probar casos de negocios y tipos de transacciones adicionales, explorar la interoperabilidad con los sistemas de pago nacionales e introducir herramientas de gestión de liquidez. Los próximos proyectos trabajarán más para resolver cuestiones jurídicas y reglamentarias en un contexto transfronterizo.

Un camino a seguir

El trabajo sobre CBDC por cualquier jurisdicción puede beneficiarse de las lecciones aprendidas en los experimentos de otros bancos centrales y el BISIH. Los proyectos BISIH están ayudando a informar el trabajo de los bancos centrales y otros responsables políticos y legisladores sobre las opciones tecnológicas subyacentes a una CBDC. Experimentar bajo el paraguas de BISIH permite que los proyectos se construyan iterativamente unos sobre otros con el fin de obtener una comprensión más rica para toda la comunidad de bancos centrales. Mirando hacia el futuro, el BISIH trabajará más en el «qué» y el «cómo» de las CBDC.

Una forma de evaluar «en qué» el BISIH (y otros) deberían trabajar en el futuro es relacionar las características esenciales de la CBDC y los criterios de evaluación enumerados por, por ejemplo, el Grupo de Bancos Centrales con los aprendizajes del proyecto CBDC del BISIH hasta ahora. Este análisis de brechas muestra que el trabajo ha progresado en pagos instantáneos, interoperabilidad y privacidad para todos los tipos de CBDC y casos de uso. Todavía se necesita más trabajo para explorar aspectos técnicos como la escalabilidad y el rendimiento, la coexistencia de infraestructuras tradicionales y basadas en DLT, la seguridad cibernética y la resiliencia, así como los acuerdos legales. También será necesario abordar las complejas compensaciones entre estas características, incluida la forma de equilibrar la escala, la velocidad y el acceso abierto con la seguridad, y cómo equilibrar la funcionalidad fuera de línea con la complejidad y la seguridad. Las cajas de arena y los pilotos con transacciones de valor real podrían ayudar a inyectar más realismo.

El «cómo» podría seguir un enfoque modular. Los proyectos podrían crear componentes que se pueden agrupar. En este enfoque, diferentes módulos, como el pago, el cambio de divisas, el cumplimiento, se pueden desacoplar y modularizar para adaptarse a las necesidades cambiantes. Esto permitiría a la comunidad de bancos centrales adaptar y ampliar diferentes funcionalidades a sus requisitos técnicos, empresariales y reglamentarios. Por ejemplo, el Hub ha desarrollado una plataforma interna de experimentación DLT, conocida como Arena, que ofrece la opción de privacidad a través de las llamadas cuentas ocultas. Arena se está utilizando en el Proyecto Mariana, que está analizando el comercio y la liquidación de divisas en un futuro en el que los bancos centrales han emitido CBDC al por mayor, aplicando conceptos desarrollados en finanzas descentralizadas (DeFi). Las características desarrolladas en otros proyectos BISIH no CBDC podrían usarse en un contexto CBDC. Por ejemplo, el modelo de liquidación sincrónica desarrollado por Project Meridian podría utilizarse para una transacción de divisas. Una alternativa podría ser el modelo Nexus, que permite que el servicio de pago se desacople del servicio FX de modo que los bancos más pequeños y los PSP no bancarios que no desean incurrir en el costo y la complejidad de administrar FX y el riesgo de liquidez puedan llegar a un mercado competitivo de proveedores de FX. Tal solución también puede facilitar los procesos comerciales en un contexto de CBDC.

Los esfuerzos de colaboración son necesarios para responder a las preguntas futuras y el BISIH está en una posición única para reunir a los bancos centrales y al sector privado para explorar el futuro de las CBDC.

Una odisea mediterránea – de los orígenes antiguos a la fortaleza del futuro

Discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en los Encuentros del Mediterráneo

Marsella.

Durante miles de años, este puerto ha servido como corazón espiritual y económico de la ciudad, actuando como su puerta de entrada al mundo. Incluso hoy, esta ciudad sigue encarnando la esencia del Mediterráneo: un sitio con una historia compartida, un puente que conecta a los diversos pueblos de sus costas y un lugar obligado por su propia naturaleza a abrirse al mundo.

