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¿ESMA busca ampliar los mandatos de Inline XBRL?


La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) acaba de presentar la segunda consulta sobre la regulación de los mercados de criptoactivos (MiCA). Desde que MiCA entró en vigor en junio de este año, la AEVM ha sido facultada para establecer normas técnicas y directrices para disposiciones específicas de MiCA.

Las nuevas propuestas sugieren la adopción de Inline XBRL (iXBRL) para la presentación de informes sobre libros blancos de criptoactivos.

La transformación de los libros blancos en el mundo de las criptomonedas, de documentos promocionales no regulados a información regulada prescrita por MiCA, es un movimiento interesante de la UE. Según MiCA, los libros blancos ahora son «documentos informativos que contienen divulgaciones obligatorias». MiCA define estrictamente el contenido y el formato de estos documentos técnicos, lo que garantiza la legibilidad mecánica, lo cual es vital para la transparencia y la accesibilidad. Este cambio se alinea con la misión más amplia de la ESMA de mejorar los estándares de presentación de datos y la transparencia en los mercados financieros.

Para familiarizar a los participantes del mercado con iXBRL, ESMA ha publicado una prueba de concepto (PoC) que ilustra la aplicación práctica de los requisitos de formato propuestos que se encuentran en el borrador del Estándar Técnico de Implementación (ITS) sobre formularios, formatos y plantillas para libros blancos de criptoactivos. según el Reglamento (UE) 2023/1114 (MiCA).

El PoC comprende un borrador de taxonomía para una sección de un documento técnico de criptoactivos, un archivo XBRL en línea y un convertidor de Excel para demostrar la producción de un documento iXBRL.


Documento de consulta

Normas técnicas que especifican determinados requisitos del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA) – segundo documento de consulta

Resumen ejecutivo

Motivos de publicación

El Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA) se publicó en el Diario Oficial de la UE el 9 de junio de 2023. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) está facultada para elaborar normas técnicas y directrices que especifiquen determinadas disposiciones. La AEVM publicó el primero de los tres paquetes de consulta en julio de 2023. Este segundo paquete de consultas incluye todos los mandatos restantes con un plazo de 12 meses. Se espera que el tercer y último paquete de consulta se publique en el primer trimestre de 2024. El objetivo de estas consultas públicas es recabar puntos de vista, comentarios y opiniones de las partes interesadas y de los participantes en el mercado sobre la aplicación adecuada de la MiCA.

Contenido

Este documento de consulta contiene seis secciones (capítulos 3 a 8) relacionadas con: i) el contenido, las metodologías y la presentación de los indicadores de sostenibilidad y los efectos adversos sobre el clima; ii) continuidad y regularidad en la prestación de los servicios del CASP; iii) ofrecer al público datos pre y post-negociación; iv) el contenido y el formato de los registros de la cartera de pedidos y el mantenimiento de registros por parte de los CAP; v) la legibilidad mecánica de los libros blancos y el registro de los libros blancos; y (vi) los medios técnicos para la divulgación pública apropiada de información privilegiada.

Próximos pasos

La AEVM tiene como objetivo cerrar la consulta pública respetando los plazos legales establecidos en MiCA. La AEVM tendrá en cuenta los comentarios recibidos durante esta consulta y espera publicar un informe final y presentar los proyectos de normas técnicas a la Comisión Europea para su aprobación antes de junio de 2024.

Introducción

1. El 24 de septiembre de 2020, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa de Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937.

2. El Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA)1 se publicó en el Diario Oficial el 9 de junio de 2023 y entró en vigor el 29 de junio de 2023.

3. La MiCA exige a la AEVM que elabore una serie de estrategias técnicas, STI y directrices, en estrecha cooperación con la ABE. Este segundo paquete de consulta abarca seis proyectos de RTS y dos proyectos de STI sobre: (i) contenido, metodologías y presentación de indicadores de sostenibilidad sobre impactos adversos en el clima y el medio ambiente (RTS); ii) las medidas que deben adoptar los proveedores de servicios de criptoactivos para garantizar la continuidad y la regularidad en la prestación de los servicios (RTS); datos de transparencia pre y post-negociación que deben hacerse públicos (RTS); (iii) contenido y formato de los registros de la cartera de pedidos (RTS); iv) el mantenimiento de registros por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos (RTS); (v) datos necesarios para la clasificación de los libros blancos (RTS); vi) formularios y plantillas normalizados para el libro blanco de criptoactivos (STI); (vii) medios técnicos para la divulgación pública adecuada de información privilegiada (STI).

4. La AEVM debe presentar estas normas técnicas a la Comisión Europea a más tardar el 30 de junio de 2024.

5. Si bien el presente documento de consulta no incluye un proyecto de análisis de costes y beneficios, la AEVM ha elaborado su proyecto de estrategia técnica y de los STI teniendo debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta los posibles costes que las obligaciones que contienen supondrían para los participantes en el mercado. La AEVM considera que las disposiciones incluidas en el proyecto de RTS y STI que figuran en el anexo del presente documento no crean nuevos costes para las partes interesadas del mercado más allá de los que se derivan naturalmente de las obligaciones de nivel 1. No obstante, se invita a los encuestados a que destaquen en su respuesta cualquier preocupación específica que las propuestas de la AEVM puedan plantearles en términos de sus costes asociados.

Contenido, metodologías y presentación de indicadores de sostenibilidad sobre impactos adversos sobre el clima y el medio ambiente

Antecedentes

5. El artículo 19, apartado 1, el artículo 51, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, de la MiCA introducen, respectivamente, requisitos de divulgación relacionados con los principales efectos adversos sobre el clima y otros efectos adversos relacionados con el medio ambiente del mecanismo de consenso utilizado para emitir el criptoactivo, como parte de los libros blancos sobre fichas referenciadas a activos (ART), fichas de dinero electrónico (EMT) y criptoactivos distintos de los ART y EMT. Estos requisitos de divulgación se aplican a las personas que elaboran el libro blanco de criptoactivos a que se refieren los artículos 6, 19 o 51 de la MiCA. En particular, los operadores de plataformas de negociación garantizarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2027, la elaboración, notificación y publicación de un libro blanco de criptoactivos en relación con los criptoactivos distintos de los ART y los EMT admitidos a negociación antes del 30 de diciembre de 2024. Para facilitar la referencia, se hará referencia a ellos como «personas que redactan libros blancos de criptoactivos» a lo largo de este documento de consulta.

6. El artículo 66, apartado 5, también exige a los proveedores de servicios de criptoactivos (CAP) que pongan dicha información a disposición en un lugar destacado de su sitio web para todos los criptoactivos en relación con los cuales presten servicios, independientemente de que la información pueda obtenerse de libros blancos.

7. El artículo 6, apartado 12, el artículo 19, apartado 11, el artículo 51, apartado 15, y el artículo 66, apartado 6, exigen a la AEVM que especifique el contenido, las metodologías y la presentación de la información relativa a los indicadores de sostenibilidad en relación con los efectos adversos sobre el clima y otros efectos adversos relacionados con el medio ambiente, teniendo en cuenta los distintos tipos de mecanismos de consenso utilizados para validar las operaciones con criptoactivos (incluidas sus características y las diferencias entre ellos) y sus estructuras de incentivos. Dichos indicadores de sostenibilidad deben abarcar el uso de la energía, las energías renovables y los recursos naturales, la producción de residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Evaluación

Descripción de los mecanismos de consenso

8. Las menciones a los mecanismos de consenso en MiCA se refieren indistintamente a la emisión de criptoactivos y a la validación de las transacciones con criptoactivos. La AEVM entiende que el objetivo principal de un mecanismo de consenso es validar las transacciones en criptoactivos, y que la emisión de un criptoactivo puede ser el resultado final de esta operación de validación.

9. Por lo tanto, a efectos de evaluar las repercusiones de los mecanismos de consenso en la sostenibilidad, es conveniente centrarse en la validación de las operaciones con criptoactivos, con arreglo a la definición de «mecanismo de consenso» que figura en el artículo 3, apartado 1, punto 3, de la MiCA, y suponer que esta validación se confunde con la emisión de un criptoactivo.

10. Una descripción de los mecanismos de consenso utilizados para validar las transacciones, y sus estructuras de incentivos, es el punto de partida para que las personas que redacten libros blancos de criptoactivos y para que los CASP articulen mejor sus impactos en materia de sostenibilidad.

11. Los debates políticos en el momento del acuerdo político sobre la MiCA se centraron en gran medida en los efectos comparativos de las estructuras de incentivos vinculadas a los mecanismos de prueba de trabajo y prueba de participación. Los mecanismos de consenso de prueba de trabajo, típicamente asociados con incentivos basados en el uso de la potencia de cómputo, pueden considerarse más impactantes desde el punto de vista de la sostenibilidad. Sin embargo, los requisitos de divulgación no deben limitarse a un subconjunto específico de mecanismos de consenso, sino que deben abarcar todos los tipos actuales y futuros de mecanismos de consenso. Los mecanismos de consenso se identificarán en la parte de los libros blancos sobre la información sobre la tecnología subyacente, según lo prescrito en los anexos I, II y III del MiCA.

12. La evaluación de los impactos en la sostenibilidad de los mecanismos de consenso se entiende como la evaluación de los impactos acumulativos en la sostenibilidad del conjunto de nodos de la red TRD activos en la consecución de un acuerdo de validación de una transacción.

13. Los efectos de los mecanismos de consenso en la sostenibilidad no solo están vinculados a la validación de las transacciones, sino también al uso de la energía y los recursos necesarios para mantener la integridad de la información almacenada en el libro mayor. Dado que algunos criptoactivos se basan en una estructura de varios niveles que abarca diferentes tipos de mecanismos de consenso, los impactos en la sostenibilidad de cada mecanismo de consenso utilizado en los diferentes niveles deben evaluarse adecuadamente y divulgarse en consecuencia

Disponibilidad y fiabilidad de los datos

14. La divulgación de información en materia de sostenibilidad forma parte integrante del código normativo de la MiCA, y se espera que todas las entidades que deseen participar en la emisión, la oferta pública y la admisión a cotización de criptoactivos en la Unión cumplan plenamente estos requisitos.

15. La AEVM reconoce los retos asociados a la recopilación de datos detallados sobre cuestiones de sostenibilidad a la luz de la naturaleza global y descentralizada de las actividades relacionadas con los criptoactivos, en particular para los mecanismos de consenso público y sin permiso. Estos retos son, en general, similares a los retos a los que se enfrentan las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento sobre divulgación de información financiera sostenible (SFDR), algunas de las cuales pueden ser personas que redactan libros blancos de criptoactivos o están autorizadas como CAP en el futuro.

16. La AEVM también observa que un número cada vez mayor de entidades activas en los mercados de criptoactivos están divulgando voluntariamente información sobre su impacto en la sostenibilidad, incluidas las comparaciones entre criptoactivos, y recurriendo a fuentes de terceros para elaborar dichas declaraciones de sostenibilidad.

17. Sobre la base de un análisis inicial del cuerpo académico de investigación hasta la fecha y de las metodologías utilizadas actualmente por los proveedores de datos de sostenibilidad en relación con los criptoactivos, la AEVM considera que el impacto en la sostenibilidad de los mecanismos de consenso puede anclarse en tres características principales de los nodos de la red TRD: 1) el consumo de energía de cada nodo de la red TRD; 2) su ubicación; y 3) los dispositivos que utiliza cada nodo de la red DLT tanto para participar en la red DLT, como los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC), como para mantener una réplica de los registros de todas las transacciones en un libro mayor distribuido, incluidos los servidores y los equipos utilizados para mantener su integridad.

19. En particular, la ubicación de los nodos de la red TRD puede utilizarse como indicador sustitutivo para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que puede evaluarse la producción de residuos y el uso de recursos naturales a lo largo del ciclo de vida (producción, uso y eliminación) de los equipos de hardware de cada nodo de la red TRD.

20. Se espera que las personas que redacten libros blancos y CAP sobre criptoactivos identifiquen estas características principales y las combinen con conjuntos de datos pertinentes (por ejemplo, sobre las combinaciones energéticas de los países y sobre las evaluaciones del ciclo de vida de los equipos informáticos), a fin de obtener evaluaciones comparables y fiables del impacto de los mecanismos de consenso en la sostenibilidad.

Indicadores, metodologías y presentación de la información

21. Las primeras experiencias de los requisitos de presentación de informes en materia de sostenibilidad en el marco de la Directiva sobre la gestión sostenible de la información y el desarrollo sostenible y los comentarios iniciales de las partes interesadas externas indican que la mejor manera de garantizar la comparabilidad es con indicadores basados en parámetros cuantitativos armonizados, en lugar de divulgaciones cualitativas.

22. Esos parámetros cuantitativos deberían basarse en principios metodológicos comunes, inspirados en los marcos existentes de la CSRD y el SFDR y en las iniciativas internacionales pertinentes. Está previsto seguir trabajando a escala de la UE en estas metodologías, en particular a través de una licitación sobre el desarrollo de una metodología y normas de sostenibilidad para mitigar el impacto medioambiental de los criptoactivos, lanzada en septiembre de 20232.

23. Los requisitos de divulgación de información en materia de sostenibilidad forman parte integrante de los requisitos para elaborar libros blancos y, como tales, estarán cubiertos por los requisitos relativos a la presentación de la información en los STI pertinentes con arreglo al artículo 6, apartado 11, el artículo 19, apartado 10, y el artículo 51, apartado 10.

24. Es necesario especificar con más detalle cómo se presentará la información sobre los indicadores de sostenibilidad en el sitio web de los CAP, ya que esta cuestión no está ampliamente tratada en el MiCA.

Propuesta

Coherencia, complementariedad, consistencia y proporcionalidad

25. Los tres mandatos relativos a los indicadores de sostenibilidad para los libros blancos de criptoactivos son idénticos en cuanto al fondo, y el mandato sobre los indicadores de sostenibilidad en los sitios web de los CAPP está estrechamente vinculado a la información incluida en los libros blancos de criptoactivos. La AEVM propone agrupar estos cuatro mandatos en una única estrategia técnica.

26. Si bien estas normas comunes constituyen un paso importante para fomentar la coherencia de la divulgación, también se espera que las personas que redacten los libros blancos de criptoactivos y los CAP cooperen para garantizar dicha coherencia a lo largo del tiempo. En particular, las divulgaciones deben compararse entre sí en revisiones periódicas y actualizarse en consecuencia.

27. Las definiciones y los conceptos de los requisitos de divulgación de información de la MiCA se armonizan, en la medida de lo posible, con las normas relativas a la CSRD y al SFDR, a fin de garantizar la complementariedad y la coherencia con los requisitos de divulgación de información en materia de sostenibilidad existentes, en particular porque algunas personas que elaboran libros blancos de criptoactivos y CAP también pueden estar sujetas a estas normas.

28. La proporcionalidad ya está incorporada en estos requisitos desde el principio, ya que solo debe tenerse en cuenta un subconjunto limitado de cuestiones de sostenibilidad en los requisitos de divulgación de la MiCA en comparación con los marcos CSRD y SFDR. Además, la AEVM propone que los indicadores solo sean obligatorios cuando puedan considerarse los más propicios para que los inversores sean conscientes del impacto de los mecanismos de consenso (en particular, cuando los datos de sostenibilidad estén más fácilmente disponibles), y se identifiquen indicadores adicionales para su divulgación opcional. Por último, el proyecto de RTS incluye la posibilidad de que las entidades sujetas a requisitos de divulgación se beneficien de una cláusula de máximo esfuerzo en caso de disponibilidad limitada de datos.

Disponibilidad y fiabilidad de los datos

29. La AEVM reconoce que los datos de sostenibilidad con respecto a los mecanismos de consenso pueden no estar plenamente disponibles cuando se aplica la MiCA. Además de la cláusula de mejor esfuerzo, la AEVM propone, por tanto, que las entidades sujetas a requisitos de divulgación puedan basarse en estimaciones cuando no se disponga fácilmente de datos, sobre la base de los principios generales especificados en el proyecto de RTS.

30. El uso de estimaciones puede ser pertinente tanto para los criptoactivos nuevos, que permiten estimar información para (parte de) su primer año natural de emisión, como para los criptoactivos existentes, en particular porque se espera que los operadores de plataformas de negociación garanticen la elaboración de un libro blanco de criptoactivos para los criptoactivos distintos de los ART y los EMT admitidos a negociación antes del 30 de diciembre de 2024.

40. La AEVM también propone que el uso de terceros para revisar la divulgación de información en materia de sostenibilidad se indique en los libros blancos y en los sitios web de los CAP, en consonancia con el enfoque aplicable a la divulgación de información relacionada con la taxonomía sobre actividades sostenibles de la UE en el SFDR RTS.

41. Uno de los objetivos del presente documento de consulta es aclarar las expectativas sobre los requisitos de los indicadores de sostenibilidad relacionados con los mecanismos de consenso utilizados para validar las transacciones con criptoactivos. Esto incentivará la disponibilidad de datos más detallados y, a su vez, mejorará la fiabilidad de los indicadores y las estimaciones.

42. Además, la AEVM invita a las personas que elaboran libros blancos de criptoactivos y documentos de acción a que aumenten su coordinación en previsión de la aplicación de la MiCA, con el fin de fomentar la aplicación coherente de la divulgación de información en materia de sostenibilidad en todos los ámbitos, en particular cuando el mismo criptoactivo se admite a negociación en diferentes plataformas de negociación.

Indicadores, metodologías y presentación de la información

43. La AEVM propone un conjunto específico de divulgaciones obligatorias (cuadro 1 del anexo del proyecto de RTS), con un número limitado de parámetros cuantitativos sobre el consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 y la producción de residuos, junto con una declaración cualitativa sobre el impacto del uso de equipos por parte de los nodos de la red TRD en los recursos naturales. Se presta especial atención a los indicadores clave, definidos como el consumo de energía, la intensidad energética y las emisiones de GEI.

44. En términos prácticos, las personas que redacten libros blancos de criptoactivos y CAP deberán i) identificar el consumo de energía de los nodos de la red TRD utilizados para validar las transacciones con los criptoactivos, ii) calcular las emisiones de GEI relacionadas con las fuentes de energía que posean y estén bajo su control, o que adquieran estos nodos de la red TRD, sobre la base de la ubicación de los nodos de la red TRD.  y iii) inferir la producción de residuos y el uso de recursos naturales a partir de un análisis de la producción, uso y eliminación de los dispositivos de los nodos de la red DLT.

45. La AEVM también propone que las personas que redacten libros blancos de criptoactivos y PASP que estén dispuestas a adoptar medidas adicionales hagan uso de los indicadores opcionales sugeridos. Dicha información adicional podrá incluir información detallada sobre la combinación energética y la intensidad de carbono de la energía utilizada, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a la cadena de valor de los nodos de la red TRD (ámbito de aplicación 3), sobre la generación y el reciclado de todo tipo de residuos y la intensidad de residuos de cada transacción, y sobre el uso y el reciclado del agua por los nodos de la red TRD.  así como más detalles sobre los objetivos de reducción de energía, emisiones de GEI, residuos y recursos naturales. Estos indicadores opcionales podrían ser obligatorios a medio plazo, si se considera que mejoran la sensibilización de los inversores.

46. Con esta primera versión del proyecto de estrategia técnica, la AEVM establece hitos importantes para desarrollar una divulgación coherente de la sostenibilidad de los criptoactivos, aprovechando los indicadores y metodologías establecidos. A corto plazo, la certidumbre proporcionada en el borrador de RTS debería mejorar la disponibilidad de datos de sostenibilidad en relación con los criptoactivos antes de la aplicación de los requisitos de la MiCA a finales de 2024. A medio plazo, la AEVM tiene la intención de sugerir revisiones de la RTS incorporando nuevos hallazgos en un campo de investigación en rápida evolución, así como las conclusiones de los próximos informes de la Comisión. Este enfoque dinámico aumentará gradualmente el alcance de la divulgación de información sobre sostenibilidad para los criptoactivos.

47. Si bien en esta fase no pueden proporcionarse metodologías normalizadas sobre los parámetros cuantitativos propuestos, debido al escaso consenso en las comunidades de investigación y criptomonedas, la primera versión del proyecto de estrategia técnica sobre el terreno ya contempla un enfoque armonizado sobre los supuestos que deben tener en cuenta las personas que redacten libros blancos de criptoactivos y documentos de estrategia de compraventa de criptomonedas, incluidas las orientaciones para el cálculo de determinados parámetros de sostenibilidad.  anclado en el proyecto de Normas Europeas de Presentación de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) que especifica la CSRD.

48. Además, puede permitirse el uso de estimaciones para calcular y presentar información sobre los indicadores de sostenibilidad si la información no está fácilmente disponible. La AEVM estudiará orientaciones adicionales sobre las metodologías y fuentes de datos recomendadas sobre la base de los comentarios recibidos durante la consulta.

49. Por último, la AEVM propone incluir en el proyecto de estrategia técnica principios generales sobre la presentación de la información en los sitios web de los CAP, así como una plantilla común para la divulgación de información en materia de sostenibilidad (en el anexo del proyecto de estrategia técnica sobre sostenibilidad), a fin de garantizar la comparabilidad entre los principios básicos de estrategia y fomentar la comprensión de los inversores. Esta plantilla incluye un enfoque específico en los indicadores clave descritos anteriormente.


El marco TPT «complementa y construye» sobre los estándares ISSB


La armonización y la interoperabilidad son fundamentales para que los planes de transición sean coherentes, comparables y eficaces a escala internacional.

El marco de divulgación finalizado del Grupo de Trabajo del Plan de Transición (TPT, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo «eliminar la fricción» para los preparadores de los planes de transición climática alineándose con el trabajo del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) y la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (GFANZ, por sus siglas en inglés).

En su intervención en el evento de lanzamiento del TPT el 9 de octubre, la baronesa Penn, copresidenta del TPT y ministra de los Lores del Tesoro de Su Majestad, dijo que el marco de divulgación «complementa y se basa» en los estándares globales de sostenibilidad del ISSB.

El marco TPT está alineado con la guía desarrollada por GFANZ, que ha ayudado a impulsar el «apoyo y el consenso» internacional sobre la importancia de los planes de transición.

«Esta alineación apoya la convergencia internacional sobre lo que hace que un plan de transición sea sólido y creíble», dijo Penn, y agregó que, si bien el marco TPT se ha desarrollado en el Reino Unido, tiene aplicabilidad global por diseño.

El marco de divulgación se basa en los principios de «ambición, acción y responsabilidad», dijo el TPT, para garantizar que los planes de transición de las empresas adopten un enfoque «estratégico y redondo» que explique cómo cumplirán los objetivos climáticos, gestionarán los riesgos relacionados con el clima y contribuirán a lograr el cero neto.

«Los planes de transición creíbles son una herramienta esencial para garantizar que la economía mundial realice la transición en línea con una trayectoria de 1,5 °C», dijo Nicolette Bartlett, directora de impacto de la plataforma de divulgación global CDP.

«El lanzamiento del marco de divulgación es un paso vital para garantizar que el sector privado tenga las herramientas que necesita para desarrollar planes de transición creíbles».

En 2022, solo el 28% de las empresas del Reino Unido que divulgaron a través de CDP dijeron que tenían un plan de transición. «Esta guía es esencial para aumentar ese número», añadió Bartlett.

El Tesoro de Su Majestad estableció el TPT en abril de 2022 para desarrollar un «estándar de oro» para los planes de transición climática del sector privado

Planes creíbles y robustos

Según el TPT, su marco proporciona la base para que las empresas establezcan planes de transición «creíbles y sólidos» como parte de los informes anuales sobre su futura estrategia comercial. El marco también apoyará la creación de informes coherentes y comparables de las empresas, y reducirá el nivel de complejidad de la divulgación de información al que se enfrentan las empresas.

Como ha demostrado el clima extremo presenciado en todo el mundo, el cambio climático está teniendo un impacto cada vez más real en las empresas y el capital. Como resultado, sabemos que las empresas han tomado la decisión, o se les está pidiendo, que desarrollen planes de transición para ser más resilientes al clima, incluso a través de modelos de negocio con menos emisiones de carbono.

Para estas empresas, la publicación del Marco de Divulgación del Grupo de Trabajo del Plan de Transición será bienvenida como oportuna e importante, ya que les ayudará a desarrollar y divulgar objetivos y planes de acción.

Las principales empresas e instituciones financieras, incluida la aseguradora Aviva, la gestora de activos Legal & General Investment Management (LGIM), el London Stock Exchange Group (LSEG), el banco británico NatWest y la empresa de bienes de consumo Unilever se encuentran entre los miembros de TPT responsables de crear el marco.

Al basarse en las mejores prácticas del mercado mundial, TPT se erige como un ejemplo destacado que puede informar el desarrollo de enfoques comunes para la divulgación de planes de transición», dijo Mary Schapiro, presidenta de GFANZ y jefa de la Secretaría del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima (TCFD).

Este marco, que se basa en el marco de mejores prácticas desarrollado por GFANZ en 2022, desempeñará un papel fundamental para garantizar que las empresas e instituciones financieras del Reino Unido desarrollen y divulguen los planes de transición creíbles y completos necesarios para impulsar la transición a cero emisiones netas.

Las empresas y las instituciones financieras ahora deben adoptar rápidamente este poderoso marco para la planificación de la transición.

El modelo lanzado hoy permitirá al público en general y a los inversores hacer que las empresas rindan cuentas de sus acciones. La gente en el Reino Unido espera, con razón, que la comunidad empresarial y la industria financiera desempeñen un papel de liderazgo en la acción climática: no puede haber excusas para el retraso.

En marzo de 2022, Aviva se convirtió en la primera empresa en publicar su plan de transición climática, en el que describe su camino para alcanzar las cero emisiones netas en 2040. Otras firmas notables que también han publicado planes de transición incluyen Phoenix Group y el proveedor global de servicios financieros Allianz.

Objetivos fáciles, entrega difícil

Amanda Blanc, copresidenta de TPT y directora ejecutiva de la aseguradora Aviva, con sede en el Reino Unido, ha instado a las empresas a «seguir adelante» con respecto al desarrollo de sus planes de transición.

Hablando en el evento de lanzamiento, señaló que, si bien muchas empresas están «inspiradas e informadas» por el trabajo del TPT, «inevitablemente llegará un punto en el que las cosas comenzarán a complicarse». 

Este es el punto en el que tendrás que priorizar los resultados a largo plazo sobre las recompensas a corto plazo, equilibrar las decisiones en diferentes partes del negocio y comenzar a hacer las cosas de manera diferente. 

No será fácil, pero esa es la esencia de la construcción de un plan de transición: establecer objetivos es fácil, cumplirlos es difícil, y es por eso que el plan es vital. 

El TPT ha publicado orientaciones adicionales para los preparadores y usuarios de los planes de transición junto con el marco de divulgación.  

Esto incluye orientaciones de alto nivel en 40 sectores, recomendaciones sobre el ciclo de planificación de la transición climática, mapeos técnicos y comparaciones entre el marco de divulgación y otros marcos de información conocidos, como el TCFD, así como consideraciones legales para las empresas que preparan informes utilizando el marco de divulgación y la guía de implementación basada en la web.

Blanc pidió a las empresas e instituciones financieras que utilicen el nuevo marco para poner sus «casas en orden» y dijo a los equipos directivos que defienden la planificación de la transición tanto dentro como fuera de sus organizaciones.

Seguir adelante, involucrar a otros e impulsar el sistema: podemos cambiarlo, y debemos hacerlo si queremos progresar.

Planes críticos para la acción climática

Para los períodos contables a partir de enero de 2022, ya se espera que los emisores cotizados, los gestores de activos y los propietarios de activos incluidos en el ámbito de aplicación de las normas de divulgación relacionadas con el clima de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) describan sus planes para la transición a una economía baja en carbono.

Las empresas deberán pensar estratégicamente sobre cómo responden y contribuyen a la transición hacia un futuro con bajas emisiones y resiliente al clima.

El marco de divulgación publicado hoy por el TPT es un paso importante en esta transformación. Ayudará a las empresas a comunicar información de alta calidad, coherente y completa sobre sus planes de transición a los inversores, dándoles la confianza necesaria para financiar la transición.

La FCA tiene la intención de fortalecer sus expectativas en cuanto a la divulgación de información sobre los planes de transición, basándose en el marco de divulgación del TPT.

Como primer paso, el 10 de agosto de 2023, la FCA señaló su intención de consultar sobre la divulgación de los planes de transición por parte de las empresas cotizadas en consonancia con el marco de divulgación del TPT, junto con su consulta sobre la aplicación de las normas ISSB aprobadas por el Reino Unido. Se prevé que estos nuevos requisitos entren en vigor para los períodos contables a partir de enero de 2025. Los primeros informes comenzarían a partir de 2026.  

En 2023, el gobierno del Reino Unido se comprometió a consultar sobre la introducción de requisitos también para que las empresas más grandes del Reino Unido divulguen sus planes de transición si los tienen. Esta consulta, prevista para el cuarto trimestre de 2023, garantizará la coherencia de los requisitos de divulgación tanto para las empresas cotizadas como para las grandes empresas privadas.

El panorama internacional muestra un impulso significativo detrás de los planes de transición de los gobiernos, los reguladores y los mercados, señalando que el G20 y los foros regulatorios multilaterales están «prestando atención» y las jurisdicciones están considerando cómo pueden introducir sus propios requisitos.

Los planes de transición son fundamentales para la acción climática y apoyan la movilización de la financiación de la transición, y añadió que los planes sólidos también proporcionan un «enfoque más justo y pragmático» para alcanzar las cero emisiones netas que alivia las cargas de los trabajadores.

Penn reconoció que, en última instancia, el mercado determinará si los planes de los preparadores son creíbles, y que los inversores, a través de su gestión, desempeñarán un papel clave en el escrutinio de los planes de transición para acelerar el progreso de las cero emisiones netas.

Las empresas que gestionen los riesgos y aprovechen las oportunidades que presenta la transformación prosperarán.


Prólogo de los Copresidentes del Grupo Directivo del TPT

En la COP26, el gobierno del Reino Unido anunció su intención de convertirse en el primer centro financiero del mundo alineado con las cero emisiones netas y anunció que pondría en marcha el Grupo de Trabajo del Plan de Transición (TPT) con la misión de elaborar un marco de divulgación de referencia para los planes de transición. Menos de dos años después, el TPT ha cumplido esta misión, con el lanzamiento del Marco de Divulgación y la Guía de Implementación.

Este marco ha sido un verdadero esfuerzo de colaboración que se basa en la amplia gama de talento y experiencia de todo el mercado. No habría sido posible sin las más de 100 organizaciones de las finanzas, las empresas, la sociedad civil, el gobierno y el mundo académico que han apoyado su desarrollo y las más de 500 organizaciones con las que interactuamos para probar su solidez.

El Reino Unido está comprometido con el liderazgo global de cero emisiones netas, por lo que el gobierno está avanzando hacia la obligatoriedad de la publicación de los planes de transición. Tras la publicación del Marco del TPT, los reguladores se basarán en él para reforzar los requisitos existentes. El Gobierno también consultará sobre la introducción de requisitos para que las empresas más grandes del Reino Unido divulguen sus planes de transición si los tienen.

Incluso a medida que se desarrolla el marco regulatorio para los planes de transición, las empresas no deben considerar su divulgación como un mero ejercicio de cumplimiento. Los planes de transición forman un componente fundamental de la estrategia empresarial de una empresa, ya que ayudan a explicar a sus clientes, accionistas e inversores cómo se adaptarán y crecerán a medida que la economía mundial pase a las cero emisiones netas.

Los planes de transición no solo se están convirtiendo en la norma en el Reino Unido, sino que están cobrando impulso a nivel internacional, ya sea en los EE. UU., la UE, el G7 o el G20. Las Normas del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) (NIIF S1 y S2), que constituyen la línea de base global para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad, también prevén la divulgación de los planes de transición. El TPT se basa en la labor de la ISSB y apoya el cumplimiento de la NIIF S2. El Marco de Divulgación también está alineado con la guía del plan de transición desarrollada por la Glasgow Finance Alliance for Net Zero (GFANZ) y, por lo tanto, apoya la convergencia internacional sobre lo que hace que un plan de transición sea sólido y creíble. Por lo tanto, si bien el marco TPT se ha desarrollado en el Reino Unido, tiene aplicabilidad global por diseño.

En las próximas décadas, el mundo experimentará una de las mayores transformaciones económicas que se recuerdan. Las empresas que gestionen los riesgos y aprovechen las oportunidades que presenta la transformación prosperarán. Eso requiere un plan de transición. El marco TPT proporciona las herramientas que las empresas necesitan para ponerse en marcha, por lo que nuestro mensaje es simple: es hora de convertir la ambición en acción.

Prólogo de Sue Lloyd, vicepresidenta del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB)

Como han demostrado los fenómenos meteorológicos extremos observados en todo el mundo, el cambio climático está teniendo cada vez más un impacto muy real en las empresas y el capital. Como resultado, sabemos que las empresas han tomado la decisión, o se les está pidiendo, que desarrollen planes de transición para ser más resilientes al clima, incluso a través de modelos de negocio con menos emisiones de carbono. Para estas empresas, la publicación del Marco de Divulgación del Grupo de Trabajo del Plan de Transición será bien recibida como oportuna e importante, ya que les ayudará a desarrollar y divulgar objetivos y planes de acción.

En junio de 2023, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) publicó sus primeras Normas de divulgación de información sobre sostenibilidad -NIIF S1 e NIIF S2- en respuesta a la demanda del mercado de un lenguaje global de divulgación de información relacionada con la sostenibilidad destinado a satisfacer las necesidades de información de los inversores.

El ISSB aborda los requisitos de divulgación, por lo que no requiere que las empresas establezcan planes de transición. Sin embargo, la Norma S2 relacionada con el clima de la ISSB (IFRS S2) exige a las empresas que divulguen información sobre cualquier plan de transición relacionado con el clima que tenga una empresa, incluidos los supuestos claves utilizados en el desarrollo de estos planes y las dependencias en las que se basa el plan.

Esto significa que el Marco TPT proporciona un complemento práctico y útil a nuestros Estándares. Será una herramienta útil para que las empresas desarrollen sus planes de transición e informen sobre los requisitos de información a revelar de la NIIF S2.

Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por el Grupo de Trabajo del Plan de Transición para garantizar que este marco sea coherente con las Normas de la ISSB y el firme apoyo del Grupo de Trabajo a la visión de una línea de base mundial de divulgaciones relacionadas con el clima, que proporcionará la coherencia y la comparabilidad que tanto necesitan los inversores y permitirá a las empresas comunicarse con los inversores existentes y potenciales.

Esperamos seguir cooperando mientras ayudamos a las empresas de todo el mundo a beneficiarse de una sólida divulgación de información relacionada con el clima.

Prólogo de Mary Schapiro, vicepresidenta de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)

Reconociendo los riesgos y oportunidades de la transición a cero emisiones netas, miles de empresas han asumido compromisos voluntarios de cero emisiones netas. Para implementarlos, las empresas necesitan planes estratégicos de transición que establezcan los pasos que cada una de ellas tomará de forma independiente para alinear su negocio principal con un futuro de cero emisiones netas. Al hacerlo, es fundamental que las empresas desarrollen planes que sean creíbles, integrales y consistentes.

Aplaudo el liderazgo que han demostrado los responsables de la formulación de políticas financieras del Reino Unido y los líderes del sector privado en la elaboración del Marco de Divulgación del Grupo de Trabajo del Plan de Transición. La implementación del Marco de Divulgación del TPT en el Reino Unido y el cambio de divulgaciones voluntarias a obligatorias desempeñarán un papel esencial en la catalización del cambio sistémico necesario para financiar la transición a una economía de cero emisiones netas.

Para GFANZ, 2023 es el año del plan de transición. A medida que un número cada vez mayor de instituciones financieras preparan y divulgan voluntariamente planes de transición, GFANZ está trabajando con los responsables de la formulación de políticas a nivel mundial para promover enfoques coherentes para la planificación de la transición, basándose en el marco voluntario de GFANZ.

Es por diseño que el Marco de Divulgación del TPT identifica los mismos componentes clave de un plan de transición creíble, integral y coherente que el GFANZ, y que la orientación sectorial del TPT para los subsectores financieros se alinea con la orientación voluntaria existente de las alianzas sectoriales de cero emisiones netas del GFANZ.

Es alentador que los responsables políticos de un número cada vez mayor de jurisdicciones estén reconociendo la importancia de los planes de transición. La transición a cero emisiones netas es un desafío global común que están abordando las jurisdicciones que dependen de las finanzas globales, las empresas con cadenas de suministro globales y las instituciones financieras que pueden canalizar la financiación a través de las fronteras para lograr el mayor impacto en la descarbonización.

La necesidad de una convergencia global sobre lo que constituye una divulgación creíble, integral y coherente de la planificación de la transición no podría ser mayor. Esperamos trabajar con un conjunto cada vez más amplio de responsables políticos para lograr esta coherencia, y agradecemos a los sectores público y privado del Reino Unido por liderar el camino.

Sobre el TPT

El Reino Unido se ha fijado objetivos ambiciosos y jurídicamente vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a cero neto para 2050, con objetivos intermedios vinculantes. El Reino Unido también se ha comprometido en las negociaciones climáticas de la ONU a reducir las emisiones en al menos un 68% para 2030.

En octubre de 2021, el gobierno del Reino Unido publicó la Hoja de Ruta de Finanzas Ecológicas, señalando que tiene la intención de fortalecer los requisitos de informes de sostenibilidad nuevos y existentes para las empresas, incluida la publicación de planes de transición climática.

En la COP26, el canciller del Reino Unido se comprometió además a trabajar para que el Reino Unido se convierta en el primer centro financiero del mundo alineado con las cero emisiones netas y a garantizar que los flujos financieros se desvíen hacia el apoyo a una economía con cero emisiones netas. El canciller también estableció que el Reino Unido avanzará hacia la obligatoriedad de la publicación de los planes de transición.

El Grupo de Trabajo sobre el Plan de Transición (TPT, por sus siglas en inglés) fue lanzado por el Tesoro de Su Majestad en marzo de 2022 con el mandato de reunir a líderes de la industria, el mundo académico y los reguladores para desarrollar buenas prácticas para la divulgación de los planes de transición para las finanzas y la economía real. Además, se ha encomendado al TPT la tarea de colaborar con los gobiernos y las redes reguladoras no británicas para apoyar las conversaciones sobre cómo construir líneas de base y principios comunes para la planificación de la transición.

En la Estrategia de Finanzas Verdes de 2023, el gobierno del Reino Unido se comprometió a consultar sobre la introducción de requisitos para que las empresas más grandes del Reino Unido divulguen sus planes de transición si los tienen. Además, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha señalado su intención de consultar sobre el fortalecimiento de los requisitos para la divulgación de información sobre los planes de transición en línea con el Marco de Divulgación de TPT.  junto con su consulta sobre la implementación de las normas ISSB aprobadas por el Reino Unido.

INTRODUCCIÓN

Las 195 Partes en el Acuerdo de París se han comprometido conjuntamente a proseguir los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, adaptándose al mismo tiempo a los efectos adversos del cambio climático y fomentando la resiliencia. Más recientemente, en 2022, las 196 Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica acordaron un paquete histórico de objetivos y metas para restaurar los ecosistemas naturales y detener la peligrosa pérdida de biodiversidad.

Ambos acuerdos reconocen la necesidad de perseguir sus objetivos de una manera que respete el imperativo de una transición justa y que satisfaga las necesidades de las personas en todo el mundo.

La comunidad mundial aún no está en camino de alcanzar estos objetivos ambientales.6 Las recientes inundaciones, tormentas, incendios forestales y olas de calor devastadoras en todo el mundo demuestran claramente que no somos resilientes al clima actual. Las tendencias actuales de las emisiones significan que estos impactos seguirán acelerándose.

El mundo necesita urgentemente hacer una transición ordenada hacia una economía baja en gases de efecto invernadero (GEI) y resiliente al clima. Uno que aproveche las oportunidades, salvaguardando al mismo tiempo el entorno natural. Y que sea lo más justa e inclusiva posible para todos, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás.

Para hacer frente a este reto, se requiere una transformación fundamental en los negocios y las finanzas.

El papel de la planificación de la transición y los planes de transición

La planificación de la transición y la divulgación de los planes de transición son fundamentales para esta transformación. Un enfoque sólido de la planificación de la transición proporciona un plan para la ejecución estratégica. La divulgación de los planes de transición puede dotar a los inversores de la información que necesitan para financiar la transición a la velocidad y escala requeridas.

Muchos de los elementos básicos para financiar la transición ya están en marcha. En todo el mundo, las empresas se comprometen cada vez más con objetivos climáticos ambiciosos. Por ejemplo, más de 8.300 empresas y más de 550 instituciones financieras se han adherido a la iniciativa de actores no estatales de la ONU. Las iniciativas voluntarias, como la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), están convirtiendo los compromisos en acción climática, y se está dando a conocer la primera ola de planes de transición del sector privado.

El Marco de Divulgación del TPT (el «Marco») establece buenas prácticas para la divulgación de planes de transición sólidos y creíbles.

Un plan, muchos usuarios

El plan de transición de una entidad puede servir para muchos propósitos. La revelación de un plan de transición como parte de la información a revelar relacionada con la sostenibilidad en los estados financieros de propósito general, relacionada con los estados financieros de la entidad:

• Establecer un plan de acción dentro de la entidad informante que le permita dirigir la estrategia, promover acciones coordinadas y con propósito, y apoyar una transformación de toda la organización.

• Mejorar la información disponible para los inversores y prestamistas, permitiéndoles valorar el riesgo y tomar decisiones de asignación de capital.

• Apoyar a los responsables políticos y a las autoridades reguladoras para que comprendan la trayectoria de la transición en toda la economía y cómo ésta influye en la política climática y se ve influida por ella, con el fin de informar la formulación de políticas futuras.

• Especialmente en el caso de las empresas de servicios financieros, permitir que los supervisores y reguladores evalúen si la estrategia de una entidad para gestionar la transición es suficiente dada su exposición a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y si sus reclamaciones relacionadas con la transición a clientes y consumidores están bien fundadas.

• Ayudar a las partes interesadas a exigir a las entidades que rindan cuentas de sus compromisos climáticos públicos.

• Actuar como punto de referencia para los instrumentos y productos financieros destinados a financiar la transición climática, ayudando a que los mercados de instrumentos de financiación climática y de transición escalen con integridad.

• Proporcionar información estratégica prospectiva al ecosistema más amplio de los mercados de capitales, incluidos los servicios de datos, las calificaciones crediticias y otras herramientas, para apoyar la integración de la sostenibilidad en las finanzas.

Alineación internacional

La planificación de la transición y los planes de transición se están convirtiendo en consideraciones importantes para los bancos centrales, los supervisores, los organismos de normalización y otras organizaciones internacionales.

El Marco TPT está diseñado para ser coherente con la norma final de divulgación de información relacionada con el clima (NIIF S211) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) y basarse en ella. La NIIF S2 incluye varias disposiciones que son relevantes para la planificación de la transición (incluyendo el requerimiento del párrafo 14(a)(iv) de que una entidad revele información sobre cualquier plan de transición relacionado con el clima que tenga). El Marco TPT proporciona un conjunto de Recomendaciones de Información a Revelar que una entidad puede utilizar como guía sobre cómo informar de manera más efectiva sobre los aspectos relacionados con el plan de transición de la NIIF S2, como parte de la información a revelar más amplia relacionada con la sostenibilidad en sus informes financieros de propósito general. Seguir las Recomendaciones de Divulgación del TPT debería fomentar informes más completos, estructurados y útiles para la toma de decisiones sobre los planes de transición en toda la economía.

Para garantizar que el Marco TPT pueda aplicarse de manera efectiva de esta manera, aprovecha la definición de la ISSB de un plan de transición relacionado con el clima, y aplica el mismo enfoque a la materialidad y al conjunto más amplio de conceptos y definiciones que se establecen en la norma de Requisitos Generales de la ISSB (NIIF S112).

Además de estos esfuerzos para garantizar la alineación y la integración con los Estándares ISSB, el Marco TPT también se basa en el marco y la orientación de GFANZ para una planificación creíble, integral y comparable de la transición a cero emisiones netas y utiliza los mismos componentes y estructura centrales. Esto significa que tanto el Marco TPT como el GFANZ forman parte de un esfuerzo coordinado y coherente para apoyar el desarrollo de planes de transición del sector privado.

DEFINICIÓN DE UN PLAN DE TRANSICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

El TPT se basa en esta definición, recomendando que un plan de transición de buenas prácticas articule claramente la Ambición Estratégica de la entidad. Esto incluye sus objetivos y prioridades para responder y contribuir a la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. También establece si la entidad persigue estos objetivos y prioridades y cómo lo hace, de manera que se aprovechen las oportunidades, se eviten los efectos adversos para las partes interesadas y la sociedad, y se salvaguarde el entorno natural.

La elaboración del enfoque estratégico de la entidad para apoyar una transición en toda la economía, al tiempo que se gestionan los riesgos y oportunidades que surgen de sus impactos y dependencias, proporcionará a los usuarios información valiosa sobre cómo está protegiendo y mejorando el valor a largo plazo.

PRINCIPIOS RECTORES: AMBICIÓN, ACCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

A continuación, se detallan los tres principios rectores de ambición, acción y rendición de cuentas que sustentan el Marco de Divulgación del TPT. Estos principios deben ser aplicados por una entidad de acuerdo con los deberes de los directores y altos directivos de la entidad, los documentos constitucionales y la ley o reglamento pertinente.

Ambición: Reflejar la urgencia de actuar

Las entidades del sector privado no son participantes pasivos en la transición climática. Los planes de transición de buenas prácticas deben reflejar la urgencia de actuar, derivada de los cambios observados en el clima y de los últimos descubrimientos científicos sobre el cambio climático. Deben basarse en los compromisos nacionales e internacionales pertinentes de los gobiernos y responder a ellos, como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en el Acuerdo de París.

Todas las entidades económicas operan en un sistema interdependiente en el que un enfoque exclusivo en el establecimiento de objetivos de cero emisiones netas a nivel de entidad puede tener consecuencias no deseadas. También es importante que las entidades consideren cómo la consecución de sus objetivos de transición climática puede afectar a otros objetivos de sostenibilidad.

Por lo tanto, el TPT recomienda que, al establecer su Ambición Estratégica y diseñar su plan de transición, una entidad adopte un enfoque «estratégico y redondeado». Es decir, la entidad debe considerar las acciones que puede tomar ahora para capturar oportunidades, minimizar los riesgos futuros y proteger y mejorar su valor a largo plazo. Aplicando una mentalidad estratégica, la entidad también puede diseñar su plan de transición de manera que proteja y mejore el valor a largo plazo para las partes interesadas, la sociedad, la economía y el entorno natural del que depende. Para lograr esto, el TPT recomienda que una entidad:

• Considera tres canales interrelacionados en el diseño de su plan de transición: descarbonizar la entidad, responder a los riesgos y oportunidades relacionados con el clima de la entidad y contribuir a una transición en toda la economía.

• Revela si ha identificado, evaluado y tenido en cuenta los impactos y dependencias del plan de transición sobre los grupos de interés de la entidad, la sociedad, la economía y el entorno natural, a lo largo de su cadena de valor, y cómo lo ha hecho, que puedan dar lugar a riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad.

Al definir su Ambición Estratégica, una entidad debe tener claros los supuestos clave que ha utilizado y los factores externos de los que depende. Esto puede ayudar a abordar los riesgos tanto del «lavado verde»15 como del «greenwishing»16, fortaleciendo la credibilidad de un plan de transición y ayudando a informar una política climática efectiva.

Acción: Traducir la ambición estratégica en medidas concretas a corto plazo

Un plan de transición debe traducir objetivos y prioridades ambiciosos en medidas concretas que deben adoptarse a corto, medio y largo plazo. Debe hacer hincapié en su divulgación en una hoja de ruta de las acciones previstas que contribuirán a cumplir su ambición estratégica.

Los planes de transición de buenas prácticas deben tener en cuenta las emisiones de alcance 1, 2 y 3 y deben priorizar la descarbonización a través de la reducción directa sobre la compra de créditos de carbono. Las medidas a corto plazo deben tratar de obtener beneficios de adaptación y mitigación ahora, y de cubrir los déficits existentes de preparación para los fenómenos meteorológicos extremos. Al mismo tiempo, un plan de transición debe tratar de garantizar que el clima se tenga debidamente en cuenta en las decisiones de larga duración para evitar el riesgo de «bloqueo del carbono» y garantizar la resiliencia a la mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos que se espera en un futuro próximo.

Las entidades deben asegurarse de que sus acciones planificadas estén respaldadas por planes de recursos adecuados. Una entidad debe evaluar la sensibilidad de su plan a los cambios en los supuestos clave y en los factores externos de los que depende, y debe tratar de mitigar los riesgos de ejecución siempre que sea posible.

Rendición de cuentas: Habilite la entrega a través de una gobernanza y una generación de informes sólidas

Un plan de transición es parte integral de la estrategia corporativa más amplia de una entidad. Por lo tanto, la ejecución de un plan de transición debe integrarse plenamente en los procesos organizativos de la entidad para la planificación empresarial y financiera, así como para la gobernanza.

Una entidad debe definir funciones y responsabilidades claras para la ejecución y supervisión de su plan de transición y debe tomar medidas para alinear la cultura y las estructuras de incentivos con la ambición estratégica establecida en el plan.

Una entidad debe presentar información relevante sobre su plan de transición dentro de sus informes financieros de propósito general, incluyendo la presentación de informes anuales sobre el progreso en relación con métricas y objetivos cuantificados y con plazos determinados.



Acelerar el retiro de plantas de carbón a escala


Aunque las centrales de carbón de algunos países se están retirando activamente antes de las fechas de cierre previstas, todavía no hay suficiente claridad sobre qué modelo o modelos de negocio podrían ayudar a lograrlo a gran escala. En diferentes partes del mundo se han intentado cierres basados en políticas y orientados por el mercado, la compra de plantas de carbón, su subasta, su reutilización y el intercambio de activos de carbón por energías renovables. En este artículo, primero resumimos estos modelos de negocio y reflexionamos brevemente sobre los conocimientos adquiridos a partir de estas experiencias. A continuación, nos centramos en las preguntas centrales: ¿Cómo se pueden ampliar las retiradas del carbón? ¿Hay alguna razón por la que un modelo unilateralmente funcione mejor que otros? ¿Es necesario que estos modelos se diseñen específicamente para adaptarse al contexto de cada país/sistema? ¿Pueden combinarse de alguna forma para llevar a cabo jubilaciones a escala de manera más eficiente? Abordamos estas cuestiones en torno a algunas de las flotas de carbón de los países y de las empresas de servicios públicos en las que el equipo del Banco Mundial mantiene diálogos activos en el marco del programa Aceleración de la Transición del Carbón (ACT). Las conclusiones generales que surgen de la discusión apuntan a la necesidad de un modelo híbrido a medida que se adapte mejor a la política, el sistema y la propiedad de una flota de carbón.

INTRODUCCIÓN

Las centrales eléctricas de carbón (CFPP o plantas) de todo el mundo, con una capacidad combinada de 2.100 GW (el 70% de las cuales se encuentran en la República Popular China (RPC), los EE. UU. y la India), se están considerando cada vez más para una posible jubilación anticipada. Sin embargo, hasta ahora solo hay impactos visibles en un pequeño número de países, principalmente en el Reino Unido/Europa y los Estados Unidos, y principalmente en plantas más antiguas, que representan una parte muy pequeña de las existencias actuales de PPCF.

Los países de ingresos bajos y medianos albergan colectivamente el 89% de la capacidad energética mundial, una parte significativa de la cual debe retirarse o reutilizarse en las próximas dos décadas. RMI (2018) y RMI (2021) han articulado las oportunidades para el retiro del carbón, dado que una parte sustancial ya no es competitiva frente a formas de generación más limpias, pero también destacan desafíos significativos en torno a los costos de los activos varados. Se estima que para 2040 estarán en riesgo US$1 billón de capital asociado a activos de generación de carbón de ingresos bajos y medios. Alrededor del 69% de la capacidad mundial de carbón reside en Asia, incluyendo más de 1 TW (51%) solo en la República Popular China y otros 200+ GW (11%) en la India. Aunque una rápida reducción en el costo de la energía solar y eólica en la última década ha hecho que estas tecnologías sean competitivas frente al carbón, existen varios desafíos clave que siguen existiendo para retirar la capacidad de carbón a escala. En primer lugar, una buena parte de la flota de carbón de la República Popular China y de la India ha seguido siendo competitiva sobre la base de los costes marginales a corto plazo. En segundo lugar, la presencia de acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA) significa que, incluso si una planta de carbón no es necesariamente económica, es muy probable que continúe durante la vida útil del PPA. Solo uno de cada cinco países en desarrollo del mundo tiene un mercado mayorista de electricidad e incluso cuando lo hay (por ejemplo, en la India), la liquidez de dicho mercado es inferior al 10%, lo que hace que los PPA inflexibles sean la única opción. Los PPA no solo extienden la vida útil de los activos no económicos, sino que con las típicas disposiciones de alta toma o pago (por ejemplo, el 85% de la generación disponible) y los estrictos niveles mínimos de carga (por ejemplo, el 55% de la capacidad disponible en un momento dado), a menudo hay poco espacio para la energía renovable. En tercer lugar, dado que muchos de estos países, incluidos la República Popular China, la India y Sudáfrica, extraen, procesan y transportan carbón a nivel nacional, hay un número significativo de puestos de trabajo vinculados a la cadena de suministro de carbón aguas arriba y, por lo tanto, una gama compleja de problemas sociales. Una «Transición Justa» para abordar estos problemas, incluida la recapacitación de los trabajadores de la minería y las plantas de carbón y la gestión del impacto más amplio en la economía local, requerirá una planificación cuidadosa, recursos adicionales y tiempo.

Las estrategias y los modelos de negocio para la jubilación anticipada de las plantas que se están discutiendo, o incluso en las primeras etapas de implementación, difieren enormemente. Mucho de lo que se ha escrito sobre ellos no intenta aclarar cómo cada uno puede encajar en el contexto de un país/sistema específico. La selección de un modelo o modelos de negocio apropiados depende de varios factores, como la antigüedad de la planta, la utilización, el propietario, los términos de los acuerdos de compra de energía (PPA), la salud financiera de la entidad, los problemas sociales en torno al reempleo y el impacto más amplio en la comunidad, y también las cuestiones técnicas en torno al impacto en el sistema eléctrico. En investigaciones anteriores del Banco Mundial, hemos creado un marco para esta selección mediante la creación de tipologías y clasificación de «modelos de negocio» para el cierre, a saber: cierre basado en políticas, compra, reutilización (del sitio y el equipo) e intercambio/reemplazo por energía renovable (ER). Además, también existe la posibilidad de un modelo híbrido que combine elementos seleccionados de estos cuatro modelos como veremos con más detalle más adelante.

Vale la pena señalar que, aparte de estas medidas más específicas para el retiro del carbón, existe el desgaste natural o el cierre del carbón impulsado por el mercado, sobre todo en el Reino Unido y partes de Europa y los EE. UU. durante las últimas dos décadas, ya que una parte significativa de la flota de carbón envejeció y dejó de ser competitiva frente a las energías renovables. La presencia de un mercado mayorista de electricidad para eliminar las costosas centrales de carbón que no estaban sujetas a contratos rígidos a largo plazo también ayudó a cerrarlas, al igual que las regulaciones más estrictas en torno a la contaminación del aire. De hecho, el cierre impulsado por el mercado de plantas más antiguas, ayudado por la regulación ambiental, ha sido el impulsor dominante del retiro del carbón hasta ahora, en lugar de una estrategia de descarbonización objetiva. El retiro del carbón en los EE. UU. también está siguiendo un proceso relativamente lento que se basa principalmente en impulsores comerciales/de mercado debido a la falta de rentabilidad de las plantas de carbón bajo las regulaciones de la Ley de Aire Limpio. Chile también siguió una estrategia similar en torno a la restricción de la contaminación del aire a partir de 2011, y los límites de estos contaminantes (locales) se volvieron más estrictos con el tiempo. Desde 2019, el proceso se ha acelerado para ordenar el cierre en 2040, que se adelantó hasta 2038, incluida la mitad de la flota que se cerrará en 2025.

El proceso de cierre del carbón a través de medidas políticas indirectas a través de los mercados, normas de reducción de contaminantes atmosféricos o incluso medidas directas puede ser demasiado lento para un objetivo de cero emisiones netas o algo que se le parezca. La relevancia de los cuatro modelos de negocio principales se deriva de la necesidad de acelerar el proceso tanto en términos del tiempo que se tarda en retirar una planta de carbón individual (es decir, jubilación anticipada) como de cuántas de estas plantas se pueden retirar (es decir, a escala). Una vez que combinamos los problemas de tiempo y escala, los desafíos se vuelven mucho más difíciles, ya que requeriría el retiro de plantas de carbón relativamente jóvenes, la búsqueda de energía de reemplazo y la financiación segura para ambos. También hay ramificaciones para la aplicabilidad de modelos de negocio específicos. Por ejemplo, un cierre basado en políticas, por definición, puede apuntar a plantas de carbón más antiguas en función de la edad, la eficiencia y la contaminación, lo que puede no ser del todo coherente con una estrategia de jubilación anticipada. Del mismo modo, un modelo de reutilización del carbón puede funcionar bien con plantas individuales que se ajusten específicamente al contexto, pero hacer la reutilización a escala puede tener sus desafíos y en gran medida no se ha probado. También debe tenerse en cuenta que estos cuatro modelos no son mutuamente excluyentes de ninguna manera, por ejemplo, una planta de carbón bajo un esquema de compra o intercambio de energías renovables puede ser reutilizada. Esta es la motivación detrás de la creación de una posible quinta categoría de un modelo de negocio «híbrido» que se señala y puede combinar elementos de los otros cuatro modelos para desarrollar una estrategia que pueda acelerar la jubilación a escala.

Los trabajos posteriores reflexionaron sobre estos modelos, incluidos algunos de los matices importantes en torno a la disponibilidad de financiación que pueden impulsar la elección del modelo y las ventajas y desventajas que conlleva la selección de un modelo de negocio para cerrar las centrales de carbón a escala. El Banco Mundial ofrece un extenso comentario sobre cada uno de los modelos de negocio y también un estudio de la experiencia global con estos modelos. En este documento, proporcionamos una mayor contextualización para la selección del modelo de negocio, incluido el modelo híbrido, con un enfoque particular en cómo los modelos pueden ayudar a facilitar el cierre de múltiples plantas o el cierre «a escala».

EFICIENCIA DE JUBILACIÓN A ESCALA

La jubilación de un PPCC requiere un gasto significativo. Esto puede incluir algunos o todos los siguientes: pagos de compra/rescisión de compromisos de PPA, especialmente para plantas más nuevas a las que les queda un largo período bajo un PPA; desmantelamiento de la planta; remediación o reutilización del sitio; inversión potencial en estabilidad de la red y compensación/inversión en Transición Justa para los empleados y las comunidades afectadas. Dicho esto, existen beneficios económicos compensatorios, incluida la reutilización de proyectos que pueden alcanzar una relación beneficio-costo de 5:1.

Con el cierre de muchas plantas, estos costos y problemas institucionales y sociales se multiplican. Por ejemplo, si el cierre de varias plantas también obvia la necesidad de grandes minas/yacimientos de carbón, habrá costos por el cierre de minas además de los costos relacionados con el sitio del CFPP. Y lo que es más importante, a medida que se retire una importante capacidad de las plantas de carbón, la sustitución por generación limpia requerirá cantidades sustanciales de nuevas inversiones, y también habrá una inversión asociada en transmisión y distribución para garantizar el funcionamiento seguro de la red. Los costes sociales asociados a la reconversión profesional de los trabajadores de las minas y plantas de carbón y a la garantía de una Transición Justa para la comunidad en general y la economía local también pueden convertirse en una parte más importante de los costes totales.

Para ofrecer una ilustración de esta escalada de costos, en el mundo en desarrollo, el debate en Sudáfrica está más avanzado, comenzando con el cierre y la reutilización de su planta Komati (1.000 MW) a partir de 2023. El costo total del proyecto se estima en más de 8 mil millones de rands sudafricanos (aproximadamente 490 millones de dólares, incluidos 45 millones de dólares para programas sociales y comunitarios). Sin embargo, a medida que se amplíe el proceso, los costos, especialmente los costos de la Transición Justa, aumentarán considerablemente. El costo a largo plazo de cerrar todas las plantas de carbón sudafricanas para 2050 se ha estimado en $ 10 mil millones.

Al mismo tiempo, un programa para acelerar el retiro de un gran número de plantas ofrece eficiencias (beneficios de escala) que no existen con un proceso único. Lo que es más importante, un enfoque que abarque todo el sistema permite considerar la capacidad de gestión por regiones. En otras palabras, en las redes en las que hay un exceso de capacidad y, por lo tanto, CFPP infrautilizados, existe la posibilidad de que se logren eficiencias mediante una mayor utilización de menos plantas. A medida que varios sistemas en todo el mundo, incluidas partes de Europa, la República Popular China e India, entre otros, han experimentado un rápido aumento en la adición de capacidad de energías renovables, la utilización de la parte más antigua (y más cara) de la flota de carbón ha disminuido constantemente, hasta el 40% o menos, lo que los convierte en buenos candidatos para el cierre a escala.

El enfoque de todo el sistema permite considerar qué sitios están mejor posicionados para la reutilización y para las necesidades de flexibilidad y ER del sistema (en lugar de obligar a cada entidad del CFPP a reemplazar su capacidad con ER). Y los beneficios de escala vendrán por el lado de la ejecución para varios procesos: identificación de plantas de carbón; estudios de factibilidad; Clausura; Replanificación; y programas sociales. Una subasta nacional puede facilitar el proceso de identificación de las plantas de carbón candidatas y establecer un precio de referencia para estas plantas. Los estudios de viabilidad de todas las plantas pueden ser llevados a cabo por una agencia central siguiendo un modelo común, en parte para identificar también las plantas que son buenas candidatas para la reutilización. Siempre que sea posible, deben realizarse ejercicios de desmantelamiento y readaptación para varias centrales, ya que existen elementos comunes que se beneficiarían de una licitación común, incluidos los contratos EPC y la adquisición de energía solar fotovoltaica, almacenamiento en baterías y condensadores síncronos que pueden utilizarse como parte del ejercicio de adaptación.

MODELOS DE NEGOCIO PARA LA JUBILACIÓN A ESCALA

Los modelos de negocio antes mencionados se pueden aplicar a la jubilación de plantas individuales, pero se adaptan fácilmente a los cierres de varias plantas o de todo el sistema y, en algunos aspectos, son más adecuados para ellos. A continuación, describimos y ofrecemos ejemplos de aplicaciones de retiro del sistema a los modelos basados en políticas y de compra, seguidos de una ilustración contextualizada más detallada de un modelo híbrido que utiliza activamente la reutilización. No discutimos específicamente el modelo de intercambio de energías renovables, ya que es más probable que sea relativamente específico de cada caso y puede ir acompañado de los otros tres modelos.

Cierre basado en políticas

Un enfoque de cierre basado en políticas establece objetivos para el cierre de PPCC en todo el sistema (tal vez a través de objetivos de descarbonización y/o contaminación del aire) y un marco de tiempo. Además, asigna fondos para el cierre y la readaptación, así como para abordar los impactos sociales y comunitarios para garantizar una Transición Justa. Es posible promulgar un cierre basado en políticas a través de la creación de un mercado mayorista, reformando los PPA para convertirlos en un instrumento orientado al mercado para que las viejas y costosas centrales de carbón se retiren. Sin embargo, como se señaló anteriormente, se ha demostrado que este ha sido un proceso lento, que ha durado décadas.

Una táctica para involucrar a las fuerzas del mercado de forma acelerada y alentar a los propietarios de CFPP a pensar creativamente sobre cómo administrar sus cierres es una subasta inversa. En una subasta inversa, el gobierno u otras fuentes de fondos están estructuradas para proporcionar incentivos financieros a los licitadores ganadores, es decir, los propietarios de CFPP, para apoyar la jubilación y la readaptación, lo que puede incluir el pago de las obligaciones restantes en virtud de un PPA. Al tratarse de una subasta inversa, gana el postor más bajo, por lo que se debe establecer una estructura para alentar a los propietarios de las plantas no solo a ofertar, sino a ofertar menos que sus pares. Esta estructura ha tendido a incluir una fecha límite para la retirada de toda la industria y un período definido para las subastas. Más allá de este período, no se pondrán más fondos a disposición para apoyar a los propietarios de las plantas y simplemente tendrán que seguir adelante sin ayuda financiera. La estructura también ha incluido un pago máximo decreciente a lo largo del tiempo a través de múltiples rondas de subastas. Por lo tanto, los propietarios de plantas se enfrentan a una disyuntiva entre cerrar sus plantas antes de tiempo y obtener una mayor recompensa frente a retrasar el cierre para cosechar la planta, pero recibir una recompensa progresivamente menor (y finalmente ninguna recompensa en absoluto).

Alemania ofrece un ejemplo. El país ha celebrado cinco de las siete rondas de licitación programadas que proporcionan un incentivo financiero para el cierre del CFPP de hulla en un año determinado (y la última ronda implica el compromiso de desmantelamiento para 2026). El cierre de la planta después de 2027, aunque sigue siendo obligatorio, no recibirá apoyo financiero del gobierno. La oferta máxima permitió descensos en cada ronda, hasta los 89.000 euros por MW en la séptima ronda desde los 165.000 euros por MW de la primera, para fomentar una participación más temprana. En las cinco rondas de subastas completadas, 34 plantas que comprenden 10.000 MW se han comprometido a cerrar. Aunque no se informó el pago promedio por MW para cada ronda para proteger la privacidad, las ofertas promediaron por debajo del máximo permitido en las cinco rondas, lo que ilustra los ahorros a medida que las empresas de servicios públicos/plantas buscaron garantizar la recepción de al menos alguna compensación.

Sin embargo, la aplicabilidad de una subasta inversa como parte integrante de un cierre basado en políticas deberá evaluarse cuidadosamente en el contexto de cada país. Los factores en este contexto pueden incluir la política y la aceptación política de la transición del carbón; la estructura de propiedad, que puede determinar el nivel de participación; la presencia de otros factores facilitadores, incluido un mercado mayorista; la reforma asociada de los PPA; problemas de seguridad del sistema; y la facilidad de entrada de energías renovables y otras formas de generación más limpias.

A falta de un cierre basado en políticas impulsado por el mercado, los criterios basados en la edad, la eficiencia y la reglamentación ambiental pueden seguir siendo la norma en muchos países, especialmente en el mundo en desarrollo. El proceso puede ser más lento, como demuestra la experiencia de la India, que ha destinado solo 4,6 GW de plantas que tienen en promedio más de 40 años de antigüedad (aunque el criterio establecido es de 25 años) y otros 2,8 GW debido a las normas ambientales. El éxito de un cierre basado en políticas en mercados predominantemente regulados dependerá de la eficacia de la aplicación de las normas, que pueden incluir, entre otras cosas, la renegación de los acuerdos de asociación privada establecidos, así como de las condiciones prevalecientes entre la oferta y la demanda, y el apoyo a las políticas ambientales y los esfuerzos a través de los bancos multilaterales de desarrollo para proporcionar financiación en condiciones favorables y abordar con éxito las cuestiones sociales. En términos más generales, es justo decir que el éxito de cualquiera de los modelos de negocio tendría que adaptarse a la situación de cada país para adaptarse al contexto en torno al estado de la regulación, la propiedad, la seguridad de la red y las cuestiones sociales.

Compra

Mientras que las subastas inversas proporcionan dinero en efectivo a los propietarios actuales de CFPP para ayudar a financiar los retiros de las plantas, las adquisiciones implican un cambio en la propiedad. Dicho esto, debido a que el conocimiento íntimo de la planta puede ser muy útil, y debido a que el propietario actual puede tener interés en mantener su base de ganancias, es lógico que el consorcio de compra incluya al propietario actual. La ventaja para el propietario actual es una inyección de efectivo de las adquisiciones del CFPP y la liberación de la obligación de la carga financiera asociada a la jubilación.

Los inversores en un modelo de compra buscan obtener un rendimiento financiero a través de algunos o todos los siguientes:

(1) Operaciones en curso. El CFPP se ejecutará durante un período de tiempo acordado, y seguirá obteniendo ingresos de los contribuyentes;

(2) Estructura de capital. El capital debe constituir una porción menor de las fuentes de financiación (en comparación con los balances «normales» de los propietarios) y la deuda se subvenciona mediante financiación en condiciones favorables;

(3) La venta de créditos de compensación de carbono vinculados a la jubilación del CFPP antes de lo habitual; y

(4) La venta de energía regenerada a través de la propiedad de energía de reemplazo.

Aunque el modelo de compra puede tener sentido a nivel de planta individual, su justificación es significativamente más fuerte para una cartera de jubilaciones. Para empezar, dado que se trata de sumas mucho mayores, es más probable que el retiro de varias plantas estrese demasiado los recursos financieros de las empresas de servicios públicos. Simplemente se vuelve más probable que se incluyan fondos adicionales no concesionarios a medida que aumentan las sumas, incluido el capital de riesgo (es decir, el capital de terceros).

Mientras tanto, el caso de inversión para la compra mejora cuando se considera una cartera frente a una planta individual. Dado que los objetivos del capital externo incluyen rendimientos ponderados por riesgo, invertir en un programa para todo el sistema ofrece la oportunidad de mejorar los rendimientos al reducir el riesgo a través de la diversificación, además de los ahorros para todo el sistema que se pueden realizar como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, la exposición a múltiples proyectos de desmantelamiento puede reducir el riesgo de sobrecostos de un proyecto. Del mismo modo, la exposición a los ingresos continuos de varias plantas puede disminuir el riesgo de que la utilización de una sola planta esté por debajo de las expectativas. Y desde el punto de vista administrativo, debería haber eficiencias para una cartera de plantas, por ejemplo, en términos de los recursos necesarios para la divulgación de información y la comunicación con los grupos interesados (gobiernos anfitriones, fuentes de financiación en condiciones favorables e inversores).

La diversificación de la cartera también puede ayudar a atraer inversores, ya que simplifica la tarea de los inversores externos que tienen que construir su propia cartera, es decir, facilita la inversión de grandes sumas en una cartera de proyectos de cierre.

Un ejemplo de un modelo de este tipo actualmente en consideración es el conocido como Mecanismo de Transición Energética (ETM, por sus siglas en inglés) desarrollado por el Banco Asiático de Desarrollo. Como parte del «Modelo de Adquisición» original del ETM, se crean dos sociedades holding. En el primero, conocido como Instalación de Reducción de Carbono, un tercero (o consorcio) compra las plantas. El o los comprador(es) se compromete(n) a retirar o desmantelar las plantas dentro de los plazos especificados. En la segunda empresa, conocida como Instalación de Energía Limpia, se construye una energía renovable de reemplazo.

Las propuestas de ETM se encuentran actualmente en varias etapas de consideración en Asia Oriental y Meridional, incluso como parte del programa de Aceleración de la Transición del Carbón (ACT, por sus siglas en inglés) del Fondo de Inversión en el Clima. Uno de los atractivos de la ETM es, de hecho, su potencial para acelerar realmente la transición del carbón. Como ha señalado el BAD: «Una vez que se amplíe, ETM tiene el potencial de ser el modelo de reducción de carbono más grande del mundo. Por ejemplo, retirar el 50% de las centrales eléctricas de carbón en los próximos 10 a 15 años en Indonesia, Filipinas y Vietnam podría reducir 200 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, el equivalente a retirar 61 millones de automóviles de las carreteras».

Sin embargo, hay cuestiones importantes que deben abordarse en torno al modelo de compra/adquisición, entre las que destaca la disponibilidad de capital para comprar plantas a escala. Un país como la India, con su flota de carbón de 200+ GW, eventualmente necesitaría al menos $ 100 mil millones para cubrir la compensación relacionada con las plantas de carbón, y los costos de Transición Justa y desmantelamiento (y aún más para inversiones en reutilización y energías renovables). Las vías de financiación concesionarias disponibles, como la ACT y la Powering Past Coal Alliance (PPCA), representan menos del 5% de las inversiones necesarias solo para la India. Los fondos concesionales disponibles también representan solo el 10% de los 5.000 millones de dólares necesarios para cerrar los ~5 GW iniciales de capacidad de carbón identificados por PLN, la empresa de servicios públicos indonesia. Heijmans y Murtaugh (2022) citaron un estudio del gobierno que señaló que la nación necesitará una inversión anual de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares en programas de bajas emisiones de carbono hasta 2030, o aproximadamente el 3,5% del PIB proyectado, para cumplir sus objetivos de cero emisiones netas.

También hay matices importantes si se va a implementar el ETM. Por ejemplo, si la entidad ETM necesita operar las plantas de carbón después de adquirirlas, el uso de fondos concesionales como ACT puede estar restringido. También habrá desafíos institucionales, regulatorios, técnicos y logísticos asociados con la reducción de la operación de las plantas, la adecuación de los recursos, la operación y seguridad del sistema, y el monitoreo de la reducción neta de CO2 resultante del esquema ETM. Ha habido poca claridad sobre todas estas cuestiones y el modelo ETM ha evolucionado desde sus inicios para adoptar una estructura más flexible. Como se muestra en la Figura 3, la facilidad ETM incluye posibilidades adicionales, como un modelo SPV en el que el ETM invierte en una planta de carbón en lugar de poseerla, o proporciona financiamiento a un organismo corporativo para financiar un proyecto de energía limpia. De hecho, el modelo de adquisición original ha sido relegado a ser utilizado solo en un escenario excepcional. El ETM también prevé la adaptación de una planta de carbón, marcando así lo que puede considerarse un «modelo híbrido» que combina facetas de diferentes modelos de negocio. Sin embargo, es probable que este proceso de evolución continúe, y una adecuada resolución o reforma de los contratos comerciales, la disponibilidad y el acceso al capital y a las cuestiones del sistema eléctrico son la clave del éxito.