Es con este espíritu que se han reunido aquí para las Reuniones del Mediterráneo: considerar el llamado y el destino de la región y ofrecer unidad y paz en un panorama marcado por la división global, la desigualdad y la inestabilidad.

Con ese mismo espíritu, quisiera dividir mi discurso de hoy en tres partes distintas.

En primer lugar, recordaré la rica historia de la región mediterránea y las profundas raíces que comparten todos aquellos que habitan sus costas. En segundo lugar, analizaré algunos de los desafíos que enfrenta la región hoy en día. Por último, reflexionaré sobre cómo podemos fomentar la reintegración económica de la región y recuperar su unidad y fuerza en una nueva era.

La región mediterránea: pasado y presente

Durante mucho tiempo, el Mediterráneo siguió siendo un “mare clausum”, un mar inexpugnable que servía de barrera natural para sus habitantes.

Desde Homero hasta Horacio, el Mediterráneo fue fuente tanto de miedo como de fascinación.

Pero a lo largo de miles de años, gracias a una navegación intrépida y al deseo innato de los humanos de ir más allá del horizonte, el Mediterráneo pasó de ser una barrera a convertirse en un puente que une las diferentes partes de la región en un todo cohesivo.

Los fenicios fueron los primeros en desarrollar el potencial del mar. Revolucionaron la tecnología marítima a través de la innovación, inventando la quilla,[1]dotando a sus buques de mayor velocidad y permitiendo la apertura de nuevas rutas marítimas.[2]

Lo que comenzaron los fenicios lo continuaron los griegos, estableciendo ciudades-estado a lo largo de las costas del Mediterráneo, incluida la que nos encontramos hoy.

Pero la integración de la región dio otro paso crucial cuando Roma se convirtió en la potencia preeminente.

Con el apoyo de la Pax Romana, una moneda común y un marco legal integrado, la escala, el alcance y la intensidad del comercio dentro de la región alcanzaron su punto máximo. Esto sentó las bases de algo parecido a un mercado único mediterráneo, donde los bienes, las personas, pero también las culturas y las religiones, fluyeran libremente.

Esta historia subraya hasta qué punto estamos moldeados colectivamente por la historia de la región mediterránea. Durante miles de años, los habitantes de sus costas se vieron unos a otros como sus vecinos más cercanos: nuestras economías y sociedades crecieron y cayeron juntas.

Pero éste no es el Mediterráneo que vemos hoy.

Ahora es un mosaico de distintas regiones y países que abarcan el sur de Europa, el norte de África y el Mediterráneo oriental, con bajos niveles de comercio e intercambio cultural.

En lugar de ser un centro económico, ha sido arrastrado en diferentes direcciones, remodelando fundamentalmente patrones comerciales centenarios.

Como resultado, el comercio intra mediterráneo representa hoy menos de un tercio del comercio exterior de la región. Además, el comercio entre los países del sur del Mediterráneo representa apenas el 5%, lo que marca uno de los niveles más bajos de integración económica regional del mundo.

Los desafíos compartidos de hoy

Sin embargo, incluso si los países del Mediterráneo contemporáneo se han distanciado, enfrentan una serie de desafíos comunes.

Veo dos principales desafíos compartidos para la región hoy: lo que yo llamo restablecer el equilibrio económico y el equilibrio natural.

El equilibrio económico

Primero viene restablecer el equilibrio económico.

El Mediterráneo hoy está desequilibrado en el sentido de que estamos viendo grandes y persistentes disparidades económicas.

Esas disparidades existen entre países. Los países de la costa norte que forman parte de la UE contaban con un PIB per cápita de más de 40.000 dólares en 2019, más del doble que el de los países de la costa sur, con menos de 19.000 dólares. Además, atraen más de dos tercios de las entradas netas de inversión extranjera directa a la región.

También existen disparidades dentro de los países –en forma de desigualdad–, aunque para hacer justicia a este tema sería necesario otro discurso.

Estas disparidades también existen entre generaciones: el Mediterráneo cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con casi una de cada tres personas menores de 25 años. En el Mediterráneo meridional y oriental, casi la mitad de la población entra en esta categoría.

Las tasas de desempleo juvenil en el sur y este del Mediterráneo estuvieron entre las más altas del mundo en 2019, oscilando entre un mínimo del 19% en Túnez y un máximo del 42% en Argelia. Igualmente, preocupante es la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral de la región, una de las más bajas del mundo: solo el 22% en 2019.