Modelo híbrido

Como se ha mencionado en el análisis anterior, los dos modelos de negocio más destacados, a saber, el cierre y la compra basados en políticas, son prometedores, pero también se enfrentan a importantes retos para acelerar el proceso de retirada del carbón. Naturalmente, esto lleva a la pregunta de si los países deberían considerar la posibilidad de combinar estas y otras estrategias para acelerar el ritmo de retirada del carbón, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las cuestiones financieras y sociales, y los requisitos del sistema. Las ventajas de trabajar con sistemas de planta, junto con las frecuentes consideraciones de reemplazo de energías renovables, sugieren que una combinación de modelos de negocio, es decir, un modelo híbrido, adaptado a cada sistema, puede ser generalmente óptima, en lugar de depender de un solo modelo, cuando se considera el retiro a escala. Esto puede incluir el aprovechamiento oportunista de las políticas vigentes, incluidos los objetivos de energías renovables, la presencia de un mercado, la necesidad de almacenamiento y servicios auxiliares en el sistema a medida que se retiran las centrales de carbón, la innovación en torno a la sustitución de los PPA de carbón, su intercambio por sus homólogos de energías renovables, etc.

Para ilustrar este punto, NTPC, el mayor propietario de carbón en la India con una cartera de CFPP de 48 GW, también está invirtiendo fuertemente para desarrollar 60 GW de energías renovables para 2032.5 Uno de sus desafíos es intercambiar parte de su suministro de carbón aprovisionado contractualmente a energías renovables con clientes estatales en la India que aspiran a ser ecológicos. La flota de carbón de NTPC también está programada para ser la primera en unirse al nuevo modelo de Despacho Económico Basado en el Mercado (MBED) que introduce su generación de carbón en el mercado mayorista (CERC 2018). 6 Por último, una proporción razonable de la flota de carbón de NTPC se remonta a la década de 1980 y es altamente ineficiente, es decir, produce electricidad cara. Es concebible que algunas de estas unidades más antiguas se cierren, según la norma de la Autoridad Central de Electricidad (CEA), y se reutilicen para proporcionar almacenamiento y servicios auxiliares.

Por lo tanto, una estrategia plausible puede combinar todo lo siguiente:

1. Retirar la flota de carbón más antigua que cumpla con los criterios de antigüedad y eficiencia estipulados por la CEA. Esto también puede lograrse mediante un mecanismo de subasta a una escala más amplia (por ejemplo, nacional o incluso regional/multinacional);

2. Reutilizar algunas de estas unidades siempre que exista un argumento técnico y económico para ello. Estas iniciativas son elegibles para financiamiento climático concesional bajo el programa de Aceleración de la Transición del Carbón (ACT, por sus siglas en inglés) patrocinado por los Fondos de Inversión Climática u otros programas;

3. Construir energías renovables en parte para reponer la generación, incluyendo posiblemente una pequeña parte de ella en sitios de carbón reutilizados. Las iniciativas de energías renovables también pueden optar a financiación en condiciones favorables;

4. Intercambiar los contratos de carbón tradicionales con RE para los estados que estén interesados en tales acuerdos a través de un enfoque transparente y competitivo;

5. Reequilibrar la generación de carbón en el resto de la flota de carbón para utilizar las plantas más eficientes y baratas de manera más efectiva; y

6. Ofrecer tanto carbón como energías renovables en el mercado mayorista para garantizar que la parte no contratada de la generación se despache a través del mercado.

Como se destaca en el ejemplo de NTPC, es probable que la solución de cierre óptima no solo sea un modelo híbrido, sino que también se adapte a cada entidad en función de sus objetivos comerciales, las políticas vigentes, la disponibilidad de financiamiento (incluido el financiamiento en condiciones favorables) y los mecanismos basados en el mercado. La solución de NTPC puede o no adaptarse a otros actores de la India, ya sean flotas de carbón de propiedad estatal o productores independientes de energía, en función de sus aspiraciones de invertir en energías renovables, la antigüedad y la competitividad de la flota de carbón, la naturaleza de los contratos con los compradores y el acceso o interés en participar en un mercado mayorista.

OTRAS CONSIDERACIONES

Aprovechamiento de las políticas existentes

Para una jurisdicción individual, puede haber una política existente con respecto al CFPP o la gestión del sistema que pueda servir como un «punto de partida» para el desarrollo del modelo de negocio de retiro del carbón. Un ejemplo claro es el de los países que tienen una política de cierre basada en la edad y la eficiencia. En otras palabras, sus países anfitriones tienen leyes que exigen que las plantas de carbón se marquen para su cierre una vez que alcancen cierta edad. Por lo general, esta política se establece reconociendo las ineficiencias energéticas y operativas y el aumento de la contaminación de las plantas más antiguas (véanse, por ejemplo, las discusiones sobre Alemania, Chile, el Reino Unido y los EE. UU.: Agora 2019, 2021; BEIS Reino Unido 2021; Lessick 2021; Banco Mundial, 2023a). Presumiblemente, este conjunto de CFPP tiene un menor costo de compra, ya que los propietarios de activos deben incorporar el período operativo finito y los costos de desmantelamiento en sus expectativas de rendimiento. Además, sus resultados de cierre evitaron el gasto en prolongaciones de la vida útil y equipos de reducción de la contaminación.

Carteras supranacionales

Desde el punto de vista de los inversores, puede resultar atractivo considerar una cartera de retiradas de plantas en varios países, una extensión del modelo de compra. En este caso, todavía puede haber carteras de retiros de plantas dentro de cada país, pero los inversores externos comprarán un conjunto de CFPP en todos los países representados. Hay que reconocer que estos desafíos logísticos se multiplican con más sistemas/países, lo que aumenta las exigencias a la gestión de la organización de compra. Sin embargo, si se puede gestionar esa carga adicional, el atractivo para los inversores puede residir en una diversificación adicional, es decir, en proporcionar una cobertura a un país, que puede ser el comprador o el garante del comprador, y en los riesgos cambiarios.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS

¿Cómo se pueden aumentar las retiradas del carbón?

La planificación del cierre de centrales de carbón a escala es necesaria para contribuir de manera más sustancial a alcanzar los objetivos mundiales de descarbonización, ofrece eficiencias de escala y es un medio más eficiente y atractivo para asegurar la inversión privada. Los esfuerzos realizados hasta la fecha se han basado en gran medida en cierres ad hoc basados en políticas, en algunos casos con la ayuda de instrumentos basados en el mercado o, en una fase conceptual, en la compra de un gran segmento de la flota de carbón en algunos países. Por lo general, el primero ha demostrado ser lento o depender de requisitos previos (para instrumentos basados en el mercado o en subastas) que pueden, o no, ser universalmente aplicables, especialmente en los países en desarrollo que representan la parte más sustancial de las existencias existentes de plantas de carbón. Los gobiernos y las instituciones multilaterales deben ampliar sus propias capacidades de evaluación y ambición para incluir estos enfoques de cierre y adaptación de todo el sistema y apoyo de los grupos interesados. Acelerar el retiro del carbón a gran escala requerirá una estrategia holística adaptada a cada país, teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento masivo no solo para retirar (y en algunos casos reutilizar) las plantas de carbón, sino también para reponer la necesidad de energía y satisfacer una creciente necesidad de servicios auxiliares y almacenamiento. Lo más probable es que una consideración holística de todas las facetas de la jubilación requiera múltiples elementos de diferentes modelos de negocio. Dicha estrategia debe tener debidamente en cuenta el impacto a largo plazo de la retirada del carbón para evitar ser demasiado agresiva en el cierre de las centrales de carbón hasta el punto de provocar un colapso financiero del sector y/o un deslastre de carga, ya que el sistema no puede reponer suficientemente la capacidad, la energía y los servicios auxiliares perdidos.

¿Hay alguna razón por la que un modelo unilateralmente funcione mejor que otros?

Todavía es pronto para el retiro del carbón en general y el retiro acelerado del carbón se encuentra en un estado incipiente. Como sugieren las discusiones anteriores, no hay razón para creer que un modelo haya funcionado o pueda funcionar unilateralmente mejor que otros. Si es necesario lograr cero emisiones netas o algo parecido a él en las próximas dos décadas o en un plazo aún más largo, el ritmo de retirada del carbón en esta década debe acelerarse sustancialmente con respecto a lo que ocurrió en las dos últimas. Es poco probable que los criterios centrados en la edad, la eficiencia y la regulación ambiental que todavía se siguen en la mayoría de los países logren este objetivo. El modelo de compra tiene un gran potencial, pero en gran medida no se ha probado y se enfrenta a serios desafíos en el frente de la financiación. La reutilización de las plantas de carbón ha tenido cierto éxito, pero requiere que se elabore una solución para cada planta y, en sí misma, puede no formar una estrategia consolidada.

¿Es necesario que estos modelos se diseñen específicamente para adaptarse al contexto de cada país/sistema? ¿Pueden combinarse de alguna forma para llevar a cabo jubilaciones a escala de manera más eficiente?

 La realidad actual es que ha habido muchas más discusiones sobre la aceleración de la transición del carbón, pero solo con esfuerzos dispersos o sin ninguna acción en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es imperativo que los países, los Estados y las empresas de servicios públicos desarrollen un modelo adaptado que se adapte mejor a los marcos normativos, la capacidad de financiación, los requisitos del sistema y las obligaciones sociales vigentes. Como presentamos en el ejemplo de NTPC India, puede tratarse de la elaboración de una solución que reúna una estrategia de retiro del carbón que refleje las condiciones idiosincrásicas únicas de cada país/estado/entidad empresarial.

Dicho esto, a menudo hay coherencia con respecto a los objetivos que se persiguen. Estos incluyen la alineación con el objetivo de energías renovables, así como la política de jubilación del carbón basada en la edad y la eficiencia; la orientación al mercado del despacho para fomentar las energías renovables y desalentar el uso de la parte ineficiente y costosa de la flota de carbón; sustitución de los PPA de carbón por energías renovables; la reutilización juiciosa de algunos de los yacimientos de carbón para abordar la seguridad del sistema; y la atención de las necesidades sociales. Esta similitud de objetivos sugiere que es útil desarrollar un marco general que sea lo suficientemente flexible como para dar cabida a las diferentes necesidades de los distintos países y sistemas. La mayoría de las veces, habrá opciones para eliminar la parte antieconómica de la flota de carbón en cualquier sistema para iniciar el proceso. Incluso si no existe un mercado mayorista al contado formal en países como Indonesia, el mecanismo de despacho y los PPA con productores de energía independientes pueden mejorarse para lograr un resultado que reduzca los costos del sistema y las emisiones de carbono. Este proceso puede allanar el camino para un mercado mayorista, reducir la necesidad de compensación y reducir las necesidades de financiación.

Además, es pragmático iniciar el proceso de retiro con aquellas plantas en las que los costos y las reducciones de emisiones coinciden. En la mayoría de los sistemas dominados por el carbón, incluida la flota de carbón del sudeste asiático que es relativamente joven, todavía hay una proporción razonable de plantas de este tipo para proporcionar una escala suficiente. Si la reducción de la capacidad de carbón es realista y cumple con las directrices de política vigentes, es más probable que se logre la aceptación política y que las necesidades de financiamiento también puedan satisfacerse más fácilmente, incluida la financiación en condiciones favorables para complementar el proceso en áreas críticas.



Los principios del Tesoro de EE.UU. pretenden que el cero neto sea «la norma»


Los principios anunciados por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ponen énfasis en los informes de Alcance 3 de las instituciones financieras y los objetivos medibles.

Los nuevos principios del Departamento del Tesoro de EE.UU. harán que la inversión neta cero sea la «expectativa de todos los actores del sector financiero».

Como parte de la Semana del Clima de Nueva York en septiembre, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, lanzó los «Principios para el financiamiento y la inversión ceros neto». Los nueve principios incluyen compromisos de cero emisiones netas alineados con 1,5°C, instituciones financieras que consideren la financiación de la transición, eliminación gradual gestionada de los combustibles fósiles y contabilidad de la justicia ambiental y los impactos como parte de los compromisos, cuando corresponda.

Los Principios del Tesoro eran un enfoque sólido de los riesgos y oportunidades climáticos y un reconocimiento de que los actores del mercado financiero deben trabajar junto con las empresas y los responsables políticos para alinearse con los objetivos basados en la ciencia para el calentamiento global o enfrentar una respuesta tumultuosa del mercado a crisis como el aumento del nivel del mar o la pérdida de biodiversidad.

Añadió que los Principios respaldaban marcos similares, como la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (GFANZ).

Todos [los marcos como GFANZ] han desarrollado un lenguaje de compromiso sólido, pero los Principios del Tesoro enfatizan la necesidad de pasar de los compromisos a los objetivos, a los planes medibles e implementables.

Spalding también señaló que los Principios del Tesoro hacían que los compromisos, objetivos y planes de cero emisiones netas fueran «la norma» y una expectativa para todos los actores del sector financiero.

El cero neto ya no es un club para líderes, son las expectativas generalizadas sobre cómo los inversores, los bancos y las compañías de seguros gestionarán los riesgos climáticos y buscarán oportunidades de inversión en soluciones climáticas.

Los Principios de Tesorería son voluntarios, y no está claro si se publicará una lista de organizaciones que los sigan en esta etapa. El Tesoro no respondió a las preguntas sobre si rastrearía quién estaba siguiendo los Principios, y si alguna organización se había inscrito hasta ahora.

Enfoque de alcance 3

Los Principios del Tesoro mostraban que la secretaria Yellen y todo el departamento seguían desempeñando un papel de liderazgo en el escenario mundial en términos de apalancamiento de la política financiera para garantizar que realmente estamos abordando los riesgos del cambio climático. Es positivo que se alinee con el marco GFANZ, ya que ayuda a crear una norma mundial.

Este es el tipo de acción que necesitamos para obtener claridad sobre cosas como las emisiones de alcance 3 para que los inversores puedan obtener el tipo de información que necesitan de las empresas para invertir con impacto o para abordar el riesgo y la oportunidad ESG.

En el documento oficial de los Principios, el Tesoro destaca su enfoque en las emisiones de gases de efecto invernadero financiadas y facilitadas de alcance 3 de las instituciones financieras, que suelen ser el tipo más grande para las instituciones financieras.

La expectativa de informes, por parte de todas las empresas, sobre el Alcance 3 está creciendo con la nueva aprobación de la ley de divulgación climática de California, junto con la regla de divulgación climática anticipada de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la UE y las normas de sostenibilidad inaugurales del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) también exigen la presentación de informes de alcance 3.

Sobre si los Principios del Tesoro estaban anticipando la regulación en el área de cero emisiones netas, Cochrane dijo: «Los reguladores bancarios [de EE. UU.] han estado buscando mucho para incluir cosas como la evaluación de riesgos de auditoría y las pruebas de estrés. Siempre es cuidadoso medir la idoneidad dada la importancia de hacerlo bien. Pero creo que hemos visto el tipo de acciones de cadencia constante de todo el gobierno de EE. UU. bajo esta Administración, y esperamos que continúe por parte de los reguladores, así como del Tesoro, la SEC y la Reserva Federal».

Se anticipa una sólida divulgación climática con la regla final de la SEC en los próximos meses. Los Principios del Tesoro respaldan estas divulgaciones, pero también ponen énfasis en la necesidad de divulgaciones prospectivas de planes y métricas, además de las divulgaciones retrospectivas de emisiones y los riesgos asociados con el cambio climático.


Principios para la financiación y la inversión netas cero

En los últimos años, las instituciones financieras, incluidas más de 100 empresas estadounidenses, han asumido compromisos voluntarios de cero emisiones netas de forma independiente. La ejecución exitosa de dichos compromisos puede ayudar a las empresas a mitigar la exposición a los riesgos relacionados con el clima y desbloquear oportunidades económicas a medida que Estados Unidos construye la economía de energía limpia del futuro. En reconocimiento de los compromisos de las empresas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Treasury) está publicando los Principios para el Financiamiento y la Inversión Net-Zero (los Principios) para:

• Subrayar la importancia y el valor de los compromisos de cero emisiones netas de las instituciones financieras;

• Promover la coherencia y la credibilidad en los enfoques de las instituciones financieras con respecto a estos compromisos; y

• Poner de relieve y alentar una mayor adopción de las mejores prácticas emergentes relacionadas con estos compromisos.

El Tesoro y la Administración Biden-Harris acogen con satisfacción los sólidos compromisos de cero emisiones netas asumidos por las instituciones financieras. El Tesoro espera que las instituciones financieras utilicen los Principios para apoyar la implementación de sus compromisos.

Los Principios se centran en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) financiadas y facilitadas de alcance 3 de las instituciones financieras, que suelen ser el mayor tipo de emisiones para las instituciones financieras.2 Los Principios se basan, en gran parte, en el conjunto de trabajos elaborados por el sector privado y las organizaciones e iniciativas no gubernamentales. Reflejan una revisión en profundidad de la literatura y la investigación existentes, así como los aportes de más de un año de participación de las partes interesadas. El Departamento del Tesoro desarrolló los Principios después de consultar con representantes de varias otras agencias del Gabinete de los Estados Unidos y la Casa Blanca. Ante la crisis climática cada vez más grave, los Principios se publican en el contexto de las amplias medidas adoptadas por la Administración Biden-Harris para reducir las emisiones y permitir que las instituciones financieras, las empresas no financieras, las comunidades y los trabajadores se beneficien de la nueva economía de energía limpia.

Durante el año pasado, el Tesoro involucró a participantes del mercado financiero, tribus, organizaciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil para comprender cómo las instituciones financieras están estableciendo y cumpliendo sus compromisos de cero emisiones netas. Estas partes interesadas señalaron la proliferación de investigaciones, directrices y normas voluntarias sobre la financiación, la inversión y los servicios de asesoramiento con cero emisiones netas. También expresaron la necesidad de una mayor claridad sobre los casos en los que existe un consenso incipiente y los que siguen existiendo lagunas en las mejores prácticas. El Departamento del Tesoro tiene la intención de que los Principios ayuden a abordar algunas de esas necesidades.

El uso de los Principios es totalmente voluntario. La estrategia, el modelo de negocio, el tamaño, la base de clientes, los productos y servicios y las obligaciones fiduciarias, regulatorias y legales de una institución financiera afectarán su enfoque de la transición a cero emisiones netas, incluido si puede optar por aplicar los Principios y en qué medida. Los Principios no imponen requisitos legales a ninguna actividad o institución. No son normas y no pretenden ser exhaustivas. Es probable que con el tiempo se produzcan cambios y mejoras significativos en la ciencia del clima y en la estrategia y la gestión de riesgos relacionados con el clima, lo que puede afectar a la pertinencia y eficacia de los recursos citados en los Principios; Dichas citas no deben interpretarse como respaldos.

La misión del Tesoro es mantener una economía fuerte y crear oportunidades económicas y de empleo mediante la promoción de las condiciones que permitan el crecimiento económico y la estabilidad en el país y en el extranjero.  El cambio climático es un desafío compartido, global y existencial que representa un grave riesgo para la capacidad productiva de la economía y requiere una respuesta de toda la economía para salvaguardar el crecimiento económico y la seguridad energética de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro espera aprovechar su compromiso con las partes interesadas para mejorar las mejores prácticas, abordar los desafíos y apoyar a las instituciones financieras en sus esfuerzos por cumplir sus compromisos.

El público al que va dirigido este informe incluye a las instituciones financieras y al amplio ecosistema de partes interesadas que dan forma a la forma en que se desarrollan, implementan, evalúan y comunican los compromisos voluntarios de cero emisiones netas por parte de las instituciones financieras, especialmente en los Estados Unidos. Si bien los Principios están dirigidos a aquellas empresas que ya han asumido un compromiso de cero emisiones netas o están considerando hacerlo, otras instituciones financieras pueden encontrar útiles los conceptos a medida que navegan por los riesgos y oportunidades de la transición a cero emisiones netas.

PRINCIPIO 1: El compromiso de cero emisiones netas de una institución financiera es una declaración de intenciones para trabajar hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Tesoro recomienda que los compromisos estén en línea con limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C.  Para ser creíble, esta declaración debe ir acompañada o seguida de la elaboración y ejecución de un plan de transición a cero emisiones netas.

El compromiso de una institución financiera a los efectos de los Principios se refiere a los servicios de financiación, inversión y asesoramiento que la institución presta a los clientes y a las empresas de cartera.6 Un compromiso eficaz va acompañado de la identificación de las prácticas (prácticas) de prioridad de cero emisiones netas mediante las cuales una institución financiera busca cumplir su compromiso. Para respaldar estas prácticas, las instituciones financieras deben desarrollar objetivos o metas de cero emisiones netas (metas) que reflejen hitos medibles hacia el logro de sus compromisos. Las métricas de cero emisiones netas (métricas) se utilizan para medir y realizar un seguimiento del progreso hacia el cumplimiento de los objetivos. Un plan de transición a cero emisiones netas de una institución financiera es el conjunto de objetivos, acciones y mecanismos de rendición de cuentas, incluidas prácticas, métricas y objetivos, diseñados para cumplir un compromiso y lograr reducciones de emisiones de GEI (emisiones) en todos los ámbitos de emisión, en línea con el logro de cero emisiones netas globales.7 Los Principios se centran en las emisiones financiadas por las instituciones financieras, que suelen ser el mayor tipo de emisiones para las instituciones financieras. Los esfuerzos de cero emisiones netas de las instituciones financieras deben tener como objetivo permitir la reducción de emisiones por parte de sus clientes y empresas de cartera.

Los compromisos de cero emisiones netas pueden ser apropiados para una amplia gama de instituciones financieras. Las instituciones financieras que han asumido compromisos varían ampliamente en términos de estrategia, modelo de negocio, tamaño, base de clientes, productos y servicios, y obligaciones fiduciarias, regulatorias y legales. Estos factores pueden influir en la forma y el ritmo al que las instituciones financieras asumen y cumplen sus compromisos. Sin embargo, los compromisos creíbles deben ser coherentes con el objetivo de alcanzar el cero neto a más tardar en 2050 e incluir objetivos creíbles a corto y medio plazo en consonancia con la limitación del aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C.

Permitir la reducción de emisiones implica principalmente comprometerse con los clientes y las empresas de la cartera para ayudarlos a tomar las medidas necesarias para gestionar mejor los riesgos y las oportunidades asociados con la transición a cero emisiones netas, incluida la implementación de planes sólidos de transición a cero emisiones netas. En algunos casos, las instituciones financieras pueden optar por reasignar los servicios de financiamiento, inversión y asesoramiento lejos de los clientes y las empresas de cartera que, con el tiempo, actúan de manera inconsistente con el compromiso y el plan de transición de una institución financiera. En esos casos, dicha reasignación puede reducir la exposición de una institución financiera a empresas que enfrentan un alto riesgo de transición.

PRINCIPIO 2: Las instituciones financieras deben tener en cuenta las prácticas de financiación de transición, eliminación gradual gestionada y soluciones climáticas a la hora de decidir cómo cumplir sus compromisos.

Varias prácticas de las instituciones financieras son particularmente importantes para que los compromisos sean efectivos. Estas prácticas —»financiamiento de transición», «eliminación gradual administrada» y «soluciones climáticas»— no son mutuamente excluyentes; Las instituciones financieras con compromisos pueden perseguir uno o varios simultáneamente. Cada práctica será necesaria para facilitar una transición fluida hacia el cero neto.

• Práctica 1 – Financiamiento de transición: Esta práctica consiste en proporcionar servicios de financiamiento, inversión o asesoramiento a clientes y empresas de cartera que están implementando medidas para reducir significativamente las emisiones de sus bienes o servicios. La financiación de la transición puede apoyar la descarbonización en sectores de altas emisiones para los que la descarbonización es especialmente difícil debido a las limitaciones actuales de viabilidad tecnológica y/o competitividad de precios de las alternativas de bajas emisiones. La descarbonización en estos sectores históricamente «difíciles de reducir» puede implicar una reorganización intensiva en capital y altos costos iniciales para las tecnologías de producción críticas. La financiación de la transición también puede aplicarse a sectores distintos de los considerados difíciles de reducir.

• Práctica 2 – Eliminación gradual gestionada: Un subconjunto de la financiación de transición, esta práctica implica financiación, inversión o servicios de asesoramiento que respaldan una transición gestionada y acelerada de activos de altas emisiones a activos de cero o casi cero emisiones. Esto incluye el desmantelamiento temprano, que puede incluir estrategias de reutilización. Cualquier esfuerzo de desmantelamiento temprano debe mostrar reducciones de emisiones asociadas y evitar fugas de emisiones. Si bien las emisiones financiadas por una institución financiera pueden aumentar a corto plazo a medida que se financia la eliminación gradual del activo de altas emisiones, pero aún no se han logrado las reducciones de emisiones, el capital asignado a un proceso de eliminación gradual gestionado creíble es coherente con la transición a cero neto, si: (i) se produce la eliminación, (ii) la eliminación se acelera significativamente en relación con los planes anteriores,  (iii) la eliminación gradual se produce en línea con el plan de cero emisiones netas del país o una estrategia equivalente, y (iv) se logran reducciones sustanciales de emisiones en relación con la situación habitual (por ejemplo, una brecha del lado de la energía u otra demanda creada por la eliminación gradual se llena con una actividad de cero o casi cero emisiones, aunque esa actividad no necesita ser financiada por la misma empresa) y ayudan a mantener una trayectoria de calentamiento global de 1,5°C al alcance. La eliminación gradual gestionada puede ayudar a evitar el varamiento de activos y, al mismo tiempo, reducir las emisiones globales. Las actividades de eliminación gradual gestionadas por las instituciones financieras deben demostrar el cumplimiento de criterios estrictos de actividad, requisitos de verificación y medidas de seguridad rigurosas, áreas en las que se necesita un consenso más amplio sobre las buenas prácticas. Dado el potencial de lavado verde en esta práctica, los procesos de eliminación gradual deben ser transparentes e invitar a la rendición de cuentas.

• Práctica 3 – Soluciones climáticas: Esta práctica implica financiamiento, inversión o servicios de asesoramiento que apoyen la innovación y la adopción de tecnologías, servicios o productos de cero o casi cero emisiones que contribuirán a la eliminación, eliminación o reducción de las emisiones de la economía real10 mediante la sustitución, la reducción significativa de la demanda o la reutilización de alternativas de altas emisiones. Los ejemplos incluyen la ampliación de las emisiones cero o casi nulas, tecnologías de cero emisiones, así como soluciones basadas en la naturaleza y tecnologías de eliminación de carbono.

Algunas formas de financiamiento pueden alinearse con varias de las prácticas anteriores. Por ejemplo, el capital dirigido a una empresa de servicios públicos que sustituye la energía del carbón por la generación solar y eólica puede ser tanto financiación de transición como inversión en la adopción a escala de soluciones climáticas. De acuerdo con las prácticas de financiación de la transición, la huella de emisiones global de la empresa de servicios públicos se está reduciendo con el tiempo (por ejemplo, en línea con la limitación del aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C). Además, en línea con las prácticas de soluciones climáticas, el capital de la institución financiera ayuda a permitir el despliegue por parte de la empresa de servicios públicos de activos de cero o casi cero emisiones (por ejemplo, paneles solares). Este ejemplo no se consideraría eliminación gradual administrada a menos que el carbón u otro activo de alta emisión se retire antes del final de su vida útil programada.

PRINCIPIO 3: Las instituciones financieras deben establecer métricas y objetivos creíbles y esforzarse, a lo largo del tiempo, para que todos los servicios de financiamiento, inversión y asesoramiento relevantes tengan métricas y objetivos asociados.

Las instituciones financieras deben, de manera coherente con sus requisitos fiduciarios, reglamentarios y legales:

• Establecer objetivos intermedios para 2030 o antes y a intervalos de no más de cinco años a partir de entonces hasta el objetivo final de 2050 o antes.

• Con el tiempo, procurar que los objetivos cubran todos los servicios relevantes de financiamiento, inversión y asesoramiento para clientes y empresas de cartera.

• Adaptar adecuadamente los objetivos a sectores/carteras y clases de activos específicos. En el caso de las áreas de la empresa o las zonas geográficas para las que esto no es factible de inmediato debido a la falta de metodologías o datos disponibles o adecuados para su finalidad, las instituciones financieras deben comprometerse a trabajar para lograr una cobertura completa de las actividades empresariales pertinentes, lo que podría incluir la participación en el desarrollo de metodologías y prácticas de presentación de informes adicionales.

• Confiar en los recursos y las prácticas emergentes de la industria que utilizan los últimos avances científicos y metodológicos al definir términos, datos y cálculos relevantes para los objetivos.

Las instituciones financieras deben seleccionar los enfoques creíbles de fijación de objetivos que sean más apropiados para ellas, al tiempo que tratan de adherirse a las mejores prácticas de la industria, cuando corresponda. Todavía se están elaborando y perfeccionando las metodologías para la fijación de objetivos, en particular las relacionadas con las prácticas que se describen a continuación.

PRINCIPIO 4: Las instituciones financieras deben evaluar la alineación de los clientes y de las empresas de cartera con sus objetivos (es decir, los de las instituciones financieras) y limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C.

Los enfoques sólidos para evaluar la alineación entre el cliente y la empresa de cartera pueden incluir el uso de:

• Sistemas de clasificación y herramientas de cálculo de emisiones del ciclo de vida para evaluar si una actividad o empresa puede considerarse una solución climática o en qué medida.

• Puntos de referencia como las vías sectoriales, que se basan en presupuestos de carbono estimados para mantener ciertos aumentos de la temperatura del calentamiento global al alcance de la mano.

• Planes de transición a cero emisiones netas de clientes y empresas de cartera. En el contexto de la financiación de la transición y las prácticas de eliminación gradual gestionada, la «alineación» puede considerarse el grado en que el comportamiento y la trayectoria de las emisiones de una empresa, teniendo en cuenta su presupuesto de carbono, respaldarían un resultado alineado con la limitación del aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C si todos los agentes económicos se comportaran de manera similar en relación con sus propios presupuestos de carbono. En el contexto de las soluciones climáticas, la «alineación» puede considerarse la medida en que una empresa proporciona o permite tecnologías, servicios o productos de cero o casi cero emisiones que contribuirán a la eliminación, eliminación o reducción de las emisiones de la economía real mediante la sustitución, la reducción significativa de la demanda o la reutilización de alternativas de altas emisiones. Estos enfoques no son mutuamente excluyentes y pueden complementarse entre sí. Además, existe una necesidad constante de metodologías adicionales y mejoradas y de una mayor disponibilidad de los datos que sustentan estos enfoques. Las instituciones financieras deben desarrollar y divulgar sus enfoques preferidos para evaluar la alineación de los clientes y las empresas de cartera. El enfoque más apropiado para una institución financiera dependerá de la naturaleza del activo, cliente o cartera a la que se aplique el enfoque y de la(s) jurisdicción(es) en la(s) que opere la institución financiera.

PRINCIPIO 5: Las instituciones financieras deben alinear las prácticas de relacionamiento, con los clientes, las empresas de cartera y otras partes interesadas, con sus compromisos.

Una de las formas más eficaces para que los clientes y las empresas de la cartera mejoren sus perfiles de emisiones y se alineen con la limitación del aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C es desarrollar y ejecutar sus propios planes de transición a cero emisiones netas. Dado que las emisiones financiadas de una institución financiera reflejan las emisiones de sus clientes y empresas de cartera, el plan de transición a cero emisiones netas de una institución financiera debe, en la medida en que sea coherente con las obligaciones fiduciarias, regulatorias y legales, incluir una estrategia para colaborar y apoyar a los clientes y empresas de cartera relevantes para que adopten e implementen planes de transición a cero emisiones netas. Estos planes de transición facilitarán la capacidad de los clientes y de las empresas de cartera para gestionar mejor los riesgos relacionados con el clima y aprovechar las importantes oportunidades financieras relacionadas con la transición. Estos planes también pueden generar oportunidades de financiación, inversión y asesoramiento para las instituciones financieras comprometidas con el cero neto.

El compromiso debe ser coherente con el grado de propiedad e influencia de la institución financiera sobre el cliente o la empresa de cartera, así como con la estrategia de inversión y financiación de la institución. Las instituciones financieras deben justificar y ser transparentes sobre sus enfoques para la introducción gradual de este tipo de compromiso con clientes relevantes y empresas de cartera. En algunos casos, es posible que el compromiso de una institución financiera relacionado con el cero neto con los clientes y las empresas de la cartera no aproveche suficientemente la experiencia, la influencia y los recursos de la institución financiera en el contexto de su compromiso y plan de transición. Para evitar un posible «compromiso en papel», las instituciones financieras deben establecer procesos transparentes para un compromiso significativo y hacer un seguimiento de la eficacia de dichos procesos. Las instituciones financieras deben decidir además los términos o el plazo en los que considerarán cambios en su enfoque de participación. Estos cambios podrían incluir la profundización o disminución de la participación en función de la actividad del cliente o de la empresa de cartera, o la desvinculación de un cliente determinado o de una empresa de cartera que no gestione suficientemente los riesgos y oportunidades asociados a la transición.

Existen lagunas en las metodologías disponibles y adecuadas para evaluar la alineación de los clientes y las empresas de la cartera, y es necesario seguir mejorando las metodologías de fijación de objetivos. Las instituciones financieras deben considerar cómo trabajar con las partes interesadas pertinentes para mejorar las metodologías y los enfoques.

PRINCIPIO 6: Las instituciones financieras deben desarrollar y ejecutar una estrategia de implementación que integre los objetivos de sus compromisos en los aspectos relevantes de sus negocios y procedimientos operativos.

Los planes de transición a cero emisiones netas de las instituciones financieras deben, de manera coherente con sus requisitos fiduciarios, reglamentarios y legales, tener en cuenta:

• Aprovechar los productos existentes o crear nuevos (por ejemplo, instrumentos y herramientas financieras verdes) y servicios que apoyen los esfuerzos de los clientes y de las empresas de la cartera para hacer la transición a cero emisiones netas.

• Establecer políticas y condiciones, o un cronograma para establecerlas, relacionadas con actividades en sectores altamente relevantes para la transición a cero emisiones netas (por ejemplo, umbrales o límites para el financiamiento, la inversión y los servicios de asesoramiento para actividades seleccionadas que enfrentarán mayores desafíos a medida que continúe la transición).

• Incorporar objetivos y prácticas de cero emisiones netas en los procesos básicos de evaluación y toma de decisiones (por ejemplo, incorporando consideraciones relevantes en los procesos de gestión de carteras, aprobación de transacciones, diligencia debida, marketing y ventas).

• Incorporar objetivos de cero emisiones netas en la asignación de recursos y la planificación empresarial.

La naturaleza y el grado en que una institución financiera implemente lo anterior variará de acuerdo con las características de la institución financiera.

PRINCIPIO 7: Las instituciones financieras deben establecer procesos sólidos de gobernanza para supervisar el cumplimiento de sus compromisos.

Una institución financiera debe integrar plenamente la implementación de su plan de transición en sus sistemas de gobernanza y gestión de riesgos empresariales y definir políticas, procedimientos y procesos relacionados con la gobernanza en relación con el compromiso de la institución financiera y las actividades de planificación de la transición. Dichas políticas, procedimientos y procesos deben abordar la supervisión de la junta directiva, las funciones y responsabilidades de la alta dirección, el desarrollo de habilidades y culturas relevantes entre el personal, los incentivos y la remuneración, y cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas pertinente. La estructura de gobernanza de una institución financiera debe permitir una revisión periódica del plan de transición a cero emisiones netas por parte del consejo de administración y la alta dirección para incorporar los avances materiales, abordar los desafíos de implementación e identificar y mitigar los riesgos para el plan de transición.

PRINCIPIO 8: Las instituciones financieras deben, en el contexto de las actividades asociadas con sus planes de transición a cero emisiones netas, tener en cuenta la justicia ambiental y los impactos ambientales, cuando corresponda.

Una institución financiera debe demostrar una comprensión de cómo las actividades de planificación de la transición pueden afectar cuestiones que incluyen, entre otras, el empleo, la calidad de vida, la asequibilidad, los derechos y el acceso a los recursos, en particular para las tribus, los pueblos indígenas y las comunidades desfavorecidas en los lugares donde opera la institución financiera. Si se pasan por alto, las consideraciones de justicia ambiental y transición justa de la fuerza laboral también pueden tener implicaciones financieras para las instituciones financieras. La participación proactiva de las poblaciones excluidas y marginadas puede ayudar a abordar estas preocupaciones y mejorar la financiación y la sostenibilidad de la inversión.

Además, las instituciones financieras deben demostrar una comprensión de cómo las actividades de planificación de la transición pueden afectar al medio ambiente, incluida la naturaleza y la biodiversidad. Las instituciones financieras deben establecer salvaguardias para tener en cuenta las consecuencias no deseadas y considerar los marcos y recursos emergentes que buscan proteger la naturaleza y la biodiversidad.

En muchos casos, el sector público debe desempeñar y desempeña un papel de liderazgo en la reducción o el tratamiento de los efectos negativos de las actividades de mitigación del cambio climático, como las mencionadas anteriormente.