Se prevé que esta brecha demográfica se ampliará. Mientras que se espera que la población en las costas del norte disminuya en más del 4%, se espera que las costas del sur y del este experimenten un aumento de más del 20% para 2050.

Al mismo tiempo, los países del Mediterráneo occidental en particular, incluidos Argelia, Francia, Italia, Marruecos, España y Túnez, tienen algunos de los niveles más altos de matrícula universitaria. Pero un número considerable de graduados universitarios todavía lucha contra el desempleo, que supera el 30% en muchos países del sur del Mediterráneo. De hecho, existe una tendencia paradójica en la que niveles más altos de educación parecen correlacionarse con tasas más altas de desempleo.

Las consecuencias de estos problemas no se limitan a las zonas menos prósperas de la región. La falta de oportunidades provoca la pérdida de innumerables vidas, mientras los migrantes se esfuerzan por llegar a las costas más prósperas del norte. Y los países a los que llegan esos inmigrantes se enfrentan a la ira, la división y la presión sobre sus sistemas sociales.

Por lo tanto, por el bien de toda la región, debemos esforzarnos por restablecer el equilibrio económico. Esto significa garantizar que los jóvenes de la región puedan integrarse con confianza, en lugar de convertirse en contribuyentes involuntarios y reticentes a la proliferación de la inestabilidad y los conflictos o a la perpetuación de los flujos migratorios.

El equilibrio natural

Sin embargo, restaurar el equilibrio económico no es suficiente. La estructura de la economía afecta tanto a las personas como al planeta, por lo que las cuestiones económicas no pueden considerarse aisladas del entorno natural.

De hecho, el equilibrio económico empeorará enormemente si no logramos restablecer el equilibrio natural en paralelo. Lo más importante es que esto significa abordar la vulnerabilidad de la región mediterránea al cambio climático.

Esta cuestión apremiante fue destacada por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, en el que llamó a la humanidad a proteger y respetar una ecología integral.

Los efectos de nuestra falta de atención a este llamado ya se están haciendo visibles.

La cuenca mediterránea está siendo testigo de algunas tendencias alarmantes, con temperaturas que aumentan un 20% por encima del promedio mundial. Y coloca a aproximadamente 250 millones de personas en camino de ser clasificadas como “pobres en agua” en las próximas dos décadas.

Si las políticas actuales se mantienen sin cambios, se espera que las temperaturas en la región aumenten a un nivel 2,2ºC más alto que los niveles preindustriales para 2040.

Los ecosistemas estresados ​​y el aumento de la contaminación plantean riesgos importantes para nuestras economías y nuestras vidas. Y afectan desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables, incluidas las personas mayores, los niños y las personas con bajos ingresos.

La reciente sequía en el Mediterráneo occidental, por ejemplo, ha ilustrado cuán devastadoras podrían ser las consecuencias del cambio climático. En Marruecos, las precipitaciones acumuladas en el período anterior a la siembra de los cultivos de invierno estuvieron entre un 50% y un 80% por debajo del promedio a largo plazo, lo que dejó a los agricultores frente a la peor sequía en 30 años.

Y es probable que la combinación de recursos cada vez más escasos, flujos migratorios cada vez mayores y conflictos cada vez peores exacerbe la situación. Como vimos en 2011, cuando el aumento de los precios de los alimentos desencadenó la Primavera Árabe en Túnez, también podemos esperar una profunda agitación política.

Esto sólo sirve para subrayar cómo, cuándo ignoramos el equilibrio natural, también alteramos el equilibrio de nuestras sociedades.

Por lo tanto, necesitamos urgentemente restaurar y respetar este equilibrio natural. Y debemos reconocer que esto está íntimamente relacionado con nuestra capacidad de hacer justicia para los jóvenes y los más necesitados y, a su vez, garantizar la armonía de nuestras sociedades.

Reintegrar la región por el bien común

¿Cómo podemos restablecer este equilibrio?

No podemos buscar respuestas buscándolas por nuestra cuenta, lo que sólo exacerbaría las divisiones y desigualdades. A medida que estos desafíos trascienden las fronteras, la única manera de restablecer el equilibrio es abordarlos juntos.