Es probable que con el tiempo se produzcan cambios y mejoras significativos en las actividades relacionadas con el cero neto, incluida la forma en que dichas actividades se cruzan e incorporan acciones relacionadas con la resiliencia y la adaptación al clima, la biodiversidad, la naturaleza, la justicia ambiental y el abordaje de la transición justa de la fuerza laboral.

PRINCIPIO 9: Las instituciones financieras deben ser transparentes acerca de sus compromisos y el progreso hacia ellos.

La transparencia adecuada forma parte de un compromiso creíble y es necesaria para la rendición de cuentas externa. La transparencia permite a las partes interesadas desarrollar una comprensión razonable de cómo un compromiso afecta las decisiones operativas, de préstamo, de inversión, de asesoramiento y de una institución financiera. En algunos casos, esto puede implicar divulgaciones públicas voluntarias que excedan las requeridas por la ley aplicable. La información divulgada debe incluir datos relevantes y fuentes de datos, marcos y metodologías aprovechados (por ejemplo, relacionados con la planificación de la transición), enfoques y avances de la participación de clientes y empresas de cartera, y otras decisiones clave que una institución financiera toma en el desarrollo y ejecución de su plan de transición. Cuando una institución no puede ajustarse a las mejores prácticas emergentes en lo que respecta a los compromisos, debe explicar las razones.

La transparencia de la información cuantitativa que refleja el progreso hacia los objetivos (por ejemplo, la medición de las emisiones financiadas) es particularmente importante para la evaluación de las actividades de cero emisiones netas de las instituciones financieras. Debe divulgarse información suficiente de manera que los objetivos y el progreso hacia ellos puedan compararse razonablemente con lo que divulgan otras empresas y lo que necesitan las partes interesadas para evaluar el progreso general de una institución financiera hacia su compromiso. Siguen existiendo desafíos relacionados con la calidad y disponibilidad de los datos, en particular en lo que respecta a las emisiones de alcance 3 de los clientes y las empresas de la cartera. Si bien estos desafíos no deben impedir los esfuerzos de medición, pueden afectar la capacidad de las instituciones financieras, los clientes y las empresas de cartera para medir y comunicar con precisión el progreso hacia sus objetivos. Los desafíos de calidad y disponibilidad de datos representan una prioridad para los participantes del mercado, la sociedad civil y los gobiernos.

Algunas instituciones financieras pueden complementar las medidas directas de reducción de emisiones de la cadena de valor con la compra voluntaria de créditos de carbono. Una institución financiera debe proporcionar información suficiente para que las partes interesadas comprendan claramente si el uso voluntario de créditos de carbono forma parte de su compromiso y/o en qué medida. Cualquier uso voluntario de créditos de carbono debe ir acompañado de suficientes detalles sobre la naturaleza e integridad de esos créditos (por ejemplo, vínculos con un estándar de certificación creíble y demostración de un seguimiento, presentación de informes y verificación suficientes). Los mercados voluntarios de carbono (VCM, por sus siglas en inglés) siguen siendo relativamente pequeños y enfrentan desafíos relacionados con la transparencia del mercado y la integridad crediticia. Sin embargo, los VCM de alta integridad representan canales potencialmente importantes para desbloquear capital significativo para inversiones con impacto climático que pueden ayudar a limitar el aumento de la temperatura promedio mundial a 1,5°C.  El Departamento del Tesoro y otros organismos federales están colaborando activamente con las partes interesadas pertinentes, incluidos los asociados internacionales, en la búsqueda de formas de evaluar y mejorar la calidad de los VCM y los créditos de carbono para que este potencial pueda materializarse.

Por último, las instituciones financieras deben determinar en qué formato publicar información sobre sus compromisos a la luz de la evolución de las prácticas. Independientemente del formato, esa información debe ser fácilmente accesible para las partes interesadas, por ejemplo, en una publicación periódica o en presentaciones periódicas. Además, para mejorar la rendición de cuentas, permitir la evaluación de todo el sistema y mejorar la comparación con sus pares, las instituciones financieras deben considerar la posibilidad de presentar información pertinente a los recursos que agregan y difunden esta información.



Las AES analizan la divulgación voluntaria de PAI en el marco del SFDR


El Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ESA) ha presentado su informe anual sobre los avances en materia de divulgación voluntaria de los principales efectos adversos (PAI) de conformidad con el artículo 18 del Reglamento sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR). Sobre la base de su enfoque del año anterior, las AES —la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la AESPJ y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)— llevaron a cabo una encuesta en la que participaron las autoridades nacionales competentes para evaluar la situación de la divulgación voluntaria de IPA a nivel de entidad y producto en el marco del SFDR. Los resultados ofrecen una mirada inicial a las mejores prácticas y áreas que requieren mejoras. El informe destaca una mejora general en la calidad del cumplimiento y la divulgación en comparación con el año anterior, aunque con variaciones notables entre los participantes en los mercados financieros y las jurisdicciones. Además, se encontró que las discotecas eran más accesibles en los sitios web en comparación con el año anterior. Se insta a los participantes en el mercado financiero que opten por no tener en cuenta las PAI a que proporcionen explicaciones más claras de su decisión. Además, a pesar del estímulo que se les da en el marco del SFDR, estos participantes generalmente no revelan el alcance al que sus inversiones se relacionan con los objetivos del Acuerdo de París. El informe promete un análisis más detallado de las divulgaciones voluntarias de PAI por productos financieros en futuras iteraciones. También ofrece una serie de recomendaciones a la Comisión Europea para su consideración antes de la próxima evaluación exhaustiva del SFDR.


Informe conjunto de las AES de 2023

Sobre el alcance de la divulgación voluntaria de los principales efectos adversos en el marco del SFDR

Informe anual a la Comisión con arreglo al artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

1. Resumen ejecutivo

Contexto

1. El 28 de julio de 2022, las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) publicaron el primer2 informe conjunto sobre el alcance de la divulgación voluntaria de los principales efectos adversos (IAP) en virtud del Reglamento sobre divulgación de información sobre finanzas sostenibles (SFDR)3 y formularon algunas recomendaciones preliminares a las autoridades nacionales competentes (ANC) y a la Comisión Europea.

2. La conclusión general del primer informe fue que el grado de asimilación de la divulgación voluntaria de los principales efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad 4 variaba significativamente entre las jurisdicciones y los participantes en los mercados financieros (FMP) en el ámbito de aplicación del SFDR, lo que dificultaba la identificación de tendencias definidas.

3. Las medidas de aplicación detalladas relativas a esta información que figuran en el Reglamento Delegado SFDR5 aún no eran aplicables en el momento de la última publicación. Además, las prácticas de supervisión en materia de divulgación voluntaria de información seguían siendo incipientes. En consecuencia, en el informe de 2022, las AES solo proporcionaron algunas recomendaciones iniciales a la Comisión Europea, así como una visión general preliminar, indicativa y no exhaustiva de las buenas y malas prácticas para la divulgación de información sobre el PAI.

Enfoque actual

4. Para el informe de 2023, las AES han adoptado un enfoque similar al adoptado para el informe de 2022 y han puesto en marcha una encuesta de las ANC a través del Comité Mixto y de los comités permanentes pertinentes de las AES.

5. El objetivo de la encuesta era recabar información de las ANC sobre el estado actual de la divulgación voluntaria de PAI a nivel de entidad en el marco del SFDR. También incluyó una pregunta para recabar la opinión de las ANC sobre la divulgación de información por parte de los proveedores de servicios de inversión que optan por explicar por qué no tienen en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad.

6. La encuesta también abarcó la divulgación de la consideración de los PAI para los productos financieros6 por primera vez desde que los FMP tuvieron que aplicarlos antes del 30 de diciembre de 2022. Las AES evaluaron cuidadosamente las respuestas y elaboraron una indicación de los buenos ejemplos de divulgaciones observadas7 , incluidas las recomendaciones preliminares.

7. En la sección 2 del presente informe se exponen los antecedentes y la justificación de este ejercicio y las enseñanzas extraídas del segundo año de aplicación de las divulgaciones voluntarias, sobre la base de las respuestas de las ANC.

8. En la sección 3 se ofrece una visión general de las buenas y malas prácticas, que abarca no solo la consideración de los PAI, sino también los casos en los que los proveedores de servicios financieros deciden explicar cuándo no tienen en cuenta los PAI. La última parte de esta sección también incluye recomendaciones a la Comisión Europea y a las ANC.

9. En el anexo figura la lista de las preguntas incluidas en la encuesta y los aspectos más destacados de las respuestas recibidas de las ANC.

Principales conclusiones

10. Si bien todavía existe una variación significativa en el grado de cumplimiento de los requisitos de divulgación tanto entre los proveedores de servicios de seguridad como entre las jurisdicciones, los resultados de la encuesta de este año muestran una mejora general en la aplicación de las divulgaciones voluntarias. Curiosamente, en comparación con el año pasado, las divulgaciones también parecen más fáciles y sencillas de encontrar en los sitios web. Las AES consideran que un ámbito que requiere mejoras es el relativo a la explicación de la no consideración de las EPI, en la que las explicaciones aún no son plenamente completas y satisfactorias. Cuando se consideran los PAI, las divulgaciones sobre el grado de alineación con el Acuerdo de París todavía están formuladas de manera vaga.

11. El ámbito que merecerá un análisis más detenido en las futuras versiones del presente Informe es la divulgación voluntaria de la consideración de los IAP por parte de los productos financieros, en la que el nivel de comprensión de dicha información es limitado.

Pasos siguientes

12. Es posible que la Comisión Europea desee examinar las conclusiones de las AES y tenerlas en cuenta en el contexto de su evaluación global del funcionamiento del SFDR.

13. Las futuras iteraciones de este informe también incluirán una evaluación de la plantilla de divulgación de PAI8 y sobre la divulgación de las políticas de participación, que comenzó a utilizarse el 30 de junio de 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el objetivo principal de las futuras iteraciones seguirá siendo una evaluación de la difusión de esas divulgaciones y señalar las mejores prácticas.

2. Análisis de antecedentes

2.1 Introducción

14. El SFDR comenzó a aplicarse el 10 de marzo de 2021 y establece requisitos de divulgación de información en materia de sostenibilidad para que los proveedores de servicios de gestión de la sostenibilidad y los asesores financieros comuniquen información sobre sostenibilidad a los inversores.

15. El 6 de abril de 2022, la Comisión Europea adoptó el Reglamento Delegado SFDR, que especifica las normas técnicas que deben utilizar los proveedores de servicios financieros de fabricación al divulgar información relacionada con la sostenibilidad en el marco del SFDR y que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2023.

16. Las AES y la Comisión Europea también han respondido a las preguntas presentadas por las partes interesadas para aclarar aspectos del Reglamento Delegado.

17. El artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR exige que se divulguen en el sitio web del FMP los principales efectos adversos de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad y una declaración sobre la política de diligencia debida con respecto a dichos impactos. El artículo 4, apartado 1, letra b), exige que, cuando un PSF no tenga en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad, publique y mantenga en su sitio web razones claras por las que no lo hace y, en su caso, información sobre si tiene intención de hacerlo y cuándo.

18. Con arreglo al artículo 4, apartados 3 y 4, del SFDR, a partir del 30 de junio de 2021, los PSF que superen en sus fechas de balance el criterio del número medio de 500 empleados durante el ejercicio (en lo sucesivo, «umbral de 500 empleados») deben publicar y mantener en sus sitios web una declaración sobre sus políticas de diligencia debida con respecto a los principales efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad.

19. Por último, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del SFDR, los proveedores de productos envasados que decidan divulgar voluntariamente en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), o que tengan más de 500 empleados, deben publicar, para cada uno de sus productos, una explicación clara y razonada de si sus productos tienen en cuenta los principales efectos adversos sobre los factores de sostenibilidad y, en caso afirmativo, de qué manera. Estas divulgaciones deben complementarse con una declaración de que la información sobre esos factores de sostenibilidad está disponible en la información requerida por las divulgaciones sectoriales. El artículo 7, apartado 1, del SFDR no comenzó a aplicarse hasta el 30 de diciembre de 2022.

20. El informe de este año en virtud del artículo 18 del SFDR se basa en las recomendaciones del año pasado sobre las mejores prácticas en relación con las normas de presentación voluntaria de informes y añade los datos recopilados a partir de una encuesta a las ANC realizada entre abril y mayo de 2023. Las 11 preguntas compartidas con las ANC tenían por objeto recabar información sobre la situación actual de la divulgación voluntaria de información y poner de relieve las mejores prácticas observadas en el mercado.

21. En comparación con la del año pasado, la encuesta de 2023 incluye dos preguntas adicionales: la primera se refiere a la divulgación voluntaria a nivel de producto con arreglo al artículo 7 del DELAR, con una solicitud, cuando sea posible, de que se facilite un desglose de la proporción de productos que se divulgan con arreglo al artículo 8 y al artículo 9 del DELAR; la segunda es una pregunta sobre si las ANC han percibido alguna mejora en el mercado en comparación con 2022 con respecto al cumplimiento del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR.

22. Por lo que respecta a la solicitud del artículo 18 sobre «recomendaciones relativas a las normas de información voluntaria», las AES desean reiterar que ya han elaborado una plantilla de notificación obligatoria que figura en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento Delegado SFDR, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Se espera que los PMF cumplan con el requisito de declaración de diligencia debida de PAI en virtud del artículo 4 del SFDR. El 30 de junio de 2023 finalizó el plazo para que los PMF comenzaran a publicar sus primeras declaraciones del PAI utilizando la plantilla y los indicadores del anexo I. En el momento de redactar el presente segundo informe, las AES no estaban en condiciones de extraer conclusiones definitivas sobre la eficacia y el impacto de la presentación y el contenido de las divulgaciones voluntarias.

23. No obstante, las lecciones aprendidas y las recomendaciones preliminares sobre las mejores prácticas podrían constituir una indicación que los proveedores de material de consumo deberían tener en cuenta al publicar sus declaraciones sobre el PAI. Las futuras iteraciones de este informe se basarán en la experiencia actual y posiblemente incluirán nuevas recomendaciones basadas en observaciones sobre el primer uso de la plantilla en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento Delegado SFDR.

2.2 Lecciones aprendidas de las divulgaciones voluntarias: dos años después

24. Como primera observación, las AES acogen con satisfacción la mejora de la calidad de las respuestas proporcionadas a través de la encuesta, con un mayor tamaño de la muestra y una mayor representatividad en términos de número de PMF cubiertos. Las respuestas también mostraron cifras más exactas sobre la muestra seleccionada, como se recomendó en el Informe del año pasado. A medida que hayan comenzado a desarrollarse las prácticas de mercado para la divulgación de información en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR, las ANC podrían destacar ejemplos más concretos de buenas y malas prácticas observadas en sus propias jurisdicciones.

25. En comparación con el año pasado, sigue habiendo una variación significativa en el grado de cumplimiento de los requisitos de divulgación de información entre los proveedores de productos sanitarios. Las AES creen que hay margen de mejora en la forma en que las ANC proporcionan orientación y ayudan a los proveedores de servicios de gestión de la información a interactuar con sus supervisores para cumplir los requisitos. Algunas ANC indicaron que a los proveedores de servicios financieros de consumo siguen teniendo dificultades para utilizar la divulgación voluntaria, ya que no hacen referencia específica a los indicadores del PAI o no proporcionan una explicación clara de cómo los consideran. Curiosamente, la divulgación de las políticas de diligencia debida sigue siendo extremadamente limitada. Por lo general, los FMP mencionan el hecho de que ellos y/o su grupo matriz participan en organizaciones e iniciativas internacionales relacionadas con la sostenibilidad.

26. Las AES señalan que las ANC acogen con satisfacción el hecho de que la encuesta les haya permitido identificar casos de incumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Cuando se detecte un incumplimiento, las AES esperan que las ANC adopten las medidas de supervisión de seguimiento adecuadas.

27. Las AES consideran que es necesario introducir mejoras en la explicación de la no consideración de las IPE. Si bien los PMF mencionan cuestiones relacionadas con la disponibilidad y comparabilidad de los datos o la falta de claridad desde una perspectiva jurídica, esas explicaciones siguen siendo breves y vagas.

28. Sin embargo, algunas ANC señalaron los esfuerzos de algunos proveedores de servicios financieros para incluir una indicación sobre cuándo comenzarán a considerar las IPE, lo que refleja uno de los ejemplos de mejores prácticas que las AES proporcionaron en el informe de 2022.

29. Cabe destacar que los proveedores de servicios financieros siguen teniendo un bajo nivel de comprensión de la no consideración de los PAI, ya que los proveedores de servicios financieros de diferentes jurisdicciones han declarado que no cumplen porque están por debajo del umbral de 500 empleados o debido a las limitaciones actuales de los datos fácilmente disponibles para cumplir plenamente con los requisitos de presentación de informes. Las AES no consideran que sean una justificación suficiente para explicar por qué el FMP no tiene en cuenta los efectos adversos de sus decisiones de inversión y recomiendan un seguimiento supervisor para garantizar una comprensión adecuada de las disposiciones pertinentes. Como mínimo, las AES consideran que es una buena práctica que los proveedores de servicios de consumo indiquen al menos una fecha límite para comenzar a considerar los indicadores del PAI.

30. El ámbito que merecerá un análisis más detenido en las futuras iteraciones del presente Informe es el de la información voluntaria sobre la información presentada por los productos financieros a la consideración de los PAI de conformidad con el artículo 7 del SFDR. El nivel de comprensión de dichas divulgaciones es limitado, ya que algunos proveedores de servicios de fabricación confunden las divulgaciones voluntarias sobre la consideración de los PAI del SFDR del artículo 7 con la declaración con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento sobre la taxonomía), es decir, la declaración normalizada para los productos no incluidos en el artículo 8 y el artículo 9 del SFDR. Sin embargo, en términos generales, las ANC no pudieron facilitar datos sobre la cuota exacta de productos financieros de los artículos 8 y 9 del SFDR utilizando la divulgación voluntaria de IPA, ya que las normas no comenzaron a aplicarse hasta el 30 de diciembre de 2022.

31. Al igual que en el informe publicado el año anterior, las ANC confirmaron que los PMF que pertenecen a grandes grupos pueden tener una divulgación más sofisticada en comparación con los más pequeños y tienden a divulgar información más detallada sobre las políticas de sostenibilidad y exclusión. Además, los PMF que forman parte de un grupo también tienen más probabilidades de completar las divulgaciones voluntarias con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR. Las AES observan una tendencia comunicada por las ANC en el sentido de que la divulgación de información se está utilizando como parte de la estrategia de marketing de la empresa.

32. Las AES acogen con satisfacción el hecho de que consideren que las ANC consideran que actualmente las divulgaciones en los sitios web son más fáciles de encontrar en comparación con la encuesta del año pasado. Todavía existe margen de mejora, en particular porque algunas ANC todavía tenían que buscar las divulgaciones voluntarias a través de los motores de búsqueda, ya que estaban ocultas en la sección «información requerida» o en la sección «descarga».

33. El nivel de divulgación del grado de armonización con los objetivos del Acuerdo de París sigue siendo un ámbito de mejora, ya que la divulgación de información sigue siendo vaga, y los PSF mencionan su grado de armonización con el Acuerdo de París sin mencionar los indicadores que miden la trayectoria de descarbonización de sus inversiones. No obstante, las AES desean señalar que estas divulgaciones no son obligatorias, ya que el grado de alineación con los objetivos del Acuerdo de París debe divulgarse «cuando proceda».

34. En comparación con el año pasado, las ANC informaron de una mejora en cuanto a la forma en que se entienden los requisitos reglamentarios y el nivel de detalle divulgado. Esta mejor comprensión es promovida por los supervisores que organizan debates con los participantes del mercado y las asociaciones de la industria y proporcionan recomendaciones y orientaciones pertinentes.

35. Como se explica en la sección 3 del presente informe, las AES han destacado algunos ejemplos de mejores prácticas compartidas por las ANC y han incluido recomendaciones basadas en las respuestas recibidas. Las AES quieren destacar en particular:

a) la importancia de una declaración clara que incluya la identificación de los indicadores del PIC, la metodología y los datos utilizados para la evaluación de cada PIC, el período de referencia de la declaración y, en su caso, un breve resumen de las políticas de implicación y el cumplimiento de los códigos de conducta empresarial responsable y las normas reconocidas internacionalmente, en consonancia con los principios generales para la presentación de la información del Reglamento Delegado del SFDR; y

b) Identificación clara de las divulgaciones relevantes en el sitio web, haciendo que la información sea fácilmente accesible, clara e intuitiva para que el inversor la encuentre.

36. Por último, las AES acogen con satisfacción que el cuestionario haya aumentado el nivel de conocimiento de las ANC sobre la divulgación de información de los proveedores de productos en materia de bienes de consumo con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR y que el nivel de seguimiento y observación del mercado haya mejorado significativamente, incluido el uso de estudios de mercado y cuestionarios, como se recomendó en el informe del año pasado.

37. En 2024, es probable que la tercera versión del Informe incluya una evaluación adicional de las divulgaciones voluntarias a nivel de producto con arreglo al artículo 7, apartado 1, del SFDR y preguntas adicionales sobre los procesos y métodos para comparar las divulgaciones de años anteriores.

3. Buenas y malas prácticas y recomendaciones preliminares

3.1 Ejemplos buenos y malos de divulgación de información con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR

38. Las ANC han acogido con satisfacción el enfoque utilizado en el informe del año pasado de proporcionar una lista de ejemplos de mejores prácticas y ejemplos subóptimos de divulgación de información con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del SFDR. En el informe de 2023, las AES han añadido algunas consideraciones iniciales también sobre el artículo 7, apartado 1, del SFDR.

39. Esta lista representa una evaluación subjetiva de la utilidad de la información divulgada para comprender cómo los PMF consideran, o por qué no consideran, los principales efectos adversos de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad.

40. Es importante reiterar que las obligaciones de divulgación previstas en el Reglamento Delegado SFDR han pasado a ser obligatorias a partir del 1 de enero de 2023. No debe entenderse que los ejemplos que figuran a continuación sobre las declaraciones realizadas en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), y del artículo 7, apartado 1, del SFDR (lo que se debe hacer, en verde, y lo que no se debe hacer, en rojo) afectan a las divulgaciones realizadas con arreglo a las plantillas obligatorias.

3.2 Recomendaciones a la Comisión Europea

41. En el contexto de la evaluación global del SFDR, las AES desean invitar a la Comisión Europea a considerar lo siguiente:

a) Otras formas de introducir proporcionalidad para los PMF, ya que el umbral de más de 500 empleados puede no ser una forma significativa de medir hasta qué punto las inversiones pueden tener los principales efectos adversos sobre los factores de sostenibilidad. Las AES opinan que un enfoque más adecuado para informar sobre los efectos adversos de los PSF podría consistir, por ejemplo, en establecer un umbral basado en el volumen de las inversiones del PSF;

b) Si la divulgación de información a nivel de producto con arreglo al artículo 7 del SFDR también debe seguir una base de cumplimiento o explicación, independientemente de si el PSF aplica el artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR, para garantizar la coherencia con la información a nivel de entidad que cubre todas las inversiones del SFP y con las preguntas y respuestas iv.2 del documento consolidado de preguntas y respuestas que permite la consideración del PAI para el producto financiero incluso cuando el PSF no aplica el artículo 4, apartado 1, letra a)14. Por lo tanto, cuando un PSF revele a nivel de entidad que tiene en cuenta los efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR, los inversores podrían esperar que esto implique que el producto vendido por el FMP también tenga en cuenta el impacto adverso de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad con arreglo al artículo 7 del SFDR. La práctica actual observada por los supervisores es que, si bien a nivel de entidad los PMF declaran que consideran las IPA, esto no siempre se refleja en la información sobre el producto.

c) De conformidad con el principio de proporcionalidad, reducir la frecuencia del Informe del Artículo 18 del SFDR en la próxima revisión del Nivel 1, a cada dos o tres años. Esto permitiría un análisis más significativo sobre las tendencias a largo plazo.

42. Las recomendaciones anteriores se formulan con la salvedad de que las AES aún no disponen de información completa sobre el número de PMF por debajo del umbral de 500 empleados que cumple lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR.

3.3 Recomendaciones a las ANC

43. Las AES acogieron con satisfacción que las ANC siguieran las recomendaciones preliminares del informe de 2022, en particular en lo que respecta a un tamaño de muestra más representativo y mayor, incluidas las cifras exactas, los desgloses y los porcentajes del mercado estudiado. Las ANC también se han esforzado por entablar un diálogo supervisor con los proveedores de servicios de producción de productos que no cumplían lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), lanzando sus propios cuestionarios, organizando reuniones con asociaciones del sector y proporcionando orientación sobre cómo cumplimentar las declaraciones. Curiosamente, una ANC también anunció el lanzamiento de una herramienta informática para ayudar a localizar las divulgaciones en los sitios web. Esto está en línea con la recomendación de centrarse en la supervisión del sitio web y el uso de web scraping y / u otras herramientas SupTech. Esta recomendación sigue siendo válida para futuras iteraciones del Informe de 2023.

44. Sobre la base del informe del año pasado, las AES desean compartir las siguientes recomendaciones a las ANC para ayudarlas en sus acciones de supervisión aplicables en curso:

a). Hacer un seguimiento de los participantes en el mercado que no cumplan con las normas y considerar si el uso de herramientas de aplicación podría ser apropiado. Al igual que la recomendación del año pasado, las ANC deben identificar las infracciones de los proveedores de servicios de consumo y hacer un seguimiento adecuado;

b). prestar apoyo a los participantes en el mercado y poner de relieve las expectativas supervisoras comunes, posiblemente coordinadas por las AES, para facilitar la comprensión de cómo cumplir con la información divulgada en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del SFDR;

c). Utilizar herramientas, posiblemente coordinadas por las AES, que puedan ayudar a las ANC a identificar la información sobre la divulgación voluntaria de información sobre las consideraciones relativas a los IAP de los productos divulgados con arreglo a los artículos 8 y 9 del SFDR.

d). Facilitar el intercambio con la industria para crear conciencia e intercambiar mejores prácticas;

e. Compartir los resultados de la encuesta con el sector, incluidas las expectativas supervisoras utilizadas por las ANC para evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de divulgación por parte de los participantes en el mercado.

f). Por último, las AES señalaron el uso de referencias incorrectas a obligaciones específicas de divulgación en las respuestas facilitadas por las ANC, lo que demuestra que las ANC siguen mejorando y acumulando conocimientos especializados para permitir una comprobación exhaustiva del cumplimiento. A continuación proporcionamos algunos ejemplos y aclaramos esos conceptos:

• «Considerar» y «tener en cuenta»: las AES observaron una confusión entre las referencias a «considerar» y «tener en cuenta» en relación con divulgaciones específicas y desean aclarar que la referencia jurídica específica coherente con el texto de nivel 1 al evaluar el cumplimiento del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), es comprobar si los proveedores de bienes de consumo han tenido en cuenta los principales efectos adversos de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. Tener en cuenta es la referencia utilizada para la divulgación del SFDR de cómo las inversiones sostenibles no causan un daño significativo (DNSH) a ningún objetivo ambiental o social. De acuerdo con la respuesta de la Comisión a la pregunta de las AES sobre esta cuestión15, el requisito de tener en cuenta el PAI significa que el PSF debe revelar cómo aborda los efectos adversos de las inversiones, por ejemplo, cómo pretende reducirlos. Por el contrario, el requisito de tener en cuenta el PAI para la prueba DNSH consiste en exigir que se tengan en cuenta los indicadores de impacto adverso solo para las inversiones sostenibles realizadas, a fin de asegurarse de que estas inversiones sostenibles no causen un daño significativo al medio ambiente o a la sociedad.

• Uso de términos como «criterios ESG», «riesgo ESG» y «objetivos de inversión sostenible»: existe un uso generalizado por parte de las ANC de los términos «criterios ESG», «riesgos ESG» y «objetivos de inversión sostenible», pero estos términos no están relacionados con la consideración de los efectos adversos. La terminología correcta debería centrarse más bien en los «impactos de la sostenibilidad», los «indicadores de sostenibilidad», las «políticas de compromiso para abordar los efectos adversos de las decisiones de inversión» y el «grado de alineación con los objetivos del Acuerdo de París», que representan una buena medida del impacto adverso en el clima.



Recomendación de la Comisión Europea sobre facilitación de financiación para la transición a una economía sostenible


LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 292,

Considerando lo siguiente:

(1)          Aunque la transición a una economía sostenible de aquí a 2050 constituye todo un desafío, también ofrece oportunidades para la economía de la Unión. Invertir en la transición ecológica ayudará a convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro con una economía sostenible.

(2)          Es necesario actuar urgentemente en la presente década para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % y alcanzar de aquí a 2030 nuestros objetivos medioambientales, en particular los relacionados con las crisis del entorno natural y del agua. En comparación con lo que aportó entre 2011 y 2020, la Unión tendrá que invertir aproximadamente 700 000 millones EUR adicionales al año entre 2021 y 2030 para descarbonizar su economía y alcanzar sus objetivos medioambientales (1) y los de la Ley sobre la industria de cero emisiones netas propuesta (2).

(3)          Actualmente se necesita financiación para la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible de las empresas que desean ser sostenibles, pero que no pueden pasar de inmediato a un modelo de rendimiento plenamente respetuoso con el medio ambiente y climáticamente neutro. En los próximos años se necesitará una financiación de transición que asegure una transición oportuna y metódica de la economía real hacia la sostenibilidad, sin perjuicio de la competitividad de la economía de la UE: Todavía no están disponibles todas las tecnologías necesarias para una economía sostenible y los distintos agentes económicos podrán alcanzar estos objetivos a diferentes ritmos.

(4)          Por finanzas sostenibles se entiende la financiación tanto de los procesos que son ya respetuosos con el medio ambiente como de los que están en transición para lograr ese tipo de rendimiento en un plazo determinado. Se prevé que el nivel de inversiones sostenibles aumente a medida que avance la transición.

(5)          Si bien el marco jurídico de la Unión no define el concepto de financiación de transición, esta debe entenderse como la financiación de mejoras del rendimiento climático y medioambiental con miras a la transición hacia una economía sostenible, a un ritmo compatible con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.

(6)          El marco de finanzas sostenibles de la UE, en el que se incluyen el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento y del Consejo (3), las metodologías establecidas en el Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y la propuesta de Reglamento sobre los bonos verdes europeos (6), contiene una serie de salvaguardias y principios que pueden contribuir a fundamentar la noción de financiación de transición.

(7)          La financiación de la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible ocupa un lugar central en la Comunicación de la Comisión de 2021 titulada «Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible» (7), en la que se destaca la necesidad de adoptar un enfoque inclusivo para las finanzas sostenibles aplicable a todos los sectores, zonas geográficas, agentes y diferentes puntos de partida hacia la transición.

(8)          En la presente Recomendación se aclara el concepto de financiación de transición y se reconoce el importante papel que pueden desempeñar los participantes en el mercado al utilizar voluntariamente las herramientas del marco de finanzas sostenibles de la UE, conforme a las necesidades, para dicha financiación.

(9)          Las empresas, los intermediarios financieros y los inversores, los Estados miembros y las autoridades de supervisión podrían obtener, proporcionar o enfocar la financiación de transición mediante el uso voluntario de las herramientas de financiación sostenible conforme se expone en la presente Recomendación.

(10)       La presente Recomendación tiene por objeto estimular la financiación de transición en un entorno de confianza para los inversores mediante el fomento del uso voluntario de las herramientas de financiación sostenible y la divulgación de la información correspondiente de una manera que garantice la credibilidad de las oportunidades de inversión para la transición.

(11)       La presente Recomendación se basa en el marco de finanzas sostenibles de la UE y en algunos elementos de las principales iniciativas internacionales en materia de financiación de transición, como la Guía de la OCDE sobre financiación de transición (8), el marco del G-20 para la financiación de transición (9), el informe sobre la financiación de transición de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles (10) y el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los compromisos de cero emisiones netas de las entidades no estatales (11). Por lo tanto, los inversores internacionales que sigan esta Recomendación deberían poder ajustar los principales aspectos de sus objetivos de transición a las prácticas del mercado internacional.

(12)       La transición para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo (12) incluye la transición a la neutralidad climática de aquí a 2050, con el propósito de limitar el cambio climático a un calentamiento global de 1,5 °C, en consonancia con el Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (13); la transición a una economía resiliente al clima, y la transición hacia una economía medioambientalmente sostenible, a saber, una economía circular, con contaminación cero y positiva para la naturaleza, y el uso sostenible de los recursos hídricos y marinos.

(13)        Los participantes en el mercado pueden aplicar la presente Recomendación tanto a la transición climática como a la transición medioambiental.

(14)       Dependiendo de diversos factores, como los sectores y zonas geográficas en los que operen, es posible que las distintas empresas (financieras y no financieras) se hallen en diferentes puntos de partida de su transición hacia la sostenibilidad, Asimismo, es posible que tengan diferentes posibilidades y capacidades para esta transición, dependiendo de su tamaño, de sus recursos financieros y físicos o de la disponibilidad de infraestructura y tecnologías. En consecuencia, las necesidades de financiación variarán de una empresa a otra.

(15)       El uso de la financiación de transición es voluntario. No todas las empresas, ni todos los sectores económicos, tienen necesidades significativas de financiación para la transición climática o medioambiental. Sin embargo, en aquellos casos en que el impacto climático pueda amortiguarse y se esté amortiguando, es menester reconocer esa mejora y facilitar su financiación.

(16)       Es posible que las pequeñas y medianas empresas (pymes) necesiten financiar su transición, en cuyo caso podrían obtener esa financiación proporcionando información clave en materia de sostenibilidad. Sin embargo, debido a su tamaño y al carácter más limitado de sus recursos, puede resultarles difícil y costoso. Las pymes podrían necesitar el apoyo de sus socios financieros, sus proveedores y los clientes de su cadena de valor a la hora de analizar sus necesidades de financiación de transición y de acceder, en la práctica, a tal financiación. Se anima a los intermediarios de las grandes empresas y financieros a que apliquen el principio de proporcionalidad en su comunicación con las pymes y a que actúen con moderación al solicitar información a los socios, proveedores y clientes de su cadena de valor que sean empresas de esas características.

(17)       La financiación de transición también puede ayudar a financiar la transición de las empresas que operen en los sectores más afectados por el cambio a una economía sostenible. Por ejemplo, las nuevas inversiones y las correspondientes inversiones en activos fijos de esas empresas pueden hacerse compatibles con la transición para cumplir los objetivos climáticos y medioambientales de la UE.

(18)       Las necesidades de financiación de transición pueden determinarse mediante una planificación anticipada y la fijación de objetivos de transición. Una forma de conseguirlo es, por ejemplo, establecer los objetivos y las acciones de la empresa a corto, medio y largo plazo en consonancia con la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible, y fijar planes de inversión y de actuación en los que se indiquen los recursos ya asignados y los que sigan siendo necesarios, a fin de garantizar que se alcancen los objetivos y que las acciones se planifiquen y ejecuten de manera transparente, creíble y coherente. Estas medidas pueden aplicarse tanto al nivel de las empresas como de las actividades, en función de dónde surja la necesidad de financiación de transición.

(19)       La planificación de la transición, que es el proceso mediante el cual las empresas traducen sus ambiciones medioambientales y climáticas en acciones, puede ayudar a las empresas a minimizar los riesgos estratégicos y financieros asociados a la transición, detectar oportunidades de negocio y aportar claridad sobre su estrategia empresarial, lo que puede atraer a nuevos inversores y socios comerciales.

(20)       Ahora bien, las empresas también pueden utilizar las herramientas de financiación sostenible de la Unión, como la taxonomía, no solo con el fin de divulgar información sobre las actividades e inversiones en activos fijos que se ajusten a la taxonomía, sino también como herramienta prospectiva para su propio proceso de transición, empleando los criterios de la taxonomía como puntos de referencia para la fijación de objetivos. La taxonomía se utiliza cada vez más con fines de financiación de transición, y numerosas son las empresas que notifican inversiones en activos fijos que se ajustan a la taxonomía y que son significativamente superiores a los ingresos que se ajustan a la taxonomía, especialmente en los sectores de gran impacto.

(21)       Las inversiones que se destinan a alcanzar la adaptación a la taxonomía en un plazo de cinco años (excepcionalmente, de diez años) se reconocen como inversiones en activos fijos que se ajustan plenamente a la taxonomía si van acompañadas de un plan de inversiones en activos fijos, que es un tipo de plan de transición al nivel de las actividades (14). Además, las inversiones en actividades de transición, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2020/852, son inversiones en las mejores tecnologías disponibles y, por tanto, también se reconoce su adaptación a la taxonomía, siempre que no den lugar a situaciones de cautividad intensivas en carbono a largo plazo ni impidan el desarrollo de tecnologías más ecológicas. Se trata de actividades económicas para las que actualmente no existe ninguna tecnología alternativa y cuyo rendimiento avanza por la senda que conduce a la futura neutralidad climática. Para garantizar una mejora continua a lo largo del proceso de transición, el Reglamento (UE) 2020/852 contempla una revisión trienal de los criterios técnicos de selección para las actividades de transición a fin de tener en cuenta los avances tecnológicos y científicos que se vayan produciendo.

(22)       La taxonomía también puede ser una guía útil, complementaria de los objetivos climáticos o medioambientales o de los planes de transición, para aquellas actividades económicas que, pese a no poder lograr una contribución sustancial a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852, permitan lograr mejoras significativas del rendimiento medioambiental. Sus criterios y principios pueden emplearse a la hora de fijar objetivos intermedios o mínimos, para los que podría obtenerse financiación de transición si las inversiones son compatibles con los objetivos climáticos y medioambientales de la UE ( 15). Este extremo debe garantizarse mediante un plan de transición para cada actividad específica (un plan de transición por actividades).

(23)       Los datos de que se dispone muestran que la taxonomía está funcionando según lo previsto: las empresas incluidas en el índice STOXX Europe 600 que, hasta la fecha, han declarado una adaptación a la taxonomía no nula (16) han notificado una adaptación media a la taxonomía cercana al 23 % para los gastos de capital, al 24 % para los gastos operativos y al 17 % para los ingresos ( 17).

(24)       Los índices de referencia para la transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París son herramientas adecuadas para diseñar carteras con objetivos de descarbonización. Los fondos de inversión que se adhieren a esos índices de referencia han crecido considerablemente y están actualmente valorados en 116 000 millones EUR. También está aumentando el uso de índices de referencia ASG basados en el mercado con características de sostenibilidad medioambiental.

(25)       Los planes de transición son una herramienta útil para traducir los objetivos climáticos o medioambientales, al nivel tanto de empresas como de actividades económicas, en acciones y en un plan de inversión, con vistas a su comunicación a los intermediarios financieros y los inversores. Los intermediarios financieros y los inversores podrían tener también en cuenta la información de los planes de transición, así como la integridad, transparencia y obligación de rendir cuentas en relación con los objetivos contenidos en dichos planes, a la hora de evaluar los riesgos de la transición y de sostenibilidad física asociados a determinada inversión.

(26)       En la actualidad, los planes de transición no tienen carácter obligatorio, pero se están imponiendo como una de las grandes herramientas prospectivas que las empresas pueden utilizar para establecer y articular sus objetivos y obtener la financiación necesaria para alcanzarlos, e incluyen información sobre los hitos, las actividades, los procesos y los recursos. Los planes de transición pueden elaborarse sobre la base de la Directiva (UE) 2022/2464 y sus normas de presentación de información, cuando dichos planes formen parte de la estrategia empresarial global de una empresa que se proponga ajustarse al objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C.

(27)       Las empresas sujetas a las obligaciones de información de la citada Directiva tendrán que comunicar todo objetivo con horizonte temporal sobre cuestiones de sostenibilidad que hayan fijado, así como todo plan del que se hayan dotado para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia empresarial sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C.

(28)        En febrero de 2022, la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (18) con el fin de garantizar que las empresas activas en el mercado interior tengan éxito en la transición de nuestras economías hacia la sostenibilidad. En ella se propone que las empresas que estén incluidas en su ámbito de aplicación adopten planes para garantizar que su modelo y su estrategia de negocio sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C en consonancia con el Acuerdo de París.

(29)       El plan de transición, que es uno de los aspectos de la estrategia global de la empresa, también puede abarcar la transición hacia el cumplimiento de los objetivos medioambientales. La credibilidad de los planes de transición podría reforzarse mediante su adopción por parte de la dirección de la empresa, mediante la introducción de un conjunto estructurado de objetivos y acciones a corto, medio y largo plazo en el que se indiquen los recursos asignados y los recursos necesarios para garantizar que los objetivos y las acciones se lleven a la práctica de manera creíble y coherente, así como del análisis y la prevención de la cautividad a largo plazo respecto de actividades o activos intensivos en gases de efecto invernadero o significativamente perjudiciales para el medio ambiente, habida cuenta de su vida útil.

(30)       Los intermediarios financieros tienen un papel clave que desempeñar en cuanto al apoyo de la economía real en su transición hacia la sostenibilidad. De tal modo, el hecho de proporcionar a la economía real financiación de transición permite al sector financiero cumplir su función durante la transición, disminuir los riesgos del proceso de transición a lo largo del tiempo y llevar a cabo su propia transición de forma metódica. La financiación de transición y las inversiones conexas pueden reducir el riesgo de la transición financiera en el futuro incluso si no están automáticamente sujetas a un riesgo financiero menor que otras inversiones.

(31)       Tanto los préstamos bancarios como las inversiones son importantes para la financiación de la economía real, y se espera que ambos instrumentos proporcionen a las empresas un volumen significativo de financiación de transición. Los bancos y otros inversores institucionales se encuentran en una posición especialmente favorable para proporcionar financiación de transición a sus clientes, ya que pueden aprovechar sus estrechas relaciones con estos. En ese contexto, los bancos pueden considerar la presente Recomendación en relación con las disposiciones sobre riesgos físicos y de transición de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) y el Reglamento (UE) No. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), actualmente en proceso de revisión.

(32)       En el próximo ejercicio de asesoramiento por parte de la Autoridad Bancaria Europea acerca de los préstamos verdes (21), así como en las actividades de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles (22), se examinarán diferentes aspectos de la financiación de transición y se aportará información pertinente para futuras consideraciones sobre este tema.

(33)        La divulgación de información en materia de sostenibilidad ayuda a generalizar el intercambio de información entre los intermediarios financieros y las empresas en transición. Por ejemplo, la información prospectiva sobre los objetivos climáticos o medioambientales o los planes de transición, cuando existan, podría ser de utilidad para los propios inversores e intermediarios financieros que hayan asumido el compromiso de llevar a cabo su propia transición. Esa información ayudará a los intermediarios financieros y a los inversores a decidir qué incluir o no en sus productos de inversión, así como a evaluar las implicaciones de los diferentes horizontes temporales de inversión y los riesgos de los activos obsoletos.

(34)       Los intermediarios financieros y los inversores también pueden contribuir a la transición ofreciendo soluciones de financiación específicas relacionadas con la transición y vinculadas a los objetivos climáticos o medioambientales fijados por las empresas.

(35)       Se invita a los Estados miembros a que prosigan su actividad de sensibilización acerca de las distintas vías de obtener o de conceder financiación de transición. Asimismo, se les invita a seguir proporcionando formación y asistencia técnica que puedan contribuir a aumentar la utilización de la financiación de transición y ofreciendo soluciones específicas relacionadas con la financiación de transición a las empresas que deseen emprender esa vía.

(36)       Las autoridades europeas de supervisión (AES) y las autoridades nacionales competentes de la Unión deben proseguir su actividad de información sobre los enfoques pertinentes de la financiación de transición. Con ello se ayudará a infundir en los participantes en el mercado confianza en cuanto al modo de utilizar eficazmente las herramientas de financiación sostenible de la Unión, se fomentará el uso de la financiación de transición y se reducirá el riesgo de «eco impostura».

(37)       La presente Recomendación no formula recomendaciones sobre todos los aspectos de la financiación de transición hacia una economía climáticamente neutra y sostenible. Su objetivo es aclarar los conceptos básicos de este tipo financiación y el uso de las herramientas que pueden impulsar la mayor utilización de financiación de transición privada.

(38)       La presente Recomendación tampoco es exhaustiva, ya que los participantes en el mercado pueden encontrar otras formas de promover o de obtener financiación de transición que sea compatible con la transición a una economía sostenible. Su contenido debe considerarse a la luz de cualquier evolución futura del mercado o de la legislación. La Plataforma sobre Finanzas Sostenibles ayudará a identificar las prácticas de mercado pertinentes para la financiación de transición, y los participantes en el mercado podrán aportar sus observaciones a través de la propia Plataforma o de las actividades de divulgación organizadas por la Comisión, como talleres y diálogos con las partes interesadas, con el fin de afinar los componentes del marco de finanzas sostenibles y su uso para la financiación de transición. Asimismo, la Comisión intensificará sus contactos con los socios internacionales a través, por ejemplo, de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles y del Centro de Asesoramiento sobre Finanzas Sostenibles que se inscribe en la estrategia «Global Gateway», con el fin de promover el uso y la interoperabilidad internacional de la financiación de transición a escala mundial.

SE HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1.        La presente Recomendación se presenta de forma consiguiente a la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible» (23).

1.2.        La presente Recomendación tiene por objeto apoyar a los participantes en el mercado que deseen obtener o proporcionar financiación de transición, ofreciéndoles sugerencias prácticas sobre el modo de enfocar dicha financiación.

1.3.        La presente Recomendación se dirige a aquellas empresas que deseen contribuir a la transición hacia la neutralidad climática y la sostenibilidad medioambiental, potenciando al mismo tiempo su competitividad, y busquen financiación para inversiones que persigan ese fin. Su objetivo es explicar cómo pueden usarse las herramientas de financiación sostenible a tales efectos. La financiación de transición y la financiación ecológica (24) se distinguen de la financiación general, que no persigue objetivos de sostenibilidad.

1.4.        En general, la presente Recomendación no se destina a las microempresas (25), habida cuenta de su tamaño y su capacidad administrativa.

1.5.        La presente Recomendación se dirige igualmente a:

a) los intermediarios financieros y los inversores que estén dispuestos a proporcionar financiación de transición a las empresas;

b) los Estados miembros y las autoridades de supervisión financiera, con el fin de sensibilizar sobre el tema y proporcionar asistencia técnica y de fomentar la utilización y la provisión de financiación de transición a la economía real.

1.6.        La presente Recomendación se entiende sin perjuicio de la legislación de la Unión que establezca obligaciones legales.

1.7.        Se invita a los agentes externos a la Unión a que utilicen también esta Recomendación, aunque puedan tener necesidades específicas que no se reflejan en ella,

2. DEFINICIONES

A los efectos de la presente Recomendación, se entenderá por:

2.1.        Transición: la transición desde los niveles actuales de rendimiento climático y medioambiental hacia una economía climáticamente neutra, resiliente al clima y medioambientalmente sostenible en un plazo que permita alcanzar:

a) el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5°C, en consonancia con el Acuerdo de París, y, para las empresas y actividades dentro de la Unión, el objetivo de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % de aquí a 2030, como se establece en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

b) el objetivo de adaptación al cambio climático (27), y

c) otros objetivos medioambientales de la Unión que se especifican en el Reglamento (UE) 2020/852, a saber, la prevención y el control de la contaminación, la protección y la restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, el uso sostenible y la protección de los recursos marinos y de agua dulce y la transición a una economía circular.

2.2.        Financiación de transición: la financiación de inversiones que sean compatibles con la transición y contribuyan a ella, evitando efectos de cautividad, en particular:

a) inversiones en carteras que se adhieran a los índices de referencia para la transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París («índices de referencia climáticos de la UE»);

b) inversiones en actividades económicas que se ajusten a la taxonomía, en particular:

— actividades económicas de transición, según se definen en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/852, para el objetivo de mitigación del cambio climático,

— actividades económicas elegibles conforme a la taxonomía que pasen a ajustarse a la misma en consonancia con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión en un plazo máximo de cinco (excepcionalmente, diez) años (28);

c) inversiones en empresas o actividades económicas con un plan de transición creíble al nivel de la empresa o de la actividad;

d) inversiones en empresas o actividades económicas que tengan objetivos creíbles y con base científica, siempre que sean proporcionados y que estén respaldados por información que garantice la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.

2.3.        Plan de transición: un aspecto de la estrategia global de la empresa que establece los objetivos y acciones de la entidad para su transición hacia una economía climáticamente neutra o sostenible, con medidas como la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con el objetivo de limitar el cambio climático a 1,5 °C. 3.

RECOMENDACIÓN A LAS EMPRESAS QUE BUSQUEN FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

Herramientas de financiación sostenible para determinar y articular las necesidades de financiación de transición

3.1.        Las empresas pueden estudiar sus necesidades de financiación de transición en función de su impacto, sus riesgos y sus oportunidades en cuanto a la sostenibilidad. Todos estos aspectos pueden determinarse mediante una evaluación de la materialidad.

3.2.        Para determinar sus necesidades de financiación de transición, las empresas podrían empezar por fijar objetivos de transición y definir itinerarios individuales de transición a partir de escenarios e itinerarios con base científica (29).

3.3.        Las herramientas de financiación sostenible, en particular, la taxonomía o los índices de referencia climáticos de la UE, pueden utilizarse junto con unos planes de transición creíbles para respaldar la definición de objetivos de transición y articular las necesidades específicas de financiación de transición al nivel de las empresas y de las actividades económicas (30).

3.4.        Al integrar claramente los objetivos de transición y las correspondientes necesidades de financiación en un plan de transición creíble, los intermediarios financieros y los inversores pueden comprender, comparar y referenciar con mayor facilidad las oportunidades de financiación de transición.

3.5.        Las necesidades de financiación de transición pueden especificarse como inversiones en activos fijos previstas y, según proceda, gastos operativos relacionados con la consecución de los objetivos climáticos y medioambientales, así como ingresos corrientes o esperados relacionados con la transición.

3.6.        Cuando proceda, las empresas podrían examinar con los intermediarios financieros y los inversores sus necesidades específicas de financiación de transición y las soluciones de financiación más adecuadas.

4. USO DE ITINERARIOS DE TRANSICIÓN CREÍBLES PARA ESTABLECER OBJETIVOS CON BASE CIENTÍFICA

4.1.        Para establecer objetivos con base científica y determinar sus necesidades de financiación de transición, las empresas pueden tomar como referencia los escenarios e itinerarios de descarbonización intersectoriales o sectoriales que hayan sido publicados, así como los escenarios de mejora medioambiental que existan.

4.2.        Al recurrir a escenarios o itinerarios, se recomienda utilizar aquellos que tengan una base científica, y, en el caso de los itinerarios de descarbonización, aquellos que estén en consonancia con el Acuerdo de París, como los escenarios de 1,5°C de la Agencia Internacional de la Energía o del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático con un rebasamiento nulo o limitado (31).

4.3.        Se recomienda ajustar los itinerarios correspondientes a la empresa de que se trate a los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión, en función de los lugares en los que la empresa desarrolle su actividad y de su punto de partida. Para ello, se recomienda también consultar los Itinerarios cualitativos de Transición de la UE elaborados por la Comisión Europea (32) para cada ecosistema industrial a la hora de evaluar los retos ligados a la transición climática y las mejores tecnologías disponibles, así como los desafíos ecológicos, digitales y de resiliencia más generales para un sector determinado.

4.4.        Los objetivos de transición con base científica podrían utilizarse para obtener financiación de transición sin que exista un plan de transición cuando tal solución sea proporcional a la complejidad, el tamaño y las repercusiones de la empresa, y cuando dichos objetivos estén respaldados por información que garantice su integridad, su transparencia y la obligación de rendir cuentas en relación con las medidas aplicadas para alcanzarlos.

5. USO DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA CLIMÁTICOS DE LA UE

5.1.        Como complemento de los escenarios o itinerarios con base científica, las empresas pueden utilizar, cuando corresponda, las metodologías empleadas para los índices de referencia climáticos de la UE. Estas metodologías pueden contribuir a establecer los itinerarios individuales al nivel de la empresa o del proyecto, a fijar sus objetivos de transición y a determinar sus necesidades de financiación de transición.

5.2.        Esas mismas metodologías pueden utilizarse también para evitar que las nuevas inversiones se conviertan en activos potencialmente obsoletos y podrían facilitar la inclusión de las emisiones de la empresa, o del capital obtenido para un proyecto de transición pertinente, en una cartera de inversiones o préstamos que se adhiera a un índice de referencia climático de la UE (33).

6. USO DE LA TAXONOMÍA DE LA UE

6.1.        Las empresas pueden determinar sus necesidades de financiación de transición utilizando voluntariamente la taxonomía, junto con otros puntos de referencia con base científica, para establecer objetivos de transición correspondientes a actividades económicas específicas en sectores económicos cubiertos por los actos delegados adoptados en virtud del Reglamento (UE) 2020/852 (34).

6.2.        Se anima a las empresas a utilizar la taxonomía para planificar las inversiones que permitirán que una actividad económica determinada cumpla los criterios de la taxonomía en un plazo de cinco (excepcionalmente, diez) años, pues dichas inversiones se reconocen ya como plenamente ajustadas a la taxonomía.

6.3.        Las empresas pueden utilizar la taxonomía a fin de establecer hitos y objetivos intermedios para la transición de las actividades económicas con el objetivo de seguir mejorando el rendimiento medioambiental o, en definitiva, de lograr la adaptación a la taxonomía en un plazo más largo, pero lo suficientemente breve para ser compatible con la transición. Por ejemplo, cuando sea necesario, las empresas pueden utilizar los criterios de la taxonomía para planificar una adaptación gradual a esta: como primer objetivo acotado en el tiempo, lograr que la transición permita mejorar los niveles de rendimiento definidos por los criterios de «no causar un perjuicio significativo» y, como segundo objetivo acotado en el tiempo, ajustarse a los criterios de contribución sustancial, de acuerdo con un plan de transición específico por actividades. (35)

6.4. A fin de poner en práctica el uso de la taxonomía para obtener financiación de transición, las empresas podrían especificar sus necesidades en términos de inversiones en activos fijos de la empresa. Cuando proceda, también podrían especificar esas necesidades en términos de sus ingresos o gastos operativos corrientes o esperados, que:

a) se ajustan a la taxonomía;

b) se ajustarán a la taxonomía en el futuro, o

c) corresponden a mejoras continuas del rendimiento como parte de un plan de transición creíble y acorde con la transición.

7. USO DE UN PLAN DE TRANSICIÓN CREÍBLE

7.1. Sin perjuicio de sus obligaciones legales, las empresas —especialmente aquellas que desarrollen actividades que impliquen repercusiones significativas o itinerarios de transición complejos— pueden elaborar planes de transición al nivel de la empresa o de la actividad o a ambos niveles, para articular los objetivos, los hitos, las acciones y las necesidades de recursos relacionados con la transición de una manera estructurada y coherente.

7.2. Las normas de presentación de información de la Directiva (UE) 2022/2464 proporcionan un modelo para la elaboración de planes de transición y de acción creíbles que las empresas podrían utilizar con el fin de garantizar la integridad y la transparencia de dichos planes, así como la obligación de rendir cuentas al respecto.

7.3. La taxonomía y los índices de referencia climáticos de la UE pueden usarse junto con escenarios e itinerarios con base científica para determinar los objetivos o las necesidades de financiación que se incluyan en dichos planes a nivel tanto de empresa como de actividad económica.

7.4. Los planes enfocados a la sostenibilidad medioambiental pueden también inspirarse en los planes de acción medioambientales estratégicos de la UE relativos a la economía circular (36), la biodiversidad ( 37) y la contaminación cero (38).

8. INSTRUMENTOS PARA OBTENER FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

8.1. Se anima a las empresas a que, para obtener financiación de transición, utilicen alguno de los instrumentos de financiación relacionados con la transición (o una combinación de varios de ellos), como tipos específicos de préstamos o emisiones de mercado de capitales con características específicas (39).

Préstamos ecológicos u otros préstamos de sostenibilidad

8.2. Si una empresa tiene necesidades de financiación de transición, puede solicitar tipos específicos de préstamos, como los vinculados a la sostenibilidad, los préstamos ecológicos u otros préstamos con fines concretos.

8.3. Los intermediarios financieros están empezando a ofrecer este tipo de préstamos y podrían proponer tipos de interés competitivos cuando el rendimiento medioambiental previsto subyacente a los préstamos contribuya a reducir los riesgos de la transición o dé lugar a tipos de refinanciación más bajos para el intermediario financiero.

8.4. Las inversiones destinadas a lograr un objetivo de transición específico, como la mejora de activos o la realización de nuevas inversiones que posibiliten una producción con un bajo impacto climático y medioambiental, podrían financiarse a través de préstamos con fines concretos cuyos ingresos se utilicen exclusivamente para ese propósito (también conocidos conoce como financiación con uso determinado de los ingresos). La articulación de ese propósito a través de objetivos de transición relacionados con los criterios de la taxonomía podría fomentar la utilización de préstamos específicamente destinados a la transición.

8.5. Las inversiones en mejoras del rendimiento al nivel de las empresas podrían financiarse mediante préstamos vinculados a la sostenibilidad que tengan objetivos de rendimiento climático o medioambiental con base científica y acotados en el tiempo, que sirvan de salvaguardias y cuyos tipos de interés estén ligados a la consecución de los objetivos de rendimiento en materia de sostenibilidad previstos, evitando los efectos de cautividad.

Bonos verdes u otros bonos de sostenibilidad

8.6. Para financiar su transición, las empresas también pueden emitir instrumentos del mercado de capitales o tipos específicos de bonos, como los bonos verdes u otros bonos de sostenibilidad. Los bonos pueden utilizarse para obtener capital, tanto al nivel de la empresa como de la actividad económica.

8.7. Para obtener financiación de transición con un fin concreto, los emisores podrían contemplar la emisión de bonos que demuestren el uso de los ingresos con fines de transición. Si bien existe un estándar internacional de bonos verdes que podría utilizarse para obtener financiación de transición, las empresas también podrían contemplar el uso del estándar europeo de bonos verdes para emitir bonos de ese tipo con el propósito de financiar actividades económicas que se ajustarán a la taxonomía en un plazo de cinco años (excepcionalmente, de diez).

8.8. Los bonos vinculados a la sostenibilidad pueden utilizarse con el fin de obtener capital destinado a mejorar el comportamiento en materia de sostenibilidad tanto de la empresa como de sus actividades. Dichos bonos deben ir ligados a sólidos objetivos de rendimiento en materia de sostenibilidad (por ejemplo, indicadores clave de resultados conforme a la taxonomía) y a un calendario compatible con la transición, dado que los cupones suelen emitirse a reserva de la consecución de los resultados previstos y de su incentivación.

8.9. Las herramientas de financiación sostenible que se mencionan en los puntos 3 a 7 pueden utilizarse como objetivos de rendimiento y como refuerzos de la credibilidad de los bonos vinculados a la sostenibilidad.

Financiación mediante emisión de acciones y financiación especializada

8.10. Las empresas también pueden emitir acciones o contemplar soluciones de financiación especializada que estén vinculadas a objetivos de rendimiento en materia de sostenibilidad al nivel de la empresa, el proyecto o la actividad económica. Pueden utilizarse enfoques similares a los descritos anteriormente para establecer dichos objetivos de rendimiento.

9. RECOMENDACIÓN A LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS E INVERSORES DISPUESTOS A PROPORCIONAR FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

Herramientas para establecer los objetivos de la financiación de transición y para localizar proyectos o empresas

9.1. Los intermediarios financieros pueden contribuir a financiar la transición reflejando en sus estrategias de préstamo o de inversión los objetivos de la financiación de transición.

9.2. Al establecer objetivos de transición y diseñar los enfoques de la financiación de transición para las carteras y estrategias de inversión o préstamo, los intermediarios financieros pueden:

a) tomar en consideración las recomendaciones a las empresas acerca de la determinación de las necesidades de financiación de transición y la fijación de los correspondientes objetivos (40);

b) asegurarse de que el enfoque de la financiación de transición contribuya a la transición y la descarbonización de la economía real, tenga en cuenta los diferentes puntos de partida de las empresas, aplique el principio de proporcionalidad (en particular con respecto a las pymes) e incluya las salvaguardias climáticas y medioambientales pertinentes, en consonancia con la definición de financiación de transición que se ofrece en la presente Recomendación;

c) traducir el concepto de financiación de transición en objetivos específicos relacionados con los objetivos climáticos o medioambientales, para todas las clases de activos, que abarquen todos los tipos de financiación y todos los sectores económicos que sean pertinentes para la transición;

d) considerar el asesoramiento y la comunicación como partes importantes de la estrategia de financiación de transición.

9.3. Los inversores y los propietarios de activos pueden desarrollar enfoques similares para sus propios activos.

9.4. Para poner en práctica estrategias de inversión que incluyan enfoques de financiación de transición y localizar a las empresas y proyectos que cumplan los objetivos de transición, los intermediarios financieros y los inversores pueden (41):

a) utilizar la información facilitada por las empresas para determinar los objetivos de transición y las necesidades de financiación de transición, incluidos los planes de transición y los informes de empresa;

b) utilizar las metodologías de descarbonización exigidas con arreglo a los índices de referencia climáticos de la UE, como unos objetivos claros de descarbonización por parte de las empresas y la restricción de nuevas inversiones en activos potencialmente obsoletos;

c) utilizar el marco y los criterios de la taxonomía para identificar las inversiones que sean elegibles y podrían adaptarse a la taxonomía, en caso necesario a través de etapas intermedias dentro de un calendario que sea compatible con la transición. Por ejemplo, en caso necesario, considerar como primer paso financiar las etapas de la transición que mejoren los niveles de rendimiento definidos por los criterios de «no causar un perjuicio significativo» y, como segundo paso, ajustarse a los criterios de contribución sustancial que se aclaren en un plan de transición por actividades.

d) utilizar los ejercicios de divulgación de información y los prospectos que acompañan a la emisión de bonos o capital social vinculados a la ecologización, la transición y la sostenibilidad;

10. COMUNICACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE NECESITEN FINANCIACIÓN DE TRANSICIÓN

10.1. Se anima a los intermediarios financieros a que entren en contacto con los clientes y las empresas en cuya transición se esté invirtiendo, especialmente cuando estas tengan una considerable necesidad de financiación de transición.

10.2. Esta política de comunicación podría incluir una presentación de las estrategias de préstamo o inversión que podrían ajustarse a las necesidades de financiación de transición pertinentes, así como las condiciones de admisibilidad de la financiación en el marco de estas estrategias.

10.3. En el diálogo con los clientes y las empresas beneficiarias de inversión, podrían debatirse los siguientes aspectos:

a) las repercusiones, riesgos y oportunidades de sostenibilidad material y la manera de hacer frente a los impactos y riesgos climáticos y medioambientales;

b) la forma de determinar la contribución a un objetivo climático o medioambiental y los horizontes temporales de los préstamos o inversiones;

c) los itinerarios de transición subyacentes con el fin de garantizar que la estrategia de préstamo o de inversión sea compatible con la transición;

d) la aplicación o no aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» según se define en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, y la manera de afrontar los efectos adversos;

e) la medida en que se tendrán en cuenta el rendimiento en materia de sostenibilidad y los objetivos y planes de transición de las empresas, a la hora en particular hora de evaluar el riesgo de activos obsoletos, y los riesgos de la transición y los riesgos físicos en general.

11. SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS PARA LA TRANSICIÓN

11.1. Junto a las soluciones generales de préstamo y financiación, los intermediarios financieros pueden ofrecer soluciones de financiación específicas para la transición a empresas o proyectos con importantes necesidades de financiación de transición.

11.2. Estas soluciones incluyen, por ejemplo, préstamos o productos de financiación que puedan ayudar a financiar inversiones de transición sobre el terreno, como los basados en:

a) inversiones con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852 que contribuyan a aumentar de manera significativa la proporción de las actividades de cualquier empresa que se ajustan a la taxonomía;

b) los índices de referencia climáticos de la UE cuando complementen escenarios o itinerarios con base científica;

c) planes de transición creíbles al nivel de la entidad o de la actividad que apliquen objetivos con base científica;

d) objetivos creíbles y con base científica, siempre que sean proporcionados y estén respaldados por información que garantice la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas;

e) la reducción de las huellas ambientales sobre la base de los planes de acción medioambientales estratégicos de la UE relativos a la economía circular (42), la biodiversidad (43) y la contaminación cero (44) y conforme a lo dispuesto en ellos.

f) una combinación de las medidas anteriores, por ejemplo, cuando los planes de transición se integren en las necesidades de financiación de transición determinadas a través de la taxonomía o los índices de referencia climáticos de la UE.

11.3. Los intermediarios financieros pueden contemplar la posibilidad de crear incentivos para fomentar la obtención de un buen rendimiento en relación con los objetivos de transición de la empresa, recompensando, por ejemplo, los avances hacia el cumplimiento de los objetivos de transición o los criterios de la taxonomía con tipos de interés atractivos, basándose en factores como el menor riesgo de la transición o la mejora de los costes de financiación.

12. RIESGOS DE LA TRANSICIÓN Y RIESGOS FÍSICOS

12.1. Se anima a los intermediarios financieros y a los inversores a que determinen la medida en que sus objetivos de transición y de financiación de transición se ajustan a sus estrategias de gestión de riesgos y contribuyen a la ejecución de estas, con el fin de hacer frente a los riesgos financieros derivados de los desajustes con la transición.

12.2. En particular, se anima a los intermediarios financieros y a los inversores a:

a) tener en cuenta en sus marcos de gestión de riesgos y de comunicación la información prospectiva de las contrapartes —como los objetivos y planes de transición—, incluida la información sobre su credibilidad y la presentación de informes anuales sobre los avances logrados;

b) considerar la financiación de proyectos de transición capaces de reducir los efectos negativos sobre los factores de sostenibilidad y los riesgos de la transición y físicos futuros, por ejemplo, siguiendo las orientaciones de la taxonomía de adaptación al cambio climático.

13. RECOMENDACIÓN RELATIVA A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Pequeñas y medianas empresas que buscan financiación de transición

13.1. Las pymes que estén interesadas en obtener financiación de transición tendrán unas necesidades proporcionales a su tamaño, capacidad administrativa y recursos, por lo que se las anima a entrar en contacto con los intermediarios financieros y los inversores para explorar las opciones de financiación y los servicios de apoyo que están disponibles.

13.2. Las pymes interesadas en contribuir a la transición podrían considerar la posibilidad de obtener financiación de transición para sus inversiones relacionadas con la transición (tanto las inversiones inmediatas como las futuras), por ejemplo, para los aspectos siguientes:

a) nuevas tecnologías ecológicas;

b) mejora de las actividades o activos económicos existentes;

c) inversión en tecnologías facilitadoras;

d) políticas de abastecimiento ecológico (por ejemplo, energías renovables);

e) actividades para la ecologización de sus funciones de apoyo, como el aumento de la eficiencia energética de sus edificios, el arrendamiento financiero o la adquisición de vehículos eléctricos, la descarbonización del uso del transporte, la ecologización de su suministro de alimentos, etc.

13.3. Las pymes que cotizan en bolsa entran en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2022/2464 y en el futuro divulgarán la información en materia de sostenibilidad con arreglo a unas normas de presentación de informes simplificadas. Las pymes que no entren en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, pero que estén interesadas en comunicar información esencial en materia de sostenibilidad, podrían considerar la posibilidad de utilizar estas normas de presentación de información simplificadas u otras normas voluntarias de presentación de información adaptadas con estos fines a las pymes (45).

13.4. Se anima encarecidamente a las grandes empresas a que apoyen de forma proporcionada a las pymes de su cadena de valor que estén interesadas en la financiación de transición a la hora de determinar sus necesidades de financiación de transición y, en su caso, de obtener información clave en materia de sostenibilidad, independientemente de si están sujetas o no a la obligación de presentar información a este respecto.

13.5. Cuando proceda, las empresas de mayor tamaño también podrían cooperar con las entidades financieras para ofrecer condiciones de financiación y/o de compra favorables a sus socios de la cadena de valor que necesiten financiación de transición, en particular a las pymes de los sectores pertinentes para la transición (46).

14. SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

14.1. La capacidad de las pymes para facilitar información detallada es limitada, por lo que se anima a los intermediarios financieros y a los inversores a aplicar el principio de proporcionalidad en sus relaciones con sus clientes que sean pymes. No deben pedirles más información de la necesaria y han de actuar con moderación al solicitar información a las pymes que sean sus socios en la cadena de valor.

14.2. Se anima a los intermediarios financieros a que ofrezcan programas de educación y sensibilización, servicios de asesoramiento o herramientas basadas en la web para ayudar a las pymes interesadas en la financiación de transición a aumentar su toma de conciencia de los riesgos y las oportunidades de transición.

14.3. Como parte de estas medidas, podría ayudarse a las pymes interesadas a que evalúen sus necesidades de financiación de transición de una forma sencilla.

14.4. Podrían ofrecerse a las pymes soluciones de financiación específicas para la ecologización y la transición que sean proporcionadas y adecuadas para su uso por parte de ese tipo de empresas y que incentiven su adopción, teniendo en cuenta que las pymes que no coticen en bolsa no están sujetas a las obligaciones de información que imponen la Directiva (UE) 2022/2464 y el Reglamento (UE) 2020/852.

15. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS MIEMBROS

Se invita a los Estados miembros a que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones con el fin de fomentar la financiación de transición:

15.1. Se anima a los Estados miembros a sensibilizar a los participantes en el mercado acerca de la necesidad de financiar inversiones en la transición ecológica y acerca de las normas, principios y salvaguardias vigentes que pueden garantizar la credibilidad y la integridad medioambiental de dichas inversiones. Podrían explicar las ventajas de utilizar los instrumentos de financiación sostenible de la UE con estos fines.

15.2. Los Estados miembros podrían animar a los participantes en el mercado a utilizar escenarios de referencia con base científica y que reflejen los itinerarios de descarbonización acordes con el Acuerdo de París, como los escenarios de 1,5 °C de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con un rebasamiento nulo o limitado, o los itinerarios de la UE, nacionales o sectoriales que hagan referencia a estos escenarios de la AIE o del IPCC.

15.3. En el marco de las normas de competencia nacionales y de la UE, los Estados miembros podrían fomentar la cooperación entre los participantes en el mercado para poner en común las enseñanzas extraídas y las mejores prácticas a la hora de proporcionar o buscar financiación de transición y de abordar retos comunes. Los Estados miembros podrían capitalizar el papel a este respecto de las asociaciones del sector y otros organismos de reputación.

15.4. Los Estados miembros podrían fomentar el desarrollo de capacidades para los instrumentos y las políticas de financiación de transición, recurriendo para ello, entre otros medios, a la formación de funcionarios, reguladores y profesionales del sector financiero para apoyar el desarrollo de soluciones y políticas de financiación relacionadas con la transición que reflejen las dependencias geográficas.

15.5. Los Estados miembros podrían fomentar y promover productos y servicios financieros innovadores y sostenibles especialmente adaptados a las pymes, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

15.6. Los Estados miembros podrían ayudar a las pymes a presentar, de forma voluntaria, información esencial sobre la sostenibilidad y la financiación de transición a las partes interesadas y a los intermediarios e inversores financieros, lo que podría ampliar la gama de opciones de financiación a disposición de estas empresas.

15.7. Los Estados miembros podrían animar a los bancos multilaterales de desarrollo y a los bancos nacionales de fomento a respaldar estos esfuerzos con su asistencia técnica.

15.8. Los Estados miembros podrían fomentar las iniciativas entre bancos locales y pymes destinadas a desarrollar y aplicar estrategias de financiación sostenibles y objetivos de transición creíbles o, en su caso, planes de transición para las pymes.

16. RECOMENDACIÓN A LAS AUTORIDADES EUROPEAS DE SUPERVISIÓN Y A LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

Se anima a las autoridades europeas de supervisión y a las autoridades nacionales competentes a que:

16.1. Tengan en cuenta la presente Recomendación al vigilar y supervisar los riesgos de «eco impostura» relacionados con la transición.

16.2. Tengan en cuenta la información prospectiva pertinente incluida en los objetivos de transición, los planes de transición creíbles o la divulgación de información relacionada con la taxonomía al evaluar los riesgos financieros asociados a la transición de las entidades supervisadas.

16.3. Sensibilicen a las entidades supervisadas sobre la forma en que el marco regulador permite utilizar la información prospectiva de las contrapartes o de las empresas objeto de inversión para evaluar, gestionar y vigilar los riesgos de la transición y los riesgos físicos.

16.4. Generen capacidad junto con las autoridades nacionales competentes en materia de financiación de transición y fomenten un entorno de confianza para la financiación de transición en toda la UE. Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2023.


1. Relación entre la financiación ecológica y la financiación de transición

Las finanzas sostenibles consisten en financiar tanto lo que ya es respetuoso con el medio ambiente como lo que está en transición hacia esos niveles de rendimiento con el tiempo.

Las finanzas generales, que no tienen objetivos de sostenibilidad, pueden distinguirse de las finanzas sostenibles y la financiación de transición. En la actualidad, estas finanzas generales pueden incluir tanto actividades de gran impacto como actividades de bajo impacto. Con el tiempo, a medida que la economía se transforma, las actividades de gran impacto tendrán que pasar a ser de bajo impacto.

La financiación de transición tiene por objeto financiar dicha transición. Puede incluir tanto la financiación con ingresos como la financiación con fines generales (empresariales). A corto plazo, la financiación de transición no dará lugar a menudo a mejoras que cumplan los objetivos de rendimiento ecológico. A largo plazo, sin embargo, la financiación de transición debe ajustarse a los objetivos climáticos y medioambientales de la UE y, por lo tanto, se considerará ecológica o de bajo impacto.

2. Consideraciones sobre cómo los diferentes tipos de incidencia, riesgos y oportunidades de una empresa podrían de una empresa podrían reflejarse en objetivos de transición individuales

Las empresas pueden tener en cuenta sus necesidades de financiación de transición basadas en su incidencia, riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad. Pueden determinarse mediante una evaluación de significalidad seguida de un enfoque de la doble significalidad.