Se trata de reconectar con las raíces profundas de esta región y de redescubrir el sentido del bien común.

Alcanzar el bien común implica que cada parte de la sociedad debe poder alcanzar su realización de forma más plena y sencilla. En otras palabras, el bien de la sociedad en su conjunto depende en última instancia del bienestar de cada parte individual.

Para la región mediterránea, existen dos dimensiones prácticas para lograr el bien común en la era actual.

Reconocer que hay más que nos une de lo que nos divide

El primero es reconocer que hay más cosas que unen a nuestras sociedades que las que las dividen.

El mundo ha entrado en una era geopolítica marcada por profundos cambios en las relaciones internacionales. Estamos viendo una mayor competencia entre las grandes potencias, un respeto cada vez menor por las reglas internacionales y una influencia cada vez menor de las instituciones multilaterales.

En este nuevo panorama, los fundamentos éticos y la confiabilidad están adquiriendo una vez más importancia a la hora de evaluar las asociaciones políticas y económicas. En todo el mundo, estamos viendo países forjando vínculos más estrechos basados ​​en la confianza y los intereses compartidos, un proceso conocido como nearshoring o friend-shoring.

Por ejemplo, desde la injustificable invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el comercio entre aliados geopolíticos ha crecido entre un 4% y un 6% más que el comercio entre adversarios geopolíticos, lo cual es inusual en un período de tiempo tan corto.

Estas transformaciones ofrecen una oportunidad para reconocer lo que tenemos en común y fortalecer considerablemente las conexiones en la región. El Mediterráneo, con su proximidad geográfica, potencial industrial y mano de obra joven, está preparado para convertirse en un centro atractivo para la deslocalización, especialmente para las empresas que desean estar más cerca de Europa.

Esto podría reforzar significativamente los vínculos económicos en toda la región, un potencial que es visible en áreas que están capitalizando su posición. Zonas comerciales como Tanger Med, la Zona Económica del Canal de Suez y la Zona Franca de Mersin en Türkiye ya han logrado convertirse en una parte clave de sofisticadas cadenas de suministro industriales.

Por ejemplo, 11 de las 20 principales empresas automovilísticas del mundo tienen ahora su sede en la plataforma industrial de Tanger Med. Su puerto en Marruecos manejó casi medio millón de vehículos terminados en 2022, un aumento del 11% respecto al año anterior. Y Marruecos pronto fabricará el primer coche eléctrico 100% de diseño africano.

Si se explota aún más la nueva geografía del comercio, moldeada por valores comunes y confianza mutua, toda la región puede aprovechar estos éxitos. Y al hacerlo, podemos reducir la desigualdad no sólo entre países, sino también entre generaciones. En un mundo donde las cadenas de suministro se están acortando, la población joven y educada del Mediterráneo podría convertirse en uno de los activos más valiosos de la región.

Esto requiere inversión en habilidades, infraestructura y estabilidad.

La región necesita políticas educativas específicas orientadas al desarrollo de las habilidades necesarias en sectores que van a crecer. En particular, dada su creciente importancia en la configuración del futuro panorama laboral, las habilidades digitales básicas podrían desempeñar un papel fundamental en la creación de oportunidades laborales para los desempleados o los jóvenes desconectados. Estas políticas adaptadas también deben enfatizar la inclusión de niñas y mujeres dentro de nuestras economías, fomentando así una sociedad más justa y equitativa.

La integración de cadenas de suministro eficientes en toda la región también requerirá una inversión sustancial en infraestructura, es decir, puertos, ferrocarriles y bases industriales. Según el Banco Mundial, se necesitarán inversiones por un total de al menos 100 mil millones de dólares por año durante la próxima década para mantener y mejorar la infraestructura en la región.

En un mundo donde aparecen nuevas barreras comerciales minuto a minuto, a todos los países de la región les interesa unir sus destinos. Y convertir a los vecinos mediterráneos en socios ofrece una ruta hacia la prosperidad compartida

Un requisito previo para que esto suceda es la estabilidad económica, especialmente la estabilidad de precios. La alta inflación es hoy un desafío para toda la región. Es necesario reducirla, sobre todo porque una inflación baja y estable es clave para fomentar la inversión a largo plazo. Invertir en grandes proyectos de infraestructura lleva muchos años, y esto se desalentará si la gente espera que los costos aumenten durante la construcción y hagan que esos proyectos no sean rentables.