Como parte de esta evaluación, las empresas podrían utilizar el análisis de escenarios climáticos y medioambientales para identificar y evaluar los riesgos físicos y de transición y las oportunidades en los horizontes temporales a corto, medio y largo plazo. Basándose en el resultado de una evaluación de significado, las empresas podrían fijar objetivos de transición y determinar las necesidades y compromisos de financiación de transición, cuando proceda

A la hora de planificar su transición y definir sus necesidades de financiación de transición, se anima a las empresas a que consideren la posibilidad de establecer objetivos de transición basados en vías de transición pertinentes que sean compatibles con la transición, teniendo en cuenta el tipo de incidencia y otros factores como la gravedad, la escala, el objetivo y el carácter irremediable de dichas incidencias. Las empresas pueden basarse en las normas y orientaciones disponibles en virtud de la Directiva (UE) 2022/2464 y su aplicación a tal efecto (Directiva sobre divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad).

Se anima a las empresas a que hagan las siguientes consideraciones sobre la forma en que las diferentes incidencias, riesgos y oportunidades podrían reflejarse en los objetivos de transición y en las necesidades de financiación de transición relacionadas.

3. Visión general de las herramientas sostenibles de financiación para articular y determinar las necesidades de financiación de transición

Las herramientas sostenibles de financiación, en particular la taxonomía, o los índices de referencia climáticos de la UE, así como los planes de transición creíbles, pueden utilizarse para apoyar la definición de objetivos de transición y articular necesidades específicas de financiación de transición a nivel de la empresa y de las actividades económicas. La financiación de transición puede obtenerse a través de bonos verdes o vinculados a la sostenibilidad, préstamos, financiación mediante fondos propios o financiación especializada.

4. Metodologías de referencia climática de la UE

Esta sección se refiere al punto 5 de la Recomendación.

Cuando no existan vías u hojas de ruta sectoriales basadas en la ciencia, las empresas podrían considerar las metodologías de referencia climática de la UE y utilizarlas de forma que se garantice la armonización con el escenario de incremento de la temperatura de 1,5 °C de la AIE o el GIECC.

Cuando existan escenarios y vías sectoriales con base científica, las empresas podrían considerar si su utilización les permite cumplir también las normas mínimas de las metodologías de referencia climática de la UE.

Las emisiones en el mercado de capitales de empresas que cumplan las normas mínimas de las metodologías de referencia climática, y lo demuestren [por ejemplo, en un plan de transición creíble que tenga en cuenta las normas y orientaciones disponibles en virtud de la Directiva (UE) 2022/2464 y su aplicación], tienen más probabilidades de ser incluidas en carteras que sigan las referencias climáticas de la UE.

5. Taxonomía de la UE

5.1. ¿Para qué puede utilizarse la taxonomía de la UE?

Las empresas pueden utilizar la taxonomía como una herramienta de financiación de transición, para planificar la transición de sus actividades económicas y destinar las inversiones de transición necesarias. Como tal, puede utilizarse para la clasificación de las inversiones sostenibles, la medición del comportamiento climático o medioambiental actual y planificado, la fijación de objetivos y la comunicación, incluida la articulación de objetivos vinculados a la taxonomía en los planes de transición.

5.2. La taxonomía como instrumento de transición

Al definir las actividades económicas sostenibles, no las empresas, la taxonomía permite a las empresas hacer la transición mediante el aumento gradual de su proporción de actividades sostenibles.

5.3. Opciones para utilizar la taxonomía con el fin de especificar las necesidades de financiación de transición

Las empresas pueden utilizar la taxonomía para definir a nivel de actividad sus necesidades de financiación de transición.

La taxonomía no establece el plazo en el que una empresa debe adaptar sus actividades a ninguno de sus criterios. En su lugar, deja flexibilidad a los agentes del mercado para que utilicen los plazos de sus propias vías de transición basadas en la ciencia. Las empresas pueden hacer referencia a los criterios de la taxonomía en la fijación de sus objetivos climáticos y medioambientales y, si esos objetivos están en consonancia con la transición y su consecución es creíble, pueden obtener financiación de transición para su aplicación.



Un salario justo por un día de trabajo justo


Los inversores centrados en la remuneración de los ejecutivos buscan cerrar la relación salarial entre consejeros delegados y trabajadores.

El salario medio anual en el Reino Unido, la UE y Estados Unidos es de 32.000 libras, 33.500 euros y 54.132 dólares respectivamente. Mientras tanto, los directores ejecutivos de las empresas reciben una remuneración anual que a menudo se acerca a los millones.

Si bien las responsabilidades de un CEO u otros ejecutivos de alto nivel, y las habilidades que se necesitan para ser buenos, justifican un grado de incentivo y recompensa, los inversores han cuestionado y desafiado durante mucho tiempo los paquetes salariales que se elevan a alturas vertiginosas.

Históricamente, las propuestas de remuneración de los ejecutivos siempre han sido un tema candente en las juntas generales anuales (AGM) corporativas. La gestora rechazó el 55% de las resoluciones relacionadas con los niveles de remuneración de los ejecutivos en la pasada temporada de juntas generales de accionistas.

A pesar de toda la desgracia y la devastación que causó, el Covid-19 provocó un cambio positivo. Se recortaron varios paquetes salariales de bonificación para los directores ejecutivos, en parte como respuesta a la expectativa de los inversores de que una fuerza laboral global en dificultades cuente con suficiente apoyo durante una pandemia desafiante. Desgraciadamente, esta tendencia se ha revertido desde entonces.

La brecha entre el salario de los directores ejecutivos y los ingresos anuales promedio de los empleados se extiende ampliamente. En una época de aumento de la inflación y crisis del coste de la vida, algunos inversores han pedido una remuneración justa de los ejecutivos.

Las desigualdades salariales extremas son completamente desestabilizadoras: son malas para la democracia y son malas para el capitalismo.

Con un grupo de propietarios de activos con sede en el Reino Unido que ahora consultan sobre un Marco de Recompensa Justa (FRF, por sus siglas en inglés), otros inversores que optan por responsabilizar a los ejecutivos corporativos sobre la relación salarial entre el CEO y los trabajadores, y el presidente de los EE. UU. haciendo historia y uniéndose a un piquete, ¿es ahora el momento del cambio?

Reconocemos que los directores ejecutivos excelentes que tienen las habilidades y la perspicacia para ofrecer estrategias ganadoras son muy importantes para las economías y nuestras carteras.

Pero igualmente, unimos los puntos. Si la forma en que son recompensados está completamente fuera de sincronía con la forma en que se trata a los peor pagados de la empresa, entonces no liderarán desde el frente y demostrarán que valoran todas las partes del negocio.

¿Con o sin tapa?

Las proporciones salariales entre los directores ejecutivos y los trabajadores son muy variadas. En 2020, los directores ejecutivos del FTSE 100 ganaron una media de 86 veces más que la media de los empleados a tiempo completo en el Reino Unido. En Estados Unidos, el año pasado, los CEOs del S&P 500 ganaron 291 veces más, con ganancias anuales promedio de US$15,3 millones; La investigación ha destacado que la compensación promedio de los directores ejecutivos de EE. UU. ha aumentado en un 940% desde 1978, pero solo un 12% para la compensación de los trabajadores.

Pero la proporción entre trabajadores y jefes puede ser aún mayor que eso, ya que las investigaciones identifican proporciones salariales cercanas a 5.000:1, una disparidad francamente alucinante.

Si se tiene en cuenta el hecho de que estas ratios salariales suelen basarse en el empleado medio, eso significa que a la mitad de esos empleados se les paga aún menos.

Por otro lado, esto también insinúa que hay ejecutivos corporativos a los que se les paga aún más.

Una solución sería que los gobiernos y los reguladores introdujeran un tope a la remuneración de los ejecutivos. Pero esto no sería tan sencillo en la práctica.

Para empezar, ¿Cómo debería calcularse la relación salarial? A modo de ejemplo, se pregunta si una empresa multinacional debe elaborar ratios para cada jurisdicción en la que opera, o si sería mejor determinar un promedio mundial.

También depende del sector, señalando que es probable que la relación salarial sea mucho mayor para una empresa del sector de la distribución, donde la gran mayoría de los empleados pueden cobrar el salario mínimo, en comparación con los servicios financieros, lo que significa que la comparación intersectorial de un inversor tendría que tener en cuenta ese contexto.

Otra opción es promover la transparencia para que los inversores tengan visibilidad de la diferencia salarial de una empresa en la que invierten entre los ejecutivos y la fuerza laboral, lo que se espera que inspire un compromiso efectivo sobre el tema.

En 2019, el Reino Unido introdujo nuevas normas que exigen que las empresas cotizadas con más de 250 empleados divulguen públicamente sus ratios salariales, justifiquen su remuneración ejecutiva y cómo esas bonificaciones representan una remuneración más amplia de los empleados.

La gigante del petróleo y el gas Shell, por ejemplo, informó de una relación salarial media de 80:1 para 2022.

Con las ratios salariales en el ámbito cotizado, donde las empresas pueden estar pagando salarios muy bajos mientras pagan mucho dinero a sus directores ejecutivos, la percepción pública puede suponer «un riesgo de reputación bastante significativo», dice Ryall de Nest.

Añade que la relación salarial pone de relieve cómo las cuestiones de la remuneración y los derechos justos de los trabajadores y la remuneración justa de los ejecutivos están invariablemente conectadas.

Por lo tanto, cuestionar a las empresas sobre el valor de uno en su relación salarial podría servir como una forma eficaz de evitar una inflación excesiva de los paquetes salariales de los ejecutivos, según determinan los expertos que hablan con ESG Investor.

Vamos a llegar a un punto en el que, si las empresas no tienen umbrales mínimos para el pago de los trabajadores, los inversores simplemente no las apoyarán en el lado de la remuneración de los ejecutivos.

A principios de este año, un grupo de inversores advirtió a las empresas del Reino Unido que pagaran a todos sus trabajadores al menos el salario digno real, o se enfrentarían a desafíos de los accionistas a la remuneración de los ejecutivos.

Algunos propietarios y gestores de activos, como Nest y BNPP AM, indicaron en sus directrices de votación global de 2023 que pueden votar en contra de las empresas en sus paquetes de remuneración de los ejecutivos si estos no están alineados con el crecimiento medio de la remuneración de sus trabajadores.

Más allá de la remuneración de los trabajadores, los inversores también deberían continuar sus esfuerzos de compromiso en torno a otros derechos de los trabajadores, como el derecho a sindicalizarse, según Powdrill.

Se han establecido conexiones entre los sindicatos y la remuneración de los directores ejecutivos, y las investigaciones muestran que las empresas con sindicatos fuertes suelen pagar menos a sus directores ejecutivos, en parte gracias a que los trabajadores tienen una posición de negociación más fuerte.

Definición de equidad

Sin embargo, sigue existiendo la cuestión más amplia de la remuneración justa de los ejecutivos, y los expertos señalan que es probable que la estandarización esté algo lejos.

En última instancia, la remuneración justa de los ejecutivos debería implicar una equidad salarial modesta, un período de tenencia mucho más largo, una divulgación clara y menos complejidad.

Severine Neervoort, directora de Política Global de la Red Internacional de Gobierno Corporativo (ICGN, por sus siglas en inglés), está de acuerdo en que la remuneración justa de los ejecutivos debe ser «razonable y equitativa», y que los consejos de administración de las empresas deben tener en cuenta su estrategia general de gestión del capital humano a la hora de establecer los niveles de remuneración de los ejecutivos.

Dice que los Principios de Gobernanza Global de ICGN recomiendan que los consejos de administración de las empresas sean «conscientes de las preocupaciones sociales, como la crisis del coste de la vida y la desigualdad de ingresos».

Los consejos de administración] deben tener en cuenta el nivel salarial del trabajador medio de la empresa y el ingreso medio del lugar de residencia de la empresa.

Cada vez más, los inversores están determinando que la remuneración justa de los ejecutivos también debe incluir la integración de KPI relacionados con ESG dentro de las estructuras salariales, aunque esto también presenta una serie de desafíos.

Neervoort dice que las métricas ESG deben ser indicadores cuantificables que sean importantes para la creación de valor sostenible de la empresa y estén anclados en la estrategia comercial. 

Oscar Warwick Thompson, jefe de Políticas y Comunicaciones de la Asociación de Inversión y Finanzas Sostenibles del Reino Unido (UKSIF), dice a ESG Investor que vincular los criterios ESG a los incentivos financieros de los ejecutivos debe hacerse con cuidado para evitar una tendencia común de mayor remuneración en todos los ámbitos.  

Hay algunas pruebas académicas que ponen de relieve los riesgos de una mayor inflación de la remuneración de los ejecutivos en algunos casos en los que la remuneración de los ejecutivos y los planes de incentivos se han relacionado con los objetivos de sostenibilidad y los KPI relacionados con ESG.

En abril, PIRC publicó un informe en el que se evaluaba la inclusión por parte de las empresas cotizadas mundiales de métricas relacionadas con el clima en sus planes de remuneración de los ejecutivos. Advirtió que existe una «desconexión fundamental» entre el desempeño y los resultados salariales, ya que las empresas evaluadas disfrutan de un nivel promedio de adquisición de derechos del 80%, pero la mayoría de los objetivos demostraron no ser fácilmente medibles o sensibles a la toma de decisiones de los ejecutivos.  

Hay criterios mucho más claros en torno a la vinculación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) [reducciones] y otras métricas climáticas con el pago de incentivos, pero no se puede decir lo mismo de la dimensión social de ESG. 

Las cuestiones relacionadas con la adquisición, la divulgación y el escrutinio de los datos sociales de las empresas están bien documentadas. Es lógico que ser capaz de realizar un seguimiento eficaz y, en última instancia, lograr un KPI centrado en las redes sociales, es mucho más difícil.

La sociedad paga

A pesar de los desafíos, los propietarios de activos del Reino Unido están consultando actualmente sobre el FRF con la esperanza de definir mejor exactamente lo que quieren ver de las empresas en las que invierten sobre la remuneración de los ejecutivos.

Abierto a comentarios hasta finales de octubre, el FRF busca proporcionar más claridad sobre cómo se divide la recompensa entre una amplia gama de partes interesadas corporativas, según Richards de CoEPB, uno de los propietarios de activos que lidera la iniciativa. El marco reunirá una amplia gama de puntos de datos relevantes en un solo lugar, de modo que los inversores puedan recoger esa información y utilizarla para interactuar de manera significativa con las empresas en su enfoque de pago, dice.

El borrador del marco se divide en tres secciones principales: características de la empresa, proceso de escrutinio salarial y resultados de recompensas.

En última instancia, queremos llamar la atención sobre las buenas prácticas dentro del mundo corporativo y alentar a los rezagados a mejorar su juego, ya que la inconsistencia en el aumento de la riqueza de la alta dirección mientras se descuida la recompensa justa a la planta de producción contribuye a un riesgo sistémico que no podemos ignorar.

Señala que es de «suma importancia» que las empresas se aseguren de que sus premios de remuneración ejecutiva «sean los mismos que serían atractivos para cualquier otro trabajador», como un nivel decente de salario base, contribuciones a las pensiones del empleador e incentivos a largo plazo.

Como propietarios de activos, nos preocupa cuando vemos enormes disparidades en el nivel de recompensa que se aplica en un nivel superior mientras, por ejemplo, la empresa no se compromete a pagar un salario digno real o no revela su proporción salarial étnica, o demuestra qué acciones está tomando para abordar las brechas salariales de género. 

Estas son áreas que son muy importantes para nuestros beneficiarios de pensiones, porque es la sociedad la que paga la cuenta cuando las empresas restringen la recompensa en el extremo inferior de la escala salarial: por ejemplo, a través de la necesidad de beneficios de apoyo social en el trabajo o el efecto que tener en una montaña rusa financiera no deseada entre días de pago tiene en términos de un impacto corrosivo en la salud mental y las relaciones.

El grupo de propietarios de activos, que también incluye Brunel Pension Partnership, Nest y Railpen, ha contado con el apoyo de la anteriormente consultora independiente Deborah Gilshan (ahora directora de ESG y administración en AustralianSuper) y Luke Hildyard del High Pay Centre.

Nosotros [CoEPB] profundizaremos en esta información [del marco] para sacar nuestras propias conclusiones sobre si las políticas salariales y los premios salariales que están en las boletas de la AGM se basan en bases sólidas, y declararemos nuestros votos para ayudar a informar las consideraciones de otros inversionistas.

Cambiar desde abajo

No todo el mundo en el sector de la inversión cree que los actuales niveles de remuneración de los ejecutivos sean injustos.

La realidad es que todavía hay algunos [en el sector financiero] que piensan que, en realidad, a los ejecutivos corporativos no se les paga lo suficiente.

En mayo, se afirmó que las empresas del Reino Unido deben garantizar un salario aún más alto para sus ejecutivos con el fin de retener las cotizaciones, asegurar el codiciado talento de nivel ejecutivo y mantener el atractivo de los mercados de capitales de Londres.

Al pensar en la equidad en esta área, los inversores deben pensar si se refieren a la equidad en términos de la remuneración de los ejecutivos, o a la equidad en términos del nivel de trabajo o el salario de la fuerza laboral.

¿Deberían los inversores tratar de restringir el pago en la parte superior o aumentar el salario desde abajo?

Esta última, si bien se mantiene constante en la parte superior, puede ser, en última instancia, una estrategia más efectiva para que los inversores introduzcan equidad en la relación salarial entre el CEO y el trabajador.


El salario del CEO de Exxon aumentó un 52% a casi 30 millones de libras esterlinas en medio de la guerra de Ucrania, según muestran las cifras

El salario de Darren Woods es un reflejo de las ganancias récord de la compañía y el desempeño del precio de las acciones. El salario de Darren Woods había aumentado un 10% a 1,9 millones de dólares el año pasado, mientras que sus premios de acciones aumentaron un 80%.

ExxonMobil entregó a su director ejecutivo un aumento salarial del 52% a 35,9 millones de dólares (28,7 millones de libras) para 2022 después de que la compañía petrolera informara de las ganancias más altas de su historia en medio de la invasión rusa de Ucrania.

El salario de Darren Woods aumentó un 10% a 1,9 millones de dólares el año pasado, mientras que sus bonos y premios de acciones aumentaron un 80% en comparación con el año anterior. La compañía dijo que el extraordinario día de pago era «un reflejo de las ganancias récord de la compañía y el desempeño del precio de las acciones».

ExxonMobil obtuvo 56.6 millones de dólares en ganancias, o 3, <> millones de dólares por hora, el año pasado después de que la guerra en Ucrania provocara un aumento en los precios mundiales del petróleo y el gas. La ganancia récord de la compañía también fue la más alta reportada por cualquier compañía petrolera occidental.

En una presentación oficial de la compañía, el comité de remuneración de Exxon dijo que bajo el liderazgo de Wood, la compañía había «entregado resultados comerciales excepcionales». Mientras tanto, el precio de las acciones de la compañía superó a sus rivales de la industria el año pasado después de subir un 160%.

Su principal rival estadounidense, Chevron, tuvo una ganancia récord de 36.5 millones de dólares, mientras que la petrolera europea Shell anunció las mayores ganancias en sus 115 años de historia, con 39.9 millones de dólares, y BP reportó una ganancia de 27.7 millones de dólares.

El director ejecutivo de BP, Bernard Looney, indignó a los críticos después de llevarse a casa alrededor de 10 millones de libras esterlinas el año pasado, un aumento del 120% con respecto a los 4,5 millones de libras esterlinas que recibió en 2021. Los activistas de Global Witness lo llamaron una «patada en los dientes» para los hogares que luchan con sus facturas de energía.

Las enormes ganancias de la industria petrolera fueron criticadas como «escandalosas» por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su discurso sobre el estado de la Unión en febrero. Biden ha acusado anteriormente a Exxon de ganar «más dinero que Dios».

En el Reino Unido, los beneficios de la industria petrolera avivaron la ira pública, lo que llevó a pedir un impuesto sobre las ganancias inesperadas a las empresas que se habían beneficiado del aumento de los precios del mercado energético mundial como resultado de la guerra en Ucrania.

En mayo de 2022, el entonces canciller, Rishi Sunak, anunció un «impuesto sobre los beneficios energéticos» contra los beneficios de las compañías petroleras para ayudar a los hogares que luchan con sus facturas de energía.

El actual canciller, Jeremy Hunt, endureció más tarde el impuesto a las ganancias inesperadas como parte de su declaración de otoño en noviembre, pero se enfrentó a nuevos llamamientos para adaptarlo después del anuncio de ganancias extraordinarias de BP y Shell a principios de este año.


El Marco de Recompensa Justa (FRF): Consulta pública, septiembre-octubre de 2023

Introducción

El Marco de Recompensa Justa se ha redactado en nombre y con la participación continua de un grupo de 11 propietarios de activos del Reino Unido, entre los que se encuentran Brunel Pension Partnership, Church of England Pensions Board, Friends Provident Foundation, Local Pensions Partnership Investment, Nest, Pension Protection Fund, People’s Partnership, Railpen, Scottish Widows y Universities Superannuation Scheme.

Sobre la base de las reuniones celebradas en 2022 y 2023, el objetivo colectivo de este grupo de propietarios de activos se materializa en el título del marco: a saber, centrarse y fomentar una recompensa justa tal y como se aplica en todo el órgano corporativo holístico, que incluye a los miembros del consejo de administración y a los accionistas, así como a los ejecutivos de más alto nivel que pueden aportar una valiosa visión y liderazgo al éxito de una empresa.

Esta consulta es una invitación para que revisen y comenten los indicadores propuestos y el proceso de evaluación. Agradecemos especialmente los comentarios de quienes participan en las discusiones sobre la fijación de salarios y el diálogo entre las empresas y sus grupos de interés sobre este tema, como los presidentes y miembros de comités de RemCo, los consultores de remuneración, los gestores y propietarios de activos y los representantes sindicales.

Sección 1: Justificación para el desarrollo de un Marco de Recompensa Justa (FRF) y consulta

1) En todos los niveles de una empresa, la remuneración es una herramienta clave para atraer, motivar y retener una plantilla de alto nivel y crear valor para los accionistas. Independientemente del nivel en el que opere una persona, los niveles salariales, las estructuras transparentes y la relación con los comparadores internos y externos son importantes para los empleados y otras partes interesadas, y pueden tener un impacto en el rendimiento de la empresa de diversas maneras. El Marco de Recompensa Justa (FRF, por sus siglas en inglés) proporciona un «tablero» que recopila diferentes indicadores de recompensa justa, procesos sólidos de fijación de pagos y compromiso consultivo con los accionistas, y permite la clasificación de empresas individuales en función de cada uno de estos «indicadores de equidad». Los inversores pueden utilizar esta información para informar sus propias prioridades de administración y decisiones de voto por delegación en línea con sus deberes fiduciarios.

2) El FRF se ha desarrollado como respuesta al debate de larga data sobre la remuneración de los ejecutivos, y cuáles pueden ser las tensiones sobre este tema entre las empresas, los accionistas y las partes interesadas en general sobre quién y qué contribuye a la creación de valor y cómo se recompensa. En los cinco años transcurridos entre 2018 y 2022, una media de 79 resoluciones relacionadas con la remuneración al año generó una oposición «significativa» de los accionistas de más del 20 % en votaciones no vinculantes en todo el índice FTSE All-Share (que actualmente comprende alrededor de 600 empresas). Los propietarios de activos son administradores a largo plazo de las inversiones, cuyas participaciones diversificadas y compromisos con los beneficiarios tienden a darles una visión plurianual y de toda la economía del valor financiero y de la contribución de una empresa a la lucha contra el riesgo sistémico factores como la desigualdad. Reconocemos que muchos ejecutivos y miembros de los consejos de administración se identificarán con estas preocupaciones, al igual que las redes de inversores de amplia base3. Al identificar los resultados de las recompensas y los procesos que son importantes para los propietarios de activos, y destacarlos para las empresas, el FRF tiene como objetivo apoyar la eficiencia en la administración de los inversores y facilitar el diálogo con las empresas para mejorar aún más la divulgación, el proceso y la práctica, con el objetivo final de mejorar estas tensiones.

3) El FRF tiene como objetivo compilar indicadores de recompensa en un sentido holístico para presentar una visión general de cómo se configuran y aplican en una empresa. La intención es que el FRF saque a la superficie cómo se incentiva la motivación, el rendimiento y la retención en una empresa en múltiples niveles, reconociendo que el rendimiento corporativo a largo plazo se debe a los esfuerzos de los empleados y de una variedad de partes interesadas en una empresa, así como a factores externos como la infraestructura y los servicios públicos. Este objetivo se materializa en el título del marco: centrarse en la recompensa justa tal como se aplica en todo el cuerpo corporativo holístico, que incluye a los miembros de la junta directiva y los accionistas, así como a los ejecutivos de más alto nivel que pueden aportar una valiosa visión y liderazgo al éxito de una empresa. Ningún indicador debe tomarse de forma aislada, sino que en combinación proporcionan información. Esto refleja la creencia entre los propietarios de activos de que al considerar la distribución del valor entre múltiples partes interesadas y evaluar los insumos que una empresa aplica al escrutinio de las indemnizaciones salariales, es posible identificar mejores prácticas y áreas de mejora, lo que en última instancia puede traer beneficios a la empresa y a sus partes interesadas. Con este fin, el FRF busca proporcionar un amplio espectro de puntos de datos en los que los accionistas puedan basar sus evaluaciones y comparaciones: dado que los premios de remuneración de los ejecutivos están sujetos a votaciones no vinculantes de los accionistas, este es uno de los marcadores de desigualdad potencial dentro de una empresa en el que los inversores pueden tratar de influir más directamente.

4) La remuneración de los ejecutivos es sistémicamente relevante para la economía y la sociedad. Se divulga públicamente, lo que significa que puede actuar como un punto de referencia general para el pago en otras profesiones de altos ingresos. La prevalencia de que las empresas ponderen sus aportaciones de decisión sobre la remuneración de los ejecutivos más hacia los puntos de referencia de sus homólogos de la industria que hacia la dinámica interna de la remuneración corporativa puede contribuir a aumentar las recompensas, lo que puede o no tener un impacto positivo en la motivación y el rendimiento de la empresa. Para los inversores a largo plazo, como en el caso de los miembros del Consejo de Administración y los ejecutivos, el énfasis debe estar en si las estructuras salariales dentro y a través de una empresa estimulan respuestas que contribuyan al éxito de la empresa. La brecha salarial entre la fuerza laboral y los altos directivos empleados por las grandes empresas es un factor que contribuye significativamente a los niveles históricamente altos de desigualdad de ingresos dentro de las empresas. Además, las consecuencias socioeconómicas más amplias de la desigualdad económica y la concentración de los ingresos siguen siendo motivo de gran preocupación8 y afectan a las sociedades en las que operan las empresas y de las que dependen. 8) Los salarios más altos también han demostrado ser un riesgo significativo para la reputación de las empresas: en una encuesta para el Centro de Salarios Altos, era probable que más encuestados dijeran que sentían que las grandes empresas no tenían un impacto beneficioso en la sociedad que aquellos que creían que sí lo tenían.9 De esos encuestados, el 63% citó la proporción de salarios y ganancias capturados por ejecutivos e inversores como base para su opinión.  mientras que más del 60% de todos los encuestados consideró que los directores ejecutivos no deberían cobrar más de diez veces más que su empleado promedio. Al proporcionar una mayor claridad sobre la gama de factores que influyen en la toma de decisiones sobre la remuneración de los ejecutivos, el FRF pretende mitigar estos problemas y ayudar a poner los procesos de recompensa de toda la empresa en una base que pueda gozar de una mayor confianza entre las partes interesadas.

5) Convocado por la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra y la Asociación de Pensiones Brunel, el FRF se ha desarrollado como una colaboración entre el Centro de Altos Salarios en nombre y con aportaciones de un grupo de 11 propietarios de activos del Reino Unido, entre los que se encuentran Friends Provident Foundation, Local Pensions Partnership Investments, Nest, Pension Protection Fund, People’s Partnership, Railpen, Scottish Widows, y el Plan de Jubilación de las Universidades. El desarrollo de la herramienta ha sido informado por Deborah Gilshan durante su tiempo como consultora independiente y Luke Hildyard del High Pay Centre, con el HPC actuando como administradores para el desarrollo de la herramienta y las evaluaciones en curso. El propósito y el modelo propuestos, tal y como se exponen en este documento, han sido moldeados por el grupo de propietarios de activos, con el proceso instigado por una Cumbre sobre Remuneración de Ejecutivos en la que participaron varias partes interesadas en diciembre de 2022 y se consolidará con una nueva Cumbre de Partes Interesadas en el cuarto trimestre de 2023.

6) Actualmente estamos consultando con un amplio grupo de partes interesadas y agradeceríamos comentarios generales y específicos sobre todos los aspectos de la herramienta, desde la necesidad que se pretende satisfacer hasta la elección de los indicadores y el diseño del marco de evaluación. Agradecemos especialmente los comentarios de quienes participan en las discusiones sobre la fijación de salarios y el diálogo entre las empresas y sus grupos de interés sobre este tema, como los presidentes y miembros de comités de RemCo, los consultores de remuneración, los gestores y propietarios de activos y los representantes sindicales.

7) La consulta se llevará a cabo desde principios de septiembre hasta el 23 de octubre de 2023. Tras la consulta pública, el FRF se perfeccionará aún más para su presentación y se aplicará a la presentación de informes anuales de forma piloto durante la temporada de la Junta General Anual 2023/24, y los datos resultantes se publicarán de forma continua. El año piloto se centrará en FTSE100 empresas. Una vez finalizados, se anima a todas las empresas a tomar nota de los indicadores finales que se publicarán en diciembre de 2023 y a utilizarlos como base para la autoevaluación interna de su propia divulgación y rendimiento en relación con ellos.

8) Después del ciclo de evaluación del primer año, la herramienta se someterá a una revisión en el tercer trimestre de 2024 centrada en su claridad de comunicación y efectividad. En particular, la revisión explorará la idoneidad de los indicadores piloto para la expansión a un universo más amplio de empresas, incluso desde el Reino Unido a otros mercados como los Estados Unidos.

Sección 2: El enfoque FRF

1) El modelo de tablero para la herramienta FRF se desarrolló a partir de la premisa de que (i) ciertos indicadores tomados en conjunto pueden ayudar a identificar la idoneidad de la recompensa en una empresa, junto con (ii) una mayor comprensión de cómo la remuneración permea desde la Junta y los ejecutivos hacia afuera en toda la empresa podría fomentar una comprensión más clara de cómo se motiva y retiene a los creadores de valor asociados con el éxito de la empresa.  así como la forma en que la empresa contribuye a la sociedad de la que depende su éxito. Por lo tanto, los propietarios de activos que compartían esta ambición determinaron que sería útil compilar estos indicadores en un único perfil en línea para cada empresa, donde los inversores puedan obtener fácilmente información sobre el rendimiento con respecto a cada indicador y, en comparación, con los pares de una empresa. La herramienta propuesta cuenta con 26 grupos de indicadores (+3 tentativos) en 3 secciones: (A) Características de la empresa; B) Procesos de escrutinio de los salarios; (C) Resultados de recompensa.

2) Se han seleccionado indicadores como medio para medir los resultados (datos cuantitativos sobre la remuneración en las empresas evaluadas) y los procesos (una evaluación más cualitativa de cómo se han logrado los resultados salariales). Con ello se pretende proporcionar a los usuarios:

a) puntos de datos claros y pertinentes, que puedan servir de base para emitir juicios sobre la equidad a través de comparaciones con homólogos sectoriales o de mercado, o con otros índices de referencia; y

b) información cualitativa que respalde juicios razonados sobre los resultados, indicando si las empresas y sus consejos de administración han determinado o no las indemnizaciones salariales a través de procesos sólidos y rigurosos.

3) El FRF se basará enteramente en información disponible públicamente. De esta manera, no promueve la colusión entre los inversores, ni proporciona una visión privilegiada de las prácticas corporativas. Del mismo modo, no proporciona recomendaciones de votación en las juntas generales de accionistas: corresponderá a los inversores juzgar el rendimiento de una empresa en toda la gama de indicadores y adaptar sus prácticas de administración y decisiones de voto en consecuencia.

4) Los debates sobre la remuneración de los ejecutivos generalmente se han relacionado con prácticas geográficas o globales más que sectoriales. El FRF tiene por objeto proporcionar un medio para que los usuarios que acceden a los datos puedan ver las empresas evaluadas sobre la base de comparaciones sectoriales o de índices. Los indicadores se han elegido en función de su relevancia para el mercado y, en la medida de lo posible, se evaluará a las empresas en relación con todo el índice. Cuando las comparaciones de índices sean menos apropiadas, el resumen presentado por el FRF del marco de evaluación relacionará el desempeño con los pares sectoriales.

5) Los indicadores elegidos están destinados a servir de base para el compromiso y el diálogo. Al establecer marcadores de mejores prácticas, pueden informar a los inversores y desafiar a las empresas, fomentando cambios positivos en la práctica que sean significativos y alcanzables a corto plazo. La mayoría de los indicadores se han seleccionado sobre la base de su ubicuidad y, en muchos casos, la divulgación de información es un requisito reglamentario en el Reino Unido, o normas voluntarias en evolución, y podría suponerse razonablemente que se convertirá en algo común u obligatorio en el futuro. El FRF tiene la intención de recopilarlos y publicitarlos como un medio para promover las buenas prácticas y una divulgación más completa, cuando esto no exista como requisito obligatorio. Cuando una empresa no haya divulgado públicamente la información necesaria para evaluar el rendimiento en relación con el indicador pertinente, se indicará en su evaluación con arreglo al FRF, y la empresa evaluada tendrá la oportunidad de verificar cualquier laguna percibida antes de la publicación de la evaluación del FRF.

6) El FRF se centra (inicialmente) en el Reino Unido y abarcará a las empresas del FTSE 100 (que comprende la lista de empresas «Focus» para el año piloto). La intención es que, una vez que la herramienta haya sido probada en un índice, pueda adaptarse y aplicarse a un universo más amplio de empresas tanto en el Reino Unido como en otros mercados, especialmente en Europa y Estados Unidos. Revisaremos los indicadores periódicamente y examinaremos la idoneidad de las métricas existentes y nuevas para otros mercados a medida que evolucione la herramienta.

Sección 3: Propuesta de proceso de evaluación del FRF

El FRF se lanzará para su año piloto en el cuarto trimestre de 2023, tiempo durante el cual la lista de empresas objetivo estará compuesta por FTSE100. Tras la publicación del informe anual de cada empresa de interés, el FRF se actualizará de forma continua, con el cuadro de mando claramente etiquetado para indicar los datos evaluados del año más reciente. El plazo de evaluación se rige por la intención de que el FRF informe las decisiones de los inversores sobre los compromisos con las empresas antes de las Juntas Generales de Accionistas, incluidos sus votos en dichas Juntas Generales de Accionistas, y el período de tiempo típico de dos a tres meses entre la publicación del informe anual y la Junta General de Accionistas posterior.

La mayoría de los indicadores se basan en datos cuantitativos publicados en los informes anuales y las resoluciones relacionadas con la remuneración asociadas se votan en las juntas generales de accionistas, y los criterios cualitativos están sujetos a un proceso objetivo y transparente. Cada empresa de interés tiene la oportunidad de revisar la evaluación del FRF de sus datos comunicados públicamente antes de que el FRF finalice y los publique en línea. Cualquier comparación sectorial se basará en el año piloto en las definiciones sectoriales asignadas por FTSE Russell. Sobre esta base, el FRF no prevé un margen significativo para que las empresas impugnen las evaluaciones resultantes. Sin embargo, reconocemos la importancia de conceder a una empresa tiempo suficiente para comentar la evaluación inicial, y la necesidad de conciliar este imperativo con el objetivo de completar la evaluación a tiempo para informar sobre la participación de los inversores antes de la Junta General de Accionistas.

Cada empresa seleccionada tendrá la oportunidad de proporcionar una respuesta formal por escrito a la evaluación del FRF si desea proporcionar contexto adicional, que se incluirá en la página web. Los administradores de FRF considerarán y tendrán en cuenta cualquier comentario recibido después de que la evaluación se haya cargado en el sitio de FRF.

El calendario propuesto para el proceso de evaluación es el siguiente:

1) En el cuarto trimestre de cada año, todas las empresas seleccionadas reciben una notificación anticipada del proceso y el cronograma de evaluación del FRF, por lo que el período de revisión se puede tener en cuenta en los planes de trabajo y se especifica un contacto corporativo apropiado para la verificación de la evaluación.

2) En el momento de la publicación del informe anual de la empresa, se enviará a cada empresa de interés un recordatorio de cortesía de que el FRF se aplicará a sus divulgaciones durante los próximos quince días antes de que el borrador de la evaluación se comparta con la empresa para su revisión. [Semana de publicación del informe anual]

3) En el plazo de dos semanas a partir de la publicación de su informe anual, los administradores del FRF evaluarán cada una de las empresas seleccionadas en función de los indicadores identificados. Durante este período, se agregará una nota a la herramienta en línea para indicar que está pendiente una nueva evaluación. [Publicación del informe anual +2 semanas]

4) Los resultados de la evaluación inicial se comparten de forma privada con la empresa para permitir la verificación, o cualquier comentario contextual adicional, con un plazo de dos semanas disponible para la retroalimentación. Durante este período, se agregará una nota a la herramienta en línea para indicar que el borrador de la evaluación se ha enviado a la empresa para su revisión.

5) Depende de la retroalimentación de la empresa: [Publicación del informe anual +5 semanas] a. Si no se ha recibido ningún comentario de la empresa, continúe con el paso 6. b. Los administradores de FRF revisarán la evaluación a la luz de cualquier comentario de la empresa, dentro de una semana a partir de su recepción. Cualquier ajuste a la evaluación debe basarse en datos que sean de dominio público. La decisión final sobre la evaluación recaerá en el grupo directivo de propietarios de activos del FRF, pero la retroalimentación de la empresa será una consideración clave.

6) Evaluación publicada como parte de la herramienta en línea y de la lista de correo de FRF notificada de las actualizaciones publicadas. La evaluación incluirá una indicación de si la empresa respondió durante el período de comentarios previos a la publicación, con una respuesta escrita de la empresa de una página como máximo incluida en la página web en caso de que la empresa desee proporcionarla. [Publicación del informe anual +5—6 semanas como máximo, dependiendo de los comentarios de la empresa]

Anexo: Definiciones/Términos clave

Remuneración del CEO: Las referencias a la remuneración del CEO se refieren a la remuneración total percibida por el CEO durante el año sobre el que se informa, tal y como se revela en las divulgaciones de «una sola cifra» para la remuneración del CEO publicadas en los informes anuales de las empresas para cada uno de sus diez años anteriores. La cifra única es un requisito reglamentario y se calcula de acuerdo con una fórmula estipulada que cubre todos los elementos de la remuneración de los directores, incluidos el salario, la retribución variable, los pagos de pensiones y otros beneficios.

Informes salariales por origen étnico: Una brecha salarial es la diferencia entre el salario medio (o medio) por hora de los empleados de la categoría A y el salario medio (o medio) por hora de los empleados de la categoría B, que se expresa como porcentaje de los ingresos de un grupo. Para los cálculos salariales por origen étnico, esto implicaría que los empleadores calculen si los empleados de un determinado grupo étnico ganan un X% menos o un X% más que los empleados de un grupo étnico diferente por hora. La presentación de informes sobre la brecha salarial por origen étnico no es actualmente un requisito reglamentario en el Reino Unido, aunque el gobierno ha emitido una guía para aquellas empresas que opten por hacerlo de forma voluntaria.

Empresa de enfoque: Un componente en el universo de empresas del Marco de Recompensa Justa que serán evaluadas en un año determinado. Para el año piloto, esto comprenderá el FTSE100, pero con la intención de que en 2024 se amplíe el alcance a un número más amplio de empresas y la viabilidad de aplicar indicadores similares a otros mercados.

Informes salariales de género: Los empleadores del Reino Unido están legalmente obligados a publicar su «brecha salarial de género» detallando la brecha en el salario medio y el salario medio de los empleados masculinos y femeninos del Reino Unido, así como la proporción de empleados masculinos y femeninos en cada cuartil salarial y la brecha en el pago de bonificaciones. Las empresas publican sus datos en un sitio web específico del Gobierno del Reino Unido.

Salario Digno Nacional: El «Salario Digno Nacional» es la tarifa mínima por hora del Reino Unido que los empleadores deben pagar a los empleados mayores de 23 años, establecida por el Gobierno sobre la base del asesoramiento de la Comisión de Bajos Salarios, que los empleadores están legalmente obligados a pagar a los empleados mayores de 23 años. Es un salario mínimo legal de facto para los trabajadores mayores de 23 años. La tasa actual es de 10,42 libras esterlinas, con tasas más bajas de «salario mínimo nacional» para los trabajadores más jóvenes.

Remuneración de otros ejecutivos: Las empresas están obligadas a publicar en su informe anual una «cifra única» de la remuneración total realizada por todos los ejecutivos durante el año de referencia. La cifra única es un requisito reglamentario y se calcula de acuerdo con una fórmula obligatoria que cubre todos los elementos de la remuneración de los ejecutivos, incluidos el salario, la remuneración variable, los pagos de pensiones y otros beneficios.

Ratios salariales: Ratios salariales que detallan la «cifra única» de la remuneración total del CEO realizada en el año de referencia (incluidos el salario, la retribución variable, los pagos de pensiones y otras prestaciones) como múltiplo de la retribución de los trabajadores de comparación. Las divulgaciones que detallan el salario del CEO con el del empleado del Reino Unido en el percentil 25, medio y 75 de la fuerza laboral de la empresa en el Reino Unido, sobre una base equivalente a tiempo completo, son un requisito reglamentario.

Salario Digno Real: El Salario Digno Real es una tarifa de pago mínimo por hora voluntaria a la que los empleadores se comprometen para todos sus trabajadores empleados directa e indirectamente a través de la acreditación de la Fundación de Salario Digno. La tasa se establece sobre la base de cálculos académicos de la tasa salarial necesaria para llevar un nivel de vida decente y digno. Actualmente está fijado en £ 10.90 por hora (£ 11.95 en Londres)

«Opinión de los accionistas sobre la remuneración»: Las empresas que cotizan en el Reino Unido están legalmente obligadas a celebrar votaciones sobre la remuneración de los ejecutivos en sus juntas generales de accionistas. La votación retrospectiva sobre el informe de remuneraciones es una votación consultiva anual, a través de la cual los accionistas apoyan o se oponen al informe de remuneraciones, detallando principalmente la remuneración de los directores, incluida la remuneración del CEO. La empresa no está obligada a actuar en la votación, incluso si la mayoría de los accionistas se oponen al informe salarial. La votación sobre la política salarial es una votación vinculante que debe celebrarse al menos tres veces al año o si hay cambios en la política. Los accionistas votan a favor o en contra de la política salarial, incluidos los aumentos salariales; posibles bonificaciones y pagos de incentivos y condiciones de rendimiento; u otros componentes de la remuneración y los beneficios. Si la mayoría de los accionistas se oponen a la política, la empresa está obligada a presentar una política alternativa para su consideración.



La financiación de la adaptación es clave para evitar activos con cero emisiones netas varados – GFI


El replanteamiento de las políticas sobre los gastos de capital y los gastos operativos es vital para estimular las inversiones en adaptación, dicen los expertos.

Los activos netos cero corren el riesgo de quedar varados si no se abordan las barreras a la adaptación y la resiliencia climática, aunque durante muchos años el tema no se ha discutido lo suficiente.

La Casa Blanca celebró su primera Cumbre de Resiliencia Climática, en la que publicó un Marco Nacional de Resiliencia Climática. Si eso no hace que la gente en el mundo de las finanzas se siente y piense que esto es algo en lo que hay que centrarse, no sé qué más lo hará.

Hace poco, Teesta Urja, el segundo proyecto hidroeléctrico fluvial más grande de la India sufrió daños masivos debido a las inundaciones. Sunil Saraogi, su presidente ejecutivo, dijo que tal era la fuerza del agua que la presa de Chungthang fue arrastrada por el agua en solo diez minutos.

Los programas nacionales de adaptación al cambio climático deben estar alineados con los planes de inversión. Tenemos que aprender rápidamente del debate sobre las cero emisiones netas.

Replanteamiento de políticas

Los mercados de carbono estaban proporcionando un «mecanismo de facilitación» para invertir en resiliencia, como proyectos de restauración de manglares para secuestrar carbono y revivir la naturaleza.

Añadió que las políticas públicas y la regulación tendrían que evolucionar para ayudar a los inversores a sentirse cómodos financiando inversiones de adaptación y resiliencia, y señaló que este tipo de activos requerirían un alto gasto operativo.

Los inversores que construyen activos están incentivados a reducir la cantidad de gastos operativos (opex) y de capital (capex) para maximizar su TIR [tasa interna de retorno] a la salida.

Templeton señaló que los activos de adaptación y resiliencia climática probablemente tendrían una gran cantidad de gastos operativos a lo largo de su vida útil.

Tal vez aquí haya un papel para la política pública y la regulación para garantizar que cuando se construyan activos, el gasto de capital sea adecuado para enfrentar los escenarios que enfrentamos como planeta. Es fácil coincidir en que la política y la inversión necesitan un replanteamiento para catalizar las inversiones en adaptación y resiliencia.

Además, tales inversiones podrían ser en un plazo de 20 a 40 años. Usamos y explotamos los recursos para desarrollarnos y ahora tenemos que planificar y repensar de manera diferente.

Si somos capaces de invertir más en adaptación y resiliencia, podemos evitar que los países necesiten tanta financiación de pérdidas y daños.


Entendiendo las pérdidas y los daños

Hacer frente a los efectos inevitables del cambio climático

Muchas de las consecuencias del cambio climático ya son difíciles de revertir, y los fenómenos meteorológicos extremos serán más frecuentes en el futuro. Esto demuestra la necesidad de debatir a qué impactos climáticos es difícil o imposible adaptarse, y la necesidad de abordar las pérdidas y los daños. Todas las regiones se verán afectadas por el cambio climático, pero la magnitud de las pérdidas y los daños variará según el lugar.

Aunque el concepto de Pérdidas y Daños (L&D) no es nuevo, todavía es bastante vago y no está bien definido en la política climática. Se ha debatido en muchas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y se han establecido algunos mecanismos para apoyar a los países que se enfrentan a pérdidas y daños.

Uno de los mayores desafíos con L&D es el encuadre del concepto en sí. Los países en desarrollo y los países desarrollados tienen opiniones divergentes sobre su definición, así como sobre su urgencia, lo que ha dado lugar a un progreso limitado en la cuestión.

Un tema clave en el que las partes interesadas tienen dificultades para ponerse de acuerdo es la financiación de la formación y el desarrollo. Las partes interesadas de los países desarrollados tienden a argumentar que la formación y el desarrollo podrían financiarse con los fondos climáticos existentes, los planes de seguros, la ayuda humanitaria o la gestión de riesgos, mientras que muchos países en desarrollo piden mecanismos financieros dirigidos específicamente a la formación y el desarrollo.

En la conferencia sobre el clima de la CMNUCC celebrada en Glasgow en noviembre de 2021 (COP26), la Unión Europea se mostró abierta a debatir sobre la formación y el desarrollo como tema, pero dudó sobre la creación de un fondo dedicado a la formación y el desarrollo. Se espera que el tema sea una de las principales áreas de enfoque en la agenda de la próxima COP27 en Egipto.

Introducción

Las pérdidas y daños (L&D)1 a veces se entienden como todas las consecuencias negativas del cambio climático; Sin embargo, esta definición es bastante amplia. La definición aceptada por la mayoría, y utilizada con mayor frecuencia en la literatura, define la formación y el desarrollo como «los impactos del cambio climático que no han sido, o no pueden ser, evitados mediante esfuerzos de mitigación o adaptación». Las pérdidas y los daños pueden deberse tanto a fenómenos repentinos (por ejemplo, ciclones, olas de calor e inundaciones) como a fenómenos de evolución lenta (por ejemplo, aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas y desertificación).

A partir de ahora, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene una definición oficial de L&D, un tema que se ha politizado mucho. La relación entre mitigación, adaptación y formación y desarrollo es vista de manera diferente por las partes, y las diferencias entre esos conceptos están abiertas a la interpretación.

A pesar de que la L&D a menudo se trata como un solo concepto, contiene dos tipos diferentes de daño. La pérdida indica daños irreversibles, como la pérdida de tierras debido al aumento del nivel del mar o la pérdida de recursos de agua dulce debido a la desertificación. Los daños implican daños reparables, como los impactos en la costa o en las infraestructuras relacionados con el cambio climático.

Es importante distinguir entre pérdidas económicas y pérdidas no económicas. El primer término se refiere a la pérdida de recursos, bienes y servicios comúnmente comercializados en mercados como la producción agrícola, la infraestructura o la propiedad. Las pérdidas no económicas se entienden como pérdidas que pueden afectar a las personas, la sociedad y/o el medio ambiente (por ejemplo, pérdida de vidas o de salud, pérdida de territorio, patrimonio cultural e identidad, conocimientos indígenas, pérdida de biodiversidad o pérdida de ecosistemas enteros).

En la literatura, el alcance de la L&D a veces se clasifica como evitado, no evitado e inevitable. El riesgo evitado significa impactos climáticos que se evitarán gracias a las acciones emprendidas. No evitado se refiere a las pérdidas y daños no evitados debido a razones técnicas, institucionales o financieras, a pesar de la posibilidad de evitarlos si se hubieran aplicado mayores esfuerzos de mitigación y adaptación. La tercera categoría, inevitable, se refiere a las pérdidas o daños que no pudieron detenerse mediante ninguna acción de mitigación o adaptación.

El cambio climático ya está afectando a las sociedades y a las personas de todo el mundo. Como se indica en el informe sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que forma parte de su sexto informe de evaluación (IE6), en un futuro próximo muchos lugares se verán cada vez más afectados por fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, y las medidas para limitar el calentamiento global no eliminarán todas las pérdidas y daños previstos por los fenómenos repentinos o de evolución lenta.

La vulnerabilidad al cambio climático difiere entre las regiones y dentro de ellas. Hasta 3.600 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables al cambio climático. Estos lugares se encuentran especialmente en África occidental, central y oriental, Asia meridional, América Central y del Sur, pequeños Estados insulares en desarrollo y el Ártico. La gestión de las pérdidas y los daños puede ser más difícil para los lugares con patrones de desarrollo insostenibles (es decir, explotación de los recursos naturales), inequidad, marginación y altos niveles de medios de vida sensibles al clima (es decir, comunidades pesqueras o pequeños agricultores). Especialmente en los países en desarrollo, podría ser necesario fortalecer las limitadas capacidades financieras, de gobernanza, políticas y/o institucionales a fin de abordar la cuestión de manera integral.

Situación actual

El concepto de formación y desarrollo surgió por primera vez durante la redacción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1991, cuando la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS) destacó la importancia de la formación y el desarrollo relacionados con el clima y pidió el establecimiento de un fondo común de seguros para pérdidas y daños derivados del aumento del nivel del mar. Aunque la formación y el desarrollo no se mencionaron en el texto final de la CMNUCC (1992), el artículo 4.8 se refiere a los seguros como un medio para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a los efectos adversos del cambio climático.

La CMNUCC tiene como objetivo estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera para evitar cambios antropogénicos peligrosos en el sistema climático. Los países desarrollados, enumerados en el Anexo I de la CMNUCC, tienen una responsabilidad histórica por las emisiones de GEI y se espera que lideren la reducción de sus emisiones. Debido a las diferentes capacidades y circunstancias nacionales, los países desarrollados deberían apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo.

Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños

La formación y el desarrollo se debatieron en el seno de la CMNUCC durante muchos años, pero no se institucionalizaron hasta 2013 durante la COP19 con el establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM). El papel del WIM es promover la implementación de enfoques para reducir las pérdidas y daños asociados con el cambio climático, reconociendo que algunas pérdidas y daños son inevitables.

El Comité Ejecutivo (ExCom) del WIM está compuesto por 10 miembros de países en desarrollo y 10 de países desarrollados, y su función es orientar la implementación del WIM. Un plan de trabajo continuo de cinco años establece las áreas de enfoque actuales y el trabajo en curso. En general, el WIM tiene tres funciones principales:

Ø Enfoques de gestión de riesgos: mejorar el conocimiento y la comprensión

Ø Diálogo con las partes interesadas: reforzar la coordinación y el diálogo

Ø Financiación, tecnología y desarrollo de capacidades: aumentar la acción y el apoyo

Desde la creación de la WIM en 2013, y hasta la COP26, el tema de la formación y el desarrollo no fue un tema oficial de la agenda durante las COP, y solo se discutió el trabajo del Comité Ejecutivo. Los expertos del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés) sostienen que, a través del WIM, la recopilación de conocimientos y la coordinación han aumentado, pero en el último punto, y especialmente en lo que respecta a la financiación, el proceso se ha estancado. Consideran que los intereses contrapuestos de las partes están dejando de lado el tema, manteniéndolo fuera de la agenda formal de negociación.

El Acuerdo de París de 2015 menciona específicamente la formación y el desarrollo en el artículo 8, destacándola como un pilar separado de la política climática de la mitigación y la adaptación. Sin embargo, los signatarios no están legalmente obligados sobre la base de este artículo (véase el recuadro).

La falta de una base legal clara para la financiación dirigida a la formación y el desarrollo, y la falta de obligación de cumplirla, hace que el progreso en el tema sea difícil durante las negociaciones. El artículo 8 también reconoce que el WIM es el principal instrumento de la CMNUCC para abordar la formación y el desarrollo

En la COP25 de 2019, las partes de la CMNUCC establecieron la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños (SNLD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es ofrecer a los países en desarrollo asistencia técnica en materia de formación y desarrollo. La red debe conectar a organizaciones, organismos, redes y expertos para ayudar a aplicar enfoques pertinentes para abordar la formación y el desarrollo en zonas vulnerables. Debería facilitar aún más el acceso a la información, la financiación, la tecnología y el desarrollo de capacidades. La SNLD aún no está en pleno funcionamiento, pero varios países esperan que financie la asistencia técnica y proporcione apoyo para la recaudación de fondos, aunque es posible que no movilice fondos por sí mismo.

Con el enfoque en el intercambio de conocimientos y el apoyo técnico, ni WIM ni SNLD actualmente entregan fondos para ayudar a los países a gestionar la formación y el desarrollo. El informe del SEI afirma que un posible fondo de formación y desarrollo dentro de la estructura de WIM facilitaría el seguimiento de todos los diferentes tipos de opciones de financiación que se utilizan para cubrir los costes de pérdidas y daños y otras actividades de WIM. Sin embargo, la lentitud de los procesos de toma de decisiones en el seno del WIM, y la necesidad de un consenso sobre un posible fondo entre todas las partes signatarias, podrían hacer que el WIM sea inadecuado para abordar la urgencia de la cuestión. El informe también menciona que la transformación del WIM hacia una estructura de gobernanza podría ser un objetivo a largo plazo.

Últimas novedades de la CMNUCC en materia de formación y desarrollo

Durante la conferencia sobre el clima de 2021 en Glasgow (COP26), L&D atrajo mucha atención con el llamamiento conjunto del G77 y China para establecer un «Mecanismo de Financiación de Pérdidas y Daños» (LDFF). La decisión de la COP26 reconoce la importancia de la formación y el desarrollo y establece el Diálogo de Glasgow que abre un espacio para el debate sobre la financiación de la formación y el desarrollo. Aunque los países en desarrollo esperaban un fondo de formación y desarrollo entre los resultados de la COP26, el hecho de que la decisión de la COP reconociera la necesidad de financiación de la formación y el desarrollo, y que previera un mayor debate, se consideró un paso adelante. En el primer Diálogo de Glasgow, que forma parte de las reuniones de Bonn de principios de junio de 2022, los países en desarrollo volvieron a pedir la creación de un fondo de formación y desarrollo y la inclusión del tema en la agenda formal de negociación de la COP27 de noviembre de 2022. No se llegó a un consenso para incluir la formación y el desarrollo en la agenda formal, ya que la UE y otros países desarrollados prefieren abordar el tema mediante el fortalecimiento de los acuerdos e instituciones existentes.

Encuadre de pérdidas y daños

Uno de los principales desafíos para avanzar en materia de formación y desarrollo es el encuadre de la cuestión. Los investigadores argumentan que los países desarrollados y los países en desarrollo tienen una comprensión diferente del problema principal con la formación y el desarrollo.

Para los países desarrollados, la incertidumbre sobre el impacto y el riesgo del cambio climático es lo que hace que la formación y el desarrollo sean importantes y peligrosos. Esta perspectiva se centra en la gestión de riesgos y el desarrollo de la resiliencia. En este marco, el papel de los países desarrollados se limita a ser donantes y ayudar a crear capacidad, mientras que los países en desarrollo son responsables de minimizar su vulnerabilidad. Contradictorio con esto es el marco de responsabilidad e indemnización que se centra en atribuir la responsabilidad por el cambio climático y las posibles pérdidas y daños a los países desarrollados. Este marco suele estar representado por los países en desarrollo y los agentes de la sociedad civil; En esta narrativa, el foco se pone en las pérdidas económicas y no económicas. Este marco hace hincapié en la responsabilidad de los países desarrollados por el daño que causaron al emitir GEI y la consiguiente obligación moral de pagar una indemnización a los países en desarrollo. Este marco es problemático para los países desarrollados, ya que les impone toda la responsabilidad y la responsabilidad potencial de la formación y el desarrollo derivados del cambio climático.

Los pagos de indemnización a menudo se describen como pagos que no están vinculados a pérdidas y daños sufridos, sino que deben considerarse más bien como una medida compensatoria, que podría utilizarse para mejorar las condiciones de vida. Un estudio reciente muestra que, si bien todos los encuestados de los países desarrollados rechazan la idea de los pagos de compensación para recaudar fondos para la formación y el desarrollo, muchos de los encuestados de los países en desarrollo también consideran que este enfoque es inviable. Los pagos de indemnizaciones son una cuestión politizada y actualmente son bastante poco prácticos debido a la base jurídica que habría que establecer para que la indemnización fuera posible en virtud del derecho internacional

A veces se menciona un fondo de solidaridad como alternativa a la compensación, ya que la financiación solidaria no asigna responsabilidades. Sin embargo, los países desarrollados podrían ser reacios a movilizar financiación. Los pagos de un fondo de este tipo podrían ayudar tanto a la liquidez inmediata como a las medidas de recuperación a largo plazo. Algunos señalan al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) como ejemplo de un fondo que funciona bien y que proporciona pagos por pérdidas y daños ocurridos a sus miembros. El FSUE se creó como reacción a las graves inundaciones que asolaron Europa Central en el verano de 2002 y desde entonces ha repartido más de 7.000 millones de euros, especialmente tras catástrofes naturales.

Financiación climática

Como se mencionó, la financiación específica de L&D no ha experimentado avances durante muchos años debido a la falta de definición formal y a los desacuerdos sobre la responsabilidad y la compensación. Los países desarrollados no están dispuestos a organizar nuevos planes financieros para cubrir la formación y el desarrollo, argumentando a menudo que ya están cubiertos por los fondos de mitigación y adaptación existentes, así como por la ayuda humanitaria.

Aunque la financiación climática ha experimentado una tendencia al alza en los últimos años, las promesas financieras (100.000 millones de dólares anuales para 2020) no se han cumplido. En 2019, se movilizaron 79.600 millones de dólares para los países en desarrollo de los sectores público y privado de los países desarrollados. La mayor parte de la financiación climática se destina a la mitigación (50.800 millones de dólares en 2019) y una parte menor a la adaptación (20.100 millones de dólares). Asia es el principal receptor de financiación climática (43 %), seguida de África (26 %) y las Américas (17 %). La financiación para la mitigación y la adaptación ayuda a sufragar las pérdidas y los daños evitables, pero también es necesario contar con financiación para hacer frente a las pérdidas y los daños ocurridos e inevitables.

Los instrumentos de financiación existentes iniciados por la CMNUCC para abordar la mitigación y la adaptación incluyen el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima (FVC). El primero se creó en 2001 en el marco del Protocolo de Kioto para financiar los proyectos y programas de adaptación de los países en desarrollo. La COP15 fundó el Fondo Verde para el Clima en 2010 con el fin de movilizar fondos para un desarrollo de emisiones lentas y resiliente al clima.

Durante la COP26, el gobierno de Escocia creó un fondo de formación y desarrollo de 1 millón de libras esterlinas y desafió a otros a contribuir al fondo. Se trata de una cantidad simbólica, ya que para 2030 se estima que las pérdidas y los daños costarán a los países en desarrollo entre 290.000 y 580.000 millones de dólares anuales, cifra que aumentará a entre 1.132.000 y 1.741.000 millones de dólares en 2050.

Abordar las pérdidas y los daños

Las medidas para evitar, minimizar y abordar la formación y el desarrollo pueden dividirse en dos categorías: proactivas y reactivas. El enfoque proactivo, antes de que se produzcan pérdidas y daños, incluye la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la gestión de riesgos, la mejora de las competencias y la asociación a largo plazo. La segunda, las medidas ex post, incluye el socorro en casos de desastre y la recuperación a largo plazo, las subvenciones a través de programas gubernamentales, los fondos de seguros, la ayuda humanitaria y las posibles indemnizaciones. Algunos de ellos ya están cubiertos por la financiación climática existente, pero no lo suficiente como para abordar la formación y el desarrollo de manera suficiente. Por ejemplo, según un estudio reciente, 27 de los 165 proyectos del FVC tienen como objetivo explícito abordar la formación y el desarrollo.

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reitera el valor de aumentar la acción temprana basada en previsiones y la financiación en forma de ayuda humanitaria para reducir los impactos de las pérdidas y los daños, pero afirma que dicha financiación anticipada solo puede aplicarse a los impactos climáticos que son fáciles de predecir, como las tormentas y las inundaciones. La investigación también muestra que, al menos inicialmente, los costos de adaptación son menores que los costos potenciales de los daños.

La financiación de la formación y el desarrollo requiere todo tipo de medidas anteriores, ya sean proactivas o reactivas. Todavía se necesita más asistencia, especialmente para abordar la formación y el desarrollo no económicos (véase la Figura 2 a continuación).

Papel potencial de los seguros

También se discuten ampliamente en el contexto de la formación y el desarrollo los planes de seguros, una idea que cuenta con el apoyo de muchas partes interesadas. En 2005, se fundó el grupo de expertos Munich Climate Insurance Initiative (MCII) en respuesta a la creciente consideración de los seguros como una posible herramienta para la adaptación al cambio climático. El MCII conecta a expertos, ONG e investigadores de políticas para explorar soluciones de seguros a los impactos del cambio climático. Sobre la base de la iniciativa InsuResilience del G7 de 2015, la COP23 lanzó en 2017 la Alianza Mundial InsuResilience (IGP). IGP se basa en la colaboración entre el G20 y las naciones del Grupo de los Veinte Vulnerables (V20), pero también cuenta con el mundo académico, el sector privado, la sociedad civil y las ONG entre sus 118 miembros actuales.

En 2021, el IGP protegió directa o indirectamente a 150 millones de beneficiarios. Su vehículo de ejecución comprende 122 programas y más de 200 proyectos e incluye la cooperación con fondos regionales en el Caribe (véase el recuadro infra), así como en África.

La investigación de la OCDE indica que los países con una cobertura de seguro más alta se recuperan cuatro veces más rápido que aquellos con una cobertura de seguro más baja y que, en 2021, en los países desarrollados más de la mitad de los sucesos de pérdidas y daños económicos estaban asegurados, pero solo una décima parte estaba asegurada en los países en desarrollo. Como se indica en el informe del SEI, el seguro puede proporcionar protección financiera para eventos de inicio repentino, pero rara vez es adecuado para pérdidas no económicas o eventos de inicio lento. El seguro se considera una medida reactiva a la formación y el desarrollo, y el alivio garantizado después del desastre es un beneficio principal. Sin embargo, MCII argumenta que los planes de seguro pueden fomentar la reducción del riesgo y también considerarse una medida preventiva. Aunque pueda parecer una opción para motivar a los países a utilizar instrumentos de gestión de riesgos, algunas investigaciones indican que los seguros generan desincentivos. Las formas de hacer que los seguros sean más eficaces incluyen: hacer mejores mapas de peligros, recompensar la mitigación de riesgos con descuentos en las primas, monitorear las mejoras en los riesgos del hogar o insertar condiciones o garantías en los contratos. Para las comunidades vulnerables, el pago de las primas de seguro puede ser inasequible. Por lo tanto, sólo si los seguros estuvieran bien diseñados o subvencionados, y potencialmente si los países desarrollados pagaran la prima, los seguros podrían ser una solución a algunas pérdidas y daños. El informe de la OCDE de 2021 afirma que las compañías de seguros tendrían que mantener grandes reservas para cubrir pérdidas y daños por eventos de alto impacto y en cascada que podrían resultar en aumentos de las primas. El informe señala los planes de seguros respaldados por el gobierno o los proveedores de seguros públicos como una forma de garantizar la asequibilidad. Los principios SMART de apoyo a las primas y al capital de 2021 de la IGP tienen como objetivo ampliar la cobertura de seguros y financiar la acción de riesgo ex ante.

Los dos tipos de seguros más importantes para los países en desarrollo son los micro seguros para los hogares, las explotaciones agrícolas y las pequeñas y medianas empresas (PYME), y los fondos regionales para los gobiernos nacionales. Los sistemas de formación y desarrollo a nivel nacional podrían reducir la posibilidad de que la financiación no llegue a las comunidades en mayor riesgo. Las entidades regionales de financiación (véase el recuadro) podrían utilizar herramientas más personalizadas para ayudar a las necesidades específicas de las comunidades vulnerables. Estos sistemas conectarían a las comunidades que se enfrentan a riesgos similares, lo que podría facilitar el proceso de asignación.

Posición de la UE

En vísperas de la COP26 de 2021, los ministros de Medio Ambiente del Consejo fijaron la posición negociadora de la UE. El Consejo menciona el avance de la labor en el marco del WIM y reconoce las necesidades específicas de los países en desarrollo. Las Conclusiones del Consejo sobre los resultados de la COP26 expresan la voluntad de la UE de participar en el debate sobre el Diálogo de Glasgow y reconocen la urgencia de la cooperación en materia de formación y desarrollo. También mencionan el riesgo climático, la financiación y los seguros como iniciativas que pueden ayudar a abordar la formación y el desarrollo. No se reconoce la necesidad de un fondo separado para la formación y el desarrollo.

El Parlamento Europeo emitió una resolución antes de la COP26 en la que subrayaba la importancia de poner en funcionamiento el WIM para dar una respuesta adecuada a las pérdidas y daños. En junio de 2022, el Parlamento pidió a la Comisión que, junto con el Comité Ejecutivo del WIM y otras organizaciones internacionales, evaluara las posibles medidas de compensación de la Unión para finales de 2022.

En el pleno de la COP26, el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, declaró que la formación y el desarrollo son una parte clave de las negociaciones sobre el clima, reconociendo también la necesidad de «ayudar a los países vulnerables a responder a los daños y la destrucción que la crisis climática ya ha causado».

Futuro de pérdidas y daños

Se espera que durante la COP27 se celebren debates y un llamamiento más fuerte a la acción en materia de formación y desarrollo; sin embargo, es probable que la adaptación sea el tema principal. Varios expertos creen que el Diálogo de Glasgow es una oportunidad importante para obtener finalmente un fondo dedicado a la formación y el desarrollo. Es probable que las partes interesadas intenten crear un consenso para la financiación de la formación y el desarrollo a partir de una base de solidaridad entre las naciones. Un nuevo argumento se centra en el aspecto de la economía global, diciendo que un LDFF apoyaría cadenas de suministro resilientes.

Los países en desarrollo continúan trabajando en materia de formación y desarrollo fuera de la CMNUCC. Citando los crecientes impactos, una brecha de protección del 98% y una continua falta de apoyo internacional, un comunicado reciente del diálogo ministerial V20 de abril de 2022 anunció que el grupo está dirigiendo sus propios recursos para diseñar y probar un LDFF. El grupo invita al G7, al G20 y a organizaciones filantrópicas a apoyar el proyecto y pide a la COP27 que finalice la cuestión de la formación y el desarrollo mediante el establecimiento de un LDFF internacional. La forma en que el V20 ahora busca avanzar en un LDFF externo a la CMNUCC está alineada con la recomendación del informe del SEI de superar los desafíos con los procesos de WIM y garantizar una mayor autonomía para los países, al tiempo que se basa en la solidaridad. En un documento reciente, los expertos critican la falta de un enfoque explícito de la UE en la formación y el desarrollo, argumentando que tiene un impacto negativo en la legitimidad de la UE en las negociaciones de la CMNUCC, lo que se suma a la creciente presión antes de la COP27.



Acelerar la transición hacia la energía limpia en la ASEAN


Un enfoque innovador a través de la financiación combinada y las instalaciones de preparación de proyectos

Puntos clave

• Las inversiones en energía renovable en los países de la ASEAN se ven obstaculizadas por inconsistencias políticas, barreras financieras y la falta de una cartera de proyectos sólida.

• Las instalaciones de preparación de proyectos (PPF) pueden ayudar a resolver diversos desafíos técnicos, financieros y legales en la preparación de proyectos de energía limpia, pero su efectividad varía y tienden a centrarse en procesos de etapas posteriores, dejando las primeras etapas sub financiadas.

• La combinación de PPF mejorados con financiación combinada, incluida la creación de un fondo intermediario financiero, podría reducir los costos de inversión y avanzar en la cartera de proyectos mediante la financiación de la preparación en las primeras etapas.

• Un programa a nivel regional que responda a las necesidades únicas de cada estado miembro de la ASEAN podría fortalecer las inversiones en energía limpia, particularmente si se enfoca en aspectos previos de la preparación del proyecto y se complementa con iniciativas separadas diseñadas para brindar apoyo durante la fase de habilitación.

Contexto

La ASEAN ha establecido objetivos ambiciosos para la descarbonización y el desarrollo de la energía renovable (ER). La Fase 2 del Plan de Acción de la ASEAN para la Cooperación Energética (APAEC) apunta a una participación del 23% de energía renovable en el suministro total de energía primaria (TPES) y una participación del 35% de ER en la capacidad de energía instalada de la región para 2025. A pesar de la pandemia, algunos Estados miembros de la ASEAN, como la República Democrática Popular Lao y Vietnam, han logrado avances significativos, aumentando su capacidad instalada de energías renovables en un 117,5 % y un 129,6 %, respectivamente.

Sin embargo, para alcanzar sus objetivos, la AMS necesita acelerar aún más su transición hacia la energía limpia. La 7ª Perspectiva Energética de la ASEAN (AEO7) pronostica que, sin una reforma sustancial de las políticas energéticas, la región no alcanzará la participación del 23% de las energías renovables en el TPES para 2025 (ACE, 2022b). Según las proyecciones de AEO7, el AMS deberá asignar el 75% de su inversión total proyectada de USD 159 mil millones a energía renovable para cumplir con el objetivo. Este considerable requisito de inversión debe financiarse con todas las fuentes posibles, incluidos los sectores público y privado.

Si bien varios factores clave que influyen en las inversiones en energías renovables, como las cuestiones institucionales y regulatorias y los acuerdos comerciales rígidos, son bien reconocidos, la escasez de proyectos también plantea un obstáculo significativo para la inversión privada en energía renovable. La ausencia de proyectos listos para la financiación para presentar al mercado podría disuadir a los inversores privados de participar en el desarrollo de la energía renovable. En cuanto a los proyectos solicitados, la preparación de proyectos viables en el sector energético podría ser una tarea desalentadora para los gobiernos debido a los altos costos irrecuperables iniciales y los complejos requisitos técnicos, particularmente para tecnologías avanzadas y menos familiares de energía renovable.

Problemas de preparación de proyectos en la ASEAN

A pesar de la falta de datos oficiales compilados para mostrar la cuestión de la preparación de los proyectos en la ASEAN, se podría utilizar información de otros informes para arrojar luz sobre los desafíos de la AMS en la preparación de proyectos de energías renovables.

En países como Indonesia, Malasia y Vietnam, por ejemplo, todavía existe una gran brecha entre la capacidad de tubería ofrecida al mercado y las adiciones de capacidad objetivo en energía eólica terrestre, solar y geotérmica. El cuadro 1 muestra la discrepancia entre la capacidad de gasoductos que los países están dispuestos a ofrecer con respecto a las adiciones de capacidad objetivo basadas en su objetivo nacional.

Por ejemplo, Indonesia ha establecido que las adiciones de capacidad objetivo de la energía eólica terrestre deben ser de 0,85 GW, pero la tubería que el país puede ofrecer es solo 0,50, solo el 59% del objetivo.

El problema de la falta de proyectos fácilmente financiados en energías renovables se debe a varios problemas sistemáticos a nivel sectorial y de proyecto. Sin embargo, es muy plausible que el problema a nivel de proyecto esté relacionado con las cuestiones más generales en los desafíos sectoriales, como las cuestiones reglamentarias e institucionales. A nivel de proyecto, dado que las inversiones privadas en energías renovables podrían adoptar la forma de solicitudes y no solicitadas, los problemas y la recomendación para dos tipos de inversiones podrían ser significativamente diferentes. Como las propuestas no solicitadas generalmente varían, se rigen por marcos regulatorios ligeramente diferentes y enfrentan desafíos distintivos en comparación con las propuestas solicitadas, este análisis se centra en este último caso, particularmente en el desarrollo del proyecto y la preparación para las energías renovables.

En los escenarios de propuestas solicitadas, los socios privados anticipan los anuncios gubernamentales de posibles proyectos. Los financistas privados pueden entonces participar en la selección y preparación de estos proyectos por parte del gobierno, que incluye revisiones exhaustivas desde perspectivas legales, financieras y ambientales. La eficacia de atraer financiación privada depende en gran medida de la preparación de los proyectos, que a su vez se ve profundamente afectada por la calidad de la selección y preparación de los proyectos.