Por nuestra parte, en el BCE estamos comprometidos a mantener la estabilidad de precios para la zona del euro. Por eso desde julio del año pasado hemos aumentado los tipos de interés diez veces y por eso actuamos de nuevo la semana pasada para reforzar el progreso hacia nuestro objetivo de inflación.

Compartir los patrimonios de la región de forma sostenible

La segunda dimensión para promover el bien común es compartir los bienes de la región de una manera más sostenible.

Hoy, dos acontecimientos ofrecen nuevas esperanzas en este ámbito.

En primer lugar, el Acuerdo de París, al que todos los países mediterráneos son signatarios, marcan un camino claro hacia la neutralidad de carbono. Esto significa que tenemos que acelerar la transición de fuentes de energía contaminantes a fuentes limpias.

En segundo lugar, la invasión rusa de Ucrania ha sido un doloroso recordatorio de la dependencia energética de Europa. Reforzar la seguridad energética es ahora una prioridad, y esto exige diversificar las importaciones de energía, así como invertir más en tecnologías renovables.

La región mediterránea está perfectamente situada para beneficiarse de esta apertura, ya que puede desempeñar un papel crucial como fuente de suministro seguro y proveedor de energía renovable. Y al compartir sus recursos de esta manera, la región puede fortalecer la conexión entre sus costas sur y norte y proteger el clima del calentamiento excesivo.

A corto y medio plazo, será clave establecer un centro de gas en el Mediterráneo para diversificar los proveedores y las rutas de energía. La región cuenta con importantes recursos de gas, así como reservas de gas emergentes en el Mediterráneo oriental. Todo esto la sitúa en una buena posición para convertirse en una arteria importante en el suministro de energía.

De cara al futuro, la transición a la energía renovable debería estar estrechamente entrelazada con el desarrollo de la producción de energía limpia en todo el Mediterráneo. La región cuenta con una considerable energía solar y eólica, así como con hidrógeno.

La instalación de sistemas de energía como plantas de energía solar concentrada podría generar electricidad equivalente a 100 veces el consumo combinado del Mediterráneo y Europa. También se espera que los proveedores del norte de África desempeñen un papel central en el suministro de hidrógeno con bajas emisiones de carbono a la región.

Aprovechar esta oportunidad de compartir los recursos naturales de la región –y así combinar destinos– podría ser transformador en muchos sentidos.

Llevaría seguridad energética a las costas septentrionales del Mediterráneo y al mismo tiempo fomentaría el crecimiento y la inclusión en las costas meridionales. Dotaría a los jóvenes de las habilidades, especialmente en los sectores ecológicos y digitales, que son necesarias para una sociedad justa y equitativa. Y nos ayudaría a todos a afrontar el desafío de nuestros tiempos: detener el calentamiento del planeta.

Conclusión

A finales del siglo IV a. C., un atrevido joven de Marsella llamado Piteas se embarcó en un extenso viaje.

Lo llevó hacia el noroeste, a través del Estrecho de Gibraltar, hasta la misteriosa isla de Thule y más allá. Piteas sería conocido como el primer científico en describir las maravillas del Ártico, desde la aurora boreal hasta las nieves perpetuas.

Su historia ejemplifica una forma de vida basada en la curiosidad y un deseo ardiente de desentrañar los misterios del mundo. No hay duda de que compartió esta naturaleza inquisitiva con los marinos pioneros fenicios que le precedieron.

Su curiosidad ayudó a abrir el Mediterráneo a su gente, lo que a su vez sentó las bases para el extraordinario intercambio de bienes, culturas y religiones sobre las que se fundaron numerosas grandes civilizaciones.

Hoy en día, es posible que el Mediterráneo haya perdido parte de su carácter anterior. Pero no ha olvidado sus raíces ni su potencial se ha visto atenuado.

Esto puede servir como base para renovar un sentido de propósito compartido, ayudando a impulsar la reintegración económica de la región y reparar su tejido social.

Y puede ayudarnos a forjar vínculos más estrechos que, en última instancia, sanarán las divisiones y desigualdades que, en conciencia, no podemos tolerar en una sociedad justa. Cada uno de nosotros donde podemos aportar.