En el caso de los proyectos de asociación público-privada (APP), la preparación requiere tiempo y recursos considerables, y en el caso de proyectos complejos de energía renovable (ER) como la energía hidroeléctrica, los costos pueden ser sustancialmente más altos. Los costos de preparación de un solo proyecto, como el proyecto hidroeléctrico Nam Theun en la República Democrática Popular Lao, representaron el 9% de las inversiones totales del proyecto. En general, la preparación del proyecto puede costar entre el 5% y el 10% de las inversiones totales del proyecto. No solo es costoso, sino que la naturaleza de las inversiones en preparación del proyecto es especulativa en la etapa anterior del proyecto. Además, a menudo es necesario mejorar la capacidad técnica necesaria para la evaluación de proyectos en los países en desarrollo. En consecuencia, los costos de preparación de los proyectos financiados con fondos privados y apoyados por los gobiernos en los países en desarrollo tienden a ser más altos que los de los países de la OCDE.

Los proyectos de infraestructura, incluidas las iniciativas de ER, generalmente pasan por tres fases de preparación: planificación, identificación y evaluación. El alcance del proyecto se identifica generalmente en la segunda fase, y solo se realizan estimaciones aproximadas de costos y alcances durante la etapa de planificación. La progresión de los proyectos de asociación público-privada en Indonesia, particularmente en las primeras etapas de adopción, fue lenta. De 2009 a 2012, solo unos pocos proyectos llegaron a la etapa de licitación, y el progreso desde la preparación hasta la lista para la oferta podría haber sido más activo.

Incluso cuando los proyectos logran el cierre financiero, los desafíos pueden persistir. Por lo general, el período entre el cierre financiero y el año real de inversión es inferior a un año; Sin embargo, en algunos casos, esto puede extenderse hasta dos años.

Las complejidades regulatorias en el proceso de permisos ambientales y sociales pueden obstaculizar la ejecución del proyecto de ER. Estos permisos requieren que los desarrolladores de proyectos cumplan con las pautas de salvaguardia ambiental y social, lo que requiere una evaluación de impacto ambiental y social (EIAS). Este proceso garantiza que los desarrolladores del proyecto implementen las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales o sociales adversos. Sin embargo, una burocracia excesiva puede provocar retrasos en la ejecución del proyecto, exponiendo así a los inversores a riesgos de retraso del proyecto.

Este riesgo puede mitigarse con disposiciones en el contrato de compra de energía que permitan el aplazamiento de la finalización del proyecto debido a factores externos, como los procesos de permisos.

El proceso exhaustivo requerido para la finalización del estudio ambiental y la adquisición de permisos puede incurrir en costos de transacción adicionales para los inversores. Estos estudios y permisos pueden volverse más complejos para proyectos más grandes debido a una comunidad afectada más grande. En consecuencia, algunos proyectos pueden tardar meses o incluso años en completar el proceso de permisos. Esto conduce a mayores costos de desarrollo del proyecto, lo que podría hacer que el proyecto sea menos atractivo para los inversores.

El panorama actual del PPF y sus desafíos

Desde la perspectiva de un inversor, la falta de una cartera sólida de inversiones en energía renovable puede atribuirse a deficiencias en la capacidad de desarrollo de proyectos. Desde la perspectiva del gobierno, la asignación de fondos durante las primeras etapas de un proyecto para actividades como la preparación de estudios de viabilidad podría ser costosa, incierta e implicar costos irrecuperables. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de asistencia financiera y técnica a través de las Instalaciones de Preparación de Proyectos (PPF). Los PPF pueden ayudar a las partes interesadas a resolver diversos desafíos técnicos, financieros y legales al preparar proyectos de energía limpia en países en desarrollo.

Para comprender el panorama actual de PPF, particularmente en Asia, un estudio que cubrió aproximadamente 150 PPF en todo el mundo (con aproximadamente 30 ubicados en Asia) proporciona información sobre cómo los países estructuran sus PPF y su efectividad. ASI (2014) realizó otra revisión de los PPF asiáticos, pero abarcó un número limitado de PPF y no incluyó a grandes países de la ASEAN como Indonesia. Sin embargo, los marcos y los hallazgos de ambos estudios son relativamente similares.

El marco mundial para las instalaciones de preparación de energía limpia pasa por cuatro etapas y funciones: habilitar, definir, diseñar y financiar. Este marco ilumina cómo los PPF ayudan a los gobiernos a identificar qué etapas y componentes de los proyectos requieren énfasis, dependiendo del contexto del país. La etapa de habilitación maneja los aspectos iniciales del desarrollo del proyecto, centrándose en cuestiones relacionadas con la promoción legal y política. Por el contrario, la etapa de financiamiento aborda la facilitación de las inversiones, lo que permite a los inversores y los gobiernos acordar detalles y arreglos financieros, como las cuestiones de riesgo de moneda extranjera.

A pesar de no ser específicos de la ASEAN, se encontró que Asia es la segunda región más común para las ubicaciones de PPF, después de África. La identificación de PPF específicos de cada país en la ASEAN es un desafío, ya que muchos PPF se centran a nivel mundial o regional. Aproximadamente el 40% de los PPF tienen un enfoque regional. Si bien esto presenta un desafío para abordar cuestiones específicas de cada país dada la madurez heterogénea de la MGA, el enfoque regional ofrece oportunidades para que la ASEAN abogue por un PPF regional sobre energía limpia, particularmente para abordar problemas comunes entre los países miembros.

Otro problema con los PPF en energía limpia es el predominio de los procesos de etapas posteriores. A nivel mundial, los PPF en energía limpia se centran estrechamente en la etapa de diseño. En Asia, entre los 30 PPF revisados, se estima que el 93,3% tiene un enfoque de diseño. Solo alrededor del 53,3% de los PPF mencionaron su enfoque en la habilitación. Este hallazgo se alinea con ASI, que encontró que, en Asia, los PPF se centran en etapas intermedias, como ayudar con estudios de factibilidad, a pesar de que hay varios programas en Asia que se ocupan de actividades previas de preparación de proyectos. Esto presenta desafíos únicos para la ASEAN, ya que deja las primeras etapas sub financiadas, incluido el entorno propicio, que es un tema primordial de las inversiones en energía limpia de la ASEAN.

La última cuestión se refiere a la financiación de los APP. Los PPF se financian con fondos públicos, a menudo a través de la cooperación con las instituciones financieras de desarrollo (IFD). Aproximadamente el 90% de los PPF operan bajo instituciones públicas. Aunque existe un impulso para crear PPF financieramente sostenibles capaces de autofinanciarse, por ejemplo, a través de tarifas de éxito de desarrolladores de proyectos o inversores, la naturaleza de la energía renovable y el hecho de que incluso los países de altos ingresos todavía dependen de los PPF resaltan la necesidad de financiamiento público para estas actividades riesgosas.

La evaluación de la efectividad de los PPF es un desafío debido a dificultades conceptuales y técnicas, como los limitados datos disponibles públicamente. Sin embargo, ASI (2014), al evaluar un número limitado de PPF en Asia, encontró que los PPF funcionan satisfactoriamente, con un margen considerable de mejora.

Por otro lado, a escala global, el impacto agregado de los PPF al abordar los problemas de preparación de proyectos para la energía renovable tiende a estar por debajo de las expectativas. Varias causas plausibles para esto incluyen obstáculos para involucrar a varias partes interesadas y desarrolladores privados, participación limitada en el desarrollo en etapa inicial o fracaso en la construcción de un entorno propicio de apoyo.

Lo mejor de ambos mundos: combinar financiamiento combinado y PPF

Para alcanzar los objetivos de descarbonización, los gobiernos de la AMS deben desarrollar una cartera de proyectos lo suficientemente robusta y atractiva como para invitar a la financiación privada. Aunque muchos países no carecen de posibles empresas de energía limpia, el desafío radica en llevar los proyectos a través de las etapas de cierre financiero e inversión real. El problema no es la escasez de proyectos potenciales, sino la capacidad de llevar al mercado los proyectos potenciales que son financiables.

Dados los diferentes niveles de recursos humanos y capacidad organizativa entre los AMS, estas tareas son complejas. Además, el proceso exige inversiones iniciales en la preparación y selección de proyectos, como estudios de prefactibilidad, que son costosos y potencialmente riesgosos, especialmente para ciertas tecnologías de energía limpia. Las inversiones iniciales en la fase de preparación de proyectos de energía limpia, si son sólidas y adecuadas, conducirán a ofertas de mercado superiores y reducirán el riesgo de fallas en la ejecución. Además, los bancos y las instituciones financieras a menudo exigen una prima por tecnologías que son nuevas, desconocidas y percibidas como riesgosas. Este costo adicional inhibe la asequibilidad de los servicios.

Hay dos maneras de abordar los desafíos de la ASEAN en la preparación de proyectos para inversiones en energía limpia. En primer lugar, la ASEAN debería tratar de combinar servicios mejorados de preparación de proyectos y financiación combinada. La ASEAN debería alentar a los países más maduros en energías renovables, como China y los países occidentales, a asignar sus inversiones y subvenciones para optimizar la financiación combinada para la energía limpia en la ASEAN. La financiación combinada no solo puede reducir los costos de inversión, sino también avanzar en la cartera de proyectos al financiar su preparación en las primeras etapas.

Una forma eficaz de canalizar la financiación combinada a proyectos de energía limpia en la ASEAN es a través de la creación de un fondo de intermediación financiera. Este argumento se ve respaldado por el hecho de que los servicios de financiación, como los préstamos, son uno de los factores determinantes de las inversiones en energía renovable, así como por el hecho de que la coordinación entre las partes interesadas se convierte en las barreras de un entorno propicio.

Un estudio de caso de Indonesia son las múltiples iniciativas bajo PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), que actualmente financian varios desarrollos de infraestructura en Indonesia, incluida la energía renovable. Un proyecto en el marco del PT SMI, en cooperación con el Banco Mundial y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), utilizó financiamiento combinado junto con servicios de preparación de proyectos para acelerar las inversiones en infraestructura. Cada parte se comprometió a que los fondos se pusieran en la cuenta de PT PMI y, en última instancia, se entregaran a los proyectos, reduciendo los costos del proyecto, ya que involucra múltiples fuentes de financiamiento. Además, el proyecto incluyó una subvención para instalaciones de desarrollo de proyectos de SECO (Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza). La creación de tales fondos para energía renovable en la ASEAN y la AMS podría ser muy beneficiosa para los esfuerzos de descarbonización.

Este fondo, al menos inicialmente, necesita capital de diversas fuentes, incluidas las instituciones gubernamentales de capital y financiamiento para el desarrollo, para disminuir el costo de los fondos. Luego, los proyectos de energía limpia pueden adquirir préstamos a un costo menor para acelerar las inversiones en el sector. El uso de este mecanismo de financiación mancomunada tiene varias ventajas: reduce los costos de transacción, particularmente para proyectos de energía limpia pequeños o medianos, y permite a los operadores de proyectos reunir capital a través de medios como la emisión regular de bonos verdes o la titulización de la cartera existente una vez que el fondo se ha agotado.

Por último, el diseño óptimo del programa de financiamiento combinado depende del contexto y la madurez del país en el financiamiento de energía limpia. Esto debe diagnosticarse en detalle en base a una consulta intensiva con el AMS. Los países con políticas de inversión en energía limpia más maduras deberían concentrarse en facilitar las inversiones para atraer capital más asequible y a largo plazo. Por lo tanto, un fondo o programa separado centrado exclusivamente en el lado del financiamiento podría ser más apropiado para estos países.

En segundo lugar, un programa integral a nivel regional que se vincule con las necesidades únicas de cada país representa una solución viable para impulsar las inversiones en energía limpia en la ASEAN. Un programa de esta naturaleza se centraría en los aspectos más preliminares de las instalaciones de preparación de proyectos, abordando eficazmente los desafíos que se enfrentan en la etapa de habilitación.

Tales tareas a menudo implican intrincadas cuestiones de economía política, así como obstáculos burocráticos, por lo que es crucial que este programa se complemente con iniciativas separadas diseñadas para brindar apoyo durante la fase de habilitación.

Esta recomendación sugiere dos programas separados: uno que se ocupa de los aspectos de habilitación y definición (aguas arriba), y el otro que gestiona el diseño y la financiación (aguas abajo). La ventaja de este enfoque bifurcado radica en su flexibilidad; Los marcos regulatorios y de políticas pueden ajustarse teniendo en cuenta los desafíos encontrados en la etapa de planificación y preparación temprana. Por ejemplo, si un proyecto requiere apoyo a la brecha de viabilidad porque no es financieramente viable, se pueden hacer los ajustes necesarios. El objetivo es crear una estrategia bien coordinada y eficiente para impulsar las inversiones en energía limpia dentro de la región de la ASEAN.



Hong Kong, socio de ICMA en el Código de Conducta Voluntario ESG


El código tiene como objetivo mejorar la fiabilidad de la información relacionada con ESG utilizada por las empresas autorizadas en sus decisiones de inversión.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC, por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) han confirmado una colaboración en el desarrollo de un código de conducta voluntario liderado por la industria para los proveedores de calificaciones ESG y productos de datos. 

En el marco de la asociación, SFC brindará apoyo y patrocinará a ICMA, que formará un grupo de trabajo para desarrollar un código de conducta ESG. 

La iniciativa es la culminación del ejercicio de investigación de la SFC y de la divulgación de la industria realizado desde mediados de 2022 para comprender los asuntos relacionados con las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos, que no están regulados por la SFC. 

Problemas de calidad de los datos y lavado verde

La SFC dijo que el ejercicio encontró que los administradores de activos encuestados destacaron preocupaciones comunes sobre la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de conflictos de intereses de los proveedores, y que las recomendaciones de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) deberían ser alentadas para su adopción por parte de los proveedores de calificaciones ESG y productos de datos. 

Las observaciones clave del ejercicio y el camino a seguir propuesto para los proveedores se resumen en un informe publicado por la SFC junto con el anuncio. La SFC dijo que el llamado «Código de Conducta Voluntario» (VCoC) se desarrollaría a través de un grupo de trabajo liderado por la industria, a saber, el Grupo de Trabajo de Proveedores de Productos de Datos y Calificaciones ESG de Hong Kong (VCWG). 

La ICMA ha sido designada para actuar como secretaría del Grupo de Trabajo de Visita. La secretaría convocará y dirigirá el VCWG, que está compuesto por representantes de proveedores locales, de China continental y de otros proveedores internacionales de calificaciones ESG y productos de datos, así como de usuarios clave de la industria financiera local. 

El VCoC propuesto se alineará con las mejores prácticas internacionales recomendadas por la OICV y las expectativas pertinentes introducidas en otras jurisdicciones importantes. 

La SFC, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), la Autoridad de Seguros (IA), CLP Holdings y Swire Properties actuarán como observadores en el VCWG. 

Se espera que el VCoC propuesto, que estará abierto para que los proveedores de calificaciones ESG y productos de datos se registren voluntariamente, proporcione una base simplificada y coherente para que los gestores de activos lleven a cabo la diligencia debida o una evaluación continua de los proveedores de servicios ESG. 

Julia Leung, directora ejecutiva de la SFC, señaló que el código de conducta voluntario ayudaría a fortalecer la transparencia, la calidad y la confiabilidad de la información ESG utilizada por las corporaciones autorizadas en sus decisiones de inversión.  

«Se trata de una iniciativa importante para mitigar el riesgo de greenwashing en los productos de inversión». 

Interoperabilidad global 

En respuesta, la ICMA dijo que convocará a un grupo de trabajo para liderar el desarrollo de un código de conducta voluntario coherente, interoperable y proporcionado a nivel mundial para las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos, patrocinado por la SFC. 

«El objetivo del grupo de trabajo será desarrollar y promover un código de conducta voluntario coherente, interoperable y proporcionado a nivel mundial para las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos que proporcionan productos y/o servicios en Hong Kong». 

La ICMA destacó que el código de conducta voluntario se basará en las recomendaciones del informe de la OICV sobre las calificaciones ESG y los proveedores de productos de datos. 


Informe sobre los ejercicios de investigación en materia de ESG

Proveedores de calificaciones y productos de datos

Introducción

1. Con el creciente enfoque en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la industria financiera, ha habido un crecimiento considerable en el uso de calificaciones ESG y productos de datos por parte de los participantes en los mercados financieros. Un informe de encuesta de la consultora ERM (Environmental Resources Management) publicado a principios de 2023 indica un aumento sustancial en el uso de calificaciones ESG y productos de datos por parte de los inversores a nivel mundial. Mientras que solo el 12% de los inversores encuestados dijeron que sus empleadores les exigían que integraran las calificaciones y los datos ESG en las estrategias de inversión en 2018/19, esta cifra ha aumentado al 43% en 20221. En Hong Kong, el número de fondos ESG autorizados por la SFC aumentó a 209 a 30 de septiembre de 2023, lo que representa un aumento de más de diez veces con respecto a hace cinco años.

2. Este crecimiento va acompañado del rápido aumento del número de proveedores de calificaciones ESG y productos de datos (proveedores de servicios ESG) y del papel fundamental que desempeñan en el ecosistema de las finanzas verdes y sostenibles, influyendo en última instancia en las decisiones de inversión y los procesos de gestión de riesgos de los usuarios. A principios de 2020, KPMG publicó un informe en el que indicaba que más de 150 de los principales proveedores de datos de todo el mundo «están experimentando una rápida consolidación e innovación»2.

3. Sin embargo, la industria de calificaciones ESG y productos de datos generalmente no está sujeta a supervisión regulatoria. Hasta hace poco, faltaban normas de referencia reconocidas a nivel mundial sobre cómo se esperaba que los proveedores de servicios ESG obtuvieran sus productos y servicios y qué información relevante debía divulgarse a los usuarios finales. En última instancia, esto puede perjudicar la calidad de la información ESG recibida por los usuarios finales, lo que puede dar lugar a que los inversores asignen incorrectamente sus capitales a áreas que no están alineadas con sus estrategias de inversión.

4. En este contexto, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) publicó en noviembre de 2021 el Informe final sobre los proveedores de calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza y de productos de datos» (Informe de la OICV) 4, en el que se establecen 10 recomendaciones con respecto a los proveedores de servicios ESG. En noviembre de 2022, la OICV también pidió a los organismos voluntarios de normalización de los mercados financieros y a las asociaciones del sector que promovieran la adopción de sus recomendaciones entre sus miembros de forma voluntaria. La Comisión de Valores y Futuros (SFC, por sus siglas en inglés) ha estado monitoreando de cerca la industria y los desarrollos regulatorios globales sobre el tema para considerar un enfoque pragmático en la promoción de las recomendaciones de IOSCO en Hong Kong.

5. Desde mediados de 2022, la SFC ha formado un grupo de discusión y ha llevado a cabo un ejercicio de investigación que incluye una encuesta para comprender los modelos de negocio de los proveedores de servicios ESG y la práctica de mercado de los gestores de activos locales con licencia en la interacción con los proveedores de servicios ESG, ya que los gestores de activos son uno de los grupos de usuarios clave para las calificaciones ESG y los productos de datos. Tras el ejercicio de investigación, se celebraron varias reuniones de seguimiento con las partes interesadas pertinentes para examinar el camino a seguir.

6. El presente informe se divide en cuatro partes: II) Definiciones y terminología, III) Observaciones clave, IV) Cuestiones clave observadas en el ejercicio de determinación de los hechos, y V) Propuesta de camino a seguir.

7. La SFC desea agradecer a todos los participantes del mercado que participaron en el ejercicio de investigación y otras discusiones relacionadas por sus aportes.

II) Definiciones y terminología

8. Las definiciones utilizadas en el presente informe son las mismas que las del Informe de la OICV, a saber:

TérminosDefiniciones según el informe de la OICV
Calificaciones ESGLas calificaciones ESG se refieren al amplio espectro de productos de calificación5 que se comercializan como una opinión sobre una entidad, un instrumento financiero o un producto, el perfil o las características ESG de una empresa o la exposición a riesgos ESG, climáticos o medioambientales o el impacto en la sociedad y el medio ambiente, que se emiten utilizando un sistema de clasificación definido de categorías de calificación.  independientemente de si se etiquetan explícitamente como «calificaciones ESG» o no.
Productos de datos ESGLos productos de datos ESG se refieren al amplio espectro de productos de datos que se comercializan como que proporcionan un enfoque ambiental, social o de gobernanza específico o un enfoque ESG holístico en el perfil o las características ESG de una entidad, instrumento financiero, producto o empresa, o la exposición a riesgos ESG, climáticos o ambientales o el impacto en la sociedad y el medio ambiente.  independientemente de que estén o no etiquetados explícitamente como «productos de datos ESG».
Proveedores de calificaciones ESG y productos de datosLos proveedores de calificaciones ESG y productos de datos, tal como se utilizan en este informe, abarcan a los proveedores que ofrecen calificaciones ESG y/o productos de datos ESG. Cuando es necesario destacar a los proveedores de productos de datos ESG que no proporcionan calificaciones ESG, se utiliza el término proveedores de productos de datos ESG.
Datos brutosLos proveedores de productos de datos ESG recopilan datos brutos a partir de divulgaciones públicas de las empresas o de otra información disponible públicamente o recopilados a través de cuestionarios; Si no se dispone de datos sin procesar, se pueden aproximar los puntos de datos correspondientes. Los comentarios recibidos a la OICV sugieren que todos los productos de datos se derivan de datos brutos recopilados o estimados.
Herramientas de cribadoLas herramientas de selección evalúan la exposición de las empresas, las jurisdicciones y los bonos a los riesgos ESG con el fin de definir una cartera basada en criterios ESG.
Alertas de controversiasLas alertas de controversias permiten a los inversores rastrear y monitorear comportamientos y prácticas que podrían generar riesgos para la reputación y afectar a la empresa y, en general, a sus grupos de interés. Las controversias también se pueden tener en cuenta en las calificaciones ESG.

Observaciones clave

9. Sobre la base del ejercicio de determinación de los hechos y de las actividades de divulgación posteriores de la industria, se tomaron nota de las siguientes observaciones clave:

A. Proveedores de servicios ESG

a) Panorama del mercado en Hong Kong

Observación clave 1
Existe un espectro de proveedores de servicios ESG grandes y pequeños que están activos en Hong Kong. No es raro que los proveedores internacionales de servicios ESG establezcan entidades legales separadas en diferentes jurisdicciones para facilitar sus actividades comerciales.

10. Los proveedores de servicios ESG constituyen una industria en crecimiento. Según nuestra encuesta informal, existe un espectro de proveedores de servicios ESG grandes y pequeños que están activos en Hong Kong. Entre ellas se encuentran pequeñas empresas de tecnología financiera de nicho, empresas de China continental que ofrecen una cobertura única y un análisis propio de datos relacionados con China continental, y otras empresas internacionales con las que los participantes del mercado financiero interactúan con frecuencia.

11. De los proveedores de servicios ESG encuestados6, el 80% tiene su sede fuera de Hong Kong y, por lo general, han establecido entidades legales u oficinas de representación independientes a nivel local para facilitar sus actividades comerciales.

b) Modelo operativo

Observación clave 2
Los proveedores de servicios ESG encuestados ofrecen una amplia gama de calificaciones ESG y productos de datos. Se observó que, además de utilizar diferentes enfoques en la obtención de datos, los proveedores de servicios ESG también emplean metodologías únicas y patentadas para colmar cualquier brecha de datos o derivar sus productos de calificación. Como resultado, los productos ESG de diferentes proveedores para la misma entidad cubierta pueden tener etiquetas similares, pero es posible que no estén correlacionados ni sean comparables entre sí.

Productos y servicios comunes ofrecidos

12. Nuestra encuesta reveló que el tipo más común de calificaciones ESG y productos de datos ofrecidos por los proveedores son las alertas de controversias, seguidas de la puntuación ESG, las herramientas de selección, los datos brutos y las calificaciones ESG. En el caso de los productos de calificación ESG en particular, varios proveedores encuestados destacaron que están utilizando metodologías propias para derivar los productos, lo que representa la perspectiva y el análisis distintos de cada proveedor de las entidades cubiertas. Un total del 40% de los proveedores encuestados indicaron que también ofrecen índices ESG. Algunos proveedores también ofrecen otros productos o servicios únicos relacionados con ESG, como calificaciones de riesgo de carbono, una plataforma digital que facilita el compromiso ESG para las instituciones financieras y la verificación de informes de sostenibilidad.

13. A la vista de la evolución del mercado y de las demandas de los usuarios, algunos proveedores de servicios ESG también destacaron que están explorando y desarrollando continuamente nuevos productos y servicios relacionados con ESG para el mercado. Enfoques en la obtención de datos

14. Algunos enfoques comunes para recopilar datos e información ESG utilizados por los proveedores de servicios ESG encuestados incluyen:

i) el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para extraer información pública pertinente;

(ii) suscribirse para recibir información de otros proveedores de servicios ESG externos o asociarse con ellos; y

(iii) envío de cuestionarios a las entidades cubiertas.

Observación clave 3
Los retos más comunes a los que se enfrentaron los proveedores de servicios ESG encuestados son la falta de disponibilidad de los datos y la calidad de los datos que divulgan las entidades cubiertas.

15. Muchos de los proveedores de servicios ESG encuestados destacaron que la indisponibilidad de los datos y la calidad de los datos divulgados por las entidades cubiertas son los retos más comunes a los que se enfrentan, principalmente debido a la falta de normas normalizadas de divulgación de información sobre sostenibilidad corporativa en el mercado.

16. Como resultado de la falta de disponibilidad de datos, el 80 % de los proveedores encuestados utilizaron metodologías internas de estimación o suposición para colmar la brecha de datos, especialmente en lo que respecta a los datos ESG, como las emisiones de gases de efecto invernadero.

Comunicación con las entidades cubiertas

17. La SFC señaló que el 60% de los proveedores de servicios ESG encuestados permitieron a las entidades cubiertas revisar y verificar datos de sus empresas y proporcionar comentarios o información adicional. Dos de ellos ofrecían un portal en línea para emisores o una herramienta de contribución para que las entidades cubiertas revisaran, contribuyeran o modificaran los datos de sus empresas y enviaran comentarios.

c) Modalidad de tasas

Observación clave 4
Los proveedores de servicios ESG encuestados adoptan diferentes modelos de tarifas, en función de los tipos de calificaciones ESG y productos de datos.

18. Se observó que, si bien el 60 % de los proveedores de servicios ESG encuestados operan con arreglo a un modelo de tarifas de «el suscriptor paga», otro 30 % opera con arreglo a un modelo de tarifas mixtas (por ejemplo, «el suscriptor paga» y «el emisor paga», o «el emisor paga» junto con determinados datos ESG proporcionados de forma gratuita). Los proveedores de servicios ESG también pueden cobrar tarifas de servicios específicas a los proveedores de índices por proporcionar calificaciones ESG y servicios de investigación.

B. Gestores de activos

(a) Uso de proveedores de servicios ESG

Observación clave 5
Los gestores de activos encuestados suelen contratar los servicios de múltiples proveedores de servicios ESG, que pueden incluir importantes proveedores internacionales, proveedores de China continental o pequeños proveedores especializados. Sin embargo, estos gestores no se basan únicamente en la información de los proveedores de servicios ESG, sino que también realizan su propio análisis interno, que creen que es el valor añadido diferenciador de este proceso.

19. Se encuestó a un total de nueve gestores de activos7 para comprender cómo se contrataban los servicios de los proveedores de ESG. Cabe señalar que cada gestor de activos suele contratar a varios proveedores de servicios ESG (que van de dos a ocho) principalmente para validar de forma cruzada la información recopilada u obtener productos de datos específicos que solo están disponibles en determinados proveedores. En discusiones posteriores, una asociación de la industria destacó que un administrador de activos contrató los servicios de más de 20 proveedores principales de datos ESG y obtuvo información adicional relacionada con ESG de otras 40 fuentes diferentes.

20. Además de la información (por ejemplo, calificaciones ESG) facilitada por los proveedores de servicios ESG, varios gestores de activos encuestados afirmaron que sus especialistas internos en ESG analizarían más a fondo la información ESG de los proveedores antes de tomar decisiones de inversión o con fines de gestión de riesgos. De hecho, estos gestores de activos consideraban que sus propios análisis internos y sus especialistas en ESG eran el valor añadido diferenciador de la decisión de inversión o del proceso de gestión de riesgos.

21. Por otra parte, sobre la base de nuestras conversaciones con profesionales del sector, algunos gestores de activos formularían calificaciones ESG y otra información relacionada sobre la base de sus metodologías patentadas para uso interno o para sus clientes.

(b) Productos ASG comunes suscritos

22. Entre las calificaciones ESG y los productos de datos más comunes suscritos por los gestores de activos encuestados8 figuraban las calificaciones ESG, las puntuaciones ESG, los datos brutos, las herramientas de cribado y las alertas de controversias.

(c) Desafíos y preocupaciones relacionados con el uso de proveedores de servicios ESG

Observación clave 6
Los problemas comunes de la interacción con los proveedores de servicios ESG están relacionados principalmente con la cobertura y la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de conflictos de intereses.

23. Los retos y preocupaciones más comunes que destacan los gestores de activos encuestados a la hora de relacionarse con proveedores de servicios ESG son los siguientes:

i) la calidad y la cobertura de los datos (por ejemplo, datos insuficientes sobre las empresas privadas y los mercados emergentes);

(ii) falta de transparencia (por ejemplo, metodologías de estimación o suposición utilizadas por los proveedores de servicios ESG, las fuentes de datos brutos y los marcos de precios); y

(iii) gestión de conflictos de intereses (por ejemplo, la posibilidad de que un proveedor de servicios ESG rebaje la calificación ESG de una entidad cubierta, mientras que su línea de negocio de asesoramiento o consultoría solicite posteriormente negocios con la entidad rebajada).

24. Mientras que algunos gestores de activos encuestados estaban preocupados por la correlación o comparabilidad de los productos ESG (por ejemplo, las calificaciones ESG) proporcionados por diferentes proveedores, otros estaban menos preocupados por la cuestión de la correlación, ya que opinan que, a diferencia de las calificaciones crediticias, las calificaciones ESG proporcionadas por cada proveedor pueden reflejar diferentes perspectivas y evaluaciones de la entidad cubierta. Por ello, es más importante que los proveedores de servicios ESG proporcionen suficiente transparencia y comunicación oportuna para que los usuarios puedan evaluar mejor las diferencias.

IV) Principales cuestiones observadas en el ejercicio de determinación de los hechos

25. Las observaciones clave resumidas en la sección anterior revelan tres cuestiones críticas relacionadas con las calificaciones y los productos de datos ESG y sus proveedores que requieren medidas adicionales. En primer lugar, la disponibilidad, precisión y fiabilidad de los datos y la información ESG. En segundo lugar, la necesidad de abordar las cuestiones de transparencia y conflictos de intereses para reforzar la confianza en la calidad de la información ESG en la que confían los usuarios finales para la toma de decisiones de inversión y la gestión de riesgos. En tercer lugar, cómo promover las recomendaciones de la OICV en Hong Kong, donde los proveedores de servicios ESG no entran actualmente en el ámbito de competencia de los reguladores.

26. La primera cuestión se deriva de las preocupaciones planteadas tanto por los proveedores de servicios ESG como por los gestores de activos (es decir, los usuarios) encuestados sobre la falta de disponibilidad, calidad o cobertura de los datos. Este problema se debe principalmente a la falta de un marco normalizado de divulgación de información sobre sostenibilidad corporativa en el mercado. En este sentido, la SFC prevé que la introducción de las normas de divulgación corporativa relacionadas con la sostenibilidad del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB) y nuestra colaboración con las partes interesadas locales, incluida la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited, para desarrollar una hoja de ruta integral para la adopción de las normas de la ISSB en Hong Kong ayudarán a reducir gradualmente la brecha de datos.

27. La segunda cuestión se deriva de las preocupaciones señaladas por los gestores de activos encuestados sobre la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de los conflictos de intereses de los proveedores de servicios ASG. De hecho, algunos proveedores de servicios ESG encuestados creen que las recomendaciones de la OICV deberían fomentarse como normas de referencia para los proveedores de servicios ESG que tienen como objetivo abordar estas preocupaciones.

28. No obstante, los proveedores de servicios ASG también destacaron la importancia de i) garantizar que las normas de referencia que se introduzcan se basen en principios para permitir una flexibilidad suficiente para responder a la evolución del mercado y fomentar la innovación, y ii) evitar la fragmentación de las medidas reguladoras y las iniciativas políticas a escala mundial.

29. Desde la publicación de las recomendaciones de la OICV, la SFC, al considerar cómo abordar la tercera cuestión, señaló que, en general, las principales jurisdicciones están adoptando o planean adoptar uno de los siguientes enfoques con respecto a los proveedores de servicios ESG:

(i) ampliar el ámbito regulatorio para cubrir a los proveedores de calificaciones ESG y establecer requisitos regulatorios obligatorios (por ejemplo, la Unión Europea y la India); o

ii) introducir códigos de conducta voluntarios formulados por el regulador, por la industria o tanto por el regulador como por la industria (por ejemplo, Japón, el Reino Unido y Singapur).

30. A pesar de las diferencias matizadas en cuanto a las definiciones, los alcances y las coberturas, así como las expectativas de conducta introducidas por cada jurisdicción, todas estas iniciativas tienen el objetivo común de promover las recomendaciones de la OICV y defender las buenas prácticas entre los proveedores de calificaciones ESG o los proveedores de servicios ESG.

V) Propuesta de camino a seguir

31. Si bien los proveedores de servicios ESG no están regulados por la SFC, creemos que podemos adoptar un enfoque pragmático para promover las recomendaciones de la OICV a los proveedores de servicios ESG que ofrecen productos y servicios en Hong Kong y abordar las cuestiones relativas a la calidad de los datos, la transparencia y la gestión de conflictos de intereses.

32. El enfoque inicial que Hong Kong adopte con respecto a los proveedores de servicios ASG también debe tener como objetivo ser:

i) equilibradas, flexibles y proporcionadas, con el fin de fomentar, en lugar de obstaculizar, el desarrollo y la innovación de la industria de las calificaciones ESG y los productos de datos, y evitar una mayor fragmentación del mercado o barreras de entrada para los proveedores más pequeños o especializados;

ii) coherente a nivel mundial e interoperable con otras jurisdicciones importantes en la medida de lo posible; y

(iii) capaz de facilitar la diligencia debida existente de las empresas autorizadas y los procesos de evaluación en curso de los proveedores de servicios ESG para determinar su idoneidad y pertinencia.

33. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la SFC ha decidido patrocinar y apoyar a la industria para desarrollar y promover un código de conducta voluntario para los proveedores de servicios ESG que ofrecen productos y servicios en Hong Kong (en adelante, el VCoC). La formulación del VCoC se llevará a cabo a través de un grupo de trabajo liderado por la industria, a saber, el Grupo de Trabajo de Proveedores de Productos de Datos y Calificaciones ESG de Hong Kong (VCWG).

34. La Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA9) actuará como Secretaría del Grupo de Trabajo de Cooperación Voluntaria (en adelante, la Secretaría). La Secretaría aprovechará su experiencia pertinente para convocar y liderar el VCWG en el desarrollo del VCoC y promover la interoperabilidad del código entre las diferentes jurisdicciones. Más detalles están disponibles en los términos de referencia y la lista de participación del GTVC publicada por la ICMA.

35. El CdV propuesto establecerá las mejores prácticas de referencia que rigen la conducta de los proveedores de servicios ASG sobre la base de las recomendaciones de la OICV, que abarcan los cuatro elementos clave de transparencia, gobernanza, sistemas y controles y gestión de los conflictos de intereses.

36. Además, el VCoC se complementará con un documento de auto certificación que se adjuntará al código. Se animará a los proveedores de servicios ESG a que completen y publiquen (por ejemplo, en su sitio web) la auto certificación con el fin de fomentar una mayor transparencia entre los proveedores de servicios ESG. Esto también facilitará el proceso de diligencia debida de los usuarios finales.

37. Además, el VCoC estará abierto para que los proveedores de servicios ESG se inscriban voluntariamente una vez finalizado con el fin de promover las mejores prácticas de referencia dentro de la industria local.

38. Teniendo en cuenta que la industria de las calificaciones ESG y los productos de datos aún está evolucionando, la SFC continuará monitoreando de cerca el desarrollo del mercado y la regulación con respecto a los proveedores de servicios ESG y observará si hay alguna mejora en la conducta de los proveedores después de la introducción del VCoC. Volveremos a evaluar las circunstancias y tomaremos medidas adicionales cuando sea necesario.

Corporaciones con licencia en el uso de VCoC

39. Entendemos que, a partir de nuestro compromiso con los gestores de activos, muchos de ellos ya cuentan con un proceso interno de diligencia debida para determinar la idoneidad y la idoneidad de los proveedores de servicios externos antes de contratar a estos proveedores de servicios, incluidos los proveedores de servicios ESG.

40. La SFC considera que el VCoC propuesto proporcionará una base racionalizada y coherente para que los gestores de activos lleven a cabo la diligencia debida o la evaluación continua de los proveedores de servicios ESG. El VCoC también debe reducir la carga que supone para los proveedores de servicios ASG responder a las solicitudes de diligencia debida o evaluación de sus clientes.

41. Por lo tanto, cuando se finalice el VCoC, la SFC tiene previsto emitir directrices basadas en principios para las empresas autorizadas sobre el uso del VCoC para su diligencia debida y la evaluación continua de los proveedores de servicios ESG.